Espero que no le hubieran cogido cariño a la expresión “policía de proximidad”, porque ya está out. Lo que se lleva ahora es el “quality of life policing“: la policía que no sólo sirve y protege, sino que garantiza con su actuación la calidad de vida de todos los seres de bien.
El problema está en definir no ya qué es la calidad de vida, sinó dónde acaba la mía y empieza la tuya, y viceversa. Para unos el derecho a manifestarse puede ser calidad de vida; para otros, una disrupción inaceptable de la cotidianidad urbana. Para unos poderse tumbar en un banco público a tomar el sol puede ser calidad de vida; para otros, uso indebido e intensivo del espacio público; para unos, besarse en una playa puede ser calidad de vida; para otros, escándalo público.
Este es el atolladero en el que nos hemos metido cuando hemos decidido que existe un sólo civismo, unos únicos valores válidos y una sola definición de lo que es “calidad de vida”, y nos hemos empeñado en aplicarlo a través de sanciones, ordenanzas y policías. En la negociación informal de lo aceptable y lo inaceptable que se produce de forma habitual en los espacios públicos, hemos decidido introducir unas normas que se supone que representan verdades superiores sobre lo que está bien y está mal, pero sin ni siquiera preocupanos por aplicarlas con una mínima coherencia que permitiera, como mínimo, la seguridad jurídica del ciudadano/a.
Así, acabamos con episodios esperpénticos como el de este fin de semana en Salou, donde 8,000 jóvenes ingleses se disponen a pasar la Semana Santa bebiendo y haciendo campeonatos de Playgirls (participante dixit). Las imágenes y las declaraciones de los participantes hablan por sí solas. Pero 8,000 borrachos saltando sobre el mobiliario urbano, cruzando calles sin mirar, vomitando por las esquinas y buscando sexo fácil no parecen afectar a la calidad de vida de los habitantes de Salou. El inspector jefe de la policía local, por ejemplo, afirma no tener “datos que nos lleven a pensar que la situación se pueda salir de madre”, mientras un vecino declara a la televisión que no le parece mal, que “es su cultura y es su manera de ser”.
Mientras tanto, George Monbiot escribe en The Guardian sobre una nueva tendencia policial en busca de la calidad de vida: recomendar a los consistorios locales que no se celebren festivales hippies, porque parece que ensucian. Él lo llama “morality policing“.
Más allá de lo que pueden ser extremos, la verdad es que el día a día del control policial de los comportamientos en el espacio público es, como mínimo, problemático. En parte porque refuerza estereotipos y desigualdades (el turista del norte borracho vale, el sin-techo con el Don Simón no vale), como refleja brillantemente un artículo aparecido hoy en The New York Times: en los últimos meses, la policía de Key West ha recibido fondos para ampliar su plantilla y dedicarse exclusivamente al quality of life policing. Por lo tanto, las personas sin techo que han hecho de la playa su casa (directamente en la arena o dentro de sus coches) han recibido en los últimos tres meses el doble de denuncias que el año pasado. Problema: Key West es un lugar de fin de fiesta para muchos turistas, y escenas como esta y esta son habituales. Pero el jefe de la policía lo tiene claro: el problema son “los vagabundos”, “esa gente que está en la calle, molestando la calidad de vida o la experiencia de los visitantes, los residentes y los negocios” (cualquier parecido con Salou es pura coincidencia).
La estigmatización que denuncian los sin techo de Key West no es un tema cualquiera: ¿no intervino también la estigmatización en la distribución de las imágenes de los bomberos en Francia? ¿Cómo se defiende uno del profiling? ¿Y cómo es que de repente es la víctima la que tiene que demostrar su desprotección ante leyes que se aplican arbitrariamente y no la policía quien tiene que probar que su aplicación de la normativa es igual para todos?
Yo, por si acaso, la próxima vez que salga por Salou voy a ir con una chocolatina Godiva en el bolsillo, que parece que en Key West es prueba irrefutable de tu derecho a dormir la mona en la acera. Los vagabundos no saben apreciar el buen chocolate, faltaría más.
El domingo, la policía francesa tuvo que admitir que el vídeo de los presuntos etarras difundido horas antes no reproducía más que la salida del super de cinco bomberos catalanes. El error ha puesto sobre la mesa cuestiones importantes, como la idoneidad de difundir de forma masiva imágenes captadas por cámaras de videovigilancia bajo el pretexto de la colaboración ciudadana.
