Leo hoy la enésima reflexión periodístico-experta sobre los “jóvenes antisistema” y los motivos de la violencia del 29-s en Barcelona, y vuelvo a preguntarme si es posible dar respuestas relevantes a preguntas equivocadas. ¿De qué hablamos, de jóvenes o de “antisistema”? Porque si existen los “jovenes antisistema”, así como categoría general (y aparentemente generalizada en Barcelona), existirán también los viejos pro-sistema, ¿no?
Lector/a: ¿eres tú un viejo/a pro-sistema? ¿A que jode la pregunta? Básicamente, por absurda.
Cuando hablamos de jóvenes antisistema, pues ¿buscamos entender los motivos que llevan a la generación prekaria a alejarse de los códigos de conducta establecidos por la generación de sus padres, o entender qué alternativas políticas se están articulando en los márgenes de partidos, sindicatos y ONGs?
En los últimos días, muchos expertos han (hemos) intentado salvar algo del debate, introducir complejidad y reflexión social sobre los hechos del 29-s, pero me temo que, cada vez, hemos caído víctimas de un debate mediático que no tiene más objetivo que el de alarmar, confundir y ahogar experimentos políticos en el charco del vandalismo.
Si se quiere hablar de “antisistema”, ¿por qué no dirigirse a los documentos, vídeos y reflexiones producidos por el entorno del llamado Moviment del 25? ¿Por qué no hablar sobre lo que significa ser pro-sistema en los tiempos que corren?
Si se quiere hablar de jóvenes, ¿por qué no reflexionar sobre la desaparición de las vías formales de inserción social y laboral en un país con un 40% de paro juvenil, un mercado laboral que no genera espacios de aprendizaje intergeneracional, un punitivismo que se ceba con los jóvenes, unos recortes que agudizan aún más la convicción de que no hay nada más allá de la precariedad del primer empleo?
Los recientes artículos de personas como Paco Fernández Buey, Almudena Grandes, Jordi Borja o Joan Subirats dejan claro que ser antisistema no es una enfermedad que se cure con la edad. Y si queremos hablar de vandalismo, no olvidemos que antes del 29-s, el último coche policial quemado en una revuelta urbana fue en septiembre de 2009 en Pozuelo de Alarcón (localidad con mayor renta per cápita del país), durante las fiestas patronales.
Así que igual no estaría mal separar los condicionantes biológicos de las opciones ideológicas, y a partir de ahí pensar qué jóvenes estamos criando como sociedad, y qué ideologías pueden sacarnos de este caminar sonámbulo hacia ninguna parte (que merezca la pena).
Las mejores películas son aquellas que consiguen mantenernos en vilo y sorprendernos, las que no son predecibles. También tienden a ser así los mejores libros. Sin embargo, las cualidades que apreciamos en el cine y la literatura nos dan pánico en nuestra vida cotidiana, y nos pasamos la vida buscando certitudes y cerrándole las puertas a la posibilidad de lo inesperado. Nos obsesiona controlar el riesgo, domesticar la vida, eliminar la incertidumbre.
Pero el problema no es sólo que acabamos privándonos de lo que apreciamos en las vidas ficticias que tanto nos llenan. Lo peor es que lo hacemos fatal.
Cuando calculamos riesgos, tendemos a pasarnos o a quedarnos cortos: sobrevaloramos lo altamente improbable a la vez que subestimamos los riesgos más corrientes. Valga como muestra cómo nos relacionamos con los riesgos potenciales a los que están expuestos nuestros hijos (con datos de EE.UU.): según el Departamento de Salud, las cinco mayores causas de daños entre los menores de 18 años son los accidentes de coche, los asesinatos a manos de personas próximas, los abusos sexuales, el suicidio y el ahogamiento. Sin embargo, según la Mayo Clinic, los cinco riesgos que más preocupan a los padres son el secuestro, los asesinos tipo Columbine, los terroristas, los extraños peligrosos y las drogas.
