AMPARO ESTRADA
Los deportistas que ganan la medalla de bronce suelen estar más satisfechos que los que ganan la plata, porque los primeros se comparan con todos los que no ganaron medalla, mientras que los segundos lo hacen con el que ganó el oro –y porque han perdido la final–.
En estos momentos de crisis, cuando el desempleo aumenta al ritmo de 200.000 parados más al mes, tener un trabajo es como colgarse una medalla, aunque hace unos meses se viera ese mismo empleo lleno de inconvenientes.
Además de imperar el conformismo en las crisis, éstas deterioran los avances conseguidos en las relaciones laborales. La crisis es una buena excusa para que las empresas sean cicateras y no atiendan las reivindicaciones de los trabajadores. Ya no sólo sirve de justificación para no subir –o subir poco– los sueldos, sino que también permite sobrecargar de trabajo a la plantilla, ya que a los que no pierden el empleo se les exige trabajar por dos. Cierto que en España hay mucho que mejorar en productividad.
Ante este panorama, ¿qué papel juegan los sindicatos?
POR SALOMÉ GARCÍA
Plan de rescate para aliviar la carga de la crisis que soportan los parados. Los que ya están sin trabajo (casi 2,6 millones de personas) y los que está previsto que pierdan el suyo en los próximos meses (lamentablemente, otros cuantos cientos de miles) tendrán un salvavidas ad hoc que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana.
Zapatero reacciona así a la indignación ciudadana que ha provocado ver estos días a nuestros dirigentes centrados en rescatar un sistema bancario, el español, del que al mismo tiempo se aseguraba que no requería una intervención de urgencia. “¿Y quién me rescata a mí?”, clamaban los que perdían el empleo, no encontraban trabajo o veían próxima la amenaza de la renovación hipotecaria con ese implacable Euribor que no cesa.
Cuentan los más próximos al presidente que no es una reacción a las críticas lo que ha movido a Zapatero, que fue él quien exigió a sus ministros, nada más aprobar el plan de rescate bancario, que se estrujaran la cabeza para encontrar fórmulas “económicamente viables” que puedan atajar la crisis real, la que duele en los bolsillos de la gente.
Esperemos que Moncloa esté dosificando la información para hacerla más rentable. Y que la próxima semana conozcamos otro plan, igual de imprescindible, para rescatar al resto de damnificados por la crisis. El de los parados es una buena idea… sobre todo si es sólo la primera.
POR MARCO SCHWARTZ
La reina Sofía se ha desnudado intelectual y políticamente ante la periodista Pilar Urbano en un libro llamado a la polémica. Según el libro, doña Sofía defiende las clases de religión como medio para inculcar las teorías bíblicas de la Creación, posición ajena a un Estado aconfesional.
Proclama su rechazo a la eutanasia y al aborto, lo que interfiere en un debate muy delicado en el que la Corona debería mantener una neutralidad exquisita. También se refiere con un tufo de desdén a los homosexuales y rechaza que a sus uniones se les denomine matrimonio, pese a que el Parlamento, sede de la soberanía popular, puso fin a siglos de humillación de los gays con una reforma legal que les extiende la figura matrimonial. Exhibe además una sorprendente falta de tacto al recalcar que “hasta el sindicalista y el comunista más acérrimo, si está con la Constitución, tiene que estar con la Monarquía”.
Anoche, la Casa del Rey emitió un comunicado en el que alega “inexactitudes” en el libro y lamenta el malestar que las “supuestas afirmaciones” de la reina pudieran causar. La nota ha de tenerse en cuenta, por supuesto, pero cabe exigir más claridad sobre lo ocurrido. La Casa del Rey haría bien en concretar las presuntas inexactitudes para disipar toda duda. Porque son varias las afirmaciones inaceptables para numerosos ciudadanos que contribuyen con sus impuestos –y con su acatamiento constitucional– a sostener la Corona.
LUZ SANCHÍS
Tienen la idea, el título de la película, el reparto y hasta el nombre del personaje que deberá impulsarla. Solo que él no lo sabe. Los de la ONG Acción contra el Hambre han ideado una campaña para intentar concienciar sobre un problema más que incómodo para los que saben lo que es no tener nada que llevarse a la boca. Y pretenden que sea Al Gore quien haga de profeta.
La peli deberá llamarse No Hunger, título que no deja espacio a la imaginación. Los actores ideales son completos desconocidos, aunque salen a menudo en las noticias. No hará falta que aparezcan los 19 millones de niños que sufren desnutrición aguda, ni los más de cinco millones que mueren cada año. Tampoco tendrán que actuar los 140 millones de niños candidatos a quedarse ciegos por falta de vitamina A. Bastará con que salgan unos cuantos, a modo de ejemplo.
