La empresa editora de Público, Mediapubli, ha solicitado judicialmente la declaración de concurso voluntario de acreedores con el doble objetivo de “salvaguardar de la mejor forma posible los intereses de todas las partes afectadas” y de “procurar la viabilidad futura del proyecto”. Cuando un diario llega al punto de utilizar una herramienta extrema para su supervivencia, también la dirección del mismo debe asumir su responsabilidad. De modo que estas líneas no pretenden ningún tipo de justificación ni tienen un ánimo exculpatorio. Si Público estuviera vendiendo el doble de ejemplares de los que vende o hubiera cumplido el objetivo previsto en ingresos publicitarios, no se hallaría en la gravísima tesitura de suspender pagos temporalmente para intentar sobrevivir.
Las causas concretas importan hoy poco a las 160 familias que ven peligrar sus puestos de trabajo directo o a las decenas de colaboradores y acreedores afectados, como ha ocurrido y ocurre en miles de empresas españolas. Al tratarse de un medio de comunicación, es obligatorio también dar una explicación a los lectores, tanto de la edición en papel como de la digital.
Es obvio que la principal causa de la actual situación tiene su origen en la crisis económica y en sus consecuencias en el ámbito de la comunicación. Público nació a finales de septiembre de 2007, y desde ese año hasta 2011 los ingresos publicitarios en la prensa española han caído un 50%. Tal desequilibrio no se compensa con el mayor logro conseguido en estos cuatro años: un aumento constante de la difusión en papel (más de 87.000 ejemplares diarios según el último control de OJD) y de la audiencia (299.000 lectores según el último EGM, dato que sitúa a Público en cuarta posición entre los diarios de pago de distribución nacional). La edición digital, ‘publico.es’, ronda los cinco millones de usuarios únicos según OJD. Se trataba de intentar situar esta cabecera como una de las referencias de la prensa española, y ese objetivo puede considerarse cumplido, más aún si se tiene en cuenta la caída generalizada en la difusión del resto de los diarios de carácter nacional.
La reducción progresiva de todo tipo de costes, incluidas dos reestructuraciones de personal, o las subidas del precio por ejemplar han permitido contener sensiblemente las pérdidas en los últimos ejercicios, aunque no lo suficiente para compensar la crisis de los ingresos publicitarios. La búsqueda de préstamos financieros en los últimos meses, y hasta el mismo día de ayer, ha resultado infructuosa, pese a que el volumen de la deuda acumulada es mucho menor que el que soportan la mayoría de las cabeceras. Los editores de Público han mantenido su compromiso fundacional de no aceptar anuncios de prostitución ni abordar promociones de productos que no estuvieran vinculados a la línea editorial del diario: cine, libros y documentales han compuesto la oferta principal que acompañaba al periódico el fin de semana.
Tampoco ha sufrido alteraciones la línea editorial con la que Público salió a la calle y saltó a Internet. Quería ser un diario sinceramente progresista, defensor de una España plural y moderna y respetuoso con sus distintas culturas, aspiraciones y lenguas, que sirviera como herramienta de conocimiento y como plataforma de debate de ideas a una izquierda también plural que siempre ha reivindicado la importancia de lo público y la defensa del Estado del bienestar y de las capas más débiles de la sociedad.
Este periódico nunca ha estado al servicio de grupos políticos ni gobiernos. Como muestran sus cuentas auditadas, sólo el 7,5% de los ingresos publicitarios han procedido de las administraciones públicas; un 2,7% de los ingresos totales de este diario, es decir, apenas lo que le corresponde por sus cuotas de difusión y audiencia.
Los problemas que atraviesa Público no derivan, por tanto, del cambio político surgido de las últimas citas electorales; al contrario, desde el punto de vista periodístico, el panorama que se abre para una cabecera como ésta gana aún más interés. Sí merecería una reflexión en los ámbitos de la izquierda (y de la sociedad en general) el evidente desequilibrio en el paisaje mediático, que no refleja en absoluto la realidad sociológica de este país.
