Ayer, a la misma hora que se daba a conocer el peor dato de destrucción de empleo de los últimos 33 años, Mariano Rajoy iniciaba una gira por tierras de Don Quijote con una visita a la cooperativa Vinícola de Villarrobledo (Albacete). El anfitrión, Tomás Cabañero Losa, además de presidir esas bodegas, dirige también el PP local y es propietario de la empresa Martínez Solé y Cía., una fábrica de calderería industrial que a principios de año contaba con unos 350 empleados. Cabañero está denunciado ante el Juzgado de lo Social de Albacete por haber despedido en estos últimos meses a casi la mitad de la plantilla sin presentar ningún ERE y sin documentar las motivaciones económicas. El tal Cabañero, también candidato a alcalde por el PP, ha instalado una antena ilegal en una de sus fincas para que se escuche sin interferencias la Cope en el territorio, y presume públicamente de pagarla de su bolsillo.
En Castilla-La Mancha existen 458 cooperativas, de las cuales 224 son vinícolas, de modo que María Dolores de Cospedal ha demostrado un ojo clínico a la hora de ejemplificar el apoyo del PP a una fórmula empresarial que, por otra parte, nunca había figurado entre las preferencias de la derecha. Pero a estas alturas parece claro que el PP cabalga felizmente a lomos del caballo desbocado de la crisis; los gravísimos casos de corrupción quedan solapados por el aprovechamiento inmediato de los disgustos diarios de la evolución económica.
No habría mucho que reprochar en este sentido, puesto que la obligación de un partido que es alternativa de gobierno consiste en controlar al poder y ofrecer mejores alternativas en la solución de los problemas. Y aquí queda sobrepasada la anécdota del tal Cabañero y de sus abrazos a Rajoy y De Cospedal para entrar en la categoría del ejercicio de la política con mayúsculas. Un rato después de ese ataque de cooperativismo, Rajoy se trasladó a Las Pedroñeras, y desde allí lanzó un mensaje diáfano: “El Gobierno es muy malo; tiene la culpa de haber batido el récord de parados, pero saldremos de esta crisis porque el Partido Popular sabe cómo hacerlo”.
Reformas estructurales
Los datos no tienen ideología. Zapatero tardó demasiado en reconocer la dureza de la crisis (pese a su lógica obligación de no contribuir al pesimismo colectivo que agrava exponencialmente el bloqueo de la actividad económica), pero resulta curioso el empeño de la derecha en responsabilizar al Gobierno de las dramáticas cifras del paro y de su “empecinamiento” en no afrontar “reformas estructurales”, muy especialmente la archimanida “reforma laboral”.
La tasa de paro se ha duplicado en España en el último año, fundamentalmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En este sentido, el país que más se parece al nuestro es Estados Unidos, donde también se ha duplicado esa tasa, en buena parte por la misma burbuja especulativa en la construcción, con la diferencia de que en el reino del neoliberalismo de Bush (el ídolo de Aznar) no se contemplaba la protección social de los más débiles. Redondeando el balance político, el Gobierno de Zapatero perdió durante su primera legislatura la oportunidad de cortar por lo sano la voracidad de los tiburones del negocio inmobiliario, al igual que el PP perdió ocho años en el poder sin abordar “reformas estructurales” que rebajaran el precio del suelo o que solucionaran la financiación local al margen de las “astillas” de los constructores.
Cualquiera que se moleste en examinar los datos económicos de los principales países del mundo tendrá que admitir que esta crisis es global, y que la principal característica negativa respecto a España es que el paro dobla la media de la UE. Afrontamos un decrecimiento similar, con menor endeudamiento, pero con una destrucción de empleo mucho mayor.
Llegados a ese punto aparece el PP con su “plan anticrisis” y su urgente “reforma laboral”. Menos impuestos y mayor flexibilidad en la contratación. Poca cosa respecto a la almendra del problema: la baja productividad y la raquítica inversión en I+D. ¿Acaso abaratar el despido llevará a los empresarios a despedir a menos trabajadores? En España el despido no es gratuito, pero sí libre y barato. Que se lo pregunten al cooperativista Cabañero.
Este buzón de la cosa política lleva bloqueado de mensajes y preguntas desde la mañana del jueves, cuando Público desveló el almuerzo que habían compartido en el madrileño restaurante Solchaga el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Vieira. El ágape se celebró el lunes, un día antes de que el citado tribunal se declarase competente para investigar la presunta trama de corrupción en el PP conocida ya como caso Gürtel y en la que aparecen implicados tres diputados de la Asamblea de Madrid, varios alcaldes, el senador y tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote. Todos ellos ciudadanos libres de toda sospecha hasta que (según la dirección del PP) el juez Baltasar Garzón coincidió en una cacería con el ministro Bermejo y juntos decidieron montar una causa general contra la derecha española. Conviene ir despejando algunas incógnitas, más que nada para dejar hueco en el buzón a otros asuntos de mayor enjundia, como por ejemplo los intensos rumores sobre un inminente y profundo cambio del Gobierno Zapatero.
