Por si existiera la más mínima duda de que las acusaciones formuladas anteayer por María Dolores de Cospedal no eran producto de un calentón o resultado de un patinazo verbal, su compañero Cristóbal Montoro se encargó ayer de subir un peldaño más en la escalera de la infamia. El ex ministro y coordinador económico del PP emplazó al Gobierno –con un par– a “demostrar que son falsas” las denuncias que ha hecho su partido sobre escuchas ilegales a dirigentes del mismo. O sea que Cospedal acusa al Gobierno, al CNI, a la Policía y a los jueces de un rosario de delitos que figuran en el Código Penal por realizar “escuchas telefónicas ilegales a dirigentes nacionales” del Partido Popular, sin aportar una sola prueba, y Montoro remata el disparate exigiendo que sean los acusados quienes demuestren que lo que el PP denuncia es falso.
¿Dónde estaban Cospedal y Montoro el día que en sus colegios explicaron la definición de Estado de Derecho? Ambos, como Federico Trillo –presunto autor intelectual de esta burda estrategia para desviar la atención de la trama Gürtel– pasan por haber sido magníficos estudiantes, pero quién no hizo pellas alguna vez.
Si este trío de talentos demócratas quiere recabar información sobre cualquier asunto de espionaje político, puede empezar por marcar el número arriba indicado, teléfono de Interior de la Comunidad de Madrid, y mantenerse a la espera. Con suerte, quizás alguno de sus colegas de partido pueda explicarles los casos más recientes y documentados de escuchas y seguimientos a políticos.
Madrid ya no es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las estadísticas que manejaba Dámaso Alonso en su poema de posguerra. La Comunidad de Madrid es hoy un cortijo de más de seis millones de súbditos, o al menos ese es el dibujo que aparentan tener de ella los gobernantes del PP. No cabe otra explicación al fabuloso escándalo que supone la disolución decretada, con publicidad y alevosía, de la comisión de investigación sobre el espionaje político. En total, los trabajos parlamentarios han durado ¡cuatro días!, en su mayor parte dedicados a hablar de la prehistoria y del toro que mató a Manolete. Esperanza Aguirre y sus mariachis no han permitido siquiera que en la Asamblea se escuchen los testimonios de sus propios compañeros espiados, es decir, de las víctimas. O sea, esto es como si un joyero es atracado y la Policía sólo interroga al presunto ladrón y a los tatarabuelos del anterior dueño de la joyería.
La cosa admite pocas bromas, porque lo que retrata en el fondo (y en la forma) es un desprecio absoluto a la ciudadanía y a los controles imprescindibles en un régimen democrático. Aquí se está jugando algo más que una reyerta entre miembros del mismo partido político. Las fuentes más imparciales y fiables confirman lo que el sentido común ya dejaba intuir: los seguimientos y dossiers detectados en el PP tienen una relación más directa que indirecta con la trama de corrupción destapada por el juez Garzón. Lo cual no quiere decir que el dúo “trigo limpio” formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez esté implicado también en el espionaje. La relación entre ambos escándalos radica en lo que mueve los peores instintos del ser humano: la pasta. Los dossiers que han circulado como conclusiones de ciertos seguimientos profesionales (y no de esas persecuciones chapuceras a las que se agarran Aguirre y su consejero Granados) no se centran en líos de faldas ni en asuntos de sexo, por mucho que eso preocupe a algunos personajes que no se pierden una manifestación del Foro de la Familia. La esencia de esas investigaciones apunta a una guerra interna por el manejo de las adjudicaciones de dinero público. Alguien en la dirección del PP madrileño sufrió un ataque de ética política o bien estaba ya muy harto de que siempre fueran los mismos los que decidían los contratos millonarios.
Sin resquicios
La máxima prioridad de Aguirre era dar carpetazo a este asunto sin dejar resquicio a que los testimonios pusieran al descubierto esa más que probable relación, sin importarle lo más mínimo el escándalo subsiguiente. Tácticas como culpar al mensajero o a la oposición, o presentar querellas contra medios de comunicación no afines, creen en el Gobierno madrileño que son las pócimas adecuadas para adormecer al contribuyente y meter miedo al periodista. O al menos para sembrar la confusión. Sólo se trata de que el votante, cuando comenta el asunto en la cafetería, pronuncie esas terribles sentencias de “al fin y al cabo todos son iguales”, o “¡cualquiera se fía de los periódicos!”. ¡Ojo!, tanto políticos como periodistas (no todos) tenemos la culpa de que esas tonterías se instalen en el colectivo para desgracia de la higiene democrática.
En un par de días se redactarán las conclusiones de este simulacro de comisión de investigación. Se admiten apuestas: ¿Reabrirá Rajoy el expediente interno por muy alucinógeno que sea el dictamen de la mayoría absoluta del grupo parlamentario del PP madrileño? La respuesta es no. Bastante tiene con evitar las salpicaduras del caso Gürtel en su propio entorno.