Más allá de las durísimas circunstancias económicas, Público ha consolidado un proyecto periodístico y editorial cuyo futuro (en papel, en las tabletas y en las redes sociales) se juega en los próximos días y semanas. La materia prima de este oficio sigue siendo el periodismo, en cuyo ejercicio honesto cometemos errores todos los días. Merece la pena seguir intentando acertar. Lo merecen todos los trabajadores que han construido Público.
Han bastado diez días desde su investidura como presidente del Gobierno para que Mariano Rajoy se tragara uno de los sables fundamentales del ideario del PP: “subir impuestos es un disparate estratosférico”. Eso era antes. Ahora, bajo el tragicómico eufemismo de un “recargo complementario y temporal de solidaridad”, el nuevo Gobierno considera imprescindible subir de inmediato el IRPF a todos los contribuyentes con la justificación de que el déficit público (sobre todo el autonómico) va a ser mayor del previsto. Con las medidas tomadas el viernes, Rajoy ha demostrado que puede incumplir perfectamente una de las pocas promesas claras que hizo durante años desde la oposición, porque lo prioritario para él es atender los “compromisos de España con Europa”. ¿Y cuáles son esos compromisos? El propio Rajoy exigió (con razón) de forma contundente a Zapatero en el Congreso que hiciera pública la carta que el pasado 4 de agosto le remitieron el entonces presidente del BCE y el gobernador del Banco de España con exigencias de una serie de medidas concretas a cambio de ayuda en la crisis de la deuda soberana. ¿A qué espera Rajoy para hacer pública esa carta incluida en el “impecable” traspaso de poderes? Los ciudadanos, como él mismo dijo, tienen todo el derecho a conocerla, no porque esas exigencias justifiquen recortes que hasta ahora se han demostrado inútiles e injustos para salir de la crisis, sino por una simple cuestión de transparencia.
1.- Hacer desde el Gobierno exactamente lo contrario de lo que se defiende estando en la oposición es un fraude a los electores, pero además ahonda en el desprestigio general de la política. Hasta el mismo debate de investidura, Mariano Rajoy aseguró que no subiría los impuestos, en coherencia con la máxima liberal de que “el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos, no en manos del Estado”. Una de sus primeras medidas es subir el IRPF de forma “temporal y progresiva”. Incrementar los tramos más altos del impuesto sobre la renta no sería una mala idea si la economía no estuviera ya en recesión, como el propio Gobierno admite, o si la medida fuera acompañada de otras que graven las rentas del capital de manera efectiva, que reduzcan el agujero negro del fraude fiscal o las mil formas que usan las grandes fortunas de esquivar a Hacienda. Subir el IRPF sin más no sólo contradice por completo las promesas del PP, sino que además toma el camino fácil e injusto de castigar a los asalariados y a las clases medias, manteniendo como “intocables” a quienes menos han sufrido la crisis.
2.- Cebarse con las capas más débiles es lo que suponen otras medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, como la congelación del salario mínimo, la paralización de la Ley de Dependencia o la supresión de las ayudas para que los jóvenes alquilen una vivienda. De nuevo (como ocurrió en la última etapa del Gobierno socialista) los sacrificios afectan precisamente a quienes más dificultades atraviesan. Menos mal que se mantiene la prórroga semestral de las ayudas de 400 euros a parados que hayan agotado la prestación. Cortarla condenaría a la miseria absoluta a otros 125.000 ciudadanos.
3.- La congelación de los sueldos de los funcionarios significa en realidad otra reducción de los mismos, puesto que sube el IPC y también los impuestos. Además se les amplía por decreto la jornada laboral y se congela la tasa de reposición en las plazas de empleados públicos, todo lo cual equivale no sólo a exprimir más a los funcionarios sino que repercutirá directamente en un aumento del desempleo y en un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos. Adelgazar el Estado sí es coherente con los programas neoliberales, aunque basen las medidas en la falsedad de que el peso del sector público en España es muy superior al del resto de Europa. En realidad, el número de funcionarios, de médicos o de profesores en relación con el volumen de la población a la que sirven está por debajo de la media europea. Como lo está el gasto público por habitante.