Porque la verdad es que esta trama daría para una telecomedia si no se tratara de unos señores y señoras que presuntamente se han dedicado a desviar dinero de todos los contribuyentes hacia empresas que a su vez les pagaban comisiones o les regalaban coches de lujo. Y si no fuera porque la reacción de la dirección del PP ante el carajal es tan disparatada que sólo ofrece tres posibles explicaciones: 1.- La actual cúpula del PP no tiene poder para hacer una limpieza a fondo. 2.- Esta trama incluye vías de financiación del partido; 3.- Los dirigentes de la derecha toman por tontos a los ciudadanos. Estas tres posibilidades no son incompatibles entre sí.
Las cinco diferencias
Al caso que nos ocupa. El magistrado Vieira reconoce que en ese almuerzo habló con el número tres de Esperanza Aguirre sobre el caso Gürtel, aunque “sólo de cuestiones de procedimiento”, “como hablaría con un grupo de periodistas”. Vale. Admitimos pulpo como animal de compañía.
Granados ha sido más preciso. Señala “cinco diferencias fundamentales con la famosa cacería del juez socialista y el ministro furtivo”. Como todo el mundo sabe, el “juez socialista” es Garzón, considerado un héroe por la derecha cuando marcó con una X a Felipe González por los GAL o cuando ilegalizó a la izquierda abertzale. El “ministro furtivo” es Mariano Fernández Bermejo, a quien Zapatero forzó a dimitir por aquella impresentable cacería para la que, además, carecía de licencia.
Diferencia 1. Sostiene Granados que su comida ha sido “estrictamente de trabajo y no de ocio”. Hablaron según él de las necesidades económicas, humanas y materiales de los juzgados madrileños antes de abordar la corrupción. Curioso. ¿Por qué esa reunión de trabajo no se celebra en la sede de la Comunidad o en la del TSJM? En Solchaga se come muy bien y se paga mejor todavía. Concretamente ese almuerzo lo sufragamos los contribuyentes a través del Ministerio de Justicia. A lo peor es que el catering del Tribunal lo llevaba hasta ahora una empresa de Correa y… claro, no era plan.
Diferencia 2. Sostiene Granados que Vieira “nunca ha sido candidato del PP”. Correcto, aunque durante ocho años de gobierno no propuso el PP algo tan sencillo como que un juez que se presente a unas elecciones no pueda volver a ejercer la carrera judicial.
Diferencia 3. Sostiene Granados que Vieira es una persona “intachable”. Sin comentarios. Él sabrá cómo califica a Garzón.
Diferencia 4. Sostiene Granados que Vieira “no decide” sobre el caso Gürtel. Mentira. Si el asunto llega a juicio, Vieira presidirá el tribunal.
Diferencia 5. Concluye Granados que un día después de la comida el TSJM asumió la investigación de Garzón, algo que “va en contra de los intereses del PP”. Gracioso. Estaría bueno que el Tribunal no hubiera admitido a trámite una investigación policial repleta de indicios. Lo que iría en contra de los intereses del PP es una sentencia condenatoria, y Vieira es quien presidirá la sala.
Son las 23 horas del viernes, 3 de abril, y ni Granados ha dimitido ni Vieira se ha inhibido del caso. Aquí ya se observa una pequeña diferencia respecto a la cacería.
Madrid ya no es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las estadísticas que manejaba Dámaso Alonso en su poema de posguerra. La Comunidad de Madrid es hoy un cortijo de más de seis millones de súbditos, o al menos ese es el dibujo que aparentan tener de ella los gobernantes del PP. No cabe otra explicación al fabuloso escándalo que supone la disolución decretada, con publicidad y alevosía, de la comisión de investigación sobre el espionaje político. En total, los trabajos parlamentarios han durado ¡cuatro días!, en su mayor parte dedicados a hablar de la prehistoria y del toro que mató a Manolete. Esperanza Aguirre y sus mariachis no han permitido siquiera que en la Asamblea se escuchen los testimonios de sus propios compañeros espiados, es decir, de las víctimas. O sea, esto es como si un joyero es atracado y la Policía sólo interroga al presunto ladrón y a los tatarabuelos del anterior dueño de la joyería.
