Llevo un par de semanas escuchando cómo los políticos en pre-campaña utilizan la delincuencia y la seguridad (a menudo asociadas a la inmigración) para conseguir la atención de los medios de comunicación y posicionarse de cara a las elecciones municipales: que si eliminar a los mendigos de la calle, que si mano dura contra los reincidentes, que si los trileros al paredón, que si las mezquitas no-sé-què, que si las prostitutas no-sé-cuantos…
.
Yo no soy asesora electoral y mi bola de cristal hace tiempo que no da una, pero si fuera a contratar a alguien para que me asesorara le pediría cómo mínimo que de vez en cuando pusiera un pie en la calle y hablara con alguien de carne y hueso. Porque los seres de carne y hueso estamos hoy bastante más asustados que en 2007. Pero no porque nos puedan robar el bolso ni por ver cómo la gente se busca la vida en la calle en un país con un 20% de paro, sino porque como sigan acertando tanto con las recetas contra la crisis, a este paso nos quedamos todos y todas sin nómina, sin casa y sin futuro.
.
Por eso todos los indicadores muestran que las preocupaciones de la población han dado un vuelco espectacular en los últimos años. No tengo datos a mano de todo el país, pero en Catalunya, por ejemplo, la “preocupación” por la inmigración ha pasado en los últimos años del primer al quinto puesto entre las prioridades ciudadanas, y la inseguridad ciudadana del segundo al sexto. A su vez, el paro y la precariedad han pasado de ser la preocupación de menos del 10% de la población a tener en vela a más del 50%.
.
Y este es el quid de la cuestión. Una sociedad sólo puede permitirse el lujo de tener entre sus grandes preocupaciones el ruido de los jóvenes y el incivismo del ciclista cuando no se despierta por la noche con el corazón en un puño por el futuro propio o de los próximos. Querer que le saquen a uno del portal al mendigo sólo es una posibilidad cuando su rostro no refleja el nuestro mañana. El revanchismo que hemos practicado mientras nos creíamos ganadores no es sostenible cuando nos levantamos cada día para asomarnos a la posibilidad de perder el trabajo, la atención médica, la pensión y todos los sueños de progreso que nos hacían seguir apostando cada cuatro años por el orden establecido.
.
Que mientras nosotros nos damos cuenta de estas cosas, ellos sigan dándole al PLAY del viejo cassette electoral para saturarnos con el “que viene el lobo/trilero/mendigo/grafitero/inmigrante” es tan absurdo que como mínimo podrían ahorrarse lo que les cobran los asesores. Este manual está demasiado gastado para que se lo facturen como nuevo.
Esta mañana, al realizar una entrevista sobre videovigilancia para el programa Punto de Fuga de la Cadena Ser, he recordado un artículo que leí hace tiempo de Dixon, Levine & McAuley sobre alcohol, videovigilancia y espacio público en Lancaster (UK).
.
La pieza es muy recomendable porque es de los pocos trabajos que explora las consecuencias psicológicas de la videovigilancia, en el contexto en este caso de la economía nocturna ligada al ocio. Un par de los datos que apunta son interesantes:
.
- Por una parte, en relación con la videovigilancia y la inclusión social, la investigación descubrió que aquellas personas que mejor valoraban las cámaras (por sus efectos sobre la delincuencia y el sentimiento de inseguridad) y menos importancia daban a su potencial restricción de derechos individuales, eran también las que más de acuerdo estaban con la idea de que a ciertas personas no debería permitirles el acceso al espacio público (en oposición a aquellas que creían que la diversidad de usuarios era un valor positivo).
.
- Por otra, relacionando videovigilancia y responsabilidad social, el estudio quiso ver hasta qué punto la presencia de cámaras podía influir sobre los sentimientos de responsabilidad social de ciudadanos y ciudadanas –es decir, en su predisposición a no pasar de largo. Un 76% de los entrevistados afirmó sentir que tenía, en general, la responsabilidad de ayudar a los demás, y un 87% aseguró que intervendrían si alguien lo necesitara. Sin embargo, al preguntarles si creían que sus conciudadanos harían lo mismo por ellos, sólo un 49% respondió afirmativamente. Lo preocupante es que un 30% de las personas entrevistadas dijo que la presencia de cámaras hacía que su intervención fuera menos necesaria, y un 26% afirmó que la videovigilancia reducía la necesidad de preocuparse por lo que les ocurre a los demás.
