Ningún país del mundo tiene tantas cámaras en el espacio público como Gran Bretaña (una por cada 14 habitantes, más de 4 millones en total). Nadie más se ha atrevido a llevar la lucha contra los comportamientos antisociales hasta el extremo de permitir la disolución policial de cualquier grupo de más de dos personas de más de seis años de forma preventiva. La deriva autoritaria del New Labour en los últimos años pone los pelos de punta.
Por eso no es difícil parecer radical desde la coalición liberal conservadora que va a gobernar el país durante los próximos cinco años. El programa de gobierno que acaban de hacer público David Cameron y Nick Clegg incluye propuestas en temas de libertades civiles que la llevan a una a llorar lágrimas de sentido común:
- Programa de medidas para revertir la erosión de las libertades civiles y hacer retroceder la intervención estatal
- Eliminación del plan de introducción de los carnés de identidad, del Registo de DNIs, de la base de datos ContactPoint* y de la próxima generación de pasaportes biométricos
- Ilegalización de la toma de huellas dactilares de menores sin autorización de sus padres
- Ampliación de la Ley de Libertad de Información
- Mayor regulación de la base de datos de ADN
- Restablecimiento del derecho a manifestarse de forma no violenta
- Introducción de garantías ante la mala utilización de la legislación anti-terrorista
- Mayor regulación de la videovigilancia
- Fin del almacenamiento de datos de utilización de correo electrónico e internet sin motivo
- Introducción de nuevos mecanismos para prevenir la proliferación de nuevos delitos penales
En definitiva: limitaciones a la persecución legal a la que están soletidos los menores ingleses sólo por el hecho de ser menores, mayores garantías de los ciudadanos ante el almacenamiento de sus datos privados sin motivo, revalorización de la presunción de inocencia, limitación de las tácticas policiales que restringen derechos colectivos y replanteamiento de la proliferación de tecnologías de control (biometria, videovigilancia, bases de datos, etc.).
En mi opinión, lo sorprendente no es que liberales y conservadores decidan izar la bandera de las libertades civiles y el garantismo. Lo que debería perturbar las noches de más de uno/a es cómo y por qué el camino hacia la sociedad de la vigilancia y el control lo ha pavimentado la nueva izquierda.
* Base de datos de menores de 18 años
Érase una vez un gobierno municipal en crisis, acosado por la oposición, por la desafección política y por una pérdida general de credibilidad.
Ante tal situación, el alcalde decidió revisar el Libro Gordo de las Buenas Ideas y se encontró con unos Juegos Olímpicos, que segun las crónicas de la época habían levantado los ánimos ciudadanos y reafirmado a su predecesor. Así que el alcalde dijo para sí: “Ya lo tengo, montaré un gran evento y el pueblo me amará de nuevo”. Así que importó ladrillos, expertos y azafatas y montó un Foro de las Culturas.
Para sorpresa de la corte, los sondeos no mejoraron, así que volvieron al oráculo y leyeron que las adversidades podían combatirse con una pizca de proximidad, dos de visitas a los barrios y tres de utilización del transporte público. Y, de nuevo, se pusieron manos a la obra: “¡el alcalde de la proximidad!”. Pero los sondeos seguían en caída libre.
Llegados a este punto, el alcalde empezó a darse cuenta que la desafección ya no estaba sólo fuera o en la oposición, sinó que el enemigo estaba empezando a instalarse en casa. Desesperado, se dirigió al epílogo del Libro Gordo de las Buenas Ideas, un epílogo al que sólo se podía acceder con una clave, transmitida de padres a hijos políticos y puerta de acceso a un manual secretísimo a utilizar sólo en caso de emergencias emergencísimas, y leyó: “ante situaciones desesperadas, y si uno no le tiene mucho apego a su alma y no le importa vendérsela al diablo, se puede recurrir al siempre exitoso populismo securitario”. Y no lo dudó. En tres meses tuvo redactada y aprobada una ordenanza cívica. Pero el diablo no perdona, y la ordenanza nació cuando ya se oficiaba la misa por el cadáver político del alcalde.
Cinco años después, otro alcalde, después de intentar liderar unos Juegos de Invierno y un proceso participativo fallido, al ver resquebrajarse el suelo mismo sobre el que se asentaba su cargo, se dispuso a abrir de nuevo el libro gordo de las buenas ideas, esta vez, debido a la situación de emergencia emergencísima, y como su predecesor años atrás, por la primera página del secretísimo epílogo…
Me muero de ganas de que caiga en mis manos un folleto de publicidad de alguna empresa de videovigilancia. Me imagino el eslogan: “Disuada a todo quisqui por un módico precio”, y luego, en letra pequeña “Efecto disuasorio demostrado en laboratorio, a la espera de datos en el mundo real”.
Igual que en el caso de los productos inverosímiles de la Teletienda, imagino que siempre hay alguien que pica, como quien se gasta 1.300.000 euros en poner videovigilancia en los autobuses nocturnos de Barcelona, en los que no se han producido incidentes graves, para “disuadir” a imaginados delincuentes potenciales.
Bromas aparte, el argumento disuasorio parece haberse instalado en el escenario político, y aparece una y otra vez sin que nadie lo cuestione, como buscando validarse por repetición. Porque lo cierto es que en ningún lugar del mundo ha podido demostrarse ese efecto disuasorio. En primer lugar, porque es muy difícil de medir (¿cómo contabilizar los delitos no cometidos?); en segundo lugar, porque cuando la videovigilancia ha reducido tasas de criminalidad, ésta ha ido acompañada por más presencia policial y otras medidas, con lo que es problematico atribuirlo sólo a las cámaras; y, en tercer lugar, porque en general las cámaras han demostrado generar un efecto desplazamiento de la delincuencia, con lo que ninguna evaluación de su eficacia debería olvidar la cuantificación del efecto de las cámaras sobre los espacios adyacentes a las zonas videovigiladas.
