20 de diciembre
Las verdaderas obras de buena fe
Los obispos amenazaron a los diputados que votaron la ley del aborto con la excomunión alegando que para ellos es un crimen, pero el Papa dio la comunión a criminales y golpistas como Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla. También quieren que la interrupción voluntaria del embarazo sea delito para meter en la cárcel a las mujeres que aborten.
No contento con eso, Antonio María Rouco Varela va estrechando el cerco para cerrar la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, prohibiendo que den comida a los pobres alegando que no es un centro de Cáritas.
Quiero recordar a monseñor que el Evangelio de Lucas, Juan Bautista contestó a la multitud: “El que tenga dos túnicas que las reparta a los que no tienen ninguna y el que tenga comida que haga lo mismo”. Con este proceder no es extraño que sólo vaya a misa el 17,2% de los que se dicen católicos y que el 50% se case por lo civil o viva en pareja, que la mayoría de los jóvenes pasen de la religión por su silencio ante la corrupción y por su apoyo a algunas dictaduras.
Miguel Aparicio Arias / Madrid
Aclaración sobre la demanda de una autonomía para León
El leonesismo está presente en la sociedad leonesa con especial fuerza desde el proceso autonómico que desembocó en la creación de una autonomía artificial en 1983. UPL unificó, a partir de la década de los noventa, el sentimiento autonomista leonés. En Zamora existe el PREPAL y la UPS en Salamanca.
Pues bien, en León, Zamora y Salamanca, aparte del leonesismo político, tenemos también el leonesismo social, compuesto por multitud de asociaciones como Furmientu o Ciudadanos del Reino de León. Ninguno tiene vocación independentista, sino autonomista o regionalista. UPL nunca ha dejado de obtener representación en el Parlamento autonómico y, si ahora mismo no la tiene, es debido a la suspensión de militancia a los dos procuradores.
Tras 20 años de una artificial autonomía, que nunca existió, ni en la Edad Media, ni en la Moderna, ni siquiera en los siglos XIX Y XX, aspiramos al cumplimiento del artículo segundo de la Constitución española.
Fco. Javier Magadaleno García
Los inmigrantes y las carencias de la ley de extranjería
En España ha habido dos leyes de extranjería aprobadas en 1985 y 2000, ambas cuestionadas desde su entrada en vigor y modificadas por varias sentencias del Constitucional, lo que demuestra que en ambos casos algo se debió hacer mal.
La última reforma legal reedita aquellas carencias y las hace más injustas –el sin papeles, además de no acceder a ningún servicio, podrá ser privado de libertad sin causa penal durante 60 días o más–. Sigue cosificando al extranjero que no sea inversor o técnico altamente cualificado (tarjeta azul europea) como mano de obra vulnerable y barata, pues necesita un empleo para obtener y renovar su autorización de residencia, no puede reagrupar a su familia si no es para que trabajen y no recibe ayudas por vivienda. Sólo después de cinco años se les concede una autorización de residente de larga duración y empiezan a ser considerados personas y sujetos de derecho, cuya presencia entre nosotros depende de su voluntad y no de la de sus empleadores.
Cuando el trabajo es un bien tan escaso, con una tasa de desempleo por encima del 18%, hacer depender la residencia de los trabajadores extranjeros en España exclusivamente de su permanencia en un puesto de trabajo, resulta demasiado cínico, casi perverso. Y es lo mismo de siempre.
Luis Fernando Crespo Zorita / Alcalá de Henares (Madrid)
La plusvalía municipal, el otro impuesto de sucesiones
No se puede dejar pasar por alto que el Impuesto de Sucesiones en Catalunya no es el único peaje que los ciudadanos hemos de satisfacer cuando llega el momento de recibir el legado familiar acumulado con mucho esfuerzo por nuestros padres. Este legado está sujeto, amén de a otros muchos gastos, a una doble imposición si es un inmueble: al Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía municipal.
Grava el incremento que se produce en el valor de los terrenos desde su adquisición hasta su transmisión sin descontar el aumento del coste de la vida. Lo recaudan los ayuntamientos que fijan el valor del suelo. En un supuesto de herencia nos encontramos con el gravamen de una riqueza inexistente, lo que significa una total violación del principio de capacidad económica.