La cosa admite pocas bromas, porque lo que retrata en el fondo (y en la forma) es un desprecio absoluto a la ciudadanía y a los controles imprescindibles en un régimen democrático. Aquí se está jugando algo más que una reyerta entre miembros del mismo partido político. Las fuentes más imparciales y fiables confirman lo que el sentido común ya dejaba intuir: los seguimientos y dossiers detectados en el PP tienen una relación más directa que indirecta con la trama de corrupción destapada por el juez Garzón. Lo cual no quiere decir que el dúo “trigo limpio” formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez esté implicado también en el espionaje. La relación entre ambos escándalos radica en lo que mueve los peores instintos del ser humano: la pasta. Los dossiers que han circulado como conclusiones de ciertos seguimientos profesionales (y no de esas persecuciones chapuceras a las que se agarran Aguirre y su consejero Granados) no se centran en líos de faldas ni en asuntos de sexo, por mucho que eso preocupe a algunos personajes que no se pierden una manifestación del Foro de la Familia. La esencia de esas investigaciones apunta a una guerra interna por el manejo de las adjudicaciones de dinero público. Alguien en la dirección del PP madrileño sufrió un ataque de ética política o bien estaba ya muy harto de que siempre fueran los mismos los que decidían los contratos millonarios.
Sin resquicios
La máxima prioridad de Aguirre era dar carpetazo a este asunto sin dejar resquicio a que los testimonios pusieran al descubierto esa más que probable relación, sin importarle lo más mínimo el escándalo subsiguiente. Tácticas como culpar al mensajero o a la oposición, o presentar querellas contra medios de comunicación no afines, creen en el Gobierno madrileño que son las pócimas adecuadas para adormecer al contribuyente y meter miedo al periodista. O al menos para sembrar la confusión. Sólo se trata de que el votante, cuando comenta el asunto en la cafetería, pronuncie esas terribles sentencias de “al fin y al cabo todos son iguales”, o “¡cualquiera se fía de los periódicos!”. ¡Ojo!, tanto políticos como periodistas (no todos) tenemos la culpa de que esas tonterías se instalen en el colectivo para desgracia de la higiene democrática.
En un par de días se redactarán las conclusiones de este simulacro de comisión de investigación. Se admiten apuestas: ¿Reabrirá Rajoy el expediente interno por muy alucinógeno que sea el dictamen de la mayoría absoluta del grupo parlamentario del PP madrileño? La respuesta es no. Bastante tiene con evitar las salpicaduras del caso Gürtel en su propio entorno.
En el territorio valenciano, Francisco Camps ha venido a emplear similares armas de defensa. Casualmente, Aguirre y Francisco Camps utilizaron los mismos versos atribuidos (sin pruebas) a Bertol Brecht al enfrentarse al estallido de sus respectivos escándalos: “Un día vinieron por mi vecino porque era comunista, como yo no era comunista no hice nada por él. Un día vinieron por mi otro vecino el judío, como yo no era…” O sea, las víctimas son ellos. A la vista de la falta de pudor con la que ambos han despreciado las funciones del Parlamento y de la prensa libre y la inteligencia de los ciudadanos, les podría resultar más útil lo que Brecht escribió en 1953, con motivo de algunos levantamientos populares en Berlín: “El pueblo ha perdido la confianza del gobierno. ¿No sería más sencillo, en estas circunstancias, que el gobierno disolviera al pueblo y eligiera a otro?”
No sé a ustedes, pero al arriba firmante se le queda cara de gilipollas (más aún de la que naturalmente porta) cuando lee y escucha las reacciones del Partido Popular y de su coro mediático sobre la trama de corrupción investigada por la justicia. Basta leer los últimos autos de Baltasar Garzón, en los que da traslado de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, para alucinar en mil colores. Conviene explicar que dichos autos son un resumen de los indicios de delitos que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han acumulado desde hace años. Van acompañados de unos cuantos kilos de documentos, grabaciones y testimonios que pertenecen todavía al secreto del sumario. Vamos, que no es que Garzón se despertara una mañana y, entre tiro y tiro en una montería acompañado del inefable Bermejo, sufriera un ataque de ira antipopular. La perplejidad se produce con el simple repaso de algunos hechos no presuntos ni supuestos, sino ya documentados.
Presunción de inocencia
El dúo “trigo limpio”, formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez El bigotes, miembros del círculo íntimo de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, actuó como mínimo entre 1996 y 2004 en connivencia con dirigentes de la sede nacional del PP. Controlaban la organización de eventos del partido y hasta la despedida de soltero del propio Agag, a cuyo bodorrio en El Escorial asistieron puro en mano.
En esa época pasaron por la secretaría general del PP Álvarez Cascos, Javier Arenas y Rajoy. ¿Ni ellos ni el tesorero Álvaro Lapuerta se enteraron del tinglado de “trigo limpio”? Entraban y salían de la sede nacional de la calle Génova con el mismo desparpajo que desplegaban en los ayuntamientos más ricos de Madrid y en las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León. Según la contabilidad intervenida, sus empresas recibían adjudicaciones sin las incomodidades de competir en concursos públicos. Luego pagaban a ciertos alcaldes, diputados o consejeros comisiones millonarias.
¿Ni Alberto Ruiz-Gallardón ni Pío García Escudero ni la propia Esperanza Aguirre, responsables de la Comunidad o del PP de Madrid en las sucesivas etapas, se enteraron de nada? La respuesta es no, puesto que hay que aplicar el sagrado principio de la presunción de inocencia, al que viene agarrándose el PP cada diez minutos desde que estalló el escándalo.