.
Como comentan los autores, los datos pueden interpretarse de muchas formas y algunas de las relaciones no son lo suficientemente robustas como para sacar conclusiones, pero que más de un 25% de la gente utilice la presencia de cámaras como argumento para justificar el pasar de largo es no sólo preocupante, sino también revelador.
.
Si la videovigilancia es la opción de los que quieren que por la calle sólo se paseen Barbies y Kens, y hace que casi tres de cada diez personas se escuden en las cámaras para justificar su incivismo, como mínimo que cambien los cartelitos: ‘Sonría, es por su propia inseguridad’.
En los últimos días han llegado a mis manos dos artículos en los que dos escritores a los que respeto, Quim Monzó y Rosa Montero, se quejan de cuestiones relacionadas con la cultura cívica de los ciudadanos y ciudadanas. En el primero, titulado No os enrolléis tanto, Monzó se desahoga (¡y cómo!) contra las “bandas” (de grafiteros) que ensucian la ciudad y luego “chantajean” a los comerciantes “para pintarrajearles dibujos de una ordinariez supina”, y se felicita de que el Ayuntamiento de Barcelona haya decidido multar a los comerciantes que no respetan la paleta de colores establecida por las ordenanzas municipales. En el segundo, Vecinos y gorrinos, Rosa Montero se queja de la “marea de inmundicias” que inunda muchos espacios públicos, y de “la falta de conciencia cívica, la incultura social” de este país.
.
Una parte de mi espera que este tipo de escritos no sean más que el fruto de la falta de inspiración que debe caer regularmente sobre los comentaristas semanales: ante la escasez de ideas, me quejo de algo.
.
Pero a otra parte de mí se le encoge el corazón al ver la definición de democracia con la que se siente cómodo Quim Monzó, o cómo derrocha Montero hostilidad hacia comportamientos que descontextualiza, para luego quejarse de que los hostiles son los demás. Por encima de las opiniones personales sobre lo que exponen, me apabulla el extrañamiento de estas plumas ilustres ante lo que pasa a su alrededor, las opiniones y actitudes de sus conciudadanos, y la utilización del “bien común” para dar por sentada la legitimidad de preferencias personales que se auto-atribuyen una superioridad moral de procedencia imprecisa.
.
Porque, ¿no tienen derecho a contribuir a la definición del bien común los comerciantes que eligen pintar su persiana? ¿Y los jóvenes que tunean una ciudad que también les pertenece? Y a la señora que se rasga las vestiduras por “la tradicional tendencia de los españoles a engorrinar los espacios públicos”, ¿puedo preguntarle cuando fue la última vez que ejerció su deber cívico de mostrar su disconformidad ante estas conductas, contribuyendo a difundir valores y a “educar a los ciudadanos”? El final del artículo de Montero, entendiendo la “guarrería” de los ignorantes “marmolillos” como un ataque a “el Estado, el bien común, la colectividad, la sociedad civil” no tiene desperdicio. Me viene a la cabeza el poema de Baudelaire y me pregunto, ¿cuándo os volvisteis tan pijos?
.
La combinación de falta de empatía con personas que opinan diferentemente sobre qué es lo que constituye “degradación del entorno”, por un lado, y la normalización de la queja por la falta de educación “de los otros”, sin responsabilizarse de la contribución propia a la situación o al contexto, por otro, me parece preocupante. Preocupante, en primera instancia, porque muestra una mirada más propia de princesa de cuento que sale del castillo para desfallecer ante la ordinariez de la vida plebeya que de intelectual comprometido/a con el devenir colectivo. Y, en última instancia, porque con la que está cayendo, da cierta cosilla que a la intelectualidad del país lo que le genere el nivel de indignación que rebosan los artículos sean estas cosas.
Imaginen que un día el ayuntamiento mandara a alguien con algunos centenares de euros en el bolsillo a hablar con personas que llevan años durmiendo en la calle, para ponerlos a su disposición. A los mendigos no se les informa de la cantidad de qué disponen, pero se les anima a pedir todo lo que sientan que necesitan para mejorar su situación.
