¿Conoce usted a alguien que sepa de alguien que tenga un pariente que dedique el día de reflexión a reflexionar para finalmente decidir lo que votará al día siguiente? Eso es más difícil que conocer a una familia en cuyo salón exista un aparato medidor de audiencias de televisión. La mayoría de las encuestas publicadas dentro del absurdo plazo legal que impone la normativa electoral han hecho oscilar el número de indecisos entre los dos y los cinco millones largos de españoles. Lo cual apunta que el porcentaje de ecuestados que mienten o esconden su voto sería suficiente para hacer bailar el resultado por completo, aun descontando a aquellos que hayan sido sinceros en la respuesta y no tuvieran clara su decisión en el momento de ser preguntados. De modo que no es disparatado concluir que el dato final que salga de las urnas está niquelado desde hace bastante tiempo y no depende del ejercicio de reflexión individual que hoy practican algunos devotos del suspense político. Ni mucho menos depende del criminal intento de ETA de condicionar la libertad de los ciudadanos.
Las propuestas electorales de los partidos, que deberían ser pero no son el motivo fundamental de movilización del voto, figuran en sus programas y fueron presentadas, lanzadas y voceadas antes del inicio de los quince días de campaña. De hecho, las últimas dos semanas han supuesto un casi absoluto vacío de contenido, y se han caracterizado por un enfrentamiento muy personalizado entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Nunca en los últimos treinta años habíamos asistido a una campaña tan presidencialista y centrada en la contraposición de dos estilos, dos lenguajes, dos miradas. La recuperación de los debates televisados, que sí que deberían ser de obligado complimiento en la legislación electoral, ha sido la guinda final que ha contribuido a dejar el resto de la campaña en un goteo de mítines sólo útiles para mantener animados a los más fieles.
Momentos fundamentales
Ha sido una campaña diferente a otras, una especie de solución concentrada de los cuatro años de legislatura. En dosis de altísima toxicidad, los debates y las intervenciones de los dos líderes han reflejado toda la crispación que ha caracterizado la vida política desde 2004. Pero no han faltado momentos fundamentales de los que cualquier ciudadano dispuesto a reflexionar puede extraer conclusiones que le ayuden a separar el marketing de la esencia.
Un ejemplo. Si el programa especial de La Sexta Salvados por la Campaña hubiera registrado un 70% de share, quizás Mariano Rajoy habría perdido las elecciones con una semana de adelanto. El equipo del Follonero pidió al candidato del PP que diera alguna razón para votar el PSOE. Rajoy se quedó unos segundos pensativo y luego, en un ataque de sinceridad, respondió: «Pues que tampoco pasa nada». ¡Acabáramos! O sea que, según Rajoy, votar PSOE no equivale a rendirse ante ETA, romper España, vender Navarra y lanzarse por el precipicio de una crisis económica. Haberlo dicho antes y nos habríamos ahorrado muchas tensiones y dramatismos. Igual de reveladora fue el jueves en El País la respuesta del presidente del PP a una pregunta sobre el 11-M: «El sábado y el domingo (13 y 14 de marzo de 2004) empecé a tener mis dudas. Yo sólo dije que creía que había sido ETA, porque, claro, yo no estaba en el Gobierno». ¡Eureka! Tres años largos insistiendo en la posible implicación de ETA en los atentados, con Zaplana, Acebes, Martínez Pujalte y Jaime Ignacio del Burgo dedicados en cuerpo y alma a tal menester, y ahora resulta que, desde el mismo día de las elecciones, Rajoy ya se situaba donde estábamos la mayoría de los españoles, en la clara intuición de que nos estaban engañando. De modo que quizás los debates y las campañas no sirvan para cambiar porcentajes significativos de voto, pero desde luego pueden servir para destapar mentiras y clarificar misterios.
La tendencia marcada por las encuestas y la sensación de que no se percibe una oleada de cambio parecen inclinar todos los pronósticos hacia una victoria de Zapatero en las urnas. Nunca un Gobierno ha tenido que dejar el poder después de una sola legislatura, pero tampoco había ocurrido nunca lo sucedido en 2004, que un partido pasara de la mayoría absoluta a la oposición sin un aviso previo como el que recibió Felipe González en las elecciones de 1993. Lo único demostrado en las nueve elecciones generales celebradas desde 1977 es que los resultados indican una suma del sentido común de los españoles, que siempre han decidido en conjunto lo que el país necesitaba en cada momento. Si un partido es incapaz de renovarse y jubilar a quienes han traspasado todas las fronteras de la higiene democrática, las urnas se encargan de decretar una renovación forzosa.