Pero ¿es creíble que la identificación de los protagonistas del video fuera el objetivo de su distribución? En el momento en que las imágenes son facilitadas a todos los medios sin respetar no ya el derecho a la intimidad y a la propia imagen, sino la presunción de inocencia, la posibilidad de que esa distribución formara parte de una estrategia de investigación policial se revela remota. A dos días de las elecciones galas y en plena apuesta del UMP de Sarkozy por la mano dura en temas de seguridad, las imágenes parecen responder más bien a una estrategia de comunicación y relaciones públicas, a la voluntad de aparentar eficacia policial y política.
Este privilegio del show por encima de la verdadera resolución de problemas no cesa de ganar terreno, sobre todo en el ámbito de las políticas de seguridad -tanto las vinculadas al terrorismo como las relacionadas con la seguridad ciudadana. Ante la amenaza de la extrema derecha, la derecha (y la no-tan-derecha) se apunta a políticas de escaparate que prometen imposibles: garantizar, y rápido, que todo(s) está(mos) bajo control, y que el que no lo está lo pagará caro.
Las consecuencias de esta deriva nos explotan a la cara de forma cada vez más frecuente. Las políticas de control social y mano dura se basan en el que “si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer”. ¿Qué tenían que esconder los bomberos del Carrefour? ¿Y Joseba Fernández, identificado la semana pasada por la agencia EFE también como terrorista? ¿Y todas las personas que, por error, han sido víctimas de estas políticas de escaparate en un contexto de endurecimiento del código penal y de la capacidad sancionadora y de intervención de las fuerzas de seguridad (públicas y privadas)?
En el afán por transmitir eficacia, estamos viendo en toda Europa como se apuesta por políticas de seguridad que disparan primero y preguntan después (literal y metafóricamente), que reproducen y amplifican prejuicios (¿cinco personas con traje y corbata, o con menos pinta de ‘sureños’ hubieran sido juzgados tan rápidamente?) y que apuestan por (carísimas) soluciones técnicas a problemas sociales (videovigilancia, escáneres, almacenamiento de datos).
En el caso de esta fin de semana, las promesas de estas políticas han vuelto a mostrarse no sólo absurdas, sino contraproducentes. Según Scotland Yard, sólo una de cada mil cámaras de videovigilancia contribuye a posteriori a la resolución de un crimen. Alguien tendría ahora que decirnos cuántas veces ya la creencia de que una imagen vale más que mil palabras nos ha hecho pisotear los derechos de personas inocentes.
“Los cálculos que haría un cazador-recolector para elegir entre un ñu o una gacela son los mismos que hace un criminal para elegir entre un Honda o un Lexus”
Jeff Brantingham, Universidad de Los Angeles
“Una ciudad no es más que un ecosistema donde, por ejemplo, interactúan miles de turistas y miles de ladrones depredadores”
Juan Carlos Nuño, Departamento de Matemática Aplicada de la UPM
Publicaba ayer este periódico un artículo sobre la biometría y los penúltimos avances matemáticos en la detección y predicción del crimen, planteando cómo de felices están los policías estadounidenses con sus científicos por ayudarles a crear modelos matemáticos que les permiten atrapar a “un montón de criminales”. En España, en cambio, la policía parece reacia a colaborar con los departamentos universitarios que trabajan en este tipo de modelos.
Sospecho que los motivos de la policia española para no apoyarse en estas propuestas no son muy parecidos a los míos, pero en cualquier caso me alegro de que sigan imponiéndose las reticencias.
¿Por qué? Pues, para empezar, porque aún no he leído ningún artículo que defienda la creación de modelos matemáticos para atajar el crimen que no simplifique no ya la experiencia urbana, sino la humana en general. Las citas que abren esta entrada hablan por sí solas. Si el ladrón es depredador, el turista es… ¿hermanita de la caridad? Que es esto, ¿un videojuego? ¿Buenos y malos? ¿Los turistas incívicos y las personas que delinquen para sobrevivir cómo se meten en un modelo matemático? ¿Un criminal es como un ñu, una especie en sí mismo?
La biomética y los cada vez más sofisticados sistemas de vigilancia y supuesta “predicción” no sólo suponen una amenaza a nuestras libertades individuales, sino que son mecanismos que refuerzan los estereotipos y los abismos sociales. Las categorías que construyen los modelos matemáticos no son casuales: los delincuentes salen de los barrios pobres y se van a robar a los barrios ricos… ¿para eso hace falta crear un Sistema de Información Geográfica? ¿De dónde salen los delincuentes de cuello blanco? ¿Para cuando mapas de concentración de fraude fiscal?
