Escribía hace unos meses sobre la creciente dificultar de distinguir entre lo que en inglés llaman “Homeland Security” (la seguridad interior, vinculada a los grandes riesgos, tipo terrorismo) y la “community safety” (la seguridad del día a día, la vinculada a la policía de proximidad y a la calidad de vida) en políticas públicas de seguridad.
Especialmente desde el 11-s, las fronteras entre los dos términos se han ido esfumando, a como mínimo haciéndose borrosas. De repente, miedos “exteriores” justifican controles cotidianos, y los mecanismos cotidianos de seguridad se centran en el “otro” como amenaza nacional en potencia.
En parte todos somos cómplices de esta situación: sea por cómo hemos digerido los grandes atentados del siglo XXI (en esta parte del mundo), o por el énfasis mediático global en la relación terrorismo-migración-inseguridad, muchas veces nuestros miedos cruzan esa frontera entre “security” and “safety” y reproducen las dinámicas preventivas y basadas en el profiling tan en boga actualmente.
Pero una cosa es que un ciudadano/a, en una conversación de bar, mezcle la inmigración con el terrorismo con la pobreza con el velo, y la otra es que lo hagan los responsables de las políticas de seguridad, que conscientes de que este tipo de asociaciones de ideas atentan contra derechos básicos (presunción de inocencia, sin ir más lejos), entran en el juego de confundir términos.
El caso reciente de la ciudad británica de Birmingham es paradigmático: hace unas semanas, la policía instaló más de 200 cámaras de videovigilancia para combatir “la delincuencia, el desorden y los comportamientos antisociales” en algunos de los suburbios de la ciudad con un mayor porcentaje de población musulmana. Estos fueron los objetivos que se les comunicaron a los pocos representantes de las zonas a los que se les informó de la iniciativa policial, hasta que hace unos días The Guardianhizo público que los 3 millones de libras de financiación del proyecto provenían del fondo de Terrorismo y Temas Relacionados. Es decir, que el objetivo no era proteger a los habitantes de esos barrios de la pequeña delincuencia, sino proteger al resto del país de esos ciudadanos, terroristas potenciales por su confesión religiosa y lugar de residencia.
De nuevo, la distancia entre los objetivos declarados y los reales de las políticas securitarias se convierte en un abismo que entierra garantías democráticas, principios fundamentales, exigencias mínimas de responsabilidad política y la necesidad de justificar los altos costes de unas políticas que, hasta la fecha, han demostrado ser incapaces de hacernos sentir más seguros.
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P.D.
Algunas actualizaciones de posts anteriores:
Nuevas notícias sobre el mosquito anti-jóvenes, aquí
Análisis de Statewatch del programa lib-dem sobre vigilancia en Gran Bretaña, aquí
Lleida, El Vendrell y Barcelona son las tres primeras ciudades españolas en prohibir el uso del burka en los edificios de titularidad municipal.
Curiosamente, Lleida tiene también el honor de contar con el sistema de videovigilancia en el espacio público más antiguo del Estado, y con la primera Ordenanza de Civismo que ha debido ser modificada a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
A El Vendrell también le gusta ser pionera, y tiene el dudoso honor de ser, junto con Vic, la ciudad con más ediles del partido xenófobo y ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), además de ser el municipio catalán con más metros cuadrados de espacio público cubiertos por videovigilancia por habitante.
Barcelona no se queda atrás, y la suya fue la primera Ordenanza de civismo de nuevo cuño, de las que mezclan el mear en la calle con la prostitución, la venta ambulante y jugar a pelota; y en cuanto a videovigilancia, después de años de una cierta reticencia, entre 2009 y 2010 se acordó pasar de 4 a 14 cámaras en el espacio público.
La realidad de las tres ciudades demuestra que el debate sobre el burka no puede verse como un hecho aislado. La progresión en la adopción de medidas seuritarias orientadas al control de los comportamientos muestra que la cesión momentánea ante las presiones de la derecha y la extrema (en todos los casos las primeras propuestas en los plenos municipales llegó de la mano de PxC, PP o CiU) no hace más que inaugurar una descenso interminable a las catacumbas del populismo punitivo.
Josep Anglada, presidente de la PxC, demostró no albergar dudas cuando después del pleno de El Vendrell afirmó: “Esto no ha acabado aqui, es solo el comienzo“.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Se acerca el verano e intuyo ya las portadas con fotos de las playas llenas de vendedores ambulantes y masajistas, y las promesas de mayor presencia policial, videovigilancia y orden.
