Esta temporada se llevan los mapas: Gran Bretaña acaba de lanzar police.uk, que permite acceder a datos de incivismo y delincuencia georeferenciados calle a calle; Castellón anunció recientemente un proyecto para desarrollar un mapa “que refleje en tiempo real la sensación de seguridad”; Badalona inaugura un portal que recoge día a día las actuaciones policiales en la localidad, y es de esperar que el uso de herramientas de visualización se extienda de forma exponencial en los próximos tiempos.
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Los mapas actuales, además, no son como los de antes. Las posibilidades de la tecnología permiten no sólo la actualización en tiempo real, sino trabajar con múltiples fuentes de datos e incluso incorporar herramientas colaborativas –crime mapping 2.0. Evidentemente, la sistematización y análisis de datos es una buena noticia: que las políticas públicas, especialmente las de seguridad, cuenten con herramientas que permitan una mayor comprensión de tendencias y el cruce de datos diversos abre puertas a un mejor diseño y gestión de las políticas y recursos públicos en un ámbito que a menudo es víctima de pánicos morales. Sin duda. Pero la experiencia con este tipo de herramientas de visualización en los últimos diez años muestra también que, a pesar de lo que diga el Datablog, los hechos NO son sagrados.
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Para muestra, un botón. Hace unos días Wired publicó un mapa mundial del crimen organizado, recogiendo datos del flujo de trata de personas y migrantes, mercancías falsas, heroína, especies en peligro de extinción, oro, piratería, armas y cocaína a nivel mundial. Muy bonito.
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Sin embargo, según este mapa, Europa no es más que la víctima inocente de un mundo de malos muy malos. A pesar de mencionar a la Mafia en la presentación del mapa, en la visualización ésta desaparece. Quizás si entre las categorías recogidas se hubiera tenido en cuenta el blanqueo de dinero, por ejemplo, la foto sería diferente, y Europa perdería ese halo de pobre continente rico. Los datos, pues, sólo cuentan las verdades que queremos que cuenten, así de sencillo, y un mal trabajo (o un trabajo sesgado) de sistematización y organización de datos puede llevar a fotografías que, como ésta, no contribuyen para nada a mejorar la comprensión de fenómenos de delincuencia.
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Lo mismo ocurre con los mapas de delitos a nivel local. ¿Qué categorías incluyen? ¿Cuáles se ignoran? ¿Qué datos no vinculados con la delincuencia deberían tenerse en cuenta para potenciar la capacidad explicativa de un mapa? Incluir información sobre densidad de población, por ejemplo, es clave para establecer comparaciones entre números absolutos de incidentes. Y esto no es banal: a nadie le parecen mal los mapas del delito, hasta que se encuentra con su calle o su bloque identificado como “hot spot” y debe enfrentarse no sólo a la inseguridad objetiva, sino a la previsible estigmatización de la zona, la caída del valor de las viviendas y un despliegue policial constante.
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Con todo, el uso de los mapas abre claramente posibilidades no sólo de mejora de la planificación y la gestión, sino de creación de espacios de colaboración con la ciudadanía, de transparencia y rendición de cuentas. Pero para que los mapas digan algo útil hay que elaborarlos no sólo a partir de buenas bases de datos e indicadores, sino tener en cuenta temas de contexto institucional, formación de operadores, privacidad, interoperabilidad de plataformas y prevención de la estigmatización. Porque para generar alarma y confirmar prejuicios (que es lo que hacen los malos mapas) no es necesario pagar a empresas de software –ya hay mucho voluntario suelto.
Escuchando ayer a Mubarak me quedé con la boca abierta, y aún no la he podido cerrar. Para el (aún) presidente, los hechos de los últimos días podían lanzar al país “a una situación desconocida”, al estar los “nobles jóvenes y ciudadanos” siendo “explotados” por “los que quieren extender el caos y la violencia, la confrontación, y violar y atacar la legitimidad constitucional”. Elementos que “tienen como objetivo la seguridad y estabilidad de la nación a través de actos de provocación, robos y saqueos, encendiendo hogueras y bloqueando calles”.
