Amnistía Internacional
y la pobreza
Más de 1.100 millones de personas carecen de suministro suficiente de agua potable. Cada semana mueren aproximadamente unas 42.000 como resultado de enfermedades relacionadas con la escasa calidad del agua y la falta de saneamiento. Más de un 90% de dichas muertes corresponden a menores de cinco años. Más de medio millón de mujeres mueren al año como resultado de las complicaciones durante el embarazo o el parto. Aproximadamente el 99% de todas las muertes por causas derivadas de la maternidad se producen en los países en desarrollo. Más de 854 millones de personas sufren de malnutrición y más de 1.000 millones no tienen acceso a una vivienda digna, y así podríamos seguir.
Por todo esto, Amnistía Internacional lucha por la justicia en los derechos económicos, sociales y culturales. La grandeza de la Declaración Universal de Derechos Humanos estriba en las nociones de universalidad e indivisibilidad. Todas las personas nacen libres e iguales en derechos y dignidad y todos los derechos revisten igual importancia.
En plena crisis económica mundial, reclamar estos derechos sociales con igual rigor que los derechos civiles y políticos es una tarea inaplazable. Es urgente combatir los abusos contra los derechos humanos que generan y agudizan la pobreza. Las iniciativas para la erradicación de la pobreza deben centrarse en los derechos humanos y, por eso, Amnistía Internacional tiene mucho que decir y debe estar ahí.
Marian Pérez Bernal/Sevilla

Juicio a Shell
El juicio que se acaba de iniciar en Estados Unidos contra la multinacional angloholandesa Shell por su complicidad en las ejecuciones sumarias de nueve activistas medioambientales nigerianos, entre ellos el poeta y activista ambiental Ken Saro-Wiwa, pone en evidencia hechos sumamente graves, como la constatación de la violación de los derechos humanos en países del Sur cometidos, directa o indirectamente, por empresas multinacionales. El caso de Shell es uno de los más conocidos, pero no es el único.
Dentro de los ejemplos que muestran esta realidad,
se pueden citar varios casos en América Latina. En Perú se ha denunciado el secuestro y la tortura de campesinos en las instalaciones de la empresa minera inglesa Majaz en 2005. En Colombia, una unidad del Ejército colombiano, acusado de violar los derechos humanos de la población de Arauca, recibió financiación de la petrolera esta-
dounidense Oxy para proteger sus instalaciones. En Argentina, el Tribunal Supremo investigó a 17 compañías petroleras –entre ellas la española Repsol YPF– por el daño ecológico que ha causado en cinco provincias. Pese a todas estas denuncias, en muy pocas ocasiones se consigue llevar a juicio a estas empresas y apenas existen casos de sanciones y penas en su contra.

Hacinamiento
Las cárceles españolas, cuando cerraron sus puertas la noche del pasado 15 de mayo, acogían a 76.065 internos; disponen sólo de 40.000 celdas, con una capacidad funcional para 50.000 internos como máximo. El hacinamiento es la norma, según reconocen las autoridades y el Defensor del Pueblo.
La tasa de encarcelamiento, 16,23 internos por cada cien mil habitantes, resulta la más alta de nuestro entorno (Suecia 7,9; Reino Unido 15,2; Alemania 8,8), sin embargo, nuestra tasa de criminalidad, que es de 47,6 infracciones penales por cada cien mil habitantes, es claramente inferior a la media de la UE (70,4). Así pues, la situación de nuestras cárceles no procede de la cantidad de los delitos cometidos, ni tampoco de las penas impuestas, aunque nuestro Código Penal sea uno de los más severos, sino de la ausencia en España de las penas alternativas a la prisión, que sí existen en los países socialmente mas avanzados de Europa, lo que provoca la sobreutilización de la privación de libertad como reacción punitiva en nuestro país.
Introducir nuevas figuras legales, como la probation o libertad vigilada, exigiría transformar las prisiones españolas para convertirlas en un sistema penitenciario moderno. Hasta ahora el Ministerio del Interior las utiliza como almacén de personas y herramienta policial para el control de delincuentes, pero han de recuperar su mandato constitucional y convertirse en un recurso para la Administración de Justicia.
Luis Fernando Crespo/Alcalá de Henares (Madrid)

Españoles
de Segunda División
En fútbol estaremos bien, pero no así en cosas más importantes que, aunque parezca mentira, las hay, como la Justicia. Ni en la Alemania de hoy, ni siquiera en la Italia de Berlusconi, podría haberse dado un hecho tan vergonzoso como el de admitir a trámite una denuncia de un corpúsculo que osa llamarse Manos Limpias, fundado por un individuo de pasado totalitario, contra un juez que se atrevió a cuestionar algunos de los crímenes impunes del mundo.
Además de esa justicia, nos encontramos con la entusiasta aprobación de esa medida contra Garzón por parte de un partido como el PP, con toda coherencia, por supuesto, ya que fue fundado por un ministro de Franco que nunca renegó del dictador, y ahora tiene un candidato para Europa que fue también un beneficiario de la dictadura franquista, Mayor Oreja. La transición a la democracia aún está por hacer en demasiadas instituciones y personas, de Segunda o Tercera División. Incluso, y con orgullo, hay quienes aún apoyan a la anterior División Azul.
María José Téllez Diego/Madrid