07 de junio
Educación sexual responsable
El proyecto de reforma de la ley del aborto no sólo aporta más seguridad jurídica para la mujer y los profesionales médicos al establecer unos plazos concretos para abortar y unas circunstancias específicas para acogerse a los mismos, sino que contempla el respeto a la objeción de conciencia y la garantía de que esta no suponga un obstáculo a esta prestación sanitaria. Sin embargo, el nuevo proyecto ha generado, además de declaraciones políticas sorprendentes, comparaciones morales inimaginables y algún artículo periodístico repugnante, un enconado debate que gira básicamente en torno a la reducción de la edad de 18 a 16 años para ejercer el nuevo derecho, así como a la ausencia de consentimiento paterno para interrumpir la gestación.
Si en España un menor de 16 años emancipado puede contraer matrimonio libremente, ¿por qué ha de exigírsele el permiso de sus padres para interrumpir un embarazo no deseado? Mientras algunos políticos y el sector eclesiástico se echan las manos a la cabeza ante el hecho de que una joven de 16 años pueda abortar sin contar con la autorización paterna, yo me pregunto, por ejemplo, cuántos adolescentes obtienen dicho consentimiento de sus progenitores para mantener relaciones sexuales y hacerlo, además, sin utilizar ningún medio anticonceptivo.
¿Cuántos embarazos no deseados y cuántos abortos podrían evitarse si la ayuda y el asesoramiento de unos padres para con sus hijos adolescentes comenzase por una educación sexual abierta y responsable que aparcase tabúes, miedos y tanta inmersión en la ignorancia?
Alberto Ríos/Madrid
Un buen dragado
Ahora que el río Ebro vuelve a ser dragado a causa de la frustración marinera de un alcalde de secano, se me ha ocurrido que existen otras cosas que sí que son urgentes de dragar. Por ejemplo, la clase política de nuestra comunidad. Sería conveniente sacar a la luz toda la basura que esconde en sus cenagosos fondos. No sólo la residual, que nos escandaliza ahora con fenómenos tan mediáticos como el de La Muela y su baile de imputados y presuntos implicados. Son de momento tres –PAR, PSOE y PP– las formaciones políticas que tienen alguno de sus miembros relacionados con la trama de la Operación Molinos.
Las transcripciones de las escuchas telefónicas no sólo muestran indicios de delito, como estima el juez. Nos enseñan el trapicheo barriobajero y simplón de quienes, creyéndose inmunes a las leyes de la plebe, disponen de los bienes públicos intercambiando favores para engordar el bolsillo. Y existe un daño añadido y no menos grave que robarnos la cartera: hacernos creer que otra forma de hacer política no existe. Sumir al ciudadano en la apatía o en la filosofía del mal menor, como si la honestidad y la vocación social fueran utopías imposibles de alcanzar en política. Pero, quizás, con un buen dragado, quién sabe, a lo mejor conseguiríamos librarnos de tanta porquería.
Ana Cuevas /Zaragoza
Tesoros
Con las monedas de plata y oro rescatadas por el
Odyssey de una fragata española hundida en Portugal en 1804 sucederá lo mismo que con los bienes religiosos de las parroquias altoaragonesas en manos de la Diócesis de Lérida y la Generalitat catalana: no volverán a sus legítimos dueños. Un juez de Florida ha dictaminado que el tesoro de La Mercedes corresponde a España, pero los propietarios del Odyssey no lo reconocen así y no sueltan el botín. Dicen que los propietarios serían, en todo caso, los herederos de la fragata, que vete a buscarlos. Muchas veces no es suficiente con tener la razón moral y legal. El que tiene el tesoro no lo suelta sino a la fuerza.
El Vaticano y el Papa decidieron por activa y por pasiva que los bienes religiosos oscenses había que devolverlos y, cuando la Diócesis de Lérida parecía dispuesta a cumplir con las sentencias, después de 13 años de litigios, la Generalitat les dio la categoría de patrimonio cultural de Cataluña y no hay forma de que los devuelvan. Para recuperar los documentos del archivo de Salamanca se armaron de razones. Para no devolver los bienes que no son suyos, se han armado de sinrazones.
AntonioNadal/Zaragoza
La Europa necesaria
La UE todavía no se ha planteado el bienestar europeo como objetivo a conseguir políticamente. La Comisión y el Parlamento no han presentado ni siquiera como proyecto a medio plazo dotarse de un sistema unificado para la protección social solidaria en toda Europa, garantizando un nivel de vida mínimo y no excluyente para todos y cada uno de los ciudadanos que dicen representar.
El Consejo bloquea sistemáticamente cualquier iniciativa reguladora que, en aras de la política social europea, pudiera suponer una limitación al libre mercado. Se ha reducido el gasto público y se han permitido oportunidades de negocio donde antes se reconocían derechos sociales básicos como la sanidad universal, la educación, las comunicaciones accesibles… Ningún sistema, organizado políticamente, ha cubierto estas necesidades para quienes no podamos adquirirlas a precio de mercado.
La UE ha promovido la sustitución de la política por la economía, vendiéndonos a los ciudadanos la inevitabilidad de estos recortes sociales. Si quiere ser ilusionante, Europa debería articular nuevas formas de representatividad para que las decisiones se tomen colectivamente, incluso las económicas.
Luis Fernando Crespo/Alcalá de Henares (Madrid)
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