Sea por lo que fuere, en nuestra creciente animadversión a la incertidumbre propia y de los que tenemos cerca, parecemos haber perdido la capacidad de valorar qué es lo que constituye o no peligro, y mientras instalamos videovigilancia en las escuelas, y tornos para controlar las entradas y salidas en los institutos, alegando una poco justificable preocupación por la seguridad, recogemos a los alumnos en coche sin pensar ni un segundo que éso constituye el mayor riesgo objetivo al que les expondremos en todo el día.
Y así, buscando escapar de la incertidumbre, nos lanzamos a 120 km/h por la cerretera de la autocomplacencia. Y aún así, llegamos a casa sanos y salvos. Igual que ayer. Igual que mañana.
Leía ayer en La Vanguardia que las pulseras contra maltratadores “presentadas por el gobierno a bombo y platillo para controlar los pasos de los hombres denunciados por malos tratos” no acaban de despegar, y que después de una inversión de CINCO MILLONES DE EUROS, en Catalunya sólo se ha colocado una.
A vueltas con la hipérbole tecnologica. Parece como si la tendencia generalizada a desconfiar de los políticos, de los vecinos, de los hijos y de las predicciones meteorológicas nos haya llevado a poner lo poco que nos queda de fe (y dinero) en la tecnología. ¿Qué en un avión se cuela un loco que ya estaba fichado por una mala coordinación entre fuerzas de seguridad? Compremos escáneres corporales. ¿Que la gente se queja de la inseguridad ciudadana? Pongámos cámaras. ¿Que los niños se escapan de la guardería? Insertémosles chips.
Sin entrar a valorar la insistencia en buscar solutiones técnicas a problemas sociales, lo que hace que este technohype bordee lo irracional es que, como en el caso de las pulseras, estas carísimas tecnologías son incapaces de hacer lo que prometen.
Sobre todo en el caso de las tecnologías aplicadas a temas de seguridad, el marketing de estos gadgets apela constantemente a visiones futuristas de control que tienen muy poco que ver con la realidad de la operatividad de las soluciones que se proponen. Yo, por ejemplo, aún no he visto ningún escáner del iris en un aeropuerto que funcione, y ahora mismo las empresas que los comercializan están trabajando en aparatos que tengan en cuenta diferentes medidas biométricas, reconociendo así que el gasto millonario realizado hasta la fecha por diferentes países ha sido inútil, pues el cálculo de sólo una variable ha demostrado no ser fiable.
Así que señores y señoras que deciden sobre el gasto público, ustedes que pueden, ¡léanse las instrucciones antes de dejar de pagar sueldos para financiar maquinitas!
Para volverse loca. En un solo fin de semana, mientras el PP de Catalunya alerta sobre el “efecto traslado” de la expulsión de los gitanos de Francia, Peret, un gitano catalán, llena la Plaça de la Vila de Santa Coloma. Mientras corren ríos de tinta con la última alerta securitaria del verano, la teórica proliferación de “nómadas urbanos” en los espacios públicos, una exposición en La Casa Encendida de Madrid retrata y pone rostro a la exclusión social. Mientras las ya generalizadas secciones de auto-ayuda de los periódicos me recomiendan generosidad, madurez y amor incondicional al prójimo como camino hacia la felicidad, los titulares me imponen arrogancia, eslóganes infantiles y desconfianza incondicional del prójimo como camino a la seguridad.
Y así cada semana: el discurso de la responsabilidad social, la mirada compleja, la realidad plural y alegre y la búsqueda de la empatía aparecen codo con codo con la bilis revanchista y excluyente, la creación y manipulación de los miedos, el escupitajo al pobre, al negro y al que pide ayuda.
