No puede ser una cuestión de ignorancia. María Dolores de Cospedal es licenciada en Derecho y abogada del Estado, así que cabe asegurar que sabe perfectamente lo que dice. Y lo que dijo ayer, preguntada por las pruebas de su acusación contra el Gobierno por utilizar supuestamente a jueces y policías para espiar y perseguir, con más ahínco “que a la propia ETA”, a dirigentes del Partido Popular, es de traca. Sostiene Cospedal, apoyada “al cien por cien por el PP”, que su denuncia de escuchas ilegales se basa en “muchas conversaciones publicadas en los medios de comunicación que no están siendo investigadas ni forman parte de ningún sumario”. La secretaria general del PP no especifica a qué conversaciones se refiere, si a las de Camps con El Bigotes o a las de Correa con su socio o a las de El Albondiguilla con… Eso sí, exige la comparecencia parlamentaria de la vicepresidenta De la Vega y del ministro Rubalcaba por las “presiones” a los fiscales y por las “filtraciones” a la prensa.
El juez del caso Gürtel ha prorrogado el secreto del sumario hasta septiembre. ¿De dónde saca entonces Cospedal que hay conversaciones publicadas que no forman parte del sumario? O recibe filtraciones que debería explicar en el Parlamento, o miente (por táctica política) con absoluto desparpajo.
Por si existiera la más mínima duda de que las acusaciones formuladas anteayer por María Dolores de Cospedal no eran producto de un calentón o resultado de un patinazo verbal, su compañero Cristóbal Montoro se encargó ayer de subir un peldaño más en la escalera de la infamia. El ex ministro y coordinador económico del PP emplazó al Gobierno –con un par– a “demostrar que son falsas” las denuncias que ha hecho su partido sobre escuchas ilegales a dirigentes del mismo. O sea que Cospedal acusa al Gobierno, al CNI, a la Policía y a los jueces de un rosario de delitos que figuran en el Código Penal por realizar “escuchas telefónicas ilegales a dirigentes nacionales” del Partido Popular, sin aportar una sola prueba, y Montoro remata el disparate exigiendo que sean los acusados quienes demuestren que lo que el PP denuncia es falso.
¿Dónde estaban Cospedal y Montoro el día que en sus colegios explicaron la definición de Estado de Derecho? Ambos, como Federico Trillo –presunto autor intelectual de esta burda estrategia para desviar la atención de la trama Gürtel– pasan por haber sido magníficos estudiantes, pero quién no hizo pellas alguna vez.
Si este trío de talentos demócratas quiere recabar información sobre cualquier asunto de espionaje político, puede empezar por marcar el número arriba indicado, teléfono de Interior de la Comunidad de Madrid, y mantenerse a la espera. Con suerte, quizás alguno de sus colegas de partido pueda explicarles los casos más recientes y documentados de escuchas y seguimientos a políticos.
Ayer, a la misma hora que se daba a conocer el peor dato de destrucción de empleo de los últimos 33 años, Mariano Rajoy iniciaba una gira por tierras de Don Quijote con una visita a la cooperativa Vinícola de Villarrobledo (Albacete). El anfitrión, Tomás Cabañero Losa, además de presidir esas bodegas, dirige también el PP local y es propietario de la empresa Martínez Solé y Cía., una fábrica de calderería industrial que a principios de año contaba con unos 350 empleados. Cabañero está denunciado ante el Juzgado de lo Social de Albacete por haber despedido en estos últimos meses a casi la mitad de la plantilla sin presentar ningún ERE y sin documentar las motivaciones económicas. El tal Cabañero, también candidato a alcalde por el PP, ha instalado una antena ilegal en una de sus fincas para que se escuche sin interferencias la Cope en el territorio, y presume públicamente de pagarla de su bolsillo.
En Castilla-La Mancha existen 458 cooperativas, de las cuales 224 son vinícolas, de modo que María Dolores de Cospedal ha demostrado un ojo clínico a la hora de ejemplificar el apoyo del PP a una fórmula empresarial que, por otra parte, nunca había figurado entre las preferencias de la derecha. Pero a estas alturas parece claro que el PP cabalga felizmente a lomos del caballo desbocado de la crisis; los gravísimos casos de corrupción quedan solapados por el aprovechamiento inmediato de los disgustos diarios de la evolución económica.
No habría mucho que reprochar en este sentido, puesto que la obligación de un partido que es alternativa de gobierno consiste en controlar al poder y ofrecer mejores alternativas en la solución de los problemas. Y aquí queda sobrepasada la anécdota del tal Cabañero y de sus abrazos a Rajoy y De Cospedal para entrar en la categoría del ejercicio de la política con mayúsculas. Un rato después de ese ataque de cooperativismo, Rajoy se trasladó a Las Pedroñeras, y desde allí lanzó un mensaje diáfano: “El Gobierno es muy malo; tiene la culpa de haber batido el récord de parados, pero saldremos de esta crisis porque el Partido Popular sabe cómo hacerlo”.
Reformas estructurales
Los datos no tienen ideología. Zapatero tardó demasiado en reconocer la dureza de la crisis (pese a su lógica obligación de no contribuir al pesimismo colectivo que agrava exponencialmente el bloqueo de la actividad económica), pero resulta curioso el empeño de la derecha en responsabilizar al Gobierno de las dramáticas cifras del paro y de su “empecinamiento” en no afrontar “reformas estructurales”, muy especialmente la archimanida “reforma laboral”.
La tasa de paro se ha duplicado en España en el último año, fundamentalmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En este sentido, el país que más se parece al nuestro es Estados Unidos, donde también se ha duplicado esa tasa, en buena parte por la misma burbuja especulativa en la construcción, con la diferencia de que en el reino del neoliberalismo de Bush (el ídolo de Aznar) no se contemplaba la protección social de los más débiles. Redondeando el balance político, el Gobierno de Zapatero perdió durante su primera legislatura la oportunidad de cortar por lo sano la voracidad de los tiburones del negocio inmobiliario, al igual que el PP perdió ocho años en el poder sin abordar “reformas estructurales” que rebajaran el precio del suelo o que solucionaran la financiación local al margen de las “astillas” de los constructores.
Cualquiera que se moleste en examinar los datos económicos de los principales países del mundo tendrá que admitir que esta crisis es global, y que la principal característica negativa respecto a España es que el paro dobla la media de la UE. Afrontamos un decrecimiento similar, con menor endeudamiento, pero con una destrucción de empleo mucho mayor.
Llegados a ese punto aparece el PP con su “plan anticrisis” y su urgente “reforma laboral”. Menos impuestos y mayor flexibilidad en la contratación. Poca cosa respecto a la almendra del problema: la baja productividad y la raquítica inversión en I+D. ¿Acaso abaratar el despido llevará a los empresarios a despedir a menos trabajadores? En España el despido no es gratuito, pero sí libre y barato. Que se lo pregunten al cooperativista Cabañero.