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A pesar de las muestras evidentes de auto-organización popular para proteger edificios y personas, retransmitidas por los medios y a través de las redes sociales, Mubarak insistía en ondear la bandera del miedo al caos como herramienta de desmovilización y deslegitimación de la protesta. Un clásico. En momentos de empoderamiento popular, ya sea por una revuelta o como reacción a grandes catástrofes o acontecimientos (Haití, el 11-S, el 11-M, etc), cuando el estado deja de tener capacidad para controlar lo que ocurre en las calles, pronto aparece el fantasma del caos. Ante la invisibilidad de unas instituciones desbordadas, a muchos les parece inconcebible la auto-organización de la gente. El miedo al pillaje, la violencia y la impunidad se convierte en profecía auto-cumplida que ensombrece la solidaridad cotidiana que permite a la gente salir de momentos marcados por la excepcionalidad: en Nueva York los taxistas llevaban a la gente gratis para alejarlos de la zona cero, en Madrid la gente se prestaba móviles para avisar a familiares, en Haití los adultos acogían a niños y niñas desamparados… en Alejandría son los jóvenes los que protegen la biblioteca, y los vecinos los que organizan vigilancia nocturna y un improvisado sistema de recogida de basuras. El mensaje institucional y de las fuerzas de seguridad, no obstante, siempre es el mismo: sin nosotros, el caos.
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Esta amenaza aleja las miradas de otros temas, oscurece formas de caos y violencia menos visibles, como las desigualdades o la corrupción, y desmoviliza a los indecisos. Ante la amenaza del desorden, crece el ‘virgencita, virgencita que me quede como estoy’. Lo sorprendente de los últimos días ha sido la capacidad de los egipcios de neutralizar esta ofensiva, hasta el punto de obligar a Mubarak a quitarse finalmente la máscara y pasar a la acción.
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Pero la lección de estos días va más allá de Egipto. Aquellos que ven las explosiones de la dêmos (pueblo) como una amenaza al Kratos (poder), y no como una necesidad y factor definidor de la democracia, no están sólo en Oriente Medio. También aquí cerca se responde a menudo a demandas sociales o políticas con discursos de estabilidad y miedo al caos (ver sino este excelente artículo sobre las protestas estudiantiles en Inglaterra, o la concentración mediática en los episodios de violencia durante la última huelga general).
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En diferentes grados y de diferentes formas, se nos pide, efectivamente, que renunciemos a espacios de democracia en pro del orden público. Y a mi lo que me pasa es que no entiendo para qué sirve el orden público sin democracia.
En los últimos días han llegado a mis manos dos artículos en los que dos escritores a los que respeto, Quim Monzó y Rosa Montero, se quejan de cuestiones relacionadas con la cultura cívica de los ciudadanos y ciudadanas. En el primero, titulado No os enrolléis tanto, Monzó se desahoga (¡y cómo!) contra las “bandas” (de grafiteros) que ensucian la ciudad y luego “chantajean” a los comerciantes “para pintarrajearles dibujos de una ordinariez supina”, y se felicita de que el Ayuntamiento de Barcelona haya decidido multar a los comerciantes que no respetan la paleta de colores establecida por las ordenanzas municipales. En el segundo, Vecinos y gorrinos, Rosa Montero se queja de la “marea de inmundicias” que inunda muchos espacios públicos, y de “la falta de conciencia cívica, la incultura social” de este país.
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Una parte de mi espera que este tipo de escritos no sean más que el fruto de la falta de inspiración que debe caer regularmente sobre los comentaristas semanales: ante la escasez de ideas, me quejo de algo.
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Pero a otra parte de mí se le encoge el corazón al ver la definición de democracia con la que se siente cómodo Quim Monzó, o cómo derrocha Montero hostilidad hacia comportamientos que descontextualiza, para luego quejarse de que los hostiles son los demás. Por encima de las opiniones personales sobre lo que exponen, me apabulla el extrañamiento de estas plumas ilustres ante lo que pasa a su alrededor, las opiniones y actitudes de sus conciudadanos, y la utilización del “bien común” para dar por sentada la legitimidad de preferencias personales que se auto-atribuyen una superioridad moral de procedencia imprecisa.