Lo que sí ha podido medirse, en cambio, es cómo la conciencia de la existencia de cámaras desaparece en cuestión de días o semanas, por lo que incluso en los casos en los que pudiera demostrarse el efecto disuasorio, éste no duraría mucho tiempo para más del 60% de la población; o cómo un creciente numero de personas justifica su no intervención en caso de conflicto por la existencia de cámaras, lo que sugiere que en lugar de fomentar el civismo, las cámaras estarían contribuyendo a “desresponsabilizar” a la gente y alentando la delegación en el “estado” en caso de conflicto o agresión.
En estas condiciones, los 1.300.000 euros de la concesión, más las nóminas completas de los policías que deberán controlar las imágenes (a partir de seis pantallas, la capacidad de monitorizar las imágenes cae a menos del 50%, y cubrir 24h/7 días requiere un mínimo de cuatro personas) son difíciles de justificar -cuando no contraproducentes.
Pero mientras a nadie le interese de verdad plantear políticas públicas de seguridad responsables y evaluables, uds. no olviden, por si acaso, disuadirse antes de subir al autobús.
“Cuando crece la inseguridad de los individuos (…) cuando el conflicto entre las clases y los grupos se agudiza y no encuentra ya una resolución simbólica en la esfera política; cuando el poder parece caer en el plano de lo real y aparece como algo particular al servicio de los intereses y apetitos de vulgares ambiciosos, para decirlo brevemente (…) entonces se desarrolla el fantasma del pueblo-uno, la búsqueda de una identidad sustancial, de un cuerpo social soldado a su cabeza, de un poder encarnador, de un Estado libre de división.”
Claude Lefort, La incertidumbre democrática.
Leo hoy sobre la preocupación de Noam Chomsky por la situación actual en EE.UU. y la combinación de frustración, desilusión, rabia justificada y la ausencia de una respuesta coherente por parte de la clase política a los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos. Su reflexión sobre las diferencias entre la reacción popular ante la depresión posterior al crack del 29, que él vivió, y la actual, hacen pensar -y mucho.
Lo más preocupante, sin embargo, es su mención de la República de Weimar y la explicación de cómo el nacionalsocialismo no tuvo que derrotar al comunismo y a la socialdemocracia, sino limitarse a ocupar el vacío dejado por los conservadores y los liberales, condenados a la desaparición por la creciente desafección política y su incapacidad de actuar. Este avance de la ultra derecha casi “por omisión” me hace pensar en lo ocurrido en Badalona hace unos días, donde el PP distribuyó folletos equiparando inmigración e inseguridad; o en la nueva apelación de Sarkozy a la seguridad, la ley y el orden para hacer frente a unas encuestas desfavorables y a un crecidísimo Front National; o el creciente clima existente en Catalunya, dónde las propuestas de la extrema derecha en relación al empadronamiento de inmigrantes (y su acceso a los servicios públicos) son recibidas con un casi unánime “si, si, no hay que ir tan lejos, pero algo hay que hacer” y una aprobación ciudadana de medidas de este tipo que puede superar el 90%.
Parece que, en toda Europa, los partidos establecidos se han lanzado a la caza del electorado potencial de las opciones políticas de extrema derecha adoptando versiones “blandas” de las propuestas fascistas y autoritarias de los no-ya-tan-grupúsculos filo-fascistas.
Pues eso, jugando con fuego, con “f” de Frente Nacional.
Que los gobiernos locales están más próximos al ciudadano y por lo tanto mejor posicionados para dar respuesta a sus demandas y necesidades es una idea que parece caer por su propio peso, y muchos argumentos pro-descentralización apuntan precisamente a esta lógica.
Sin embargo, en políticas públicas de seguridad, son estas instancias locales las que están liderando la exigencia de mano dura y poniendo sobre la mesa propuestas no sólo de dudosa legalidad, sino de clara afinidad con el ideario de la extrema derecha. Ante estos casos, son las instancias estatales, autonómicas y judiciales las que están reafirmando la necesidad de respetar derechos fundamentales y el principio de la igualdad ante la ley.
Hoy mismo, por ejemplo, recoge la prensa el aval al uso del pañuelo por parte del Ministerio de Justicia, en contra del centro escolar que hace unas semanas decidió expulsar a Najwa (con el apoyo del Ayuntamiento de Pozuelo). Igualmente, ante la petición hace unos meses del alcalde de Vic de dejar de empadronar a inmigrantes irregulares, fueron la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros las que ampararon las declaraciones realizadas por el Ministro de Trabajo e Inmigración en relación con la ilegalidad que supone restringir el acceso a los servicios disponibles. Y aún otro ejemplo: en el caso de la videovigilancia, es la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia quien vela, en el caso de Catalunya, por el respeto a la intimidad y a los derechos individuales y colectivos y pone coto a las crecientes solicitudes de instalación de cámaras en el espacio público de pueblos y ciudades.
Visto lo visto, y sin negar que el ámbito local es también muchas veces un espacio de innovación democrática, en temas de seguridad a mi mejor me gobiernan desde lejos, gracias.