Me pregunto en qué momento nos convertimos en eso que parece ser que somos hoy, en una sociedad vengativa, que se ceba en los más débiles cuando no encuentra cabeza de turco más cercana, incapaces de vernos en la desgracia ajena, de identificarnos con un sufrimiento que puede ser el nuestro mañana (¡o haber sido el nuestro ayer!). Sociedades que ante la pobreza no sabemos sacar empatía, auto-crítica, ni siquiera caridad, sinó mala leche y regocijo por una suerte que parece no poder nacer más que de la desdicha ajena.
Y me pregunto, también, qué capacidad de aguante tendrá la testaruda realidad del gesto generoso, la política pensada y la complicidad entre iguales ante la ofensiva del alarmismo, el interés propio y el racismo.
A pesar de que la discriminación en el acceso a la vivienda está generalmente prohibida, en Estados Unidos algunas leyes permiten hacer excepciones con las retirement o old-age communities (comunidades de jubilados o personas mayores). En estas ciudades, como Sun City, en Arizona, los jóvenes no están permitidos, y policías jubilados se dedican a patrullar las calles buscando criminales de la edad. Las visitas de los nietos están limitadas, o incluso prohibidas, en pro de la “tranquilidad”. Ante la propuesta de construir una escuela cerca, por ejemplo, los habitantes de Sun City se opusieron por miedo a tener niños y adolescentes “deambulando por las calles y aterrorizando el entorno”.
Pero parece que las comunidades de viejos no son una excentricidad (excluyente y de legalidad cuestionable) estadounidense: los habitantes de Sun City son tolerantes si los comparamos con los promotores de Villamartin Hills, cerca de Alicante. El vídeo de promoción de sus 68 apartamentos “de lujo” establece que las visitas de los familiares más jóvenes tendrán que realizarse en “zonas especiales” (04:36), o en los apartamentos de alquiler construidos en los alrededores, para no “perjudicar” a los residentes. La seguridad es una de las “mayores prioridades” del complejo (06:04): los apartamentos tienen “interfonos de pánico”, hay seguridad privada las 24h, el complejo está vallado, hay cámaras de seguridad que se controlan desde una sala de control específica y control de todos los accesos.
Me pregunto qué llevará a los residentes a echar mano del interruptor del pánico: ¿la aparición de una pelota o una bici? ¿la identificación de rasgos de acné en la cara de algún incauto visitante? ¿el lejano eco de una nana o un reggeatón?
Vistas las cifras de delincuencia en las comunidades aisladas (bajísimas, aunque con un gran eco mediático), me temo que el mayor riesgo al que se enfrentarán los que opten por este estilo de vida es la muerte por aburrimiento. Eso sí, retransmitida en directo en la sala de control.
*La fotografia pertenece a un proyecto de Matières Prises. “A los 4 años, les dices hola a la gente y te sonríen… a los 18, te rompen la cara”. Karim, 19 años.
La semana pasada todos los medios catalanes se volcaron en el anuncio realizado por parte de las poblaciones de Calafell y El Vendrell de crear zonas de tolerancia para la venta ilegal (“top manta”). Mientras escribo estas líneas, está prevista en Calafell una manifestación contra los “manteros”, y no parece que el tema vaya a desaparecer de las sobremesas.
El debate mezcla tantos elementos que es difícil simplificarlo: los ayuntamientos de quejan de la inactividad policial y/o del Departamento de Interior, los comerciantes se quejan de los manteros y de los ayuntamientos, todos se lamentan por la “mala imagen” que dan las persecuciones de vendedores ambulantes, y ningún mantero ha dicho aún esta boca es mía.
Lo más sorprendente, no obstante, es precisamente la sorpresa que ha suscitado la revelación de que, en temas de seguridad ciudadana, la negociación no es la excepción, sinó la norma: en todos los municipios se negocia con los manteros y se aplica la ley con discrecionalidad. A veces de forma informal e individual, como cuando un policía decide no intervenir al no observar alteración de la convivencia ni recibir ninguna queja ciudadana. Otras veces de forma más articulada, como cuando una Policía Local o una Área Básica Policial opta por relajar o aumentar la presión sancionadora, dependiendo de las presiones del momento o de la necesidad de controlar los efectos perversos de la mano dura (aumento de la pequeña delincuencia, por ejemplo). Y en otros casos, son los mismos consistorios los que deciden iniciar procesos de negociación a largo plazo que permitan establecer espacios de diálogo, reducir tensión y proteger los intereses y necesidades tanto de los comerciantes como de los ciudadanos y de los manteros.
