DAVID MIRÓ
El president de la Generalitat, Lluís Companys, fue cazado como un perro por la Gestapo y la policía franquista en el norte de Francia el 13 de agosto de 1940. El 29 de septiembre fue entregado a las autoridades del régimen y el 15 de
octubre fusilado en el castillo de Montjuïc. El consejo de guerra fue una auténtica farsa, tal como demuestra el escaso tiempo que pasó entre la detención y su ajusticiamiento. Se trató de una venganza de Franco contra los catalanes en la figura de su president. Ese fue su delito.
Ahora, la Generalitat pretende traer a su nieta, que vive en México, para que pida personalmente ante el Ministerio de Justicia un certificado de reparación, paso previo necesario para poder iniciar el proceso judicial que culmine con la anulación del consejo de guerra. La iniciativa resulta cuanto menos decepcionante. ¿No debería ser la propia Generalitat la que iniciase todo el proceso en nombre de todos los catalanes? ¿Por qué hay que trasladar esa responsabilidad al ámbito familiar? ¿Y qué pasará con las víctimas que no tengan a nadie para iniciar un farragoso proceso judicial?
Si Companys fue asesinado por ser president, debe ser la Generalitat la que encabece la causa ante la justicia española. Y no esconderse tras la nieta de nadie.
SALOMÉ GARCÍA
Por fin una buena noticia de la Justicia, después del mal sabor que han dejado el episodio alcohólico del afortunado juez del caso Mari Luz y el enjuague político con el que PSOE y PP han resuelto la renovación del Poder Judicial. La buena nueva viene del juzgado de Garzón, que ayer conminó a la Iglesia a obedecer su requerimiento de información y a facilitar los datos sobre enterramientos que obren en poder de las 22.827 parroquias españolas. Garzón no puede decirlo tan claro, pero viene a advertir a la Conferencia Episcopal de que ha topado con la Justicia. Que obedezca, vamos, como cualquier mortal; y que se deje de dar largas como aquella de declararse “incompetente”; y que pare de poner trabas como la de indicar al magistrado que debía dirigirse a cada una de las parroquias o a los 70 obispados que las tutelan.
¿Incompetente la Conferencia Episcopal? Solo cuando se le pide ayuda para cerrar las heridas del franquismo. ¿Que no tiene compendiada la información sobre las víctimas? Venga, hombre. Será de las rojas, porque bien diligente que fue para acumular los datos de sus mártires, esos que eleva de tanto en tanto a los altares.
Si no podemos (aún, que no decaiga) tener un Estado laico; si debemos soportar el boicot eclesiástico a los avances sociales y tragar con que Religión sea asignatura; gocemos al menos envidiando a Garzón, que ha puesto a los jefes de los curas en su sitio.
ANTONIO AVENDAÑO
¿Quién es más importante, un juez o un ministro? Ambos son poderes del Estado; ambos toman decisiones que determinan la vida de mucha gente; ambos deben ser cautos y diligentes en su comprometido trabajo de juzgar o gobernar.
Sin embargo, si un ministro hubiera cometido un error equiparable al del juez Tirado en el caso Mari Luz, 1) se habría tenido que ir del Gobierno; 2) se habría tenido que comprar un peluquín para no ser reconocido por la calle; 3) sus adversarios políticos se habrían dado un festín con sus vísceras y 4) si tras la merienda hubiera quedado algo de carne del ministro, sus compañeros de partido habrían apurado hasta el último huesecillo ministerial. Si además ese político hubiera sido sancionado años atrás por manifiesta negligencia en su acción política y hubiera atropellado a un motorista yendo borracho, no es preciso decir dónde habría acabado, el pobre.
En relación con los otros poderes del Estado, los jueces están sobreprotegidos, como una especie en peligro. Tal vez la razón sea la siguiente: en tres décadas de democracia, este país ha puesto en su lugar o, mejor dicho, ha normalizado su relación con todas las castas y poderes venerados en el pasado: curas, políticos, militares, médicos, profesores. ¿Con todos toditos todos? Pues no, no con todos. Adivine el lector con quiénes no.
