SALOMÉ GARCÍA
Denuncia UGT que el invento de Camps para fastidiar al Gobierno va a costar entre 8 y 15 millones de euros no previstos en el gasto educativo valenciano. La Conselleria no reconoce las cifras, pero sí admite un sobrecoste por la contratación de profesorado en inglés para impartir Ciudadanía. A esos profesores/traductores, cuatro meses después de iniciado el curso, ya no se les puede despedir aunque se renuncie al experimento de impartir la asignatura en el idioma de Shakespeare. Para más despropósito, ni siquiera se puede reciclar a esos docentes de secundaria en profesores de infantil y primaria, donde el déficit del aprendizaje del idioma extranjero está asumido incluso por Camps.
Lo que es más difícil de cuantificar es el tiempo perdido estos meses, el descoloque de los docentes y el deplorable mensaje trasladado al alumnado. Por contra, las protestas han forzado a Camps a rectificar. Ahí sí hay una lección de control ciudadano al poder de la que los chavales pueden sacar una enseñanza provechosa.
SALOMÉ GARCÍA
Si arrearle una bofetada a un hijo de 10 años que te acaba de lanzar una zapatilla está penado con cárcel y más de un año separada del menor, poco me parecen los 19 años de condena que solicita el fiscal para la madre de Alba. La niña catalana fue reiteradamente torturada por el novio de su madre mientras ésta participaba, al menos, por omisión. Alba continúa hoy en día un vía crucis de intervenciones quirúrgicas para intentar que vuelva a caminar y a articular palabra.
El caso, cuyo juicio se inició ayer, es repulsivo y cualquier condena parecerá escasa para castigar tanto daño causado a la menor. La proporción ahí es imposible. Pero el asunto de la bofetada es justo al revés. La jueza está infligiendo al menor un daño muy superior al que le causó su madre. Por mucho que le doliera la torta y la lesión que sufrió al caer en el lavabo, no es comparable con estar más de un año sin ver a su madre. Es lo que quiere expresar hoy el pueblo de Pozo Alcón, que se concentrará en apoyo de la familia y contra la sentencia.
Y es que la desproporción es habitual en el ámbito judicial. A un juez que ocultó 200 casos sin resolver para pasar por un tipo eficiente ante su sustituto, le han puesto 300 euros de multa. A saber cuánto mal ha provocado. Al magistrado que no encarceló al asesino de Mari Luz, su error le costó 1.500. Sobre los efectos de su conducta, se han gastado ya ríos de tinta. Sin embargo, contra ninguno de estos dos consta orden de alejamiento de los ciudadanos a los que han dañado.
La madre del tortazo no pega habitualmente a sus hijos y su niño mayor es muy díscolo. Ambos son hechos probados que recoge la jueza. La bofetada ocurrió dos años antes de la sentencia y en este tiempo no se ha repetido violencia alguna en esa familia. Son hechos que deberá sopesar el juez que decida sobre el recurso si quiere dictar un auto proporcionado.
DAVID MIRÓ
Cuando el ser humano pasó del intercambio al comercio con dinero inventó una nueva manera de valorar las cosas: según su precio. En todos los sistemas económicos que ha habido desde entonces –comunismo incluido– las cosas han tenido precio, en unos casos fijado por el Estado, pero en la mayoría al albur de la ley de la oferta y la demanda (la variable más sofisticada de la cual sería el regateo: una cosa vale lo que una persona está dispuesta a pagar en un momento determinado). Gracias a los precios, las personas podemos hacernos una idea del valor que damos a las cosas. Por la misma razón, cuando nos ofrecen algo gratis y perdemos esa referencia corremos el riesgo de no valorarlo lo suficiente. Puede que algo de eso esté pasando con la sanidad pública.
Todos conocemos a alguien que, al mínimo síntoma, se planta en urgencias para que le hagan una placa. Pero, ¿cuántos sabemos lo que cuesta una radiografía? ¿Y un análisis de sangre?
Durante décadas, en España el agua fue casi gratis, se consideraba un bien casi inagotable, hasta que el crecimiento demográfico y un cierto descontrol en su uso impusieron un incremento significativo de su precio. Hoy, todo el mundo está de acuerdo en que fue una medida necesaria. Tampoco casi nadie discute que la gasolina en Europa esté gravada con impuestos y sea mucho más cara que en Estados Unidos porque consideramos que hay que apostar por una movilidad sostenible.
Y luego hay otra cuestión. ¿Y si a cambio de un cierto copago sanitario podemos financiar un año de baja maternal? ¿Qué preferimos?
En mi opinión existen argumentos suficientes para que se pueda generar un debate sereno. Sin perder de vista el objetivo último: asegurar el futuro de un sistema sanitario público que es la envidia de medio mundo. Y no lo valoramos.
