Había previsto unas vacaciones de columnista, pero algunos acontecimientos recientes me dificultan mantener el silencio auto-impuesto.
35 años después de que lo cantara The Clash, es oficial. London’s burning. Una vez más, sin embargo, ‘los mercados’ y su teóricamente temido ‘lunes negro’ han dejado en segunda fila las cosas importantes. Pero vayamos por partes, ni que sea telegráficamente.
Los hechos
El Jueves 5 de agosto, Mark Duggan, de 29 años y padre de 4 hijos, muere por el disparo de un policía en el norte de Londres. El sábado a las 5 de la tarde, y cuando aún no habían podido ni acceder al cuerpo ni obtener ninguna explicación oficial, la familia de la víctima, con conocidos y miembros de la comunidad, se dirigen en manifestación a la comisaría del barrio para exigir que alguien les reciba. Cinco horas después, siguen en el lugar sin respuestas, y un trabajador social avisa a la policía de que si nadie les recibe antes de que se haga de noche, la cosa se puede poner fea. En un momento determinado, una chica de 16 años se acerca a la policía para pedir explicaciones, pero es apartada con violencia. Parece que esto es lo que desata la primera revuelta, que dura toda la noche del sábado y acaba con coches, autobuses y edificios incendiados.
Desde entonces, las revueltas se extienden. Por encima de divisiones étnicas, religiosas o cualquier otra línea ficticia cacareada en los últimos años, la brecha que aparece es, sobre todo, generacional. El lunes por la noche, por ejemplo, unos jóvenes atacan la mezquita del este de Londres (aunque son repelidos por los fieles, que protegen el edificio y les echan al grito de ‘cómo os atrevéis’), y muchos testigos hablan de que la gran mayoría de los protagonistas de los actos violentos son blancos.
Sin querer extenderme mucho, sí creo que hay algunos datos que hay que poner sobre la mesa para comprender lo que está pasando.
El contexto
- El 31 de julio de 2011 el Guardian publicaba un vídeo sobre la situación en Haringey (donde empezaron los disturbios) entrevistando a jóvenes sobre la situación en el barrio después del cierre de los centros comunitarios para jóvenes (consecuencia de una reducción presupuestaria del 75%). Todos coincidían en que su situación era ya de una vulnerabilidad y pobreza extrema, sin perspectivas laborales y en un entorno desestructurado y violento. El último entrevistado sentenciaba: ‘Habrá revueltas’. No hacían falta expertos, pues: el barrio lo estaba anunciando a gritos.
- Desde 1998, 333 personas han muerto mientras estaban en dependencias policiales o bajo custodia policial. Ningún policía ni responsable político ha sido jamás condenado por ninguno de estos hechos. En los últimos años, casos como el de Charles de Menezes, asesinado a sangre fría por la policía en el metro por ‘presunto’ terrorista, y de Ian Tomlinson, que murió de un ataque al corazón después de una carga policial, sólo salieron a la luz gracias a las personas y los medios de comunicación que aportaron pruebas de la falsedad del relato policial. En el caso de Mark Duggan, la versión policial, hasta ayer, era que él había disparado primero. Hoy sabemos que el único otro tiro que había en la escena del caso procedía también de un arma policial.
- La violencia callejera y el pillaje no son patrimonio de jóvenes de zonas marginales. Las situaciones de violencia y caos atraen a personas de todos los perfiles (una de las revueltas contra la policía más importantes de los últimos años en nuestro país ocurrió en Pozuelo de Alarcón, el municipio con más renta per cápita de Madrid). No hay, pues, necesariamente mensaje político ni de protesta en el looting. Lo que sí hay es un síntoma inequívoco de desarticulación social. En el caso de Londres, emerge también un sentimiento anti-policial generalizado alimentado en algunos casos por motivos legítimos (mencionados en el punto anterior), pero también por una cultura popular de violencia y enfrentamiento (los jóvenes llaman a la policía ‘feds’, como si fueran agentes del FBI y Londres fuera Los Angeles).
- Paralelamente, la policía londinense se encuentra en un estado de desmoralización extrema. A los escándalos policiales (los casos recientes mencionados, a los que se suma la corrupción destapada por el escándalo del News of The World y la dimisión de altos cargos) se suman reducciones salariales del 25%, amenazas de despidos y una creciente indignación por la situación del país que acerca a muchos agentes a las posiciones de aquellos contra quienes se les ordena actuar. Adicionalmente, la fijación de los últimos años por parte de los mandos policiales y políticos por centrar la atención en posibles terroristas y movimientos sociales legítimos, ha generalizado las redadas en zonas pobres y las tácticas agresivas en las manifestaciones, dejando a las fuerzas de seguridad peor preparadas para afrontar problemas reales de orden público como los actuales.