En el caso de Calafell y El Vendrell, me temo que precisamente la atención mediática de estos días impedirá a corto plazo la articulación de un proceso de este tipo, además de poner a los manteros en una situación de mayor vulnerabilidad. En otros municipios, sin embargo, la existencia de mesas de negociación con representantes de vendedores ambulantes sin papeles, policías y técnicos municipales está abriendo las puertas a políticas públicas de seguridad que huyen de lógicas racistas, que afrontan la realidad (en lugar de negarla), que aplican un marco legal que incluye la Ley de Extranjería, pero también los convenios internacionales y los Derechos Humanos y, sobre todo, que ponen por encima de los intereses particulares el bien común y la convivencia.
En todo el mundo, en realidad, las mejores experiencias de abordaje de los retos vinculados a la seguridad ciudadana han partido de la complicidad de todos los actores implicados con la mejora de los entornos urbanos: de responsables municipales que han optado por salir de las lógicas heredadas para buscar soluciones creativas a los problemas, de ciudadanos que han renunciado a la cultura de la queja para responsabilizarse del devenir de sus calles, de colectivos marginales que se han organizado e implicado en procesos colectivos, y de comerciantes que han puesto por delante del beneficio inmediato la apuesta por la convivencia (dejando de vender alcohol a ciertas horas, por ejemplo, para contribuir a la disminución de la violencia vinculada a los estados etílicos; o no permitiendo la entrada de niños y adolescentes en horario escolar para combatir el absentismo en los colegios).
Ahora que tenemos el debate sobre la mesa, esperemos que no se nos pudra en el laberinto de las acusaciones mutuas, la insolidaridad y las visiones particulares y a corto plazo, y que de él salgan reforzadas las iniciativas que, en muchos lugares, están sabiendo crear procesos de responsabilidad colectiva.
Espero poder leer pronto la guía elaborada por Maria Naredo para ayudar a los municipios a incorporar la visión de las mujeres en los planes de seguridad. Sin embargo, la
cobertura que hace Público del acto de presentación vuelve a poner sobre la mesa que, a pesar de los esfuerzos por desvincular la idea de vulnerabilidad del tratamiento de la seguridad y las mujeres, al final el mensaje que llega es el de la mujer-víctima. Aunque la
nota de prensa se centra precisamente en esa voluntad de romper una relación que nos infantiliza,
el artículo sobre el acto de presentación vuelve a caer en los tópicos de siempre.
Es cierto que la experiencia de la calle de las mujeres puede ser (¡y es, sin duda!) en algunos casos afortunadamente puntuales de miedo o agresión, pero para las mujeres el espacio público es mucho más un espacio de socialización, de cotidianidad, de relación y de empatía con el entorno que un espacio de angustia. ¿No sería útil entender la seguridad de las mujeres en términos de refuerzo de esta capacidad de encontrarse y habitar la ciudad, y dejar de ceñir la definición de seguridad al riesgo objetivo de ser víctima de un acto delictivo? Más que nada porque cada vez está más claro que la sensación de inseguridad no está relacionada con cifras de delincuencia, sinó con factores estructurales, familiares y de percepción del entorno en general.
Además, la demanda de iluminación, visibilidad y apertura de los espacios puede serle útil a la mujer-vulnerable, pero ésa no es nuestra identidad fija en el espacio público. ¿Qué ocurre cuando somos mujer-enamorada y buscamos la protección de la oscuridad del rincón o el portal? ¿Y cuando somos mujer-joven y necesitamos huír de la mirada de los mayores para intercambiar confidencias, primeras caladas y escapadas clandestinas?