4.- En este paquete de medidas no se advierte una política fiscal coherente, por injusta que fuera. Elevar el gravamen para el IRPF no parece consecuente con la pretensión de incentivar el consumo, algo básico para intentar recuperar la economía y el empleo. El propio PP puso el grito en el cielo y Esperanza Aguirre hasta recolectó firmas contra la subida del IVA (una medida que obviamente queda en la recámara para más adelante, puesto que los números no salen respecto al objetivo de reducción del déficit). Tampoco resulta coherente recuperar la desgravación para la compra de vivienda a la vez que se sube el Impuesto de Bienes Inmuebles. Fomentar que alguien adquiera una casa para luego freirlo a impuestos por vivir en ella es como invitar a alguien a comer y obligarle a pagar la cuenta.
5.- La base, justificación o excusa para un tijeretazo calificado como “inevitable” es la estimación de una desviación de dos puntos en el déficit público de 2011. Pasaría del 6% al 8%, diferencia que el Gobierno del PP achaca a la “herencia” recibida de los socialistas, al tiempo que reconoce que el grueso de tal desviación estaría en las comunidades autónomas. Como todo el mundo sabe, desde mayo es el PP quien gobierna en once autonomías. Rajoy calculó en el debate de investidura que cada punto de desviación del déficit supondría “10.000 millones más de ajuste”. A los 16.500 millones anunciados habría por tanto que sumar otros 20.000 para alcanzar el objetivo de déficit comprometido con la UE, con el BCE, con los mercados…
6.- Los recortes de derechos aprobados hoy son graves, pero aún lo es más el anuncio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “es el inicio del inicio” de nuevos “ajustes”. Parece obvio que las medidas más “sangrientas” se guardan para después de las elecciones andaluzas, ya sea para incluirlas en los nuevos Presupuestos o por vía de decretazos amparados en la mayoría absoluta. Si tan claros están los cálculos sobre el déficit, ¿no es otro fraude aplazar las peores noticias con el fin de completar el casi total color azul del mapa de España?
Y 7. Aprobar medidas económicas de tal trascendencia (a las que habría que añadir otras como la reducción de subvenciones a la I+D+I o de los presupuestos de RTVE o RENFE, por no citar la decisión sobre la ubicación del cementerio de residuos nucleares en Cuenca o la eliminación del cánon digital) exigía la comparecencia del propio presidente Mariano Rajoy. Ha preferido escenificar el calado del asunto rodeando a la vicepresidenta de tres ministros. Pero si no consideraba hoy necesario dar la cara, mejor no imaginar para qué medidas reserva Rajoy su comparecencia directa.
Mariano Rajoy tomó ayer posesión como nuevo presidente y hoy lo hacen los nueve hombres y cuatro mujeres que forman su primer Gobierno tras la victoria contundente del PP en las elecciones generales. Ha llegado su hora. Ya tiene la llave de la Moncloa y los códigos secretos. En el lenguaje del espectáculo, “pista al artista”. Que empiece la función. Los carteles distribuidos antes del estreno apenas dibujaban el argumento de la obra (mucha austeridad, durísimos recortes del gasto público, reforma laboral, enésimo saneamiento del sistema financiero…), y hasta la misma tarde de ayer se desconocía el reparto principal. Comparte el estrellato con Rajoy su más estrecha colaboradora, Soraya Sáenz de Santamaría, en la vicepresidencia (única). En un papel secundario pero con mando en política económica aparecen Luis de Guindos (ex Lehman Brothers) al frente de Economía, Cristóbal Montoro en Hacienda y J. M. García Margallo en Exteriores con voz en Europa. Rajoy se reserva la presidencia de la comisión delegada para asuntos económicos. A partir del primer Consejo de Ministros de mañana se irá desvelando en dos fases (antes y después de las elecciones andaluzas) cada escena de una obra dramática cuyos guionistas sí eran ya conocidos por el gran público: Merkel y el BCE, los mismos autores de una función mantenida en cartelera desde mayo de 2010 hasta el 20 de noviembre, cuando el anterior reparto fue sacado a tomatazos del escenario.