Aunque gran parte del vandalismo de estas horas en Londres no es político ni defendible, las revueltas son la cara previsible de las políticas de austeridad. Para poder prever este tipo de acontecimientos, sin embargo, hay que tener memoria: memoria de la historia de la humanidad, memoria de los eventos y dinámicas sociales, felices y desgraciadas, que nos han llevado hasta aquí. Para gestionar la crisis hay que saber que aparte de políticos y mercados, en este mundo hay gente. Gente que, mira tú por donde, dice basta. Y, en ausencia de esperanza, en ausencia de proyecto colectivo, en la ausencia de un relato compartido de construcción de un futuro mejor, la rabia y la destrucción actúan como única catarsis posible. Quién no tiene nada que perder, no pierde nada saltándose todas las normas.
Pero los hechos de Londres no sólo ponen sobre la mesa el éxito de las políticas de austeridad y recortes en la desarticulación social de las comunidades y la pauperización de los más débiles, sinó también que la catarsis colectiva puede tener muchos rostros. Uno de ellos es el de Londres. Pero otro es el del 15m. Con todas sus contradicciones, traspiés e ingenuidad, el 15m lleva tres meses reconstruyendo lo ‘desconstruido’, articulando un proyecto colectivo de esperanza que hace posible que la respuesta a la crisis y a la pésima gestión de la crisis no pase por quemar bancos y comisarias, sino por debatir alternativas en las plazas y luchar por devolverle la cordura al mundo y la kratos a la democracia.
Quien quiera negar que hoy las asambleas en las plazas son lo que separa a este país del abismo, o miente, o manipula o, sencillamente, no se entera.
Hace unos meses, a raíz de la intervención policial en Barcelona durante la jornada de huelga general del 29-s escribí en este mismo espacio sobre ‘la policía en democracia’, intentando reflexionar sobre estrategias policiales y alertando del peligro de que una mala comprensión por parte de responsables políticos y técnicos de las complejidades de la actuación policial en democracia y del marco legal podía acabar convirtiendo a la policía en el brazo tonto de la ley.
Ocho meses después, y con un cambio de gobierno autonómico de por medio, mis temores de entonces no han hecho más que agravarse. Las cosas que se oyen hoy en Catalunya no las he oído jamás en ningún lugar del mundo (y hace ya tiempo que me muevo entre cuerpos y fuerzas de seguridad): ¿justificar la no identificación de la policía ante ciudadanos y prensa? ¿Plantear detenciones preventivas? ¿Crear unidades especiales para grupos definidos por su ideología? ¿Ir hasta donde lo permita la ley… y más allá?
¿Pero esto qué es? ¿El Far West? ¿Grand Theft Auto?
Sólo en el último mes, los Mossos d’Esquadra han protagonizado, primero, un intento de desalojo de una protesta pacífica que ha llevado Barcelona a las portadas de medios de comunicación de todo el mundo, recuperando una asociación entre España y el subdesarrollo democrático que llevábamos décadas intentando borrar de la memoria colectiva (y de la del turista potencial). En segundo lugar, un dispositivo policial para garantizar la seguridad de 135 diputados ante un anunciado bloqueo del Parlamento que movilizó a un total de 1,800 agentes pero no pudo aislar a un reducido sector de provocadores ni proteger a los diputados de insultos y zarandeos.
Sin haberse cumplido ni tres años del despliegue de las fuerzas autonómicas por el territorio catalán, pues, los Mossos se enfrentan hoy a una crisis de legitimidad sin precedentes (en cenas familiares y actos sociales, por ejemplo, decir hoy que uno es Mosso d’Esquadra no es lo mismo que decirlo hace unas semanas). Además, las dudas sobre la capacidad para diseñar dispositivos policiales efectivos en temas de orden público son generalizadas (todos los partidos de la oposición han subrayado este punto).
Si las crisis son oportunidades, los hechos de las últimas semanas ponen sobre la mesa como mínimo dos cosas:
1) Que las fuerzas policiales deben ser mejores que sus responsables políticos. Que un alto cargo no se haya leído la Constitución ni sepa cuál es el marco legal en el que se encuadra la actuación policial es un problema, pero que la policía actúe como si tampoco lo supiera es una tragedia. Ir identificados, rechazar el archivo de las simpatías ideológicas de la ciudadanía y respetar la ley deberían ser exigencias que salieran del cuerpo. Por compromiso con el Estado de Derecho.