Si las políticas de seguridad en entornos urbanos van a acabar produciendo ciudades en las que Romeo y Julieta no hubieran podido enamorarse, espacios de control y de miedo, de criminalización de la carcajada y el desafío a las normas, flaco favor le estaremos haciendo a nuestros sueños, aspiraciones y expectativas como mujeres.
Estoy segura de que la guía que acaba de presentar la Generalitat tiene en cuenta estas consideraciones, y espero que aquellos que deben llevar a la práctica los planes locales de seguridad sepan salir de los tópicos y entiendan que el derecho a la ciudad de las mujeres no pasa sólo por “protegernos”, sinó por la creación de espacios de interacción, participación, reconocimiento y cuidado mutuo.
Porque, al final, ¿de qué sirve la iluminación de la calle si nadie mira, y si a nadie le importa lo que ve?
Amanece un nuevo día en el mundo de la hipérbole tecnológica. Hoy resulta que Google, Yahoo y Microsoft sabrán lo que quiero antes de que yo misma lo sepa. Y todo, gracias al data mining (extracción de datos para su análisis, generalmente con fines comerciales).
Me recuerda a las promesas que también aparecen de forma cíclica, de desarrollo de tecnología de detección del pre-criminal a través de sus movimientos, rutinas y datos.
El problema es que, igual que con las promesas del data mining con fines comerciales, la realidad deja mucho que desear: hoy mismo mi Facebook, a través de sus sofisticados sistemas de rastreo de mis preferencias a través de mi perfil, me ofrece alquilar mi habitación (vivo en ella, gracias), emigrar a Australia (¿para qué?) o tomarme una tapa y una caña por 1 euro (si me lo traen al despacho, vale). Amazon, por su parte, me recomienda libros que ya tengo (adquiridos a través de su web) y miles de accesorios para una cámara que compré hace cinco años para un amigo. En este blog, sin ir más lejos, GoogleAds ha considerado que todos ustedes estarán interesados en comprar cámaras de seguridad.
Así que permítanme un cierto escepticismo hacia las grandes promesas del data mining.
Sin embargo, mientras que los anuncios “personalizados” pueden provocar risa, las mismas lógicas aplicadas a la detección de comportamientos pre-criminales da para pocas bromas: en primer lugar, por lo que suponen de atraco a mano armada a las finanzas públicas que sufragan el coste de equipos de biometria y recolección de datos de movimientos a través de cámaras o tarjetas de transporte inteligente sin que tengamos clara su utilidad (por favor, si aguien ha visto algún escáner del iris en algún aeropuerto internacional que no esté “temporalmente fuera de servicio”, que me lo diga); en segundo lugar, porque su simplismo y sesgo hacen que al final o se centre la atención en el típico sujeto “male, young, non-white” o se rastreen comportamientos tan sospechosos como matar el tiempo. Finalmente, porque perpetuan la idea de que el delito es una opción personal, casi genética, o en todo caso totalmente ajena al contexto social en el que se comete.
Visto lo visto, tengo claro que con las técnicas actuales de data mining, mi privacidad está a salvo. Y, por si acaso, si agún dia me decido a atracar un banco o un Duty Free, me aseguraré de llevar tacones y dar sensación de estar ocupada, ni que sea viendo como el pobre joven a quien se le ha ocurrido ir a ingresar la nómina o comprarse un Jack Daniels hace saltar las alarmas.
En España existe un abismo entre a regulación de la videovigilancia pública y la privada: mientras que todos los sistemas manejados por la policía cuentan con una Ley Orgáncia (4/1997) y deben ser autorizados previamente por una comisión independiente y renovados cada año, la privada está sujeta sólo a una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos (I/2006).