P.D. Se ruega a quienes decidan no acudir a votar se abstengan también en los próximos cuatro años de dar la tabarra en las tertulias televisivas o radiofónicas, en los blogs, en las charlas de café, en las cenas familiares o en los trayectos en taxi. La abstención es legítima, por supuesto, pero absolutamente irresponsable cuando el país se juega tanto.
Atención, pregunta: ¿qué pecado habían cometido Fernando Trapero y Raúl Centeno, asesinados por ETA en el sur de Francia, para no merecer que la Asociación de Víctimas del Terrorismo se sumara a la concentración unitaria de condena convocada el martes pasado en Madrid? Tenían 23 y 24 años, respectivamente, y eran guardias civiles. ¿Qué les diferenciaba de Ángel Alcaraz, fallecido el 11 de diciembre de 1987, a los 17 años, en el atentado con coche bomba contra una casa-cuartel de Zaragoza, donde murieron otras diez personas, entre ellas dos niñas de tres años sobrinas de Ángel? Pues sí que hay una diferencia entre ambos crímenes: en 1987, Francisco José Alcaraz Martos, hermano mayor de Ángel y tío de las dos niñas asesinadas, no se dedicaba a hacer política.
No es que hicieran falta nuevas pruebas para concluir que Francisco José Alcaraz se había situado justo en el polo opuesto al sentido común, a la prudencia o a la templanza. Pero en los últimos días parece haber decidido adornar todas sus “virtudes” con el broche de la prepotencia. Tenía que explicar de algún modo el hecho insólito de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la que es presidente, decidiera no acudir a la primera concentración unitaria que se convocaba desde 2003 para condenar unos asesinatos cometidos por ETA. Y lo explicó: “Por coherencia, no podemos estar al lado de grupos políticos que han estado más cerca de los terroristas que de las víctimas”. Es decir, a este señor le parece “coherente” haber encabezado junto a la plana mayor del Partido Popular ocho manifestaciones contra la política antiterrorista en la legislatura en la que menor número de víctimas y mayor número de detenciones de etarras se han producido y quedarse en casa el martes pasado, cuando hasta el PP no tuvo más remedio que hacerse la foto del consenso tras los disparos en la nuca que acabaron con las vidas de los dos guardias civiles. Ha sido la propia cúpula del PP la primera en probar la medicina de la prepotencia de Alcaraz, aparentemente convencido de que era él quien marcaba la estrategia antiterrorista al partido de Mariano Rajoy, y no al revés.
Porque la verdad es que ya no se molesta en disimularlo. Francisco José Alcaraz ha abrazado con tanta fe la actividad política como en su día abrazó la de los Testigos de Jehová o la de la Iglesia Evangélica. A lo cual, por cierto, tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano. Otra cuestión es si la presidencia de una asociación de víctimas del terrorismo es la plataforma adecuada para dedicarse a la política. Alguna voz en la conciencia de Alcaraz le preguntará algún día por su responsabilidad en la división entre las víctimas del terrorismo y en la galopante crispación a la que ha sido sometida la sociedad española desde el 14 de marzo de 2004.
Los argumentos
Pocas fechas antes del último atentado, Alcaraz hizo gala de esa misma prepotencia (coherencia, pensará él). Comparecía en la Audiencia Nacional como imputado por calumnias e injurias al presidente del Gobierno, tras una querella interpuesta por una asociación de abogados. Se ratificó sin titubeos en lo que Mikel Buesa, que también perdió a un hermano a manos de ETA, califica como “argumentos políticos”. Sostiene Alcaraz, por ejemplo, que “Zapatero es el máximo embajador de ETA”; o que “hay pruebas más que suficientes de su connivencia con los asesinos”. No repitió, aunque jamás ha rectificado, otras declaraciones suyas en las que mantenía que “la negociación de Zapatero con ETA requería un atentado como el del 11-M”; o que el presidente “quiere traficar con la sangre de las víctimas”. Todos estos “argumentos políticos” puestos en la boca o en la pluma de cualquier ciudadano común, periodista o no, se definen jurídicamente como calumnias o injurias cuando no van respaldados por pruebas de ningún tipo. La estrategia permanente de la dirección actual de la AVT y de sus “autores intelectuales” mediáticos (por algo en el propio PP los llaman “los federicos”) consiste en definir a cualquiera que los critique como “cómplices de los terroristas” o simples “voceros serviles del Gobierno socialista”, cuando no de “ingenuos” o “idiotas”, para resumir.
