ISAAC ROSA

El pulso a cara de perro entre el juez Garzón y el fiscal Zaragoza tiene, por supuesto, un fondo jurídico importante. Ni siquiera descarto que el jefe de los fiscales tenga la razón de su parte, pues Garzón tiene fama de mal instructor, y no faltan voces autorizadas que ven poco sólida su argumentación. Pero lo de menos son las consideraciones jurídicas.

La hostilidad que la derecha política, mediática y judicial muestra contra Garzón no obedece a ningún prurito legalista: lo importante no es si los asesinatos franquistas son genocidio, crímenes contra la humanidad o delitos comunes; ni si han prescrito o la ley de amnistía los incluye. Lo fundamental es detener a toda costa el proceso iniciado, pararlo antes de que se desmadre.

Reconozco que no me gusta Garzón, ni espero nada de la Audiencia Nacional. Pero por encima de ellos están quienes presentaron las denuncias, los mismos que llevan años impidiendo que se cierre el debate sobre el pasado. Ni la Ley de la Memoria los desmovilizó, ni un revés judicial los detendría ahora. Por eso hay que cortar este intento.

Los que hoy critican a Garzón no están pensando en la Guerra Civil, ni en las fosas comunes. Su miedo es otro: que esto sea solo un comienzo. Porque si aceptamos judicialmente que el franquismo fue criminal, ¿quién garantiza que las denuncias se limiten a la guerra y posguerra? ¿Y los torturados de los años 50 y 60? ¿Y las ejecuciones del tardofranquismo? ¿Y los muertos de la transición? Y en esos casos los responsables sí están vivos. Algunos, hasta coleando.