La ciencia es la única noticia

Compartir:

VIDA 3.0 // JUAN VARELA

*Autor del blog Periodistas21.com

Cobrar por ver. Es lo más parecido a la intención de limitar el hipertexto y privatizar con copyright los enlaces. Cobrar por enlazar es achicar el acceso a la información y privatizar el dominio público ampliado gracias a internet. La lucha de los medios y la industria de los contenidos contra buscadores, agregadores y redes sociales erosiona la libertad de expresión y los derechos ciudadanos. Cuando crece la demanda por el gobierno abierto y el acceso a la información pública, la industria, golpeada por la crisis y apremiada por los desafíos digitales, amenaza el interés público.

El proyecto de ley de economía sostenible permite bloquear enlaces alegando daño patrimonial. Los editores españoles se unen a los grandes grupos de medios contra el acceso a sus contenidos sin permiso –instaurar una licencia económica-, como ya hizo la agencia Associated Press en 2008 El magnate Rupert Murdoch bloquea al agregador británico NewsNow los enlaces a The Times. Francia propone una tasa Google y surgen voces a favor de un impuesto a los enlaces comerciales imitando la tasa Tobin a las transacciones financieras.

El objetivo es cobrar por los enlaces. Es el resultado de la negativa de las empresas de internet a compartir sus beneficios, los problemas del negocio digital y la evidencia de que muchos usuarios se conforman con la cita y nunca llegan a la fuente de la información.

Pero internet no es un medio. Es un espacio público donde los ciudadanos viven, se comunican, informan y comparten. La privatización perjudica a la sociedad. Cualquiera tiene derecho a cobrar por su producto o a reservarlo para sus clientes, pero nadie debería poder limitar el acceso al espacio público. Si no quieren estar, pueden retirar sus contenidos con una simple operación técnica. No lo hacen por la pérdida de visibilidad, audiencia y reputación lograda en buscadores, agregadores y por las citas en las redes sociales.

El enlace no es el contenido. Es el primero de los mitos denunciados ya en 1997 por Tim Berners-Lee, creador de la web. La ley española de propiedad intelectual garantiza la cita y el uso de información de actualidad, como la legislación internacional, pero permite reservar derechos o cobrar. Hacerlo sería un paso atrás en la ampliación de la esfera pública y el derecho a la información, propiedad de los ciudadanos, no de los medios. La disputa económica por el negocio no puede atentar contra el interés público ni expandir el modelo de pago para privatizar lo que es de todos. Los medios deberían preocuparse más de por qué tantos usuarios se conforman con una cita y no olvidar que sus contenidos son también resultado del espacio público.

Compartir:

VIDA 3.0 // JUAN VARELA

*Autor del blog Periodistas21.com

Los ordenadores del plan Escuela 2.0 están vacíos. Falta una definición de qué debe ser la educación 2.0 para lograr la alfabetización digital. Los portátiles llegan a las aulas, pero sin contenidos para una nueva educación. Un ordenador no debe ser ni un libro ni una televisión, es una herramienta para interactuar, no para recibir. Muchos educadores echan más en falta la alfabetización digital que los ordenadores.

Estudiantes, profesores y familias acogen positivamente la tecnología, según una reciente encuesta. La formación y adaptación de los contenidos digitales a las exigencias del programa educativo es escasa. Pero las grandes debilidades son el aprendizaje individual y cooperativo, además de la interactividad, claves para una nueva educación.

Alfabetización digital son destrezas y criterios para participar, compartir, buscar y evaluar información y conocimiento. Habilidades para manejar narrativas no lineales, las rutas del hipertexto y la multimedia. Aprender a crear y manejar identidades portátiles en un nuevo entorno dominado por las redes sociales y la privacidad compartida en un período crítico para la personalidad y la socialización como los años de escuela. A pesar de que tres cuartas partes de los niños de 10 a 15 años utilizan ordenadores para sus trabajos escolares -datos oficiales- esas habilidades se aprenden más solos y con los amigos que en la escuela. Lo mismo ocurre a los enseñantes.

El problema no es sólo la adaptación al currículo, sino disponer de materiales adecuados para formar en la nueva cultura digital. Docentes preparados para emplear mejor las TIC y no enseñar a consumir o recibir pasivamente información, sino a crearla, procesarla, compartirla, mejorarla, analizarla y hacerla visible a los demás.

