Opinion · Ciudad Popular

Las ciudades rodean al Estado

Los veteranos rockeros de las izquierdas de los  años 60 y 70 recordarán algunas viejas consignas revolucionarias que ahora suenan prehistóricas. Una de ellas era “el campo rodea la ciudad”. En unos casos fue  una estrategia política muy real y exitosa, por lo menos inicialmente: China, Cuba, Vietnam… En América Latina el cansancio histórico producido por la alternancia en el poder de oligarquías conservadoras y gobiernos militares, juntos o separados pero siempre autoritarios y excluyentes, radicalizó a  sectores de la izquierda revolucionaria. Se intentó seguir el atajo mediante la guerra de movimientos. La vía armada o guerrillera fue casi siempre derrotada en los países grandes pero no en los centroamericanos. De una forma u otra, con fracasos o mediante pactos se activaron procesos democratizadores.  Se pasó al otro extremo, la izquierda idealizó la democracia liberal, las urnas como único camino y la sumisión a un Estado de derecho que no garantizaba ni mucho menos los derechos de las mayorías populares.

En Europa la consigna solo podía considerarse metafóricamente, se trataba de rodear los aparatos centrales del Estado desde la “sociedad civil” y desde los gobiernos locales. La “guerra (pacífica y democrática)  de posiciones” según Gramsci y reinterpretada por el PCI. O, con menos arraigo social, por la “deuxième gauche” francesa que lideró Rocard.[1] Sin embargo, sea por impaciencia  sea, sobre todo,  por comodidad  las izquierdas políticas se instalaron en las instituciones y en los partidos sin otro objetivo que participar en las elecciones, se fueron “cretinizando” en los parlamentos y esperaron que algún día llegarían a los gobiernos. Así fue y entonces y ahora descubrieron que  a los poderes fácticos conservadores no se les imponen los cambios solo ni principalmente con leyes y decretos. Y se adaptaron, se conformaron a promover pequeñas reformas que eran fácilmente absorbidas por el sistema y convirtieron la alternativa en alternancia. No basta con ocupar las instituciones. Es necesario que exista previamente una sociedad política activa que empuje e irrumpa en las instituciones.  Y parece que la única vía es empezar por las ciudades. Rodear el Estado a partir de las ciudades.

También en América Latina las izquierdas  han llegado al poder político por la vía electoral  pero apenas pudieron desarrollar programas  avanzados tanto por la presión externa como por las reacciones internas. En unos casos fueron desplazados por la fuerza militar (Chile ’73, por ejemplo). En otros redujeron a mínimos sus objetivos transformadores, sin menospreciar los cambios: derechos civiles, libertades públicas, reducción de la pobreza, algunas políticas sociales. Pero sin intervenir en los procesos de acumulación de capital. Y si los beneficios del capital corren el riesgo de bajar entonces deben aplicar las medidas que les imponen los poderes económicos. Así ha ocurrido en Brasil, Argentina, Perú. Bolivia y Ecuador viven procesos redemocratizadores interesantes  y los gobiernos se apoyan en una sociedad movilizada pero tampoco han podido domesticar a las fuerzas económicas internas y externas. Aquí basta tampoco tener el gobierno central.

América Latina es hoy un continente altamente urbanizado. Más del 80% de la población vive en ciudades y regiones metropolitanas. Prácticamente todas, o casi todos, los gobiernos locales son elegidos por sufragio universal. Desde la elección de Barrantes en Lima, al frente de Izquierda Unida en los años 80, en la mayoría de las grandes ciudades las izquierdas o coaliciones de centro izquierda han gobernado en los últimos 25 años, con discontinuidades: Sao Paulo, México, Porto Alegre, Quito, La Paz, Lima, Buenos Aires (pero poco y sin brillo), Santiago de Chile (ciudad fragmentada), Bogotá, Medellín, Caracas. Todos ellos llegaron al gobierno con programas transformadores. En el mejor de los casos defendieron los derechos humanos, practicaron algunas medidas redistributivas, mejoraron algunos barrios y servicios públicos (muy insuficientemente) y promovieron retóricamente la participación ciudadana sin efectos prácticos reales.

No pretendemos ahora criticar a los gobiernos citados. Ni el espacio de este artículo lo permite ni deseo menospreciar los esfuerzos y muchas de las actuaciones de bastantes, no todos, de los gobiernos de las grandes ciudades. Creo que hay una cuestión más general, o común, que afecta a estos gobiernos: no disponen de los medios (financieros, legales, técnicos) para promover políticas transformadoras, las que afectan a: la regulación del suelo y al derecho de propiedad, la fiscalidad, el control y gestión de los bienes y servicios colectivos (agua, energía, transportes y movilidad, residuos, controles ambientales, etc), los programas de vivienda y de protección social, etc. Es el Estado que limita escandalosamente sur recursos financieros (con algunas excepciones) y también que establece un marco legal extremadamente favorable a las empresas privadas y a los propietarios del suelo. Si que se puede reprochar a los gobiernos locales que no hayan promovido, ni intentado, movilizar a la ciudadanía contra un modelo de Estado altamente centralizado en el que se ha enquistado una  oligarquía política-burocrática y económica-mediática que de facto condiciona a los gobiernos nacionales y que se impone a los gobiernos locales.