Por supuesto, ese principio sólo cabe aplicarlo a quienes le plazca a la dirección del PP. No tiene ese derecho, por ejemplo, el juez. No sólo le han acusado reiteradamente de prevaricador, sino que, ayer mismo, Esperanza Aguirre aseveró lo siguiente en una entrevista con su predicador favorito, Federico Jiménez Losantos, ilustre receptor de licencias de televisión digital en la comunidad madrileña: “De lo que se acusa a Camps es inferior a los regalos que ha recibido Garzón”. ¿Tiene pruebas de eso la lideresa? A lo peor los magistrados reciben dádivas “por convenio”, o sea, por la misma exótica razón que en el Gobierno madrileño se espiaban unos a otros.
Trajes y finanzas
La presunción de inocencia es para el PP flexible como el plexiglás. Ayer fueron expulsados del partido los alcaldes y militantes salpicados por la trama en Madrid, al tiempo que defendía la honorabilidad absoluta de Francisco Camps y de su número dos, Ricardo Costa. Uno de los argumentos de Rajoy, Cospedal y los editorialistas que les inspiran es otra patada a la inteligencia media: “Existen tantos indicios de delito en los trajes de Camps como en las cacerías de Garzón” (con Bermejo). Vale. Pues son las once de la noche del viernes y todavía no han dimitido el señor Camps ni el señor Costa; ni un solo dirigente o tertuliano de los que argumentan tal cosa se lo han exigido, como hicieron (con razón) en el caso de Bermejo. Para estos señores y señoras no tiene importancia que Camps y el vicepresidente del Poder Judicial se reúnan largamente y luego salgan disparando contra Garzón. Ni que Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia que ahora decidirá si le imputa hayan presumido públicamente de su amistad. Ni que el PP pagara en dinero negro parte de la organización del congreso valenciano de 2002. Ni que el partido recibiera más de 420.000 euros de las empresas del dúo “trigo limpio”. ¿Indicios de financiación ilegal? ¿O de fraude fiscal? No, gilipollas, esto es una conspiración siniestra en la que participan jueces, fiscales, policías y periodistas (pocos).
Ha llegado ya la hora de preguntarse si la trama de corrupción en el Partido Popular consiste en la picaresca de unos cuantos golfos o si esa red estaba organizada también para financiar ilegalmente al PP. La posible imputación del tesorero nacional nombrado por Mariano Rajoy, el senador Luis Bárcenas, apunta claramente en esa dirección. Pero no es, ni mucho menos, la única pista.
Desde el mismo momento en que estallaron los escándalos de las tramas de espías en el PP de Madrid y de las adjudicaciones irregulares que recibían las empresas ligadas a Francisco Correa, la dirección “popular” ha hecho infinitos esfuerzos por limitar los daños a la actividad de unos individuos que “no eran trigo limpio”, y que supuestamente fueron apartados de la sede nacional de la madrileña calle Génova en cuanto Rajoy asumió el liderazgo. Así al menos lo proclamó el propio presidente del PP, desmentido después por su portavoz Esteban González Pons, que reconoció la existencia de algunos contratos firmados con la trama de Correa al menos hasta 2005. Incluso pasando por alto aquella mentira de Rajoy, el argumento utilizado es realmente curioso. ¿Apartados porque no eran “trigo limpio”? Desde marzo de 2004 el PP está en la oposición, de modo que lo que se hizo fue “apartar” a Correa y sus secuaces hacia territorios en los que el PP sí manejaba poder y grandes presupuestos públicos. Esta panda empezó a llevarse todo tipo de adjudicaciones millonarias en la Comunidad de Madrid y en algunos de los ayuntamientos más boyantes gobernados por el PP. Lo mismo en Valencia, y ya se verá en qué otras autonomías en manos de la derecha. O sea que Rajoy y su gente hicieron lo que cualquiera haría en su lugar. ¿Que uno descubre a un ladrón en su propia casa? Pues nada, en lugar de llamar a la Policía y denunciarlo en el juzgado, facilita al ladrón las direcciones de los amigos y vecinos más ricos para que no se canse de robar. Lo normal.
Los nombres y el método
El PP ha llegado a perder los nervios en su obsesión por conocer los nombres que aparecen en los papeles y cintas de la fiscalía anticorrupción. Hasta el punto de abrir expediente a los dos únicos imputados militantes del PP hasta ahora confirmados judicialmente, lo cual contradice los propios estatutos del partido, donde se dice que mantendrá la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia condenatoria firme. Claro, ese punto estatutario estaba redactado para proteger al poderoso Carlos Fabra, eterno presidente de la Diputación de Castellón imputado por nueve delitos. En cuestión de horas o días, el PP tendrá oportunidad de demostrar de una vez alguna coherencia si expulsa de inmediato a los altos cargos y aforados que aparezcan en el sumario de Garzón.