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Porque, ¿no tienen derecho a contribuir a la definición del bien común los comerciantes que eligen pintar su persiana? ¿Y los jóvenes que tunean una ciudad que también les pertenece? Y a la señora que se rasga las vestiduras por “la tradicional tendencia de los españoles a engorrinar los espacios públicos”, ¿puedo preguntarle cuando fue la última vez que ejerció su deber cívico de mostrar su disconformidad ante estas conductas, contribuyendo a difundir valores y a “educar a los ciudadanos”? El final del artículo de Montero, entendiendo la “guarrería” de los ignorantes “marmolillos” como un ataque a “el Estado, el bien común, la colectividad, la sociedad civil” no tiene desperdicio. Me viene a la cabeza el poema de Baudelaire y me pregunto, ¿cuándo os volvisteis tan pijos?
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La combinación de falta de empatía con personas que opinan diferentemente sobre qué es lo que constituye “degradación del entorno”, por un lado, y la normalización de la queja por la falta de educación “de los otros”, sin responsabilizarse de la contribución propia a la situación o al contexto, por otro, me parece preocupante. Preocupante, en primera instancia, porque muestra una mirada más propia de princesa de cuento que sale del castillo para desfallecer ante la ordinariez de la vida plebeya que de intelectual comprometido/a con el devenir colectivo. Y, en última instancia, porque con la que está cayendo, da cierta cosilla que a la intelectualidad del país lo que le genere el nivel de indignación que rebosan los artículos sean estas cosas.
Recientemente me llegó via twitter (@gemmagaldon) un artículo publicado por el periódico Expansión a finales de noviembre, sobre la utilización política y electoral del discurso anti-inmigración como fórmula para obtener votos. Se titulaba “¿Por qué tantos políticos hablan tan mal del inmigrante?“, y es una de las mejores piezas sobre el tema que he leído en mucho tiempo (a pesar de contener algunas incongruencias, como relacionar primero el recrudecimiento del debate político sobre la inmigración a la crisis para después indicar que éste debate tuvo su peor momento en 2006, y que, a pesar de la crisis, la preocupación ciudadana por la inmigración como problema es hoy 45 puntos inferior que entonces).
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El artículo cuestionaba también la idea de que el discurso anti-inmigrante o racista dé votos, algo que me parece crucial poner sobre la mesa. Ya escribí meses atrás como este tipo de discursos tienden a proporcionar sólo balones de oxígeno de corta duración, funcionando a largo plazo como clavo final al ataúd de carreras políticas que prefieren lanzarse al populismo irresponsable antes que retirarse dignamente. Me cuesta entender que se reconozca tan poco que la promesa de “acabar” con la inmigración (como la de garantizar la seguridad) es un suicidio político, porque no se puede cumplir. La candidata del PP en Catalunya podía ir disparando a migrantes en un videojuego, eliminándoles físicamente, pero las sociedades democráticas no son videojuegos.
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¿Qué políticas puede llevar adelante quién prometa acabar con el problema de la inmigración?¿ La expulsión masiva? Pues ya me dirán cómo lo hacemos: ¿a partir de que año? ¿los migrantes internos de los 60 van en el pack? ¿y si tienen DNI? ¿y si se enamoran de “uno de los nuestros”? Peor, ¿y si nos enamoramos de uno de ellos?
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El mismo problema tenemos si se quieren tirar adelante políticas de “españoles primero”, con otro problema añadido… ¿quienes son españoles de verdad, de los que merecen estar entre los elegidos? Porque yo aún no me he recuperado de leer en un foro que habría que expulsar de España “a los rumanos y los catalanes”…
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Prometer cosas que no se pueden cumplir no sólo es irresponsable, sino que le acaba cavando a uno la tumba política. Y si no, miren los resultados de la Plataforma per Catalunya en las últimas elecciones catalanas: el titular fue que la candidatura había pasado de los 12.447 a los 75.321 votos, un éxito que la dejaba a menos de 5.000 votos de la representación en el Parlamento. ¿Pero cuales fueron los resultados de PxC en los municipios en los que ya había presentado candidaturas anteriormente, y dónde lleva años aportando sus soluciones a los problemas del país? Voilà:
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Municipio / Resultados locales 2007 / Resultados autonómicas 2010
Vic 2842 1006
Cervera 639 109
El Vendrell 2253 898
Manlleu 1022 636
Manresa 1539 1318
Olot 800 382
Roda de Ter 203 202
Tàrrega 453 157
Sant Martí de Riucrob 91 42
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En los municipios en los que tenía representación, el descalabro ha sido de entre el 40 y el 80% de los votos. Evidentemente, las dinámicas electorales municipales no son las mismas que las autonómicas, pero estos resultados indican claramente que, en temas de migración e inseguridad, lo único fácil son los discursos.