En el territorio valenciano, Francisco Camps ha venido a emplear similares armas de defensa. Casualmente, Aguirre y Francisco Camps utilizaron los mismos versos atribuidos (sin pruebas) a Bertol Brecht al enfrentarse al estallido de sus respectivos escándalos: “Un día vinieron por mi vecino porque era comunista, como yo no era comunista no hice nada por él. Un día vinieron por mi otro vecino el judío, como yo no era…” O sea, las víctimas son ellos. A la vista de la falta de pudor con la que ambos han despreciado las funciones del Parlamento y de la prensa libre y la inteligencia de los ciudadanos, les podría resultar más útil lo que Brecht escribió en 1953, con motivo de algunos levantamientos populares en Berlín: “El pueblo ha perdido la confianza del gobierno. ¿No sería más sencillo, en estas circunstancias, que el gobierno disolviera al pueblo y eligiera a otro?”
La comisión de investigación sobre las tramas de espionaje en la Comunidad de Madrid ya ha iniciado su andadura hacia ninguna parte. El pasado jueves, la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, reprochó con absoluta claridad a Esperanza Aguirre en el pleno de la Asamblea el hecho de que pretenda limitar las pesquisas parlamentarias a un simple juego de espías sin trasfondo político. Apuntó certera hacia lo verdaderamente importante: el Gobierno del PP en Madrid debe aclarar no sólo quién y con qué dinero se ha dedicado a espiar al prójimo, sino por qué y para qué lo ha hecho. ¿Contienen los ya famosos dossiers indicios de corrupción que apuntan a lo más alto del PP madrileño y del gobierno autonómico? Esperanza Aguirre levantó la mano, interrumpió el discurso de Sabanés y espetó un sonoro «¡mire cómo tiemblo!».
Efectivamente, la dama más liberal de las filas del PP no teme en absoluto los resultados de una comisión de investigación que está presidida por un diputado del PP y cuya secretaria será nada menos que Gádor Ongil, ex consejera del gobierno de Aguirre y estrechamente relacionada con otro nombre clave en la compleja red del PP de Madrid, Mario Mingo, médico de Aznar y especialista en poner y quitar alcaldes en esa zona noroeste de la comunidad que ayer mismo el juez Garzón empezó a peinar con el objetivo de aclarar las oscuras relaciones entre determinados constructores y ciertos personajes (¡oh, sorpresa!), también vinculados al PP.
Esperanza Aguirre temblaría un poco más si hubiera aceptado el mínimo gesto de higiene democrática de formar una comisión presidida por un representante de otro partido, como es costumbre en el Congreso de los Diputados. Pero, claro, si esa comisión no tuviera mayoría absoluta del PP y estuviera presidida, por ejemplo, por Inés Sabanés (como proponían PSOE e IU), a lo mejor pondría la lupa en todas y cada una de las decisiones tomadas por el todopoderoso vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, cuya habilidad para conceder adjudicaciones millonarias a empresas relacionadas con amigos y parientes es impresionante.
Prepotencia infinita
Ignacio González, mano derecha e izquierda de Aguirre desde hace años, tampoco tiembla. Es más, está muy acostumbrado a hacer temblar a los demás. Ahora se dedica a enviar burofax a los medios que han publicado datos sobre esas sospechosas adjudicaciones amenazando al mensajero con todos los infiernos judiciales si se atreve a seguir desvelando las exitosas aventuras económicas de algunos familiares. Utiliza para ello a uno de los bufetes de abogados más caros de España en el que (¡oh, sorpresa!) también trabaja una cuñada del propio González. Confunde con absoluto desparpajo el derecho a la intimidad de sus parientes con el derecho de los ciudadanos a conocer cualquier información relacionada con el manejo que los servidores públicos hacen del dinero de los contribuyentes. González no tiembla porque lleva años dirigiendo todos los hilos de la política madrileña mientras su jefa, Esperanza Aguirre, se entretiene en disputar a Ruiz-Gallardón la sucesión de Mariano Rajoy. González y Aguirre se aportan mutuamente una tranquilidad absoluta, porque comparten la satisfacción de haber convertido Madrid en un cafetal dirigido con mano de hierro bajo guante liberal. Yo pongo aquí a mi prima y tú le puedes dar esa concesión al socio de tu cuñado. Si el nepotismo, la prepotencia y la sensación de impunidad se perpetúan en el tiempo, llega un momento en el que uno llega a convencerse de que no hay límite, incluso puede creer que esa es la forma más eficaz de hacer política.
Como apuntaba Torres Mora en estas mismas páginas hace unos días, no se espían unos a otros para averiguar qué hacen, sino “porque se conocen demasiado bien”. Después de las extrañas y casi olvidadas visitas de Montserrat Corulla al Ayuntamiento de Gallardón, alguien en la Puerta del Sol pensó que merecía la pena vigilar al adversario.
Lo que hasta el momento se conoce públicamente de la trama de espionaje es una broma si se compara con lo que queda por demostrar y con lo que quizás sea el objetivo del siempre oportuno u oportunista juez Garzón: Madrid no es un cortijo. El PP no puede escudarse en el cinismo del “hoy por ti, mañana por mí”. No todos son iguales. El “¡mire cómo tiemblo!” de Esperanza Aguirre suena a impunidad y a prepotencia.