Lo cierto es que al PP le obsesionan los nombres, pero no parece preocuparle el método, que es lo más sospechoso de este asunto. Los datos hasta el momento conocidos indican que en distintos gobiernos municipales y autonómicos se manipulaban concursos públicos para favorecer a determinadas empresas, que a su vez pagaban comisiones millonarias por esos favores. A partir de ahí, el método tiene la complejidad que exigen los vericuetos necesarios para esquivar la ley: dinero negro, sociedades instrumentales, hombres de paja, testaferros, cuentas en paraísos fiscales, facturas falsas, etcétera.
Al carajal del principal partido de la oposición le vino de perlas la impresentable cacería en la que coincidieron Garzón y Bermejo. Rajoy se divirtió unos días mirando el reloj en los mítines de Galicia y el País Vasco y proclamando: “Son las doce y media y todavía no ha dimitido el ministro de Justicia”. El lunes se acabó la diversión. Cayó esa pieza con todo merecimiento. Sólo les queda acusar a su antaño héroe Garzón de prevaricador. Pero no dicen ni mu de la otra cacería, la que organizaron en Valencia Camps, Michavila y otros fieles con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, quien después de una larguísima sentada con bolígrafos y folios en lugar de escopetas se lió a tiros jurídicos contra Garzón. Pues son las diez de la noche del viernes y De Rosa no ha dimitido.
El ilustrísimo Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, confirmó ayer sus nulas cualidades para ocupar ese alto cargo que entre todos los ciudadanos pagamos. En lugar de defender la independencia del juez que investiga las tramas de corrupción en el PP, De Rosa marcó públicamente a Baltasar Garzón lo que tiene y no tiene que hacer. En cuanto se restablezca de su crisis de ansiedad, Garzón debe levantar el secreto de sumario e inhibirse del caso, porque si no lo hace “podría pasar la línea roja de la prevaricación”.
Según De Rosa, ex consejero de Justicia del gobierno valenciano de Francisco Camps y número dos del Poder Judicial a propuesta (obviamente) del PP, hasta el momento lo único que hay en este proceso son “elucubraciones y juicios paralelos”. Eso le da pie para apuntarse al juicio paralelo, al sostener que su ex jefe Francisco Camps es una persona “absolutamente honrada”. Le importa un rábano si los fiscales consideran que hay que investigar quién paga los trajes
del señor Camps.
Efectivamente, Garzón tiene que inhibirse de esta investigación, como le ha solicitado la fiscalía, puesto que existen indicios contra individuos aforados. Y Fernando de Rosa, por un mínimo decoro y dignidad, debería inhibirse de opinar sobre sumarios que desconoce y sobre el dirigente político que le aupó hasta el alto cargo que hoy ocupa.
La comisión de investigación sobre las tramas de espionaje en la Comunidad de Madrid ya ha iniciado su andadura hacia ninguna parte. El pasado jueves, la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, reprochó con absoluta claridad a Esperanza Aguirre en el pleno de la Asamblea el hecho de que pretenda limitar las pesquisas parlamentarias a un simple juego de espías sin trasfondo político. Apuntó certera hacia lo verdaderamente importante: el Gobierno del PP en Madrid debe aclarar no sólo quién y con qué dinero se ha dedicado a espiar al prójimo, sino por qué y para qué lo ha hecho. ¿Contienen los ya famosos dossiers indicios de corrupción que apuntan a lo más alto del PP madrileño y del gobierno autonómico? Esperanza Aguirre levantó la mano, interrumpió el discurso de Sabanés y espetó un sonoro «¡mire cómo tiemblo!».
Efectivamente, la dama más liberal de las filas del PP no teme en absoluto los resultados de una comisión de investigación que está presidida por un diputado del PP y cuya secretaria será nada menos que Gádor Ongil, ex consejera del gobierno de Aguirre y estrechamente relacionada con otro nombre clave en la compleja red del PP de Madrid, Mario Mingo, médico de Aznar y especialista en poner y quitar alcaldes en esa zona noroeste de la comunidad que ayer mismo el juez Garzón empezó a peinar con el objetivo de aclarar las oscuras relaciones entre determinados constructores y ciertos personajes (¡oh, sorpresa!), también vinculados al PP.
Esperanza Aguirre temblaría un poco más si hubiera aceptado el mínimo gesto de higiene democrática de formar una comisión presidida por un representante de otro partido, como es costumbre en el Congreso de los Diputados. Pero, claro, si esa comisión no tuviera mayoría absoluta del PP y estuviera presidida, por ejemplo, por Inés Sabanés (como proponían PSOE e IU), a lo mejor pondría la lupa en todas y cada una de las decisiones tomadas por el todopoderoso vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, cuya habilidad para conceder adjudicaciones millonarias a empresas relacionadas con amigos y parientes es impresionante.