2) Que la mala comprensión de las situaciones lleva a malos dispositivos policiales. Los hechos recientes dejan claro que falta experiencia en la gestión del orden público, y que hay dificultades para diferenciar la protesta legítima de la ilegítima. Una mejor formación y la creación de mecanismos de mediación con la sociedad civil permitirían revertir la deriva actual, en la que la policía autonómica lleva más camino de convertirse en la guardia privada de la Corte que en la institución de defensa del libre ejercicio de derechos y libertades que dicta su misión constitucional.
Como dije en octubre, la ciudadanía y las personas que integran las fuerzas de seguridad nos merecemos responsables políticos y técnicos capaces de entender las complejidades de la actuación policial en democracia. La alternativa, nunca mejor dicho, es caer fuera del sistema.
‘Hay mucha más gente en la zona, pero no con el perfil de consumidor, que necesita cierta tranquilidad, cierta seguridad y limpieza para hacer sus compras’.
Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de Comercio de Madrid
En los últimos días, la presión sobre las acampadas ha ido creciendo. Aunque es previsible que en los próximos días se apueste por la descentralización y las asambleas en detrimento del formato acampada, los indignados quieren ejercer su derecho a ocupar el espacio público y quieren seguir una agenda propia, no la de los responsables políticos o los representantes de los comerciantes. Éstos, a su vez, exigen volver a la ‘tranquilidad’.
Si las deliberaciones de los indignados han roto muchos de los pactos de silencio alrededor de la democracia, la representación y el sistema político, el debate sobre el uso del espacio público también está obligando a muchos a dejar de pasar de puntillas sobre los consensos construidos alrededor de qué se puede y qué no se puede hacer en las calles y en las plazas.
En boca de responsables políticos y representantes comerciales, estos días hemos oído de todo. La necesidad de no tolerar la ocupación ciudadana del espacio público se ha vestido de civismo, de higiene, de seguridad, de ilegalidad… adaptando a Groucho Marx, los partidarios de forzar los desalojos parecen decir ‘éstas son mis razones, y si no le convencen… tengo otras’. Todos los males del mundo convergen en las plazas… ¿seguro?
¿Ilegalidad? El espacio público existe para ser apropiado por la ciudadanía. Desde la antigüedad, calles y plazas han sido el lugar del encuentro, el intercambio y la deliberación, del debate político. ¿Qué son los parlamentos, en su origen, si no plazas cubiertas? Por eso la Constitución Española recoge derechos como la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación y sólo limita su ejercicio en la vía pública a ‘la alteración del orden público CON peligro para personas o bienes’. El Tribunal Constitucional, además, indica que ‘el derecho de reunión cuando se ejercita en lugares de tránsito público es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, de la defensa de intereses o de la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por tanto, un cauce relevante del principio democrático participativo’. Mientras discurra de forma ‘pacífica y sin armas’, pues, la ocupación de las plazas no sólo no es ilegal, sino que, con la ley en la mano, puede considerarse un deber democrático.
¿Seguridad? La Puerta del Sol, y las plazas ocupadas en general, son hoy espacios más seguros que antes del 15m. En cualquier espacio, la presencia de personas de forma permanente genera una red de control social que desincentiva la comisión de actos delictivos, pues éstos son difíciles de invisibilizar, y la impunidad es poco probable. No tengo dudas de que desde el 15m en las zonas colindantes a las acampadas se han producido menos hurtos en viviendas y espacios comerciales de lo habitual, y que las denuncias por pequeños actos delictivos han disminuido significativamente. La seguridad a la que se hace referencia cuando se buscan motivos para deslegitimar las acampadas, pues, no puede tener que ver con la seguridad de las personas ante la posibilidad de ser víctimas de un acto delictivo. Si lo que los comerciantes de Sol pretenden plantear es el potencial sentimiento de inseguridad del potencial cliente potencialmente asustado por la posibilidad de ser potencialmente asaltado por un ‘perroflauta’, se mueven en el espacio del perjuicio, el estereotipo y la manipulación del miedo, no el de la legalidad vigente ni el del riesgo objetivo.
¿Higiene? La utilización de la higiene y la limpieza para legitimar procesos de expulsión de colectivos sociales de ciertos espacios no es nada nuevo. Las ciudades de la Modernidad, empezando por París, practicaron ya un urbanismo anti-movimientos sociales en el siglo XIX. Con la excusa de la higiene se derribaron barrios para construir grandes avenidas, pero las avenidas no sólo solucionaron el problema del alcantarillado, sino también la existencia de callejuelas fácilmente bloqueables por ciudadanos indignados. Al final, el diseño urbano higienista no hizo sólo ciudades más limpias, sino más al gusto e imagen de nuevos colectivos sociales urbanos que reclamaban un espacio público en el que lucir su nivel adquisitivo sin ser molestados por las consecuencias sociales de la explotación laboral (la miseria). Se hizo limpieza, sí, limpiando las ciudades de pobres. Hoy, de nuevo, y como si no hubieran pasado 150 años, se quiere limpiar las ciudades de indignación (como si el fuego se apagara cortando árboles).
