Los Publiscopios sobre las autonómicas del 22-M realizados en el País Valencià y en Madrid ofrecen hasta el momento una conclusión clara: el escándalo de la Gürtel pasa una mínima factura a Francisco Camps y le sale completamente gratis a Esperanza Aguirre. El primero, imputado por cohecho, sigue siendo el líder preferido por la mayoría de los votantes, un 77% de los cuales cree que va a ganar. La segunda preside la comunidad en la que la red corrupta consiguió firmar un mayor número de contratos troceados con la Administración.
La Justicia investiga también los indicios de financiación irregular del PP madrileño a través de Fundescam y de empresas de la Gürtel. Aguirre presume (frente a Camps) de haber cambiado a Don Vito por Don Limpio para no dejar ni rastro de suciedad. Una amplia mayoría, según el Publiscopio de hoy, sigue apoyándola en la presidencia madrileña y nada menos que un 80% pronostica que repetirá mandato. Pese a la influencia que en estos resultados pueden tener las debilidades de los candidatos alternativos, lo cierto es que de confirmarse darían la razón a quienes dentro del PP consideran que los casos de corrupción no perjudican al partido electoralmente. La indiscutible legitimidad de las urnas permitiría por tanto utilizarlas como una especie de lavadoras de cualquier tipo de responsabilidad. El 22-M puede ser un día grande para cierta concepción de la política. No tanto para la salud democrática.
Lo clavaba en sus memorias Ben Bradlee, el mítico director de The Washington Post: “Si agarras a alguien muy bien por las pelotas, tendrás su corazón y su cerebro”. No se puede asegurar a ciencia cierta por dónde tiene Ricardo Costa agarrado a Francisco Camps ni por dónde tiene Camps agarrado a Mariano Rajoy. De lo que no cabe duda es de que el caso Gürtel une la suerte de los tres.
Cuesta entender de otra forma la ceremonia de la confusión que entre todos provocaron en el día de ayer. O nadie dice la verdad o todos mienten. Ricardo Costa hizo una sorprendente demostración de fuerza. Anunció públicamente que se negaba a aparecer como “chivo expiatorio” y forzó a su jefe a devolver la pelota a la dirección nacional. Camps proclamó ante el Comité Ejecutivo valenciano su plena confianza en Costa y le permitió poner condiciones (una investigación interna y no ser sustituido por nadie en la secretaría general) antes de dejar “temporalmente” su cargo. Y la dirección nacional (muda todo el día) afirmó por escrito que ese Comité regional había “suspendido” a Costa no sólo como número dos sino también como portavoz en las Cortes valencianas, extremo desmentido de inmediato desde el Turia. El único que dijo una verdad contrastada fue el propio Costa: “En el PP la fiesta no se acaba nunca”.
Es lo que tienen las sombras. Persiguen a los cuerpos mientras haya sol, vayan a donde vayan y por mucho que corran. A Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, le persigue la sombra de su más que sospechosa actuación en la rama valenciana del ‘caso Gürtel’. En lugar de abstenerse por la pública y notoria amistad que le une a Francisco Camps, se mantuvo al frente del tribunal que juzgó el bochornoso asunto de los trajes. Primero dictó un auto insultante en respuesta a la acusación popular ejercida por los socialistas, que le pedían investigar la contabilidad de las empresas de Correa y El Bigotes. De la Rúa no sólo se negó, sino que calificó aquella pretensión como “una especie de batida de montería”. No le interesaba en absoluto saber si esas empresas recibían o no contratos otorgados por los mismos altos cargos del PP a los que El Bigotes regalaba trajes a medida. Tampoco le interesaron, al parecer, los detallados informes que la Fiscalía Anticorrupción le envió el 31 de julio, tres días antes de que De la Rúa firmara el archivo de la causa contra Camps, no sin resignarse a que el propio auto demostrara que su amigo Camps había mentido. Entre esos documentos figuraban pruebas que implican a la cúpula del PP valenciano en una red de financiación ilegal. De la Rúa se limita a pulsar la tecla “reenviar” para devolver a Madrid esas cosas tan feas que pueden ensuciar su preciosa amistad con Camps.