Pero es que además, ¿quién tiene en cuenta el problema de estigmatización que supone la representación gráfica de todos estos datos? ¿Te gustaría a tí vivir en un ‘hot spot’ objeto de redadas sorpresa?
Quizás existan, como plantea el artículo, “prototipos teóricos” capaces de “determinar cuál es la estrategia menos costosa y más disuasoria para combatir el top manta”… pero en realidad, si se trata de acabar con grupos sociales “molestos”, la historia está llena de ejemplos de fórmulas poco costosas y terriblemente disuasorias de éxito demostrado (pónganse a contar fosas comunes), pero ¿de esto se trata? ¿Dónde están las cuestiones de ética? ¿Y el debate político?
La disyuntiva no es, cómo algunos planetan, tecnología sí / tecnología no. Pero eso no quita la necesidad de denunciar los discursos que presentan estas herramientas como “ojos neutrales”, porque no lo son. La tecnología siempre está al servicio de alguien.
Así que hablemos de cómo la tecnología y los modelos pueden contribuir a una mayor comprensión de la realidad, vale. Pero sin dejarnos por el camino una mirada compleja a los fenómenos que atraviesan nuestras sociedades asustadas ni, sobre todo, la economía política de las herramientas de vigilancia y “predicción”.
Hace unos días, y después de mucho tiempo, Tina Paterson apareció en mi Inbox. Y para hablar de videovigilancia (nota mental: los sueños se cumplen).
Como cuenta el blog del (imprescindible) proyecto Un Barrio Feliz, hace unos días Tina (bueno, vale, David) se dedicó a filmar lo mismo que filman algunas de las 48 cámaras de videovigilancia recientemente instaladas en el centro de Madrid, utilizando una cámara pegada a un palo, para después hacer correr la voz de que había hackeado las imágenes grabadas por la cámaras públicas y que iba a proyectarlas en la pantalla gigante del Media Lab Prado. El rumor se extendió y Media Lab tuvo que negar que fuera a proyectar imágenes que pudieran vulnerar la legalidad y las leyes de protecció de datos.
David dice que no tiene ni idea de como hackear las imágenes reales, y que en realidad hacerlo tampoco sería nada del otro mundo, pues lo que graban aquellas lo puede grabar cualquiera (la realidad, sin embargo, es un poco más tétrica, y muchas cámaras transmiten las imágenes por sistemas wireless que pueden ser muy facilmente intervenidos).
Pausa-test: Si ud. tuviera una maquinita capaz de captar las imágenes de videovigilancia pública y privada transmitida por wireless y se dedicara a pasearse un día por una ciudad estadounidense, ¿qué cree ud. que vería?
a) Malos muy malos haciendo cosas terribles
b) Porno casero
c) Bebés durmiendo
La respuesta, tal como comprobaron unos amigos del Conflux Festival, es c. Toma ya sociedad enferma.
Lo más relevante de la acción de David (aparte de mostrar que ser controlador de cámaras de videovigilancia tiene que ser el trabajo más aburrido del mundo, y un escandaloso despilfarro de recursos públicos) es que pone de manifiesto una esquizofrenia municipal cada vez más generalizada, en la que los mismos ayuntamientos que aprueban ordenanzas cívicas, más presencia policial y videovigilancia, después remueven cielo y tierra para vender coolness en forma de arte en la calle, informalidad y buen rollo trasnochil made in espein.
Y si no se lo creen, pregúntenle al Niño de las Pinturas.
Leo con alivio que el Consejo de Europa prohibirá la utilización del mosquito, el altavoz que emite sonidos sólo audibles por personas jóvenes y que se utiliza en comercios del norte de Europa para dispersar a las pandillas que se reúnen en la calle, debido a que el artefacto “trata a los jóvenes como si fueran mascotas indeseables“.
Sin embargo, lo de tratar a los jóvenes no ya como mascotas indeseable, sino como proto-delincuentes, se está convirtiendo en algo habitual: en EE.UU. muchos alumnos pasan por detectores de metales y son sometidos a registros para entrar a la escuela; en Gran Bretaña, las ordenanzas de comportamientos antisociales permiten a la policía obligar a dispersarse a cualquier grupo de más de dos personas mayores de seis años; en Francia se plantea aumentar de media a completa la jornada de los guardias privados en los centros educativos; y en nuestro país las ordenanzas de civismo recogen como actitudes incívicas muchos comportamientos vinculados a la juventud (beber, cantar, jugar en la calle, etc.) que hasta que a alguien se le ocurrió tipificarlos como sancionables eran como mucho actitudes molestas propias de la diversidad en los usos del espacio público en los entornos democráticos.