Prepotencia infinita
Ignacio González, mano derecha e izquierda de Aguirre desde hace años, tampoco tiembla. Es más, está muy acostumbrado a hacer temblar a los demás. Ahora se dedica a enviar burofax a los medios que han publicado datos sobre esas sospechosas adjudicaciones amenazando al mensajero con todos los infiernos judiciales si se atreve a seguir desvelando las exitosas aventuras económicas de algunos familiares. Utiliza para ello a uno de los bufetes de abogados más caros de España en el que (¡oh, sorpresa!) también trabaja una cuñada del propio González. Confunde con absoluto desparpajo el derecho a la intimidad de sus parientes con el derecho de los ciudadanos a conocer cualquier información relacionada con el manejo que los servidores públicos hacen del dinero de los contribuyentes. González no tiembla porque lleva años dirigiendo todos los hilos de la política madrileña mientras su jefa, Esperanza Aguirre, se entretiene en disputar a Ruiz-Gallardón la sucesión de Mariano Rajoy. González y Aguirre se aportan mutuamente una tranquilidad absoluta, porque comparten la satisfacción de haber convertido Madrid en un cafetal dirigido con mano de hierro bajo guante liberal. Yo pongo aquí a mi prima y tú le puedes dar esa concesión al socio de tu cuñado. Si el nepotismo, la prepotencia y la sensación de impunidad se perpetúan en el tiempo, llega un momento en el que uno llega a convencerse de que no hay límite, incluso puede creer que esa es la forma más eficaz de hacer política.
Como apuntaba Torres Mora en estas mismas páginas hace unos días, no se espían unos a otros para averiguar qué hacen, sino “porque se conocen demasiado bien”. Después de las extrañas y casi olvidadas visitas de Montserrat Corulla al Ayuntamiento de Gallardón, alguien en la Puerta del Sol pensó que merecía la pena vigilar al adversario.
Lo que hasta el momento se conoce públicamente de la trama de espionaje es una broma si se compara con lo que queda por demostrar y con lo que quizás sea el objetivo del siempre oportuno u oportunista juez Garzón: Madrid no es un cortijo. El PP no puede escudarse en el cinismo del “hoy por ti, mañana por mí”. No todos son iguales. El “¡mire cómo tiemblo!” de Esperanza Aguirre suena a impunidad y a prepotencia.
Un asesor de Zapatero suele definir uno de los rasgos que le caracterizan del siguiente modo: “Cuando alguien se ha tirado quince veces por la ventana y ha caído de pie, es muy difícil convencerle de que bajar por la escalera resulta más seguro y no una pérdida de tiempo”. La verdad es que no fueron pocos los dirigentes del PSOE, incluso miembros del Gobierno, que se llevaron un buen susto hace dos semanas al escuchar a Zapatero anunciar con absoluta rotundidad que España “tiene que estar y estará” en la cumbre de Washington. Y los temblores se extendieron al conocerse el formato decidido por George Bush para la famosa cumbre de “refundación del capitalismo”: serían convocados los países del G-20, las mayores economías del mundo y las potencias emergentes. Nadie más. Muchos pensaron que esta vez el presidente podía partirse la crisma.
La llamada clave
Zapatero continuó insistiendo en que estaba “completamente seguro” de que España asistiría a esa cumbre, con silla, voz y voto. Lo decía públicamente y manifestaba la misma contundencia en privado ante sus propios ministros y compañeros de partido. Eso sí, no desvelaba las razones que le llevaban a arriesgar tanto.
Los temblores no cedieron hasta ayer mismo, cuando Nicolas Sarkozy confirmó oficialmente que cederá la silla de Francia para que el presidente del Gobierno español tenga voz y voto el próximo día 15 en Washington. El máximo mandatario galo acudirá en su condición de presidente de turno de la Unión Europea. Sólo falta la invitación oficial de Bush, pero ayer mismo un portavoz de la Casa Blanca confirmó que aceptaba la propuesta. ¿Por qué Zapatero se la jugó el pasado 21 de octubre?
La explicación, hoy, parece bastante clara. Aquel martes por la tarde se debatían en el Congreso los Presupuestos Generales de 2009. El presidente abandonó de repente el hemiciclo para hablar telefónicamente con Sarkozy. Luego convocó por sorpresa una rueda de prensa e hizo el arriesgado anuncio. No hace falta pasar por Harvard para deducir que Sarkozy ya se comprometió durante aquella conversación a dar el paso que ahora se confirma.