Con 40 euros se paga el tratamiento que evita esa escena tan sumamente incómoda del niño con la tripa hinchada y sin fuerzas para espantarse las moscas. Acción contra el Hambre recuerda que esa es “la verdadera tragedia del siglo XXI”. Una forma, no de decir que la otra es falsa, pero sí que es menos urgente.
Los que piensen igual, que entren en pideseloaAlGore.org y lo digan. A ver si se decide.
LUZ SANCHIS
La oposición a Educación para la Ciudadanía empieza a parecerse a un diálogo de Faemino y Cansado, tipo ¿Y usted qué sabe hacer? A Esperanza Aguirre se le ocurrió inventarse lo del trabajo optativo y lo de las horas de voluntariado. Todo con tal de no cumplir la ley.
Francisco Camps, que también quiere hacer méritos, se trabajó el plus a la creatividad. Se dijo: “La mejor forma de asegurarse que los chavales se pierdan los contenidos es que se la traguen en inglés”. Como ni los profesores ni los alumnos tenían el nivel suficiente, tuvo que tirar de traducción simultánea. Quizá no lo tenía en mente desde el principio pero escaló puestos en el ranking de humoristas. Así, hemos acabado hablando de Citizenship y asistiendo al rebautismo del conseller Font de Mora como Fountain of Blackberry.
Los alegres e hiperactivos muchachos de HazteOir han olvidado que la envidia es pecado y se han propuesto superar a Aguirre, Camps, Cañizares y Rouco Varela. Para ello, nada mejor que ponerse a señalar públicamente a los que cumplen la ley.
La plataforma de agitación virtual ha ampliado su lista de enemigos de los valores y ha colocado, después de Zapatero, a las Hijas de la Caridad, los Maristas, las monjas Irlandesas y las Hermanas Carmelitas. Que el responsable del ranking hable de “estratagemas” es, simplemente, descacharrante.
Los mencionados arriba son, para entendernos, los malos. En la categoría de los que mejor promueven la objeción, los vencedores tienen nombres tan imponentes como Colegio Highlands Montequinto o Hijas de Cristo Rey. Entre los diez primeros puestos no aparece ningún centro valenciano. Gana Aguirre, con siete, seguida de Valcárcel, con dos. Sevilla, a la cola, sólo tiene uno. Camps y Font de Mora no han podido colocar a ninguno de los suyos.
¡Tanto esfuerzo para esto!
ISAAC ROSA
El pulso a cara de perro entre el juez Garzón y el fiscal Zaragoza tiene, por supuesto, un fondo jurídico importante. Ni siquiera descarto que el jefe de los fiscales tenga la razón de su parte, pues Garzón tiene fama de mal instructor, y no faltan voces autorizadas que ven poco sólida su argumentación. Pero lo de menos son las consideraciones jurídicas.
La hostilidad que la derecha política, mediática y judicial muestra contra Garzón no obedece a ningún prurito legalista: lo importante no es si los asesinatos franquistas son genocidio, crímenes contra la humanidad o delitos comunes; ni si han prescrito o la ley de amnistía los incluye. Lo fundamental es detener a toda costa el proceso iniciado, pararlo antes de que se desmadre.
Reconozco que no me gusta Garzón, ni espero nada de la Audiencia Nacional. Pero por encima de ellos están quienes presentaron las denuncias, los mismos que llevan años impidiendo que se cierre el debate sobre el pasado. Ni la Ley de la Memoria los desmovilizó, ni un revés judicial los detendría ahora. Por eso hay que cortar este intento.
Los que hoy critican a Garzón no están pensando en la Guerra Civil, ni en las fosas comunes. Su miedo es otro: que esto sea solo un comienzo. Porque si aceptamos judicialmente que el franquismo fue criminal, ¿quién garantiza que las denuncias se limiten a la guerra y posguerra? ¿Y los torturados de los años 50 y 60? ¿Y las ejecuciones del tardofranquismo? ¿Y los muertos de la transición? Y en esos casos los responsables sí están vivos. Algunos, hasta coleando.