Ya va siendo hora de poner negro sobre blanco algunas verdades comprobables sobre los “argumentos” del señor Alcaraz. 1: No tiene derecho a hablar en nombre de “las víctimas”. La viuda de Fernando Buesa no piensa, ni mucho menos, lo mismo que su cuñado sobre los intentos de cualquier Gobierno de acabar con el terrorismo. Ni tampoco la hija de Ernest Lluch. Ni tantas otras víctimas. 2: No tiene derecho a hablar en nombre de los muertos, ni mucho menos a utilizar el dolor de sus familias para hacer política partidista. 3: No tiene derecho a mentir, calumniar o injuriar como si su estatus de presidente de una asociación de víctimas le otorgara inmunidad. 4: No tiene derecho a fomentar y extender su “zetafobia” en la sociedad española, absolutamente solidaria con las víctimas del terrorismo.
Lo que usted va a leer a continuación es un resumen del amplio análisis trasladado por un ex agente del CNI al arriba firmante en abril de 2006. Se omiten algunas fechas, datos y, sobre todo, nombres propios de funcionarios y cargos políticos por respeto a su
buena imagen.
“Tanto los asesores demoscópicos del Partido Popular como los del PSOE afirman que, a dos semanas de las elecciones del 14 de marzo de 2004, sus sondeos pronosticaban una mínima diferencia de votos entre las dos opciones (los datos que se manejaban en las sedes de los dos partidos situaban ese margen en torno a 1,5 ó 2 puntos a favor o en contra).
Para esa fecha, el PP lleva ocho años en el poder, con una gestión económica exitosa y una política antiterrorista propuesta por el PSOE, asumida por el Gobierno y cuyo principal logro se supone que es haber puesto contra las cuerdas a ETA. ¿Qué falta entonces para garantizar un resultado electoral ampliamente favorable al partido gobernante? Un atentado terrorista etarra en fechas previas a la cita electoral. Todo el mundo sabe que cuando se produce una conmoción nacional provocada por el terrorismo, la inmensa mayoría de la gente de bien se pone del lado del Gobierno, más aún cuando ha demostrado una gestión eficaz para acabar con ETA.
Algunos responsables de las Fuerzas de Seguridad, nombrados por el Gobierno del PP y de su absoluta confianza, tienen controlados a una serie de moritos camellos, delincuentes comunes, confidentes de las propias Fuerzas de Seguridad que, por un puñado de euros, drogas o a cambio de no ser expulsados directamente a las cárceles marroquíes, son capaces de ejecutar cualquier encargo de sus jefes. ETA ha intentado meses antes trasladar explosivos a Madrid para organizar un atentado precisamente en la zona sur industrial. A punto estuvo también de cometer un atentado con mochilas-bomba en trenes durante la Navidad anterior.
El encargo
Como es evidente que no se puede esperar un gran atentado de ETA (acorralada y a punto de firmar la rendición), nada más fácil que usar a una panda de incautos, percebes y confidentes de la Policía y la Guardia Civil para cumplir un encarguito. Se colocan las bombas y, una vez estalladas, es fácil argumentar con los antecedentes citados que la autoría es de ETA. En ningún caso se espera que la potencia de las bombas y el número de víctimas ascienda al que finalmente se produjo. En operaciones criminales y mafiosas, una vez que la maquinaria se pone en marcha, es casi imposible controlar su desarrollo hasta las últimas consecuencias.
La cooperación desde arriba explicaría perfectamente el hecho de que la furgoneta cargada de explosivos que viajó desde Asturias fuera detenida tres veces en la carretera sin que los agentes comprobaran su contenido. Y explicaría también por qué algunas pistas encontradas posteriormente (Skoda Favia, tarjeta de un empresario ultraderechista en el salpicadero de la Renault Kangoo, muestras sobre distintos explosivos presuntamente utilizados, una mochila que primero no estaba pero que luego sí y que fue paseada por medio Madrid…) sólo se entienden desde la óptica de la descoordinación entre servicios de seguridad implicados y desde la chapuza de los errores humanos.