Éxito diplomático
Tras la cumbre europea de ayer en Bruselas, Zapatero se mostró más prudente que en los últimos quince días; agradeció la posición francesa y reconoció que la presencia final española resultaba “difícil”. Es otro rasgo de Zapatero: disfruta mostrando humildad cuando el éxito está conseguido. Y hay que reconocer que, salvo sorpresas de última hora, se trata de uno de los mayores éxitos de la diplomacia española. O más bien del equipo responsable de política internacional en La Moncloa. Quienes conocen bien los circuitos internos sostienen que se nota la mano de Bernardino León, ex secretario de Estado con Moratinos y hoy al frente de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
Se trata de un éxito rotundo no sólo por la conveniencia de figurar en la foto que componen los líderes del mundo, sino porque esa presencia destroza uno de los ejes que el PP ha venido utilizando en su estrategia de desgaste del Gobierno. La tesis de que España no pinta nada en política internacional desde la cumbre de Aznar con Bush y Blair en las Azores (ni falta que hacía para el desastre que originó) se va al traste. Especialmente cuando Zapatero es aupado al escenario no sólo por un colega ideológico como puede ser el primer ministro británico, Gordon Brown, sino sobre todo por Sarkozy, referente de la derecha española (al menos hasta la tarde de la famosa llamada telefónica).
El PP ha apoyado oficialmente la pretensión del Gobierno de participar en la refundación del sistema financiero, pero varios de sus dirigentes lanzaban al mismo tiempo una batería de desprecios. Montoro definió a Zapatero como un “mendicante” y González Pons desarrolló un argumento sorprendente: “España debe estar en la cumbre de una manera digna, no en una silla prestada por Francia en el año del bicentenario”. Sí, sí: se refiere al bicentenario de la Guerra de la Independencia, cuyas celebraciones han costado un pico a los contribuyentes madrileños para mayor gloria de Esperanza Aguirre y José Luis Garci. Que se preparen las tropas de Sarkozy, porque en el PP no están dispuestos a olvidar tan fácilmente el 2 de Mayo. ¿Quién dijo que el PP no apoya la recuperación de la memoria histórica? Una cosa es la represión franquista, que debe ser cosa de historiadores, pero que un gabacho le preste una silla a España… ¡Qué falta de dignidad!
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En la nómina de columnistas y tertulianos que atienden a la derecha se palpa un estado de ánimo intelectual que oscila entre la perplejidad y el cabreo. Uno de ellos (Ignacio Ruiz Quintano) arrancó hace cuatro días su colaboración en ABC con la siguiente sentencia: “El azar los trae y la lógica se los lleva. El azar del terrorismo nos trajo a Zapatero y el azar de la crisis nos trae a Obama (…) Muertos el comunismo y el capitalismo, viva la corrupción global”. No escarmientan. Pasarán más de mil años antes de que reconozcan la falsedad de esa miserable ecuación. Hasta Paul Krugman, flamante Premio Nobel de Economía, se lo ha explicado: “Los españoles no se intimidaron con las bombas terroristas; se rebelaron contra un Gobierno en el que no confiaban porque culpó a la gente equivocada y utilizó la televisión y la radio públicas para impulsar sus falsas acusaciones”. Han decidido Quintano y los federicos que, también “por azar”, un negro llegará a la Casa Blanca para solucionar la crisis económica. No porque McCain propusiera interrumpir la campaña electoral para dedicarse a analizar el hundimiento del sistema financiero; ni porque tenga pinta de vendedor de seguros jubilado o porque muchos votantes le consideren simple continuador de Bush, el presidente más impopular de la historia desde Truman. No. Obama ganará, si gana, por el puro azar de la más aguda crisis financiera.
Por accidente
Andan cabreados o perplejos quienes sostenían que Zapatero era un “presidente por accidente”, un perfecto inútil de sonrisa hueca que además soltó una patada en los testículos del emperador con la retirada de tropas de Irak. Ahora, por “el azar” de que el neoliberalismo se enfrenta a un espejo hecho añicos, resulta que Zapatero habla en francés con el primer ministro inglés y que tanto Gordon Brown como Sarkozy reclaman su presencia en la cumbre mundial que pretende refundar el capitalismo.
En la política del corto plazo, el PP y sus gurús intelectuales se ven obligados a “refundar” su estrategia. Después de perder un tiempo precioso negando que llovía cuando diluviaba, el Gobierno ha conseguido recuperar la iniciativa anulando además la sensación de que sólo había ocurrencias en lugar de medidas de calado. Ahora, esas medidas tienen el paraguas de foros internacionales en los que figuran los referentes máximos de la derecha española: Merkel y Sarkozy. Hasta el punto de que asistimos a una especie de mundo al revés en el que también la izquierda se siente un poco perpleja: Zapatero defiende con uñas, dientes y deuda pública a los insignes banqueros mientras Rajoy enarbola la pancarta de los derechos de las familias, los parados y las pequeñas empresas. Hay un problema de credibilidad que, en principio, desgasta más al líder de la oposición que al presidente del Gobierno: nadie se cree que Zapatero se dedique a favorecer a “sus amiguetes de la banca”, ni tampoco Rajoy da el perfil de máximo protector de los parados.