Aunque les pese a algunos comerciantes, los ciudadanos y ciudadanas no hemos pagado la urbanización de calles y plazas para que éstas constituyan alfombras rojas que conduzcan a sus escaparates. El consumo es una de las muchas posibilidades que ofrecen las calles, pero ni es la principal, ni es obligatoria ni está por encima de las demás. Las personas que ocupan hoy los espacios públicos de nuestro país no tienen perfil de consumidor, no, tienen perfil de ciudadanos y ciudadanas ejercitando derechos legítimos y protegidos por la Constitución. Es lo que tiene la democracia.
Una de las ‘sorpresas’ predecibles de los resultados del 22m en Catalunya ha sido la expansión territorial del apoyo electoral a Plataforma per Catalunya (PxC), el ‘partido independiente catalán centrado en la seguridad ciudadana y el control de la inmigración’. Ahora los medios y los ciudadanos apoltronadamente bienpensantes están rasgándose las vestiduras: en el cinturón de Barcelona ya no se lleva el rojo, sino el azul-muerte.
El teatro de la indignación, debo confesar, me deja fría. Qué fácil es mostrar desdén e ilustrada incomprensión por los trabajadores que, en su ignorancia (cómo no), votan opciones que se sitúan fuera de los límites de lo aceptable.
Los límites de lo aceptable, sin embargo, no los ha roto ni PxC ni las personas que les han votado. Los límites de lo aceptable los rompieron los que en su momento no se rasgaron las vestiduras ante propuestas anticonstitucionales como la posibilidad de no dar cobertura sanitaria y educativa a las personas sin documentación; ante propuestas que vulneran el estado de derecho como exigir ‘certificados de buena conducta’ a unos y no a otros, o que algunas penas sean diferentes para ‘autóctonos’; ante afirmaciones como que ‘los inmigrantes han traído enfermedades ya erradicadas’ o ‘colapsan los hospitales’.
Ninguna de estas propuestas o afirmaciones ha salido de candidatos de PxC. Todas las han articulado miembros de partidos ‘respetables’, normalizando la utilización política del miedo al otro y llevando los límites de lo aceptable hasta el peligroso territorio de la extrema derecha. Cada vez que un político ha decidido jugar con el populismo y la mano dura para ganar votos, cada vez que un periodista ha preferido dar cancha al miedo para conseguir más share, los límites de lo aceptable en democracia se han ido atrofiando.
Porque, al final, PxC es una fuerza residual y con un voto muy poco ideológico. La PxC cosecha sus mejores resultados en los comicios municipales, pero pierde gran parte de los votos en consultas autonómicas (ver post ‘Promesas incumplibles‘). Entre 2007 y 2011, además, en los municipios en los que el partido lleva más tiempo teniendo un cierto papel en política, lo que se ha ganado entre los dos comicios locales (cuando ha ganado algo) no es más que un puñado de votos . Sólo es significativo el avance en Manresa, por ejemplo, con 852 votos más, pero tanto como el de Cervera, dónde se han perdido 349 votos de los 639 cosechados en 2007. La presencia institucional, pues, tiende a erosionar a Plataforma, y su voto es poco fiel.
Así que el problema no es ni PxC ni el 1,80% del electorado de Catalunya que les ha votado. Catalunya no es más facha hoy que ayer. En realidad, y cómo constatan algunos trabajos aún escasísimos sobre el electorado de la PxC (como el proyecto de tesis de Aitor Hernandez-Carr), para algunos de sus votantes, Plataforma es una alternativa ‘soft’ y no españolista al Partido Popular.
La normalización del racismo, la vinculación permanente y gratuita entre delincuencia y seguridad, y la instrumentalización del miedo para desviar la atención de otros problemas (como la corrupción) no son, pues, patrimonio de PxC. Quienes le están fallando a la democracia no son sólo los que no se preocupan de saber qué votan (¡o a quién representan!), sino también, y principalmente, los que hace tiempo que desprecian desde tribunas públicas, y en nombre de la seguridad, los pilares mismos en los que se basa la construcción de la democracia: la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la no-discriminación y los derechos humanos.