No parece lógico que la plusvalía municipal de un piso en Barcelona sea superior al coste fiscal de adquisición = impuesto de sucesiones (13.757,78 euros vs. 13.668,01 euros). Este es un caso real que sirve de ejemplo de lo que estamos hablando.
En definitiva, el Impuesto de Sucesiones y la Plusvalía Municipal aplicada a las transmisiones mortis causa no sólo son objetiva e individualmente injustos, sino que constituyen una dolorosa doble imposición.
Jaume Montané Ortiz / Barcelona
Las doctrinas teocráticas deben quedar al margen de la política y la justicia
Ante la ley del aborto nos estamos dejando liar, una vez más, por los obispos y sus parroquianos. Desde luego, todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que no resulta de recibo es su pretensión de querer llevar razón a toda costa, ni su arrogancia de creerse dueños y señores de la verdad ni esa impúdica soberbia que les empuja a descalificar y condenar a quienes no aceptan sus creencias y sus prescripciones.
Por tanto, opinen cuanto quieran los señores obispos; pero opinen como ciudadanos normales y corrientes, sin pretender imponer a la sociedad su autoridad ni su magisterio y, mucho menos, las ocurrencias o las ensoñaciones de un señor que vive en la desmesura de creerse infalible. Evidentemente, en una sociedad democrática las iluminaciones especiales, las verdades de fe y las doctrinas teocráticas, por particulares y privadas, deben quedar al margen del juego político, moral y jurídico.
Juan. J. Abad
Sobre los minaretes: prevenir temores y hostilidades
Del referéndum realizado el pasado 28 de noviembre en Suiza el resultado que más sorpresa ha causado, incluso trascendiendo o traspasando el debate más allá de sus fronteras, fue el que dio el visto bueno (con un 57%) a la propuesta de prohibir la construcción de nuevos minaretes (no mezquitas) en el país al considerar que estos no son un simple símbolo religioso, sino una señal de control político y voluntad de poder que podría representar una futura amenaza para su idiosincrasia y derechos constitucionales.
El mismo día los suizos respaldaron en las urnas, con una holgada mayoría del 68% de los votos, la opción de continuar con la exportación de armamento de guerra al considerar que beneficia los intereses económico-laborales de la nación.
O sea, por un lado se aprueban medidas que provocan o alientan incomprensión o animosidad, y por otro se decide seguir poniendo en el mercado armas que pueden acabar en manos de los enojados. Cuestionables medidas para prevenir temores u hostilidades.
Alejandro Prieto / Gijón (Asturias)
El sistema económico y la actual crisis del consumismo
Mientras se siga creyendo que el éxito de un sistema económico es el crecimiento del consumo, habrá cada vez crisis peores, porque muchos recursos no son renovables, como el petróleo, y otros todavía renovables, como la actual industria cárnica, producen una contaminación insostenible.
Y ese proceso se acelera con el acceso a mayores niveles de consumo de una parte del Tercer Mundo.
Contra lo que predican ciertos guías ciegos, movidos por intereses asociales que nos llevan, con el señuelo del consumismo, al caos económico, ecológico y global, la única solución es una nueva mentalidad, orientada hacia un consumo razonable que no tiene que ser austero, como pedían ciertos regímenes totalitarios. Informando con claridad de su estricta necesidad –en lo que los medios de difusión tienen un papel que desempeñar– hay que ir creando una cultura que prime valores y placeres menos ruinosos para la convivencia entre los pueblos y la sostenibilidad mundial que los que nos están llevando a esta crisis generalizada.
María Faes Risco / Madrid
La privatización de la sanidad pública y Esperanza Aguirre
Los que pensaban que los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP colaborarían con el Gobierno para reducir el paro, es que no conocen bien el programa político de Esperanza Aguirre. Si algún día consigue ser presidenta del Gobierno, que es su ambición, uno de los objetivos primordiales de su política será privatizar la sanidad pública.
¿Alguien puede creer que una empresa privada se vaya a embarcar en un negocio que no sea para ganar dinero?
¿Alguien estará seguro de que cuando esté enfermo lo traten con las medicaciones adecuadas para curarse y no con las que sean las más económicas para la empresa?
Joaquín García Mayo / Getafe (Madrid)