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Últimamente, cada vez que me pongo a repasar noticias sobre alertas de seguridad o incivismo me viene a la mente ese juego que jugábamos de niños, en el que nos poníamos en círculo y nos íbamos haciendo preguntas al oído, para después juntar la pregunta que nos había hecho una persona con la respuesta de otra. “Por aquí me han preguntado para qué sirven las cucharas, y por allí me han respondido ‘para volar’”, por ejemplo.
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Tres muestras recientes:
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1) A mediados de 2009, El País publicó imágenes de prostitución en los alrededores del Mercado de la Boquería, en Barcelona. Doce meses después, tenemos la solución: el cierre con vallas de la zona por la noche. Por aquí me han preguntado “Qué hacer con el tema de la prostitución”, y por aquí me han respondido “vallar un espacio público”.
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2) En los últimos años, muchos municipios han instalado videovigilancia en espacios públicos, sobre todo en zonas comerciales, como mecanismo para disuadir los actos vandálicos y el incivismo. Poco valor tiene que no existan en ningún lugar del mundo datos que corroboren la idea de que la videovigilancia sea útil ante malos comportamientos o pequeños hurtos. Por aquí me han preguntado “Cómo mejoramos la seguridad de los centros de nuestras ciudades”, y por aquí me han contestado “sometiendo a seguros e inseguros a la vigilancia remota constante”.
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3) Hace también justo un año, un tipo a quién su padre había denunciado por tener vínculos con Al-Qaeda intentó explosionar una sustancia en un vuelo Amsterdam-Detroit, llegando sólo a incendiarse los calzoncillos. Unos días después los medios se hacían eco de los dispositivos que podrían haber detectado el material utilizado: los escáneres corporales. Por aquí me han preguntado “Cómo evitar que alguien sobre quien se tienen sospechas fundadas se suba a un avión”, y por aquí me han respondido “Haciendo pasar a todo el mundo por escáneres corporales”.
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El abismo existente entre un gran número de soluciones securitarias y los problemas que teóricamente demandan que éstas sean adoptadas no deja de sorprenderme. El efectismo y la tecnofilia siempre ganan la partida. Y aunque el derroche de recursos en herramientas que aún no han demostrado ser eficaces (yo aún no he pasado por ningún aparato reconocedor del iris que funcione, por ejemplo) es preocupante, lo que de verdad me quita el sueño es que en todos los casos, todas las soluciones pasan por la adopción de medidas que afectan a toda la población: los alrededores de la Boquería se cierran a todos los ciudadanos y ciudadanas, hayan o no participado en un intercambio de servicios sexuales; la videovigilancia controla a todo el mundo, tenga o no intención de delinquir o historial delictivo; los escáneres invaden la privacidad de todos los pasajeros, hayan o no mostrado signos de tener intención de volar un avión.
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En la carrera por ofrecer seguridad, no renunciamos sólo a espacios de libertad: también a derechos fundamentales como la privacidad, la presunción de inocencia o la seguridad jurídica. A este ritmo, para cuando la civilización enemiga que sea nos invada, poco quedará ya de los valores que decimos defender.
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Y así, con esta nota tan dicharachera, me despido del 2010, esperando sinceramente que en sus vidas privadas uds. no renuncien a buscar soluciones que tengan algo que ver con los problemas que se les planteen en 2011. Que escapen, si pueden, de la lógica del disparate.
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En las democracias occidentales se tiende a sobreentender que las funciones de Defensa e Interior no son las mismas. El ejército se utiliza para defender a la población de un enemigo o ataque externo, mientras que a nivel interior se prioriza la acción de la justicia y la actuación policial. La lógica de esta división es clara: en estados democráticos, los mecanismos representativos aseguran que todos los ciudadanos estén representados políticamente, por lo que es absurdo concebir la necesidad de reprimir manu militari a sectores de la propia población –porque, en democracia, a la población no se la reprime, sino que se la representa. Esta es, al menos, la gran promesa de la democracia representativa.