Pedro Arriola, gurú electoral del PP, le dijo a Mariano Rajoy el mismo 11 de marzo: “Si ha sido ETA, tenemos mayoría absoluta; si han sido los islamistas, estamos jodidos”. Al margen del cálculo electoral, sólo la seguridad de algunos altos cargos de que se está cumpliendo un plan previamente trazado explicaría el empeño del Gobierno de Aznar desde el primer minuto hasta el último de culpar a ETA cuando todos los servicios de información extranjeros (desde la CIA hasta el Mossad, pasando por el rey de Arabia Saudí, el de Jordania o el hermano marroquí) avisan desde la misma tarde del 11-M de la implicación de islamistas en la masacre.
La filtración
Esta hipótesis encaja incluso con la de quienes alimentan la contraria. Efectivamente, después de catorce años de gobierno socialista y de experiencia en la lucha antiterrorista (incluyendo a los GAL), a algunos sectores del PSOE les quedan fuentes en la Policía y la Guardia Civil de suficiente confianza para que les avisen de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que el Gobierno del PP tiene decidido que los atentados son obra de ETA (a pesar de que ETA niegue cualquier relación con la masacre y a pesar de que por la tarde ya ha aparecido la Renault Kangoo), de modo que no hace falta ni convocar a los líderes de los demás partidos para hacer frente común, ni pactar el eslogan de la manifestación del 12-M ni nada de nada. “Nosotros somos el Gobierno legítimo, atacados por una banda terrorista con la que vamos a acabar definitivamente y los españoles nos respaldarán para conseguirlo”.
En el PSOE, avisados por sus fuentes policiales de la realidad de lo que ocurre y de las primeras pistas de la investigación, filtran a todo el mundo las mentiras del Gobierno. Y circulan los SMS, los emails y las exigencias públicas de que se cuente “toda la verdad”.
Una vez producido el resultado del 14-M, lo importante para quienes ven frustrados sus planes es borrar todas las pistas posibles de la conspiración. Así que, sabiendo que los principales ejecutores de los atentados se esconden el 3 de abril en un piso de Leganés vigilado por la Policía, se decide eliminarlos para que no puedan contar el origen real de los atentados. Si no hay testigos directos que puedan dar su versión, no habrá modo de saber realmente lo que ocurrió”.
(Esta versión de lo ocurrido el 11 de marzo de 2004 responde a una lógica tan disparatada como tantas que se han sostenido durante los últimos tres años y cuya falsedad ha quedado evidenciada en la sentencia. El receptor del análisis realizó gestiones suficientes para comprobar que el conjunto de la tesis era exactamente eso: un dislate. Otra pura falsedad. Conocido el fallo, y ante el interés expresado por dirigentes del PP y por algunos medios en “seguir investigando hasta descubrir toda la verdad del 11-M” y a sus “autores intelectuales”, parece moralmente obligado compartir este disparate con el único fin de que no pueda quedar el más mínimo cabo suelto. “Queremos saber”.)
Hasta aquí hemos llegado. Ya no vale pulpo como animal de compañía. Ahora el pulpo es la “autoría intelectual del 11-M”. Descartados y hasta ridiculizados por la fuerza de las pruebas todos y cada uno de los engendros que alimentaban la teoría de la conspiración, sus pregoneros se agarran a la “ausencia de autores intelectuales de la masacre”. La técnica es la misma que vienen utilizando desde la misma tarde del 11 de marzo de 2004. La propia sentencia redactada por Javier Gómez Bermúdez explica la fórmula: “Se aísla un dato –se descontextualiza– y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de la valoración conjunta de los datos –prueba– que permita, mediante el razonamiento, llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia”. Expresado de otro modo por el propio juez: “se parte de una premisa falsa para aparentar una conclusión cierta”.
La autoría intelectual del 11-M está meridianamente clara en la sentencia, si es que no estaba ya clara para cualquiera con el más mínimo conocimiento de las diferencias entre el terrorismo islamista yihadista y el etarra. El primero no tiene una estructura piramidal, ni comandos que cumplen órdenes de un líder o dirección colegiada. La inducción de la masacre está en el fanatismo criminal de quienes quieren acabar con la cultura occidental aun a costa de perder su propia vida. Punto.
Sustituir la obligación moral de rectificar y pedir excusas por la falacia de que “hay que seguir investigando toda la verdad” es un insulto a la inteligencia. Puestos a buscar toda la verdad, conviene ir retratando a quienes a punto estuvieron de paralizar y anular el juicio del 11-M sin importarles que pudieran salir en libertad los asesinos ahora condenados. Se busca a los autores intelectuales de la infamia.