Esta desproporción es la razón por la que en muchos lugares las mismas autoridades públicas optan por generalizar los sistemas de circuito cerrado de televisión en transportes públicos, donde la seguridad es siempre privada y por lo tanto sus sistemas de vigilancia no están sujetos a la Ley Orgánica. O por justificar cámaras de control del espacio público como si fueran cámaras de control del tráfico, que también es más fácil de autorizar (a excepción de Catalunya).
Mientras a algunos nos preocupa equilibrar esta situación a través de la creación de mayores mecanismos de control de la videovigilancia privada, sin embargo, nos desembarca por la puerta de atrás la Directiva Bolkerstein, de liberalización de servicios en el mercado interior de la UE, que en su adaptación a la legislación española a través de la Ley Ómnibus establece:
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad.
Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada (…).
Es decir, que la ya débil regulación de la videovigilancia privada queda en nada, y en lugar de compensar el desequilibrio, lo convertimos en abismo infranqueable: cada uno será libre de instalar videovigilancia y captar imágenes de otras personas sin su consentimiento ni acato a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ni siquiera.
El discurso de la liberalización de servicios, pues, no sólo se lleva por delante el Estado del Bienestar, sinó que arremete también contra derechos fundamentales, dejándonos sin cobertura legal ante la vulneración de principios básicos.
Así que sigamos sonriendo, que es por nuestra seguridad y la libre competencia.
Escribía hace unos meses sobre la creciente dificultar de distinguir entre lo que en inglés llaman “Homeland Security” (la seguridad interior, vinculada a los grandes riesgos, tipo terrorismo) y la “community safety” (la seguridad del día a día, la vinculada a la policía de proximidad y a la calidad de vida) en políticas públicas de seguridad.
Especialmente desde el 11-s, las fronteras entre los dos términos se han ido esfumando, a como mínimo haciéndose borrosas. De repente, miedos “exteriores” justifican controles cotidianos, y los mecanismos cotidianos de seguridad se centran en el “otro” como amenaza nacional en potencia.
En parte todos somos cómplices de esta situación: sea por cómo hemos digerido los grandes atentados del siglo XXI (en esta parte del mundo), o por el énfasis mediático global en la relación terrorismo-migración-inseguridad, muchas veces nuestros miedos cruzan esa frontera entre “security” and “safety” y reproducen las dinámicas preventivas y basadas en el profiling tan en boga actualmente.
Pero una cosa es que un ciudadano/a, en una conversación de bar, mezcle la inmigración con el terrorismo con la pobreza con el velo, y la otra es que lo hagan los responsables de las políticas de seguridad, que conscientes de que este tipo de asociaciones de ideas atentan contra derechos básicos (presunción de inocencia, sin ir más lejos), entran en el juego de confundir términos.
El caso reciente de la ciudad británica de Birmingham es paradigmático: hace unas semanas, la policía instaló más de 200 cámaras de videovigilancia para combatir “la delincuencia, el desorden y los comportamientos antisociales” en algunos de los suburbios de la ciudad con un mayor porcentaje de población musulmana. Estos fueron los objetivos que se les comunicaron a los pocos representantes de las zonas a los que se les informó de la iniciativa policial, hasta que hace unos días The Guardianhizo público que los 3 millones de libras de financiación del proyecto provenían del fondo de Terrorismo y Temas Relacionados. Es decir, que el objetivo no era proteger a los habitantes de esos barrios de la pequeña delincuencia, sino proteger al resto del país de esos ciudadanos, terroristas potenciales por su confesión religiosa y lugar de residencia.
De nuevo, la distancia entre los objetivos declarados y los reales de las políticas securitarias se convierte en un abismo que entierra garantías democráticas, principios fundamentales, exigencias mínimas de responsabilidad política y la necesidad de justificar los altos costes de unas políticas que, hasta la fecha, han demostrado ser incapaces de hacernos sentir más seguros.
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P.D.
Algunas actualizaciones de posts anteriores:
Nuevas notícias sobre el mosquito anti-jóvenes, aquí
Análisis de Statewatch del programa lib-dem sobre vigilancia en Gran Bretaña, aquí