Sin embargo, la línea que separa las funciones de Defensa e Interior parece ser cada vez más débil, más borrosa. El estado de guerra permanente (contra el terrorismo, contra las drogas, contra el crimen, etc.) en el que nos encontramos genera espacios de confusión en los que estrategias propias de defensa acaban siendo utilizadas, cada vez más, para atajar conflictos internos (militarizando espacios urbanos, controlando a la población preventivamente mediante mecanismos de vigilancia, generando bases de datos ilegales, etc.).
Nada de esto es nuevo. El ‘enemigo interior’ ha justificado repetidamente la creación de momentos o espacios de excepción: durante el siglo XX, comunistas, sindicalistas, judíos, gitanos y activistas en general han sufrido la suspensión de derechos que supone la movilización militar para atajar conflictos que involucran a ciudadanos.
Que no sea nuevo, no obstante, no implica que no sea grave. La lógica del ‘enemigo interior’ llevaba cerca de 30 años desaparecida del discurso político en todos los países occidentales, y aunque es evidente que su hibernación hace tiempo que mostraba síntomas de querer llegar a su fin, la reciente movilización del ejército para atajar un conflicto laboral confirma que la suspensión de derechos en democracia no es algo del pasado.
Lo grave de lo ocurrido en los últimos días, más allá de la declaración del Estado de Alarma, es precisamente la consolidación de esta figura difusa que es el ‘enemigo interior’, y la creciente facilidad con la que los gobiernos recurren a medidas excepcionales ante conflictos internos, sin reconocer que toda situación de excepción equivale al fracaso de la democracia.
Nuestras sociedades se están acostumbrando de forma alarmante a la suspensión de derechos –de los demás. Pero en un contexto de permanente ampliación de la definición de perfiles que encajan con el ‘enemigo interior’, no parece descabellado pensar que el ciudadano de hoy pueda ser enemigo mañana. Que, mañana, los derechos que se pisoteen sean los tuyos.
Imaginen que un día el ayuntamiento mandara a alguien con algunos centenares de euros en el bolsillo a hablar con personas que llevan años durmiendo en la calle, para ponerlos a su disposición. A los mendigos no se les informa de la cantidad de qué disponen, pero se les anima a pedir todo lo que sientan que necesitan para mejorar su situación.
¿Qué pedirán los sin-techo? Un cargamento de Don Simón, sin duda. ¿Qué se puede esperar de esos seres anti-sociales que aterrorizan nuestros portales y se niegan a aceptar la mano que les quiere encerrar en un albergue?
Pues no. En Londres a una ONG se le ocurrió que quizás fuera más útil escuchar a aquellos a quien se quiere ayudar, en lugar de obligarles a entrar en la lógica del programa social al uso, y un educador hizo exactamente eso: preguntar a 15 mendigos qué necesitaban… ¿la respuesta? zapatos, una silla para poder leer, un televisor, ayuda para pagar una pequeña deuda con un compañero, una caravana… (ver informe) En total, en el primer año los participantes en el proyecto gastaron 794 libras por persona, muy por debajo de lo previsto, y 9 acabaron dejando la calle. Alguno incluso llegó a sugerir que se redujeran las ayudas para que más personas pudieran beneficiarse de ellas…
Inmersos como estamos en la lógica del palo y la zanahoria, cuando las multas, sanciones y reprimendas proliferan para conseguir “disciplinar” al ciudadano incívico, la idea de que tratar a los ciudadanos y ciudadanas como seres pensantes con derechos, entendiendo la redistribución no como limosna, sinó como acto de solidaridad colectiva, quizás no es mala idea. Sobre todo si al final resulta que los mismos a los que responsabilizamos de la inseguridad y la “mala imagen” de nuestras ciudades demuestran un sentido común, una generosidad y una preocupación por las finanzas públicas que se echa de menos en muchos ilustres y cívicos ciudadanos.