La sombra es pesada y De la Rúa no consigue despegarse de ella. Como tampoco lo conseguirán quienes en su día no le recusaron o quienes desde el Poder Judicial han preferido guardar silencio.
Algunos mal pensados creen que toda esta tormenta consiste en una estrategia del PP para anular pruebas y dejar el ‘caso Gürtel’ en pura filfa, como ocurrió hace veinte años con el ‘caso Naseiro’. Pero también caben otras hipótesis. Por ejemplo, quizás ellos no sean conscientes, pero lo que realmente ocurrió ayer es que Mariano Rajoy denunció públicamente (sin nombrarlo) a su compañero Federico Trillo por estar sembrando una “verdadera alarma social”. Porque Trillo desveló a primera hora ciertas pruebas que obran en su poder para sostener lo que sostienen Rajoy, Cospedal y “el 100 por 100 del PP”, según Javier Arenas: que sus dirigentes han sufrido escuchas ilegales ordenadas por el Gobierno. Trillo explicó que posee una cinta en la que se escucha a un policía soplar a Francisco Camps que el juez Garzón iba a inhibirse del caso en favor del Tribunal Superior de Valencia. Como Camps es “bastante manazas” para grabar conversaciones (¡dice Trillo!), hay que excluir que el presidente valenciano se pinchara a sí mismo. En fin, fuera quien fuera el grabador, conviene investigar qué funcionarios se dedican a filtrar a los implicados del PP en la trama Gürtel lo que van a hacer los jueces, más que nada para evitar la lógica “alarma social”.
No sé a ustedes, pero al arriba firmante se le queda cara de gilipollas (más aún de la que naturalmente porta) cuando lee y escucha las reacciones del Partido Popular y de su coro mediático sobre la trama de corrupción investigada por la justicia. Basta leer los últimos autos de Baltasar Garzón, en los que da traslado de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, para alucinar en mil colores. Conviene explicar que dichos autos son un resumen de los indicios de delitos que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han acumulado desde hace años. Van acompañados de unos cuantos kilos de documentos, grabaciones y testimonios que pertenecen todavía al secreto del sumario. Vamos, que no es que Garzón se despertara una mañana y, entre tiro y tiro en una montería acompañado del inefable Bermejo, sufriera un ataque de ira antipopular. La perplejidad se produce con el simple repaso de algunos hechos no presuntos ni supuestos, sino ya documentados.
Presunción de inocencia
El dúo “trigo limpio”, formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez El bigotes, miembros del círculo íntimo de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, actuó como mínimo entre 1996 y 2004 en connivencia con dirigentes de la sede nacional del PP. Controlaban la organización de eventos del partido y hasta la despedida de soltero del propio Agag, a cuyo bodorrio en El Escorial asistieron puro en mano.
En esa época pasaron por la secretaría general del PP Álvarez Cascos, Javier Arenas y Rajoy. ¿Ni ellos ni el tesorero Álvaro Lapuerta se enteraron del tinglado de “trigo limpio”? Entraban y salían de la sede nacional de la calle Génova con el mismo desparpajo que desplegaban en los ayuntamientos más ricos de Madrid y en las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León. Según la contabilidad intervenida, sus empresas recibían adjudicaciones sin las incomodidades de competir en concursos públicos. Luego pagaban a ciertos alcaldes, diputados o consejeros comisiones millonarias.
¿Ni Alberto Ruiz-Gallardón ni Pío García Escudero ni la propia Esperanza Aguirre, responsables de la Comunidad o del PP de Madrid en las sucesivas etapas, se enteraron de nada? La respuesta es no, puesto que hay que aplicar el sagrado principio de la presunción de inocencia, al que viene agarrándose el PP cada diez minutos desde que estalló el escándalo.