La industria editorial es la gran ausente. Vive más preocupada de su negocio que de mejorar la educación. Por eso, como el resto de la edición, no apuesta más por las herramientas y contenidos digitales y espera ayudas públicas o iniciativas como la de California para cambiar los libros de texto por ebooks. Ante su pasividad, los contenidos están en proyectos públicos como Agrega y Educarex o de fundaciones como Wikisaber.

Escuela 2.0 son redes educativas de profesores y alumnos. Espacios donde educar y compartir en la vida digital. Educación abierta y transparente, con contenidos en colaboración, abiertos, de dominio público, en actualización permanente. El texto tradicional -en libros, de papel o digitales- seguirá siendo útil, pero hacen falta nuevos materiales disponibles en cualquier aparato o widget. Recuperar la educación como una paideia humanista y ciudadana: crítica, libre y permanente.

Compartir:

VIDA 3.0 // JUAN VARELA

*Autor del blog Periodistas21.com

El Ministerio de Cultura cerrará web con enlaces bajo propiedad intelectual con autorización urgente de la Audiencia Nacional. En cuatro días se decidirá su bloqueo. Después, el proceso judicial. Es el resumen de las normas para proteger a la industria del entretenimiento. El Gobierno vuelve a privilegiar derechos económicos frente a libertades individuales. Ya ocurrió con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la implantación del canon digital. La Ley de la Sociedad de la Información garantiza los derechos de autor, pero la renuencia de los jueces a ver delito en las descargas impulsa al Ejecutivo a buscar atajos, elevar a fundamental un derecho patrimonial y dotar a la industria de una vía privilegiada, reservada hasta ahora para proteger derechos fundamentales. Se podrán cerrar páginas con ánimo de lucro o cuando los denunciantes aleguen “daño patrimonial”. Se abre la puerta a blindar los enlaces y los contenidos: más negocios exclusivos, bloqueo de la economía y la cultura del enlace, y menos acceso para los ciudadanos.

La protesta internauta sólo ha servido para perfeccionar las herramientas de la Ley de Economía Sostenible (LES) y dotar a la Comisión de Propiedad Intelectual de un procedimiento abusivo y desigual. La solución, si el Parlamento o el Constitucional no lo remedian, puede conducir a una censura económica de Internet. Vuelven a perder los ciudadanos frente a los poderes económicos.

El Gobierno cede ante la industria y sacrifica la sostenibilidad de una economía digital basada en el enlace y el intercambio. Por el camino quedan las manipulaciones de un negocio agotado que ve perder valor a los contenidos masificados y la copia mientras aumenta en la música en directo, las ediciones y los formatos especiales, las nuevas vías de acceso (VOD, streaming, etc.) o el 3D.

Se pierde otra ocasión para revisar la propiedad intelectual en la era digital: garantías y alternativas para los autores, y mayor acceso y libertad para los consumidores. Sobre todo cuando España estrena presidencia europea con este debate abierto y cuando la LES pregona un “nuevo patrón de crecimiento”. Una ciudadanía digital con más protección de la cultura común y del dominio público, desarrollo de los derechos abiertos y copyleft, simplificación de la gestión de los derechos y avance en la digitalización y el acceso a los contenidos públicos. El reduccionismo del mal llamado gratis total nos castiga a todos. Uno se pregunta si los políticos no tienen ideas sobre las nuevas necesidades y derechos, están dominados por el poder económico o viven alejados de la realidad. Sólo así se entiende una ceguera sobre el futuro superable con innovación y consenso para aumentar los derechos de todos.

Compartir:

VIDA 3.0 // JUAN VARELA

*Autor del blog Periodistas21.com

Apuntas con el móvil y en la pantalla se despliega toda la información del alrededor: cómo se llama la calle, qué hay en el edificio de enfrente, dónde tomar el café o comer la pizza más cercana. Un clic y puedes encontrar a quienes tuitean y a qué distancia. Dónde están los cajeros automáticos, las farmacias, qué fotos de tu alrededor están subidas a internet o los pisos en venta. Es el poder de la realidad aumentada en una de sus aplicaciones más sencillas y populares. No hacen falta aquellos viejos cascos de las películas y todavía no se ha llegado a la realidad aumentada espacial, la que permite convertir lo que ves en una enorme pantalla táctil.

Aplicaciones como Layar o Wikitude –disponibles en iPhone o móviles con sistema operativo Android- permiten navegar por la realidad y etiquetarla, crear marcas o publicar información sobre lo circundante. Fue el sueño de los videojuegos, pero las guías de ocio y servicios se han adelantado. Eso sí, Avatar, la película de James Cameron, lanza un juego que permite mover una figura virtual con la webcam de tu ordenador.