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En América Latina, muchos edificios son auténticas fortalezas, con grandes vallas, personal de seguridad permanente, alarmas y cámaras. En Estados Unidos no son pocos los que han optado por trasladarse a comunidades cerradas (gated communities) para alejar al otro, a la amenaza, al miedo. Las personas que han hecho estas opciones han renunciado a la vida en sociedad en pro de la seguridad. Más allá de un aumento de la sensación personal de seguridad, no está nada claro que estas opciones contribuyan a disminuir el riesgo objetivo de ser víctima de un acto de violencia. De la misma forma que el blindaje de las joyerías no las hace inmunes al robo, la securización de ciertos espacios suele generar, por un lado, efecto desplazamiento, y, por otro, una modificación de los patrones de la delincuencia (el alunizaje, por ejemplo, no es más que una adecuación a las crecientes medidas de seguridad en comercios: tu me pones alarma, cámaras y cristales antirrobo, yo te hago explotar el escaparate en un plis para que la policía no llegue a tiempo y te limpio la tienda con pasamontañas para que no sepas quién soy. Al final, igual hubiera sido mejor que a la desgracia del robo no se le añadiera el gasto de un nuevo escaparate…).
Pienso en todo esto mientras leo que ya han empezado las obras para “blindar” la zona colindante al Mercado de la Boquería en Barcelona, como reacción a las fotografías publicadas hace unos meses por El País, denunciando la compra y venta de servicios sexuales en la zona. Parece que ésta era una demanda de los vecinos y comerciantes. Pero me pregunto, ¿cómo se sentirán los vecinos y comerciantes de las zonas próximas, que muy probablemente verán aumentar el uso de sus rellanos para estas prácticas? Y ¿qué les pasará por la cabeza a los vecinos que tengan un día la desgracia de ser asaltados dentro de la zona de seguridad, dónde no habrá nadie para ayudarles ni dar testimonio de lo que les pase?
La idea de que la zona más segura es la zona más vacía hace décadas que fue superada por la convicción de que, ante la incapacidad de abordar el origen de los problemas, estos parches acaban haciéndonos más vulnerables y nos dejan en una situación peor que la de partida.
Al final, para solucionar un problema de prostitución y orines (¡consecuencia en parte de las interminables obras de la parte posterior del mercado, que impiden que éste sea una zona de paso!), generamos un espacio de vulnerabilidad para vecinos y vecinas. Y, en el camino, todos perdemos un pedazo de ciudad.
El mes que viene, cuando nos demos cuenta de que los problemas persisten, ¿qué haremos? ¿Blindar el barrio?
Mi retiro canadiense me permite por fin hacerme eco de los resultados provisionales de la primera evaluación sobre la eficacia de las cámaras de videovigilancia en el espacio público realizada en España, concretamente en el municipio de Málaga, por José Luis Díez Ripollés y Anabel Cerezo, de la Universidad de Málaga.
El equipo de investigación aprovechó la noticia de la instalación de 17 cámaras de videovigilancia en las calles del centro histórico de la ciudad en 2007 para elaborar una metodología que permitiera evaluar el impacto de la vigilancia. Para ello, entrevistaron a más de mil personas, entre ciudadanos y ciudadanas, operadores y policías y comerciantes, en 2006 y 2008. El objetivo era medir tanto “la victimación y percepción de inseguridad de las personas que transitan por esas calles del centro de la ciudad” como evaluar los datos policiales antes y después de la instalación de los dispositivos. Para facilitar la valoración de los datos, la metodología se realizó tanto en el espacio videovigilado como en otro de similares características sin videovigilancia.
Entre los resultados, lo que más llama la atención es que después de la instalación de la videovigilancia en el centro histórico de Málaga, los robos y hurtos siguieron aumentando. Aunque lo hicieron en menor medida (5.4%) en la zona videovigilada, el mayor aumento en la zona sin videovigilancia (12.5%) puede atribuirse al efecto desplazamiento.
En el caso de los robos de coches, éstos disminuyeron en la zona sin videovigilancia (-6.2%) y aumentaron en la zona videovigilada (1.1%).
En realidad, sólo los robos en viviendas disminuyeron en la zona con videovigilancia (-3.2%), pero a costa de provocar un aumento del 6.5% en la adyacente zona sin videovigilancia.