ANTONIO AVENDAÑO
Si Carlos Saura filmó en 1980 la memorable Deprisa, deprisa, el presidente Zapatero parece tentado de rodar en 2008 la no menos memorable Despacio, despacio. El Gobierno remolón podría tener, en efecto, la sigilosa tentación de hacer con la memoria histórica lo mismo que ha hecho con la inmigración: decir y hacer cosas distintas y aun contrarias a las que decía y hacía apenas un año atrás. Zapatero tuvo la audacia de incluir en su agenda un asunto como la memoria histórica que Felipe González, por biografía personal y oportunidad política, jamás habría incluido. Al hacerlo, el presidente conquistó el corazón de mucha gente. Pues bien: cuidadito con los corazones conquistados, que son muy suyos y tienen una memoria tal vez no histórica, pero sí de elefante, que no olvida una.
DAVID MIRÓ
El president de la Generalitat, Lluís Companys, fue cazado como un perro por la Gestapo y la policía franquista en el norte de Francia el 13 de agosto de 1940. El 29 de septiembre fue entregado a las autoridades del régimen y el 15 de
octubre fusilado en el castillo de Montjuïc. El consejo de guerra fue una auténtica farsa, tal como demuestra el escaso tiempo que pasó entre la detención y su ajusticiamiento. Se trató de una venganza de Franco contra los catalanes en la figura de su president. Ese fue su delito.
Ahora, la Generalitat pretende traer a su nieta, que vive en México, para que pida personalmente ante el Ministerio de Justicia un certificado de reparación, paso previo necesario para poder iniciar el proceso judicial que culmine con la anulación del consejo de guerra. La iniciativa resulta cuanto menos decepcionante. ¿No debería ser la propia Generalitat la que iniciase todo el proceso en nombre de todos los catalanes? ¿Por qué hay que trasladar esa responsabilidad al ámbito familiar? ¿Y qué pasará con las víctimas que no tengan a nadie para iniciar un farragoso proceso judicial?
Si Companys fue asesinado por ser president, debe ser la Generalitat la que encabece la causa ante la justicia española. Y no esconderse tras la nieta de nadie.
SALOMÉ GARCÍA
Por fin una buena noticia de la Justicia, después del mal sabor que han dejado el episodio alcohólico del afortunado juez del caso Mari Luz y el enjuague político con el que PSOE y PP han resuelto la renovación del Poder Judicial. La buena nueva viene del juzgado de Garzón, que ayer conminó a la Iglesia a obedecer su requerimiento de información y a facilitar los datos sobre enterramientos que obren en poder de las 22.827 parroquias españolas. Garzón no puede decirlo tan claro, pero viene a advertir a la Conferencia Episcopal de que ha topado con la Justicia. Que obedezca, vamos, como cualquier mortal; y que se deje de dar largas como aquella de declararse “incompetente”; y que pare de poner trabas como la de indicar al magistrado que debía dirigirse a cada una de las parroquias o a los 70 obispados que las tutelan.
¿Incompetente la Conferencia Episcopal? Solo cuando se le pide ayuda para cerrar las heridas del franquismo. ¿Que no tiene compendiada la información sobre las víctimas? Venga, hombre. Será de las rojas, porque bien diligente que fue para acumular los datos de sus mártires, esos que eleva de tanto en tanto a los altares.
Si no podemos (aún, que no decaiga) tener un Estado laico; si debemos soportar el boicot eclesiástico a los avances sociales y tragar con que Religión sea asignatura; gocemos al menos envidiando a Garzón, que ha puesto a los jefes de los curas en su sitio.
ANTONIO AVENDAÑO
¿Quién es más importante, un juez o un ministro? Ambos son poderes del Estado; ambos toman decisiones que determinan la vida de mucha gente; ambos deben ser cautos y diligentes en su comprometido trabajo de juzgar o gobernar.
Sin embargo, si un ministro hubiera cometido un error equiparable al del juez Tirado en el caso Mari Luz, 1) se habría tenido que ir del Gobierno; 2) se habría tenido que comprar un peluquín para no ser reconocido por la calle; 3) sus adversarios políticos se habrían dado un festín con sus vísceras y 4) si tras la merienda hubiera quedado algo de carne del ministro, sus compañeros de partido habrían apurado hasta el último huesecillo ministerial. Si además ese político hubiera sido sancionado años atrás por manifiesta negligencia en su acción política y hubiera atropellado a un motorista yendo borracho, no es preciso decir dónde habría acabado, el pobre.
En relación con los otros poderes del Estado, los jueces están sobreprotegidos, como una especie en peligro. Tal vez la razón sea la siguiente: en tres décadas de democracia, este país ha puesto en su lugar o, mejor dicho, ha normalizado su relación con todas las castas y poderes venerados en el pasado: curas, políticos, militares, médicos, profesores. ¿Con todos toditos todos? Pues no, no con todos. Adivine el lector con quiénes no.