Así que recompónganse, piensen en qué sociedad quieren para sus hijas e hijos, salgan de su pretendida equidistancia y empiecen a hacer algo para que si algún día las opciones de extrema derecha salen definitivamente de la marginalidad, nos quede algo que valga la pena defender.
Hace semanas que no escribo, porque hace tiempo que las reflexiones se me amontonan en la cabeza, pero se me mezclan con incredulidad y enmudezco. Quiero hablar de seguridad, pero cada idea se me hace grande y se convierte en enmienda a la totalidad.
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Demasiados disparates en la tele, demasiadas verdades en las plazas.
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En relación con la utilización electoral de la inseguridad y el orden público, oír en pocos días barbaridades como que “los inmigrantes han traído enfermedades ya erradicadas”, como dijo la presidenta del PP de Catalunya, o que hay que ir “hasta dónde la ley lo permita y más allá” para evitar “alteraciones del orden público” (léase manifestaciones) y “atentados a la propiedad privada” (que es cuando una persona le rompe un cristal a un banco, no cuando un banco le rompe la vida a una persona), como dijo el responsable de interior de la Generalitat catalana después de la manifestación del Primero de Mayo, o leer en un programa de gobierno que el futuro de la seguridad pasa por la seguridad privada, basta para dejar a cualquier persona que se haya creído esto de la construcción democrática en estado de shock.
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Dicen algunos politólogos que es habitual que los políticos copien recetas de otros lares, y que muchas veces, cuando esas recetas no consiguen los resultados previstos, los políticos copiones, escasos de ideas propias, prefieren endurecer las recetas a cambiarlas. Esto explica que se siga utilizando la carta racista y la mano dura cuando es evidente que la mayoría de nosotros nos hemos quedado sin tiempo para insultar al recién llegado, ocupados como estamos en intentar que no nos sobre tanto mes al final del sueldo/subsidio/ayuda familiar.
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Me temo, no obstante, que esta obstinación por insistir en recetas que ya no sirven no se limita al ámbito de la seguridad. Nuestros gobernantes muestran tanta cabezonería en el uso irresponsable de la inseguridad como en la perpetuación de políticas de humillación salarial de trabajadores y trabajadoras y de descapitalización de los servicios públicos que nos están llevando al desastre personal y colectivo. En el manual político del siglo XXI dice privatizar y precarizar, y, como semos europeos, toca callar.
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Bueno, tocaba. Desde el 15 de mayo, muchos ya no se callan, muchos ya no nos callamos. Lo que estamos viviendo en estos meses, en políticas de seguridad (que es lo que conozco), en políticas sociales y en políticas económicas (que es lo que vivo) es un ataque concertado a principios democráticos que parecían intocables: el Estado de Derecho, salud y educación para todos, una fiscalidad progresiva, la posibilidad de soñar en dejar un futuro mejor a las próximas generaciones… las cuatro cosas que parecían llenar de sentido la superación de la dictadura.
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¿Y para qué? ¿Para reequilibrar la balanza de pagos? Después de años de relación inversa entre la “moderación salarial” y el aumento del paro, entre el endurecimiento del Código Penal y la sensación de inseguridad, entre la inversión en campañas electorales y la confianza en los políticos, no me digan que esta crisis es económica: ESTA CRISIS ES POLÍTICA.
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Que los bancos no renuncien a exprimir a sus clientes no sorprende a nadie; que las grandes empresas chantajeen a las arcas públicas para conseguir subsidios para luego llevárselos a Suiza es habitual; que los empresarios no hagan contratos indefinidos pudiendo ahorrarse derechos con contratos precarios es previsible; que las constructoras compren favores para conseguir contratos es el pan de cada día; que las multinacionales de la sanidad presionen para que el Estado les mande clientes es natural.
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Lo que no es normal es que los representantes de la ciudadanía sirvan a bancos, grandes empresas, constructoras y multinacionales y no a las personas que les pagan el sueldo, ni que se dediquen a cubrirse mutuamente cuando la punta del iceberg de favores, sobornos, enchufes, malversaciones y engaños sale fugazmente a la luz. Lo que no es normal es que se llenen la boca de seguridad cuando nos echan a un abismo de trabajo precario, ejecuciones hipotecarias, emigración económica, policía privada, sanidad rentable, educación inalcanzable, salarios de miseria e irresponsabilidad política.
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Lo que gritan hoy las plazas de todo el país es que los problemas sociales merecen políticas sociales, y no ajustes estructurales. Que si los ciudadanos les damos miedo, ni pueden protegernos ni merecen representarnos. Que si ni saben, ni quieren, ni pueden, que renuncien.