En el mes de agosto he viajado por Argentina, Chile y Perú y he dictado conferencias y participado en debates en las tres capitales de estos países. Buenos Aires está gobernada por la derecha neoliberal. En los últimos 20 años no ha habido ningún proyecto ambicioso de ciudad, a pesar de que se sucedieron peronistas, radicales y izquierdas (Frepaso). Ni tan solo se promovió la articulación, por coherencia funcional y por justicia social, con el “gran Buenos Aires”. Se ha menospreciado cualquier tipo de participación ciudadana efectiva[2] a pesar de existir un tejido social e intelectual activo.  Santiago está dividido en 34 “comunas” (ayuntamientos elegidos pero considerados como entes administrativos y dependientes de los ministerios) y no existe una política coherente para el conjunto ni un control democrático por parte de la ciudadanía ni de sus representantes. Lima está gobernada por una izquierda impotente, heredera del mítico Barrantes de hace 30 años. Ante las próximas elecciones no se augura a la alcaldesa saliente y actual candidata no mucho más del 10 o 12% de los votos.

Pero lo que llama la atención en los tres casos es que nadie, en el escenario político, tiene propuestas articuladas, algo parecido a un proyecto de ciudad. Tampoco se plantean reformas institucionales redemocratizadoras, ni confrontaciones con los gobiernos centrales recabando el apoyo ciudadano. Lima está cubierta de propaganda electoral, pero los candidatos se venden mediante slogans publicitarios que no dicen nada que pueda interesar a la ciudadanía. En Santiago las “comunas” no se rebelan frente a unos gobiernos (de Pinochet, de la Concertación de centro izquierda o de la derecha liberal) nacionales que les tratan como funcionarios de tercer nivel a pesar de estar legitimados por el sufragio universal.[3] En resumen, no habrá cambios democráticos profundos si no se transforman los Estados y esta transformación solo puede promoverse desde las ciudades. No desde las instituciones políticas estatales actuales.

Volvamos al principio y al caso europeo, o mejor dicho, español. Es evidente que en Europa, y especialmente en España, desde hace ya por lo menos dos décadas, se desarrolla un proceso de desdemocratización. Los Estados no son el “Consejo de Administración de la burguesía” como los definieron Marx y Engels en el Manifesto. Pero no es cierto que el Estado nacional se haya debilitado, simplemente ha cambiado de funciones. La Unión europea está manejada por los gobiernos nacionales. Pero éstos a su vez son simplemente sicarios de los  grandes grupos económicos (financieros, industriales, mediáticos y de servicios) los cuales imponen las privatizaciones, la reducción drástica de las políticas sociales y de los derechos laborales, la desregulación bancaria, las reformas fiscales regresivas, la permisividad o complicidad ante la especulación y la corrupción, etc.

Sin embargo los Estados cumplen una función muy importante: el control sobre la población, la negación del conflicto social y de los intereses colectivos, la represión frente a las resistencias ciudadanas. No hay un “Palacio de Invierno” ni una Bastilla a tomar. Hay un sistema a disolver. Y solamente desde las ciudades, si es posible con gobiernos locales democráticos, de proximidad y articulados con los movimientos socio-políticos, se podrá rodear al Estado y redemocratizarlo radicalmente. Estamos en una época de cambio. O el cambio lo hacen los poderes políticos y económicos dominantes y ya vemos a donde nos lleva o se produce una insurrección ciudadana que cambie el lenguaje, las instituciones y las políticas con un programa muy simple: lo contrario de lo que nos inflige el neoliberalismo.[4] Como escribió Henri Lefebvre en el mítico 1968 “la revolución será urbana o no será”.

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[1] Gramsci distinguía la guerra de posiciones de la guerra de movimientos y aplicaba estos conceptos a la política de transformación social. En sociedades complejas consideraba más conveniente la primera, es decir conquistar la hegemonía en la sociedad y ocupar  democráticamente las instituciones desde la base por medio de la irrupción de las organizaciones y movimientos sociopolíticos. Ingrao y la izquierda del PCI pero nunca pudo desarrollarla plenamente. Rocard presidió la ADELS (Asociación para la Democracia local) antes de convertirse en uno de los líderes del Partido Socialista y aunque fue jefe de gobierno a finales de los 80 no contaba ni mucho menos con una movilización social que promovieran la transformación de las instituciones desde a bajo.

[2] No hay que esperar un cambio de orientación por parte de los gobiernos nacionales. En Argentina los 3 candidatos a presidente con posibilidades de ganar son Massa, Scioli  y Macri.,. Una elección entre la peste y el cólera. Además de reaccionarios son brutos.  Neoliberales en economía, vinculados a los negociados de todo tipo, que se apoyan en los caciques locales sean peronistas o no. El supuesto centro-izquierda no tiene posibilidades de ganar y es más un centro-derecha que otra cosa, a pesar de la presencia del socialista Binner en la coalición  en la que dominan dos personalidades impresentables como el radical Cobos (defensor de los propietarios agrarios) y la ultracatólica y egocéntrica Lilita Carrió).

[3] La presidenta recientemente elegida, Bachelet, que ya fue presidenta, tiene un discurso progresista, pero siempre desde la base que todo dependa del gobierno nacional, el cual es producto de las negociaciones  entre la elite politica de los aparatoas partidarios. Nadie se plantea una reforma descentralizadora.

[4] No nos hemos referido a México a pesar de que es el país que frecuento  más que el resto. Me he referido a América del Sur, aunque mucho de lo dicho se puede aplicar también a México. Como esta ocurriendo en Argentina las dos fuerzas dominantes e histórsicamente antagónicas, el PRI de tradición populista y estatalista y el PAN conservador y liberal en economía hoy son dos caras de la misma moneda, el neoliberalismo con tendencias autorirtarias. EL PRD que gobierna el DF no ha sabido ser ni un contrapeso al Estado, ni un bastión de resistencia social.