Pero al PP no le queda otra que agarrarse al paro. Ya no sirve decir que el Gobierno niega la crisis, que el presidente no pinta nada en la escena internacional o que no toma medidas. Esteban González Pons, alterado al saber que Zapatero puede acudir a una cumbre entre los máximos líderes del mundo, ha disimulado mal: “Zapatero debería asistir a una cumbre sobre el desempleo”. Pues qué bien.
Lo que importa
En la política del largo plazo, asistimos a uno de esos procesos que marcan un siglo entero (la revolución bolchevique, Munich, Yalta, Breton Woods, la caída del Muro…) con la diferencia de que ahora todo es global y se retransmite en directo. Para bien y para mal.
Sarkozy ha anunciado solemnemente una próxima cumbre de los líderes del mundo para la “refundación” del capitalismo. Dan ganas de responder como aquel personaje de Chesterton: “Yo me voy a dormir, avísenme cuando acaben”. Refundar viene a ser “dar nueva estructura, nuevos principios a una institución u organización”, según María Moliner. Trabajo no les va a faltar en esa cumbre. Y en otras diez si de verdad pretendieran no sólo revisar las funciones del Banco Mundial o del Fondo Monetario sino abordar un nuevo modelo capaz de poner coto a la pura especulación, a los paraísos fiscales o a la ingeniería financiera. Sería mucho más que “azar” que este crash lo consiguiera.
La amnesia no se impone por decreto. El pasado nos persigue a los humanos mientras exista alguien empeñado en refrescarnos la memoria. Dicen en su entorno que Mariano Rajoy era perfectamente consciente de la citada obviedad cuando decidió emprender y pilotar el último giro al centro del Partido Popular, ya se trate de una mudanza definitiva o de una excursión dominguera. Sabía que no resultaría fácil borrar del calendario político la estrategia radical de los últimos cuatro años. No ya porque se lo recuerde el PSOE a la menor oportunidad, sino porque en el dichoso viaje está pisando muchos callos en sus propias filas. Por si le quedara alguna duda, a estas horas afronta Rajoy una nueva rebelión que no por intuida deja de ser incómoda y arriesgada. El PP vasco cerrará hoy su congreso con la ausencia de la todavía presidenta, María San Gil, y de Jaime Mayor Oreja, autor intelectual de la política que su formación ha seguido en Euskadi durante la última década.
No es que la nueva dirección del PP surgida en el congreso de Valencia esperara una escenificación dulce del cambio que se pretende. Pero lo cierto es que no hay precedentes en democracia de la celebración del congreso de un partido a la que no acude la presidenta saliente. Ni siquiera para soltar un discurso de despedida. Sostienen los devotos de San Gil que de este modo “hace menos daño al PP”. Extraño argumento. Es como si Aznar y Acebes hubieran dejado sus sillas vacías en Valencia. Ese silencio habría resultado mucho más clamoroso que los discursos críticos que
pronunciaron.
En los últimos días, se han sucedido las dimisiones de varios dirigentes guipuzcoanos que siguen los pasos de San Gil. Ayer mismo, otro nombre simbólico y adorado por el PP, el de la alcaldesa de Lizartza Regina Otaola, se sumó a la rebelión con el anuncio de un voto en blanco a la nueva Ejecutiva. Y lo expresó incluso antes de que se conocieran los nombres que la forman, para que no quedara la menor duda de que, a estas alturas, importaba poco quiénes fueran los candidatos.
La escisión en el PP de Euskadi tiene difícil marcha atrás. Quienes han apostado por el cambio que plantea Rajoy se declaran indignados con las formas empleadas por San Gil y sus fieles, y por la campaña emprendida desde algunos medios de la derecha. Antonio Basagoiti, Alfonso Alonso o María José Usandizaga, hasta hace cuatro días “héroes de la lucha por la libertad en Euskadi”, son tratados ahora como traidores o cobardes. Uno de los dirigentes dimisionarios ha calificado de “ignominia” la ponencia política que hoy se aprobará porque la considera demasiado “light”.
Para algunos de los “rebeldes”, todo lo que no sea acusar al PNV de complicidad con ETA es “demasiado light”.
Y Aznar no se calla
La mochila que lleva Rajoy es ciertamente pesada. Tiene que cargar con los símbolos que él mismo contribuyó a elevar a los altares; con las piedras que le lanzan sus adoradores mediáticos; con la sombra amenazadora de Esperanza Aguirre que se mantiene a la espera; y con los reproches que le dedica José María Aznar cada vez que abre la boca.
Rajoy intenta hablar del paro, de la crisis y de los puntos débiles de Zapatero, pero la mochila pesa y pesa. Ayer mismo, mientras el PP presentaba un plan contra la corrupción en Estepona, él tenía que acudir a un homenaje a Carlos Fabra, eterno amo del partido en Castellón y todo un ejemplo de lo que no es transparencia política. Pero Fabra acarreó unos cuantos votos para el congreso de Valencia y no tiene planes anticorrupción, aunque sí memoria.