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La incógnita ahora es saber qué gritarán las urnas el domingo -y cómo los resultados afectarán al futuro del grito de dignidad y cordura que retumba en las plazas.
Llevo un par de semanas escuchando cómo los políticos en pre-campaña utilizan la delincuencia y la seguridad (a menudo asociadas a la inmigración) para conseguir la atención de los medios de comunicación y posicionarse de cara a las elecciones municipales: que si eliminar a los mendigos de la calle, que si mano dura contra los reincidentes, que si los trileros al paredón, que si las mezquitas no-sé-què, que si las prostitutas no-sé-cuantos…
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Yo no soy asesora electoral y mi bola de cristal hace tiempo que no da una, pero si fuera a contratar a alguien para que me asesorara le pediría cómo mínimo que de vez en cuando pusiera un pie en la calle y hablara con alguien de carne y hueso. Porque los seres de carne y hueso estamos hoy bastante más asustados que en 2007. Pero no porque nos puedan robar el bolso ni por ver cómo la gente se busca la vida en la calle en un país con un 20% de paro, sino porque como sigan acertando tanto con las recetas contra la crisis, a este paso nos quedamos todos y todas sin nómina, sin casa y sin futuro.
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Por eso todos los indicadores muestran que las preocupaciones de la población han dado un vuelco espectacular en los últimos años. No tengo datos a mano de todo el país, pero en Catalunya, por ejemplo, la “preocupación” por la inmigración ha pasado en los últimos años del primer al quinto puesto entre las prioridades ciudadanas, y la inseguridad ciudadana del segundo al sexto. A su vez, el paro y la precariedad han pasado de ser la preocupación de menos del 10% de la población a tener en vela a más del 50%.
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Y este es el quid de la cuestión. Una sociedad sólo puede permitirse el lujo de tener entre sus grandes preocupaciones el ruido de los jóvenes y el incivismo del ciclista cuando no se despierta por la noche con el corazón en un puño por el futuro propio o de los próximos. Querer que le saquen a uno del portal al mendigo sólo es una posibilidad cuando su rostro no refleja el nuestro mañana. El revanchismo que hemos practicado mientras nos creíamos ganadores no es sostenible cuando nos levantamos cada día para asomarnos a la posibilidad de perder el trabajo, la atención médica, la pensión y todos los sueños de progreso que nos hacían seguir apostando cada cuatro años por el orden establecido.
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Que mientras nosotros nos damos cuenta de estas cosas, ellos sigan dándole al PLAY del viejo cassette electoral para saturarnos con el “que viene el lobo/trilero/mendigo/grafitero/inmigrante” es tan absurdo que como mínimo podrían ahorrarse lo que les cobran los asesores. Este manual está demasiado gastado para que se lo facturen como nuevo.
Hace unos días, la Audiencia Nacional confirmó la multa impuesta a El Corte Inglés de Málaga por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por grabar con 8 cámaras ‘domo’ (360º de movilidad y función zoom, nada menos) a coches, personas y espacio público desde su fachada. La prepotencia mostrada por el centro comercial en el primer recurso, llegando a negar la existencia de un fichero con datos personales y solicitando poder grabar la vía pública desde cada uno de sus centros en España, más el hecho de que lo que permitió la intervención de la AEPD fue la denuncia de un particular, me anima a escribir un post sobre cómo denunciar la existencia de cámaras que vulneren derechos.
Algunos datos clave:
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- En nuestro país, sólo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden instalar y monitorizar cámaras de videovigilancia que capten imágenes del espacio público.
- En muchos casos, los edificios públicos cuentan con seguridad privada, con lo que sus cámaras no pueden enfocar más que la fachada y entradas, jamás la calle u otros edificios colindantes.
- Las cámaras privadas (aunque estén en edificios públicos) sólo pueden grabar imágenes de espacios privados, y si las imágenes se conservan (30 días como máximo) debe registrarse el fichero en la AEPD.
- En todos los casos deben existir carteles informativos y los ciudadanos y ciudadanas podemos pedir el acceso a las imágenes en las que aparezcamos, y su cancelación. Nuestra imagen nos pertenece.
Las Agencias de Protección de Datos no acostrumbran a actuar de oficio en cuestiones de videovigilancia, por lo que es clave la denuncia de un particular para que realicen la comprobación de que se respeta la legislación. En el formulario de denuncia basta con relatar brevemente los hechos, y se pueden aportar fotografías u otra documentación.