Por supuesto, ese principio sólo cabe aplicarlo a quienes le plazca a la dirección del PP. No tiene ese derecho, por ejemplo, el juez. No sólo le han acusado reiteradamente de prevaricador, sino que, ayer mismo, Esperanza Aguirre aseveró lo siguiente en una entrevista con su predicador favorito, Federico Jiménez Losantos, ilustre receptor de licencias de televisión digital en la comunidad madrileña: “De lo que se acusa a Camps es inferior a los regalos que ha recibido Garzón”. ¿Tiene pruebas de eso la lideresa? A lo peor los magistrados reciben dádivas “por convenio”, o sea, por la misma exótica razón que en el Gobierno madrileño se espiaban unos a otros.
Trajes y finanzas
La presunción de inocencia es para el PP flexible como el plexiglás. Ayer fueron expulsados del partido los alcaldes y militantes salpicados por la trama en Madrid, al tiempo que defendía la honorabilidad absoluta de Francisco Camps y de su número dos, Ricardo Costa. Uno de los argumentos de Rajoy, Cospedal y los editorialistas que les inspiran es otra patada a la inteligencia media: “Existen tantos indicios de delito en los trajes de Camps como en las cacerías de Garzón” (con Bermejo). Vale. Pues son las once de la noche del viernes y todavía no han dimitido el señor Camps ni el señor Costa; ni un solo dirigente o tertuliano de los que argumentan tal cosa se lo han exigido, como hicieron (con razón) en el caso de Bermejo. Para estos señores y señoras no tiene importancia que Camps y el vicepresidente del Poder Judicial se reúnan largamente y luego salgan disparando contra Garzón. Ni que Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia que ahora decidirá si le imputa hayan presumido públicamente de su amistad. Ni que el PP pagara en dinero negro parte de la organización del congreso valenciano de 2002. Ni que el partido recibiera más de 420.000 euros de las empresas del dúo “trigo limpio”. ¿Indicios de financiación ilegal? ¿O de fraude fiscal? No, gilipollas, esto es una conspiración siniestra en la que participan jueces, fiscales, policías y periodistas (pocos).
El ilustrísimo Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, confirmó ayer sus nulas cualidades para ocupar ese alto cargo que entre todos los ciudadanos pagamos. En lugar de defender la independencia del juez que investiga las tramas de corrupción en el PP, De Rosa marcó públicamente a Baltasar Garzón lo que tiene y no tiene que hacer. En cuanto se restablezca de su crisis de ansiedad, Garzón debe levantar el secreto de sumario e inhibirse del caso, porque si no lo hace “podría pasar la línea roja de la prevaricación”.
Según De Rosa, ex consejero de Justicia del gobierno valenciano de Francisco Camps y número dos del Poder Judicial a propuesta (obviamente) del PP, hasta el momento lo único que hay en este proceso son “elucubraciones y juicios paralelos”. Eso le da pie para apuntarse al juicio paralelo, al sostener que su ex jefe Francisco Camps es una persona “absolutamente honrada”. Le importa un rábano si los fiscales consideran que hay que investigar quién paga los trajes
del señor Camps.
Efectivamente, Garzón tiene que inhibirse de esta investigación, como le ha solicitado la fiscalía, puesto que existen indicios contra individuos aforados. Y Fernando de Rosa, por un mínimo decoro y dignidad, debería inhibirse de opinar sobre sumarios que desconoce y sobre el dirigente político que le aupó hasta el alto cargo que hoy ocupa.
Ahora que de casi todo hace doscientos años, y que la guerra antifrancesa parece ser la madre de todas las virtudes nacionales, Esperanza Aguirre ha lanzado su discurso liberal como armamento ideológico de un ejército dispuesto a dar la batalla del liderazgo en el carajal interno de la derecha. No se le ocurrió mejor fecha para tal menester que la mismísima víspera del debate de investidura, cosa que en el PSOE le agradecen, porque lo normal habría sido que todos los focos estuvieran puestos esta semana en José Luis Rodríguez Zapatero, primer presidente democrático que accede al cargo en segunda votación sin un golpe de Estado por medio. Aguirre convirtió la semana en una cruz de navajas entre barones y fontaneros del Partido Popular. Todo muy entretenido. Pista al artista y, mientras tanto, Zapatero dedicado a cuadrar una formación de Gobierno más compleja que el recorrido de la antorcha olímpica.