Digo todo esto porque sólo este clima de histeria permite entender esta notícia aparecida en El País hace unos días: “Golpe a la cúpula de los Latin Kings con la detención de 40 jefes del grupo“: básicamente, unos jóvenes están en una fiesta, llegan los antidisturbios, les detienen, les decomisan los collares (porque no encuentran ninguna arma), les acusan de asociación ilícita, lesiones, atracos, amenazas y coacciones “entre otros delitos”, salen todos a los pocos días sólo con cargos de asociación ilícita.
Mientras estas historias ocupan páginas enteras en los medios de comunicación, el increíble proceso de legalización de los Latin Kings en Barcelona es cubierto sólo de forma anecdótica, construyendo la imagen del joven incívico condenado a un futuro de delincuencia. La edad como prueba de mala fe.
A los que hayan visto la excelente película La Cinta Blanca les animo a superar el paralelismo con la Alemania nazi y pensar en cuáles serán las consecuencias de tratar a los jóvenes de nuestras sociedades actuales como seres anti-sociales no-reinsertables.
Quien siembra vientos, recoge tempestades.
En Estados Unidos, una de cada cuatro personas tiene un empleo diseñado para proteger la riqueza y propiedades de los ricos.
… es lamentable pensar que una gran proporción de todos los esfuerzos y talentos del mundo están empleados para nada más que neutralizarnos los unos a los otros. El correcto objetivo del gobierno debe ser la reducción de este terrible desperdicio a la menor cantidad posible, adoptando las medidas que hagan que las energías que hoy gasta la humanidad en lastimarse los unos a los otros, o a protegerse del daño, sean dirigidas al uso legítimo de las facultades humanas…”
John Stuart Mill, Principios de Economía Política (1848)
Ahora que todo el mundo anda preocupado por la economía y la posibilidad (o no) de que los brotes verdes (o las olimpiadas pirenaicas, o la Casa Real) nos permitan hacernos productivos y competitivos y ricos y felices y primermundistas, llega a mis manos un artículo titulado “Garrison America” (que podría traducirse por algo así como “La América atrincherada”) que habla precisamente de la relación entre el trabajo productivo y lo que los autores llaman guard labor: aquellos empleos cuya función es la de proteger la riqueza y propiedades de un sector de la sociedad.
El estudio parte de la definición que hace Adam Smith del trabajo que directa o indirectamente produce bienes y servicios (el trabajo productivo) y lo compara con el trabajo de la policía, los guardas de seguridad, el personal militar y todos los que conforman el “aparato disciplinario de la sociedad”, a lo que llaman guard labor (trabajo improductivo). Los autores excluyen de su definición a abogados, formadores y trabajadores de la indústria armamentística y de aparatos de seguridad, pero incluyen a los desempleados (entendiendo el paro en su función disciplinaria de la clase trabajadora).
Esta premisa y los datos de que disponen les llevan a concluir varias cosas:
- que la relación entre polarización económica y guard labor es fuerte
- que la relación entre conflicto político y guard labor es todavía más fuerte
- que la legitimidad política y el gasto público se relacionan inversamente con el guard labor
Y a afirmar que aunque no se puede concluir causalidad directa entre desigualdades y guard labor, la relación entre ambos factores es claramente robusta.
El estudio, muestra, además, tendencias preocupantes:
- en Estados Unidos, la composición del guard labor ha cambiado significativamente desde mediados del siglo XX: anteriormente, el personal militar y de “supervisión” componía la mayor parte, mientras que desde entonces la proporción de policías, personal penitenciario y guardas privados no ha dejado de aumentar.
- actualmente, en Estados Unidos 1 de cada 4 personas está empleada en el guard labor (1 de cada 5 sin contar a los desempleados).
Es evidente, y los autores lo reconocen, que la falta de datos comparables y la definición “abierta” de guard labor hacen que los resultados no puedan ser más que tentativos, pero en un momento como el actual, en el que estamos debatiendo sobre modelos económicos y la cuestión de la seguridad acapara portadas de periódicos y programas políticos, es importante no olvidar el coste (económico y social) de apostar por sectores como el de la seguridad (pública y privada) para generar empleo.
Para una versión extendida del artículo, ver aquí