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La inexistencia de carteles, el enfoque de cámaras gestionadas por seguridad privada o particulares al espacio público (las cámaras como las de la fotografía, conocidas como domo, tienen visión 360º y zoom) o el no registro de la existencia de ficheros en la AEPD son pues hechos denunciables por ignorar la legislación y vulnerar derechos fundamentales. Y la denuncia es importante para poner coto a la tormenta perfecta que articulan empresas de seguridad que instalan y gestionan sistemas que no respetan la ley, propietarios de comercios que creen que la calle les pertenece, particulares que juegan a ser policías y una administración que hace caer en el ciudadano la responsabilidad de actuar para defender sus derechos.
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Es David contra Goliat, vale, pero no está mal tener piedrecillas para ir poniendo en el tirachinas.
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+ info: Guía de videovigilancia de la AEPD
Esta mañana, al realizar una entrevista sobre videovigilancia para el programa Punto de Fuga de la Cadena Ser, he recordado un artículo que leí hace tiempo de Dixon, Levine & McAuley sobre alcohol, videovigilancia y espacio público en Lancaster (UK).
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La pieza es muy recomendable porque es de los pocos trabajos que explora las consecuencias psicológicas de la videovigilancia, en el contexto en este caso de la economía nocturna ligada al ocio. Un par de los datos que apunta son interesantes:
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- Por una parte, en relación con la videovigilancia y la inclusión social, la investigación descubrió que aquellas personas que mejor valoraban las cámaras (por sus efectos sobre la delincuencia y el sentimiento de inseguridad) y menos importancia daban a su potencial restricción de derechos individuales, eran también las que más de acuerdo estaban con la idea de que a ciertas personas no debería permitirles el acceso al espacio público (en oposición a aquellas que creían que la diversidad de usuarios era un valor positivo).
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- Por otra, relacionando videovigilancia y responsabilidad social, el estudio quiso ver hasta qué punto la presencia de cámaras podía influir sobre los sentimientos de responsabilidad social de ciudadanos y ciudadanas –es decir, en su predisposición a no pasar de largo. Un 76% de los entrevistados afirmó sentir que tenía, en general, la responsabilidad de ayudar a los demás, y un 87% aseguró que intervendrían si alguien lo necesitara. Sin embargo, al preguntarles si creían que sus conciudadanos harían lo mismo por ellos, sólo un 49% respondió afirmativamente. Lo preocupante es que un 30% de las personas entrevistadas dijo que la presencia de cámaras hacía que su intervención fuera menos necesaria, y un 26% afirmó que la videovigilancia reducía la necesidad de preocuparse por lo que les ocurre a los demás.
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Como comentan los autores, los datos pueden interpretarse de muchas formas y algunas de las relaciones no son lo suficientemente robustas como para sacar conclusiones, pero que más de un 25% de la gente utilice la presencia de cámaras como argumento para justificar el pasar de largo es no sólo preocupante, sino también revelador.
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Si la videovigilancia es la opción de los que quieren que por la calle sólo se paseen Barbies y Kens, y hace que casi tres de cada diez personas se escuden en las cámaras para justificar su incivismo, como mínimo que cambien los cartelitos: ‘Sonría, es por su propia inseguridad’.
Hace unos días, participando en el programa 59 segons, se nos pidió reflexionar sobre la capacidad de la población española de responder ante una situación catastrófica como la que viven estos días los japoneses con la misma calma y civismo con los que parece que está reaccionando la población nipona.
Yo no he estado nunca en Japón y sé muy poco de los japoneses, pero debo confesar que si a mí se me llevara un tsunami, agradecería que alguien derramara alguna lágrima, ni que fuera para salir en la tele, y no ver ninguna estos días me provoca una profunda inquietud. Vamos, que casi prefiero pillaje y lágrimas que ni lágrimas ni pillaje (más que nada porque yo también robaría en caso de catástrofe si de esto dependiera mi supervivencia y la de los míos, la verdad).
Pero la alabanza al ‘talante’ japonés de estos días me perturba y me molesta. Se asume que aquí, en caso de emergencia, nos pondríamos todos a comernos unos a otros y a matar a los suegros para no tener que repartir un bote de lentejas. Que el 11-M, como casi todas las catástrofes humanas, fuera un ejemplo de compromiso cívico, ayuda mutua y madurez política se borra del imaginario colectivo para activar los miedos más individualistas, paralizantes y desmoralizantes. No niego que la reacción ciudadana captada por los medios durante episodios recientes de atascos y cortes de luz es desesperanzadora, pero, primero, no es lo mismo quedarse en un atasco o sin luz que ver como los tuyos desaparecen río abajo, y, segundo, me temo que pocos medios están dispuestos a dar espacio a ciudadanos o ciudadanas que no culpen al gobierno y a los políticos cuando se les pincha una rueda.