Sostiene doña Esperanza que su intención es abrir un debate ideológico, colocar un pan de miga donde sólo parece haber tortas. Le llueven críticas cargadas de topicazos: que si es una soberbia, que si se mueve por una ambición desmedida. ¡Qué novedad! Ambiciones en política. Como si Gallardón o Camps se movieran por impulsos extrasensoriales. De hecho, uno de los mayores defectos de Mariano Rajoy es seguramente su aparente falta de ambición, como si cada tres horas el cuerpo le pidiera fumarse un puro y regresar al registro de la propiedad. Para movilizar al personal hay que transmitir pasión en lo que uno hace. Y no se puede negar que Aguirre le echa pasión al empeño. Si además se trata de competir con su íntimo enemigo Gallardón, entonces doña Esperanza no sólo pone pasión, sino instinto criminal.
«No me resigno»
El lunes pasado, la presidenta desgranó un “no me resigno” que pretendía hilvanar un discurso ideológico y también, meter el susto en el cuerpo al debilitado líder y a su entorno. “No tengo intención de competir por la presidencia del PP, pero si cambio de opinión, tú, Mariano, serás el primero en saberlo”. Música de Psicosis. Los cuchillos habían empezado a volar la misma noche del 9 de marzo, con aquel gesto de Elvira, la esposa de Rajoy, que todos interpretaron como un “vámonos a casa, Mariano, y olvídate ya de la política”. Pero el acto del lunes fue la confirmación de una amenaza. Si Pedro Arriola, el eterno gurú de don Mariano, confiaba en tener todo atado y bien atado, de nuevo equivocó el pronóstico.
Lo cual no significa que Aguirre tenga como único objetivo disputar el liderazgo en junio. Sus huestes interpretan la sorprendente continuidad de Rajoy como una operación en la que el propio líder se ha dejado enredar de modo transitorio. Se trataría, precisamente, de cortar el paso acelerado de doña Esperanza desde la misma derrota del 9-M, afrontar una especie de travesía del desierto durante dos o tres años y, hacia principios de 2011, los mismos que ahora sostienen a Rajoy en las alturas le pedirían que diera el relevo a una candidatura con más punch, un ticket formado, por ejemplo, por Camps y Gallardón. Esa es la conjura arriolista que sospechan desde las trincheras de la Comunidad de Madrid.
Los estatutos del PP exigen un 20% de los compromisarios de un congreso para poder presentar una candidatura, y Aguirre no cuenta con esos votos. Sin embargo, tiene a su favor una eficaz artillería. Prácticamente toda la derecha mediática se ha liado a dentelladas con Rajoy
al tiempo que canta loas interminables a doña Esperanza. Hoy das una patada en Madrid y salen quinientos mil genuinos liberales, algunos además agradecidísimos a la presidenta por las arbitrarias concesiones de licencias de televisión digital y otros negocios paralelos. Por no citar la televisión autonómica, al servicio absoluto de la señora.
De modo que, se presente o no al congreso de junio, doña Esperanza ha conseguido ya uno de sus principales objetivos: convertirse en la única referencia de peso en el PP como alternativa a Rajoy o a cualquier tapado que pueda asomar en el futuro. Entre tanto, se dedica a vender un armazón ideológico inspirado en el Camino de servidumbre de Friedrich A. Hayek, libro que doña Esperanza regala a amigos y enemigos por Navidad, convencida de que esa respuesta escrita en 1944 contra el nazismo y el colectivismo sigue vigente en el siglo XXI. Y, para entretener la espera, se dedicará a conmemorar el 200 aniversario de la Guerra de la Independencia y a reivindicar la etapa liberal del siglo XIX, cuando, por cierto, la derecha española era otro carajal en el que se atizaban sin compasión los moderados, los puritanos, los cangrejos, los realistas y los militares del espadón. ¡Vaya tropa!