Tantas veces se ha descrito a sí mismo como un político “previsible”, que rayaría el cinismo criticar ahora a Mariano Rajoy por no sorprender en su investidura. Repitió el mantra del compromiso con el objetivo de déficit marcado por Bruselas y el BCE, y sobre ese eje descansan las medidas más “urgentes” de su programa de gobierno, quizás sólo condicionadas por la fecha de las elecciones andaluzas, que podría retrasar algunas de las decisiones más indigestas. Rajoy anunció un ajuste en el gasto público de 16.500 millones de euros, cifra que podría aumentar si se supera la previsión de déficit para 2011. ¿Dónde meterá la tijera? En todas las partidas, excepto en pensiones, cuyo compromiso de actualización a 1 de enero también confirmó. Dio prioridad a la reforma laboral y al saneamiento del sistema financiero, sin despejar tampoco las dudas sobre la política fiscal, la negociación colectiva o los minijobs. Por fin ha descubierto Rajoy que el carácter de esta crisis es global y la solución a la misma también. Soltó la liebre de eliminar festivos entre semana para entretenimiento colectivo o como un guiño hacia Merkel, pese a que en España se trabaja más horas que en Alemania. Lanzó el compromiso de “estimular el crecimiento y crear empleo”, pero confió ese objetivo a recetas tan conocidas como fracasadas: reducir la inversión pública y facilitar el despido produce exactamente los efectos contrarios. “Al pan, pan, y al vino, vino”, proclamó Rajoy. (Y al paro, quizás, más paro).
Es cierto que la CEOE ha experimentado un cambio galáctico en su cartel y en sus formas con la sustitución de Gerardo Díaz Ferrán por Juan Rosell. Lo del primero era de juzgado de guardia (literalmente); lo del segundo es otra cosa. No mancha la credibilidad de la patronal por negocios personales altamente sospechosos.
Rosell dedica todas las horas del día a proponer, sugerir y alentar todo tipo de medidas preocupantes para los trabajadores. Siempre con la venerable excusa de luchar contra el paro y ayudar a los sufridos empresarios a crear empleo. Después de poner sobre la mesa una versión castiza de los minijobs, acaba de plantear a las claras que a su juicio sobran nada menos que 900.000 puestos en las administraciones públicas.
Aparte de que sorprenda la fórmula de reducir el paro a base de despedir gente, el asunto va muy en serio, porque sintoniza con el eje del discurso que interesa al poder financiero: el sector público es excesivo, ineficaz, derrochador… un lastre que hay que recortar en beneficio de esa forma supuestamente razonable, eficaz y austera de hacer negocios que caracteriza al sector privado.
Todos los estudios basados en datos oficiales de Eurostat analizados por la Organización Internacional del Trabajo o la OCDE indican que el número de funcionarios, el peso del sector público, el coste salarial del mismo y el gasto público por habitante en España están por debajo de la media de la UE-15. Pero no importa. La patronal va a lo suyo. Y cuela.
Casi todos los sacrificios decretados en los últimos tiempos vienen precedidos por la máxima de que “no podemos trasladar a nuestros hijos una deuda que nosotros hemos generado”. Este ataque de responsabilidad justifica que se dediquen centenares de miles de millones de euros de las arcas públicas al rescate de entidades financieras mal gestionadas. Otra cosa es el planeta. La Cumbre de Durban ha decidido que lo que sí podemos trasladar a nuestros hijos es otro tipo de endeudamiento: el que dibuja un planeta insostenible por el calentamiento que provocan las emisiones de gases contaminantes. Contra las leyes de la física, pesa mucho más un kilo de dólares que otro de oxígeno. La ruta iniciada en Río en 1992, con paradas en Kioto (1997) y en Copenhague (2009) para frenar el desastre del cambio climático acaba de tropezar en Durban con el mismo obstáculo de siempre: el boicot de los lobbies industriales y la batalla de poder entre las potencias en declive más contaminadoras (EEUU, Canadá, Japón…) y las emergentes (China, India…) que sostienen que no hay contaminante más letal que la pobreza. La Cumbre de Durban supone un fracaso absoluto que no puede difuminarse en el diplomático compromiso de “seguir negociando” hasta 2015 para que la reducción significativa de CO2 a escala global entre en vigor en 2020. Se pacta una hoja de ruta que no tiene la más mínima credibilidad. Algunos ni siquiera esperaron a estampar su firma.