Como mencionaba hace unas semanas en un post sobre el quality of life policing, la combinación de turismo y civismo parece generarle al sistema un cortocircuito generalizado que se hace aún más evidente en verano, y al que ahora se le une el factor crisis económica, que está obligando a muchas zonas costeras de nuestro país a replantearse el modelo de crecimiento que tantos bolsillos ha llenado en los últimos 50 años.
Este tipo de espacios se debate entre múltiples contradicciones, la mayoría provocadas por una dificultad evidente para romper con el modelo de desarrollismo basado en el ladrillo y el turismo. Los responsables de estas zonas costeras son conscientes de que el modelo se acerca a su fin, pero la esperanza de, milagrosamente, todo vuelva a ser como antes se palpa en el ambiente. El rechazo al turista de bajo poder adquisitivo se mezcla con una dinámica no explícita que apuesta por añadir la impunidad a la oferta turística para no perder clientes: nuestras playas ya no serán las más bonitas, ni nuestros cubatas los más baratos, ni nuestras calles las más exóticas… pero aquí el turista es el rey. Y si cada mañana tenemos que limpiar los vómitos de su borrachera de nuestros portales, lo haremos con gusto, porque sus euros nos dan de comer. Y si cuando vienen quieren no tener que pensar en qué constituye el respeto, no se preocupen, suspenderemos nuestras ordenanzas de civismo, porque su incivismo trae $$$. Y si a última hora ud. decide liberar su frustración ante el agotamiento de las vías gratuitas de obtención de sexo con un completo en un rincón, no se preocupe, nos encargaremos de que las portadas y las multas se centren en la nigeriana que le ha dado alivio.
En un país que ha apostado tanto por el desarrollismo de sol y playa, la irresoluble tensión entre la legalidad y el imperativo del crecimiento económico tiende a resolverse creando un doble rasero legal y añadiendo a unos paquestes turísticos cada vez menos competitivos un 2×1 de impunidad.
Los discursos sobre la necesidad de apostar por modelos que respeten el medio ambiente y al ciudadano, que antepongan los principios del estado de derecho a los intereses de algunos sectores económicos y que dejen atrás el monocultivo turístico y los bajos salarios quedan así en agua de borrajas. Pero es que además no le hacen ningún favor a la reconversión que preconizan, ya que la posibilidad de que el deseado turista cívico pille el mensaje y abandone el MoMa (o el Guggenheim!) para venir a pasearse por nuestras playas parece no ya remota, sinó hasta cómica.
Bueno, tragicómica. De las de reír para no llorar.
Me sumo con un cierto retraso al debate sobre la recién aprobada ley en Arizona que establece que la policía puede pedir los papeles a cualquier persona que parezca sospechosa de estar en situación irregular si ésta ya está siendo objeto de una intervención policial (tipo: “párese ud. que va a 180km/h, y ya que estamos muéstreme los papeles”).
Me parece fantástico el revuelo que ha generado la ley, sobre todo por poner sobre la mesa el temor a que este tipo de planteamientos puedan fomentar la utilización de estereotipos raciales (racial profiling) por parte de la policía a la hora de decidir a quién se le pide la documentación.
Lo que me preocupa es que este acto colectivo de llevarnos las manos a la cabeza por las barbaridades que se hacen allá a lo lejos nos sirva de excusa para no ver cómo está el patio por aquí. Porque, siento romper el espejismo autocomplaciente, el racial profiling es el pan de cada día en los procedimientos policiales de la vieja Europa. Y no lo digo yo, sino el Open Society Institute de George Soros, que el año pasado publicó un imprescindible informe sobre racial profiling en la Unión Europea que concluía que ésta es una práctica generalizada (además de ineficaz y discriminatoria).
En España, por ejemplo, ciertos grupos étnicos tienen hasta diez veces más probabilidades de ser parados por la policía, a pesar de que el porcentaje de intervenciones de este tipo que consiguen descubrir alguna infracción es muy bajo: en el caso de Fuenlabrada, uno de los pocos municipios que estuvo dispuesto a colaborar con el proyecto, el porcentaje de “éxito” en las intervenciones era del 6%, es decir, el 94% de las personas interpeladas lo eran por nada y para nada (mientras que con la introducción de hojas de servicio que obligaban a los agentes a explicitar el motivo de la demanda de documentación, este tipo de actuaciones se redujeron en un 70%, pero la tasa de éxito subió al 26%).
Así que sí, lo de Arizona es terrible. Pero lo revelador es que, en el contexto europeo, la precaución que incluye la nueva ley del Estado del Gran Cañón de pedir los papeles a quien “parezca” culpable de algo sólo cuando antes exista otra cosa que motive la intervención policial parece hasta garantista!