LUZ SANCHIS
La aspiración de abolir la prostitución no es realista. Como se suele decir, lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. Ningún gobierno ha cogido el toro por los cuernos. Solo parches. En algunas ciudades se multa a las que ejercen en la calle. Una forma de ilustrar la expresión “encima de jodida, apaleada”.
Mientras las putas callejeras tienen que pagar multas, el Ejecutivo limpia la vía pública y hace caja. También se lucra gracias a las que trabajan en clubes de alterne. El apaño beneficia a muchos, fundamentalmente, a los empresarios de estos locales con licencia de discoteca u hotel.
Los alcaldes dicen que luchan contra la explotación pero solo les importa la del centro, donde hay turistas. Asegurar que todas las prostitutas lo son porque se las obliga denota suficiencia moral. La de negar la voz a las únicas que pueden saber por qué una mujer se acuesta con alguien por dinero.
XAVI CASINOS
Contra la opinión de quienes preferirían pasar página sin más, soy firme partidario de la recuperación de la memoria histórica. Es el único medio de pasar, de verdad, página. Y eso requiere reparar el nombre de las miles de personas que fueron represaliadas y olvidadas en fosas comunes por toda España. En esa labor, se ha sumido Garzón, que ayer recibió una primera lista de desaparecidos confeccionada gracias a la investigación, tesón y voluntarismo de las asociaciones que luchan por rescatar del olvido a sus familiares y darles una sepultura digna. El problema son las más que seguras lagunas de rigor contenidas en la lista por la precariedad de medios con que ha sido confeccionada. No obstante, ello no le quita mérito y será una forma de presionar al Gobierno para que sea consecuente con la ley impulsada por el propio Zapatero y elabore un censo con criterios científicos a partir de la propia documentación en poder de las instituciones del Estado, que en muchos casos debe estar también en archivos tan olvidados como las fosas
del franquismo.
SALOMÉ GARCÍA
La gestión de la información sobre el accidente de Barajas ha saltado de despropósito en despropósito desde el primer momento. El sainete empezó con el pase privado del vídeo del siniestro que montaron en AENA el día de autos.
Lo más urgente, claro, era que tuvieran información de primera calidad los reyes y demás autoridades. Ese mismo vídeo tardó una semana en llegar al juez y ahora circula por Internet. Después, vino el ocultismo con el que Spanair despachaba a los familiares de las víctimas en los primeros momentos; luego, la comparecencia de la ministra de Fomento apuntando contra la aerolínea; aquella brillante idea de fijar el funeral para el 11-S, y el baile de sesudas tesis sobre las causas técnicas del siniestro (que si la reversa, que la sonda RAT, que si los flaps).
El juez que investiga el caso tiene un cabreo memorable. Similar al de los expertos que formaban la comisión de investigación y que dimiten ahora en señal de protesta. Si los concernidos en tercera derivada están así, no es difícil calibrar el indignado dolor de los que lloran a sus 154 muertos.
ANTONIO AVENDAÑO
A los ministros de Economía en tiempos de crisis les ocurre lo mismo, pero a la inversa, que le ocurría a la portera cotilla de Mujeres al borde de un ataque de nervios. El personaje de Chus Lampreave sostenía con desparpajo cañí que ella siempre decía la verdad porque como era testiga deJehová no podía mentir, ya le habría gustado poder hacerlo, pero nada, imposible, un testigo es un testigo, y una testiga no digamos.
Lo mismo pero al revés les sucede a Solbes y a sus colegas en estos días de miedo financiero: que no pueden decir la verdad, ya querrían ellos poder decirla, pero qué va, les es imposible porque si la dijeran el miedo se transformaría inmediatamente en pánico y los ministros inmediatamente en ex ministros.
En Europa nadie sabe cuándo diablos acabará esta crisis ni cuál es su dimensión real, del mismo modo que en
Washington nadie sabe si es bueno, malo o regular salvar bancos en ruinas con dinero público. Visto el enigmático comportamiento del Gobierno Bush, nos tememos lo peor: que a veces les parece malo (y ahí aciertan), a veces bueno
(y ahí yerran) y a veces regular (y ahí quién sabe).