Pero no es un juego. La realidad aumentada superpone información digital a la realidad. Las aplicaciones más populares son el resultado de integrar algunas de las tecnologías con mayor futuro: móviles, banda ancha, cloud computing, geolocalización y mapas digitales. Con ellas el usuario está permanentemente informado de qué le rodea. Por eso es importante que esta nueva consciencia ambiente no quede sólo en manos de la publicidad y el marketing.

La realidad aumentada expande el ciberespacio a la vida real a través de los datos vinculados, así llamados por Tim Berners-Lee porque conectan los datos con los objetos reales, la promesa de la web 3.0. Pero como el propio creador de la web ha explicado, los datos son lo más importante para que ciudadanos, empresas, etc. puedan usarlos y aumentar el valor de lo que vemos a través del objetivo de nuestro móvil. Un ejemplo podría ser una capa para Layar que permite a los americanos ver el dinero que el gobierno Obama ha gastado en proyectos de recuperación económica. Datos + gobierno abierto + tecnología = más transparencia, mejor política. Imagina la utilidad de estas aplicaciones para evitar la corrupción, conocer en qué se gasta el dinero público o qué sabe el gobierno de tu vida.

La realidad aumentada puede no ser la maldición de la hiperrealidad denunciada por Jean Baudrillard: el imperio del simulacro, antes dominado por la visión de los medios y ahora inmerso en la web 2.0. Ojalá instituciones y gobiernos devuelvan a los ciudadanos el acceso a sus datos en lugar de seguir gastando millones en propaganda y webs inútiles. Permitirá cambiar la hiperrealidad por una realidad más conectada, transparente y útil.

Compartir:

VIDA 3.0 // JUAN VARELA

*Autor del blog Periodistas21.com

No habrá desconexión de Internet por las descargas. El Gobierno, las gestoras de derechos y las telecos negocian perseguir a las webs de P2P en lugar de a los usuarios. Los usuarios españoles tendrán algo más de suerte que otros europeos. El 0Europarlamento aprobó la semana pasada una nueva regulación, el paquete telecom, que da manos libres a los gobiernos para desconectar a los usuarios de P2P sin control judicial. Al mismo tiempo la Unión Europea pacta con Estados Unidos y otros países el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) para hacer responsables a los servidores de Internet de las descargas, violando la neutralidad de la Red y el secreto de las comunicaciones.

La defensa ultra de la propiedad intelectual gana. Los ciberciudadanos pierden. Los creadores se equivocan persiguiendo a sus mayores clientes y permitiendo que la industria cultural sostenga lo que algunos medios como el diario Financial Times llaman “un acto de fuerza” para denunciar los “monopolios artificiales de las obras culturales”. Los dueños de ese monopolio no son los creadores, sino las grandes discográficas, las productoras de cine y televisión, y las editoriales, más preocupadas de blindar su negocio que de adaptarse al mercado digital y a los nuevos hábitos de consumo.

Los políticos obedecen con ceguera y desprecio de los derechos ciudadanos, clientes y grandes subvencionadores del entramado cultural. Mientras la Comisión Europea propone un mercado único de contenidos, defiende derechos del consumidor en los móviles y llega a una acuerdo con algunas compañías para la música digital, todavía no ha conseguido el favor de las editoriales para el mínimo objetivo de hacer accesibles las obras huérfanas –sin derechos de autor conocidos– ni siquiera en las bibliotecas públicas. Es lo que ya se conoce como el secuestro de lo común, la permanente apropiación que la industria cultural hace de bienes colectivos y de productos culturales sufragados, en todo o en parte, con dinero público.

Revisiones oficiales de los derechos de propiedad intelectual encargadas por la Comisión o los gobiernos para analizar las fórmulas de futuro y enriquecimiento –o empoderamiento– de la ciudadanía digital se descartan. Sus conclusiones: no prorrogar la duración de los derechos, potenciar las licencias de uso flexible no comerciales, las excepciones para el servicio público o la limitación de los derechos y patentes para la investigación o los países en desarrollo no interesan. A nadie. En España, en el Gobierno y su partido se sostienen diferentes posturas y en la Fundación Ideas, el think tank socialista, no se puede encontrar ni una sola propuesta sobre la sociedad de la información. Gana el secuestro de lo común por lo privado con la etiqueta de cultura. Bienvenidos a la sociedad vigilada.