Interesante es también ver el impacto de la videovigilancia en la percepción de inseguridad y delincuencia en Málaga, que es nulo: la gente se sentía en 2008 igual de insegura que en 2006, tanto en la zona videovigilada como en la no videovigilada.
Evidentemente, el título del post es una provocación. Es absurdo afirmar que la videovigilancia provoca el aumento de los robos de coches. Igual de absurdo, con los datos en la mano, que afirmar que tiene efectos disuasorios o que mejora la sensación de seguridad.
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PD. En 2009, el Ayuntamiento de Málaga aprobó ampliar el sistema con 57 cámaras más, con un coste de 600.000 euros.
Dos no se pelean si uno no quiere. A pesar de las muchas excepciones que se le podrían encontrar a esta perla del refranero popular, la comprensión de todo conflicto pasa siempre por el análisis de la actuación de todos los grupos o individuos implicados.
Por eso me parece imprescindible que después de los hechos del 29-s en Barcelona se hable también de estrategias policiales.
Según el Artículo 104 de la Constitución, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El día 29, pues, lo esperable sería que el objetivo de la policía hubiera sido proteger el derecho a la huelga (incluyendo el derecho de los piquetes a ejercer su función informativa y de los huelguistas a manifestarse) y la seguridad de las personas.
Sin embargo, la observación del despliegue del 29-s en Barcelona revela prioridades algo diferentes. Desde primera hora, la visibilidad de la presencia policial convirtió a los efectivos de los Mossos d’Esquadra no en una fuerza de apoyo en caso de que el conflicto social no encontrara cauces pacíficos para dirimirse, sinó en un actor más en la contienda, imposible de ignorar.
Además, el blindaje de comercios y arterias principales de la ciudad contra la actuación de los piquetes (los centenares de personas que salieron de Pl. Catalunya se auto-definieron como piquete), aparte de vulnerar la legislación vigente, generó una situación de inseguridad ciudadana, puesto que un colectivo que podría haberse canalizado por una gran vía acabó disgregado y en una situación de vulnerabilidad extrema tanto ante la actuación de los elementos que optaron por la confrontación con la policía como ante la reacción de la policía a esa confrontación. El cierre de la Ronda Sant Antoni fue, a todas luces, un error de estrategia que ignoró tanto la necesidad de proteger derechos fundamentales (manifestación) como de garantizar la seguridad ciudadana. Y esa decisión fue tomada antes de que hubiera ningún disturbio.
Durante la tarde del 29-s, además, el enfrentamiento entre los individuos que optaron por enfrentarse a la policía y los efectivos policiales llegó a adoptar dinámicas de retro-alimentación, convirtiendo a la mayor parte de los participantes en la jornada de huelga y a muchos ciudadanos en involuntarios e incrédulos daños colaterales. La actuación masiva de la policía de paisano hizo también que muchos ciudadanos y ciudadanas no entendieran porque se arrestaba a ciertas personas, puesto que muchas detenciones se produjeron mucho después de la supuesta participación de ciertos individuos en actos violentos. Que, como informó recientemente la prensa, no se utilizaran balas de goma, sino solo su sonido como herramienta “intimidatoria”, corrobora la sensación de que quién diseñó el despligue tenía más presentes prioridades técnicas que de eficacia policial: para la mayor parte de la población, si suena como una bala de goma, es una bala de goma, y asusta a propios y extraños.
La prensa recogía también hace unos días las declaraciones de un policía presente en los disturbios, que declaraba que el conflicto entre violentos y policía “es una guerra desigual”. Precisamente: en democracia, el conflicto social no es una guerra. Ni un videojuego. No hay buenos y malos. Hay derechos y libertades, y la necesidad de preservarlos por encima de cualquier otra cosa. El objetivo de la policía, pues, no es ni impedir que la protesta exista ni eliminar a los que protestan, como en una guerra. Al contrario, es contribuir a que el espacio público sea un espacio de debate y disenso. Contribuir a la democracia.
La ciudadanía y las personas que integran las fuerzas de seguridad nos merecemos responsables políticos y técnicos capaces de entender las complejidades de la actuación policial en democracia. Ignorar esta complejidad, aparte de pisotear la Constitución, es la mejor manera de convertir a la policía en el brazo tonto de la ley.