Pero tampoco eso pueden admitirlo los ministros de Economía, obligados como están a simular que gobiernan la economía y que saben cómo enderezarla. De todo esto, en fin, algo podemos al menos aprender: que jamás debe nombrarse ministro de Economía a un testigo de Jehová.
SALOMÉ GARCÍA
Puedo admitir que la negativa de algunas autonomías a impartir Educación para la Ciudadanía responda a una lógica moral que respeto aunque no comparto. Puedo tragarme que busquen lo mejor para sus ciudadanos desde niños y que no lo hagan sólo para fastidiar al Gobierno central.
Pero ¿qué lleva a algunos gobiernos autonómicos a negarse a aplicar el teléfono único de atención a las maltratadas? ¿Acaso pretenden que creamos que el 016 adoctrina en el pérfido pensamiento socialdemócrata a las mujeres necesitadas de ayuda por indicarles, por ejemplo, cómo refugiarse en una casa de acogida?
Coincide en que son siempre los mismos quienes se oponen a las iniciativas del Gobierno central para mejorar los derechos de los ciudadanos, desde el matrimonio homosexual, hasta la reforma de la Ley del Aborto, pasando por la regulación de la eutanasia o la controvertida asignatura para educar en valores
democráticos.
Esta vez son Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León. Se da la circunstancia de que Madrid lidera el cómputo de mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que va de año (ya son 
y que las cuatro autonomías del PP que se han rebelado contra el 016 suman 30.000 de las 125.000 denuncias por
malos tratos que llegan a los tribunales.
¿Sería mucho pedir que esos gobernantes del PP dejaran la lucha política contra el PSOE para asuntos menos sangrantes?
MAYTE MARTÍNEZ
Nos decían en el colegio que España tenía forma de piel de toro. Así pretendían facilitarnos la representación espacial de este país merced a algo tan nuestro, tan patrio. En esa piel de toro se practica la ceremonia de lo macabro, esa tormentosa vejación considerada, aún en el siglo XXI, una manifestación artística con apoyo institucional.
Otro martes más de septiembre tendrá lugar en Tordesillas el deleznable espectáculo de El Toro de la Vega, donde los participantes intentarán abatir a lanzazos a tan noble animal. Amparados en la palabra tradición, atravesarán el lomo del animal hasta que un pinchazo certero lo derribe al suelo y el ganador se lleve todos los honores de tan “grande hazaña”. La crueldad es tan evidente que incluso muchos taurinos la rechazan.
Ayer recorrimos Tordesillas alzando la voz en defensa de quienes no pueden hacerlo. Ojalá nuestras súplicas sean escuchadas. Nada se podrá hacer por Valentón, pero mañana un trocito de nuestro corazón morirá con él.
MARCO SCHWARTZ
No es de recibo lo ocurrido con motivo de los funerales por las víctimas del accidente de Spanair. Se supone que un acto de estas características está concebido para honrar a los difuntos y, más aun si cabe, para transmitir un mensaje de consuelo a sus familiares. Pero resulta que muchos de estos, que viven fuera de Madrid, no pudieron acudir a la ceremonia por el sencillo y reprobable motivo de que se programó para un jueves, en lugar de un sábado o domingo, con el fin de que la fecha cuadrara con las numerosas agendas de las personalidades oficiales.
A esa falta de sensibilidad se suma otra circunstancia también reprobable, y es el procedimiento que se siguió para el homenaje: un ritual católico, con homilía del incombustible cardenal Rouco. No le faltan razones a la Alianza Evangelista Española para quejarse de discriminación, ya que uno de sus fieles estaba entre las víctimas. Sin embargo, lo que espera una sociedad moderna es que, en lugar de multiplicarse la presencia de confesiones en los funerales de Estado, estos –y el resto de actos oficiales– tengan un carácter estrictamente laico. Zapatero debe demostrar sin más dilaciones su compromiso de avanzar hacia el laicismo. Y no debería confundirlo con dar más presencia oficial a otras confesiones distintas a la católica.