La acostumbrada unanimidad del discurso único celebra el resultado de la cumbre de Bruselas como un claro “avance” hacia la “unidad económica y fiscal” en la UE. Lo que no se explica es exactamente hacia qué unión fiscal se encamina Europa, entre otras razones porque no se sabe. Simplemente se asume como mal menor (la alternativa era la “explosión del euro” en palabras de Sarkozy) el pronóstico de una década de estancamiento. El propio Bundesbank prevé que Alemania crezca en 2012 un raquítico 0,6%, y ese frenazo de la locomotora garantiza la recesión en los países condenados a seguir reduciendo el gasto sin el menor estímulo al crecimiento.
La UE nació con la idea de construir una “economía social de mercado”, pero el apellido “social” ha quedado enterrado en Bruselas por mucho tiempo. Caben pocas dudas de que el compromiso de férrea austeridad adquirido por los gobiernos de la UE (a excepción del esquirol Reino Unido y con las dudas de Suecia, Hungría y República Checa) lleva a adelgazar el Estado del bienestar hasta dejarlo en la beneficencia. El dibujo de esta unión fiscal apunta a reducir salarios en el sur lo que haga falta con tal de no perder competitividad en la globalización. Este “avance” no aporta herramientas que reduzcan la desigualdad, madre de todos los desequilibrios. Exige sacrificios y atropellos que pueden seguir transformando el europeísmo en desconfianza. Peligrosa salsa que alimenta el populismo.
Lo peor de la cumbre europea, siendo grave, no es que se haya confirmado la germanización de Europa, sino que las compensaciones por las que se supone que los demás aceptan el ultimátum de Merkel son una cuestión de fe. En el acuerdo firmado figuran las líneas maestras de una política económica muy concreta, la de la más estricta austeridad en el gasto público; la que eleva a rango constitucional el equilibrio presupuestario sin tener para nada en cuenta los ciclos económicos; la que establece un techo de déficit cuyo incumplimiento conllevará sanciones automáticas; la que cede las decisiones importantes sobre cada Presupuesto nacional al Consejo Europeo… Todas las exigencias alemanas para que el resto de la zona euro aplique las doctrinas económicas conservadoras han sido aceptadas, con una renuncia evidente de soberanía y con un déficit democrático cuyo “techo” parece preocupar mucho menos que el del déficit fiscal. ¿A cambio de qué? De la posibilidad no escrita de que el Banco Central Europeo dedique desde el lunes (en secreto) todo el dinero que haga falta para comprar deuda soberana de cualquier país del euro atacado por la especulación. Merkel
y el BCE han decidido que no se fían de nadie y los demás se someten (con más o menos entusiasmo) a una fe ciega en el plan Merkozy. Reino Unido (históricamente egoísta respecto al proyecto europeo) se ha descolgado. Europa, de momento, pierde. Habrá que ver si al menos el euro gana.
Las horas previas al inicio de la cumbre de Bruselas sirvieron para que los principales actores de este drama enviaran sendos mensajes apocalípticos. Sarkozy hablaba de “última oportunidad” para el euro y de “máximo riesgo de explosión en Europa”; Merkel insistía en que el llamado plan Merkozy son lentejas: o férrea austeridad y sometimiento a la “regla de oro del déficit” o condena a los infiernos de la pobreza. Pero el encargado de ejecutar la ducha de agua helada previa a la cumbre fue Mario Draghi, presidente del BCE. Después de suscitar algún optimismo al confirmar la bajada de tipos al 1%, se esforzó en desmentir cualquier intención por su parte de abrir fuego en el mercado de deuda para ahuyentar la especulación y ayudar a los países más agobiados en sus finanzas públicas. De modo que los bancos privados de la UE pueden seguir haciendo negocio obteniendo dinero al 1% del BCE y cobrando a los estados (es decir a los contribuyentes) intereses del 6% o el 7% por financiar sus bonos. Para aliviar la delicada situación de las entidades financieras de la zona euro, Draghi presentó unas condiciones inmejorables de crédito a tres años sin límite de dinero. ¿Llegará ese crédito también a empresas y familias? No hay el menor indicio. El cinturón de austeridad con el que Merkel y Sarkozy han secuestrado el futuro del euro no contempla (al menos al cierre de esta edición) tener un BCE capaz de ayudar a los países y no sólo a sostener sus bancos.