En casos de grandes desgracias, pues, la población de este país ha tenido un comportamiento ejemplar. Entonces, ¿de dónde viene la alarma de estos días? Pues me temo que de un lugar muy parecido al que nutre declaraciones tipo ‘sin mí, el caos‘ que hemos oído recientemente en boca de Mubarak y Gaddafi. Sale de una clase dirigente (no solamente política) que no sólo siente un profundo desprecio por la capacidad de auto-organización de la población, sino que vive de infantilizarnos y de proyectar sus propios miedos en nosotros.
No dudo que, en caso de catástrofe, a las personas acostumbradas a firmar EREs, evadir impuestos y extorsionar al sector público los sentimientos que les aflorarán serán las mil versiones de vender a su abuela, y no el compromiso con el prójimo. Sólo hay que recordar la reacción de algunos ante las revueltas en Oriente Medio, que en lugar de celebrar el fin de las dictaduras cogieron la calculadora para ver cuánto podían ganar con el potencial desvío de flujos turísticos a nuestro país.
A casi todos los demás, sin embargo, que vivimos, sobre todo ahora, de ayudarnos mutuamente, si el mundo nos da un vuelco nos saldrá lo que nos ha salido siempre: la incapacidad de ser indiferentes al dolor ajeno.
Así que la próxima vez que quieran hablar de incivismo, pillaje y falta de compromiso público, háganlo en primera persona.
Prever las cosas está de moda. Si tuviera hijos yo creo que no les recomendaría ir a la universidad, sino que les mandaría a hacer prácticas a esos programas de tarot que echan de madrugada.
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No hay más que ver la fortuna de Noubiel Roubini, que en 2005 dijo que las cosas pintaban mal para la economía, nadie le hizo caso, y ahora es el gurú de cabecera de muchos –a pesar de haber anunciado en 2008 que EEUU saldría de la recesión en 2009 (ejem…).
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Son muchos los que se han dado cuenta de esta fetichización de los Nostradamus del siglo XXI, y con las revueltas de Oriente Medio algunos compiten por mostrar sus capacidades pitoniso-predictivas. Uno de ellos es Richard Florida, que ha lanzado el ‘Index of Potential Unrest’ para contribuir a identificar los factores que permitirían identificar el potencial revolucionario antes de que este estallara. Aunque limitado, como mínimo su análisis tiene interés.
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Pero el que más se ha lucido (de nuevo) es Thomas L. Friedman, que después de devolvernos a tiempos pre-copernicanos con su libro The World is Flat, hace unos días planteaba las cuatro ‘fuerzas-no-tan-obvias’ que explican los acontecimientos recientes en Egipto. Entre ellos, el ‘Obama factor’, Google-Earth y los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Club de la Comedia? No, el New York Times. Y el tío tiene tres Premios Pulitzer. No voy a dedicarme a contestar a su iluminado análisis porque ya lo han hecho muchos, entre ellos una tal Sarah Carr, que lo borda.
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Lo que me trae de cabeza es el tema este de la predicción. La obsesión por adelantarse a los acontecimientos. Las habilidades sobrenaturales como baza personal y política. Esto que empezamos a ver en todos los ámbitos hace tiempo que es lo habitual en políticas de seguridad: la promesa política de poder ‘evitar’ la inseguridad, y la expectativa ciudadana de vivir sin riesgo ni sorpresas.
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El último ejemplo es el de un atraco a un comercio con violencia (y muerte) en el centro de Barcelona. Casi todas las fuerzas políticas piden ‘más policía’. Vale, ¿pero para qué? ¿Para qué sirven diez policías en cada esquina ante un perturbado con ‘problemas personales’? Y si se consiguió detener al presunto asesino esa misma noche, ¿en qué ha fallado la policía?
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Me temo que lo que se espera es que los diez policías en cada esquina ‘detecten’ al posible delincuente e intervengan antes de que ocurra nada. Para eso mejor contratar a la Pitonisa Lola, ¿no? O como mínimo darles alguna asignatura de lectura de bolas de cristal, digo yo.
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Si a alguien le preocuparan los atracos con arma de fuego, lo que propondría serían políticas activas de control de tenencia de armas, por ejemplo. Y si a alguien le preocupara la violencia, pondría sobre la mesa que la ecuación más desigualdad igual a más violencia se cumple todas y cada vez.
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Pero claro, esto sería plantear políticas responsables. Y para qué ir de responsable cuando se puede vivir del pitoniso business.