¿Qué pedirán los sin-techo? Un cargamento de Don Simón, sin duda. ¿Qué se puede esperar de esos seres anti-sociales que aterrorizan nuestros portales y se niegan a aceptar la mano que les quiere encerrar en un albergue?
Pues no. En Londres a una ONG se le ocurrió que quizás fuera más útil escuchar a aquellos a quien se quiere ayudar, en lugar de obligarles a entrar en la lógica del programa social al uso, y un educador hizo exactamente eso: preguntar a 15 mendigos qué necesitaban… ¿la respuesta? zapatos, una silla para poder leer, un televisor, ayuda para pagar una pequeña deuda con un compañero, una caravana… (ver informe) En total, en el primer año los participantes en el proyecto gastaron 794 libras por persona, muy por debajo de lo previsto, y 9 acabaron dejando la calle. Alguno incluso llegó a sugerir que se redujeran las ayudas para que más personas pudieran beneficiarse de ellas…
Inmersos como estamos en la lógica del palo y la zanahoria, cuando las multas, sanciones y reprimendas proliferan para conseguir “disciplinar” al ciudadano incívico, la idea de que tratar a los ciudadanos y ciudadanas como seres pensantes con derechos, entendiendo la redistribución no como limosna, sinó como acto de solidaridad colectiva, quizás no es mala idea. Sobre todo si al final resulta que los mismos a los que responsabilizamos de la inseguridad y la “mala imagen” de nuestras ciudades demuestran un sentido común, una generosidad y una preocupación por las finanzas públicas que se echa de menos en muchos ilustres y cívicos ciudadanos.
Lleida, El Vendrell y Barcelona son las tres primeras ciudades españolas en prohibir el uso del burka en los edificios de titularidad municipal.
Curiosamente, Lleida tiene también el honor de contar con el sistema de videovigilancia en el espacio público más antiguo del Estado, y con la primera Ordenanza de Civismo que ha debido ser modificada a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
A El Vendrell también le gusta ser pionera, y tiene el dudoso honor de ser, junto con Vic, la ciudad con más ediles del partido xenófobo y ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), además de ser el municipio catalán con más metros cuadrados de espacio público cubiertos por videovigilancia por habitante.
Barcelona no se queda atrás, y la suya fue la primera Ordenanza de civismo de nuevo cuño, de las que mezclan el mear en la calle con la prostitución, la venta ambulante y jugar a pelota; y en cuanto a videovigilancia, después de años de una cierta reticencia, entre 2009 y 2010 se acordó pasar de 4 a 14 cámaras en el espacio público.
La realidad de las tres ciudades demuestra que el debate sobre el burka no puede verse como un hecho aislado. La progresión en la adopción de medidas seuritarias orientadas al control de los comportamientos muestra que la cesión momentánea ante las presiones de la derecha y la extrema (en todos los casos las primeras propuestas en los plenos municipales llegó de la mano de PxC, PP o CiU) no hace más que inaugurar una descenso interminable a las catacumbas del populismo punitivo.
Josep Anglada, presidente de la PxC, demostró no albergar dudas cuando después del pleno de El Vendrell afirmó: “Esto no ha acabado aqui, es solo el comienzo“.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Se acerca el verano e intuyo ya las portadas con fotos de las playas llenas de vendedores ambulantes y masajistas, y las promesas de mayor presencia policial, videovigilancia y orden.
Como mencionaba hace unas semanas en un post sobre el quality of life policing, la combinación de turismo y civismo parece generarle al sistema un cortocircuito generalizado que se hace aún más evidente en verano, y al que ahora se le une el factor crisis económica, que está obligando a muchas zonas costeras de nuestro país a replantearse el modelo de crecimiento que tantos bolsillos ha llenado en los últimos 50 años.
Este tipo de espacios se debate entre múltiples contradicciones, la mayoría provocadas por una dificultad evidente para romper con el modelo de desarrollismo basado en el ladrillo y el turismo. Los responsables de estas zonas costeras son conscientes de que el modelo se acerca a su fin, pero la esperanza de, milagrosamente, todo vuelva a ser como antes se palpa en el ambiente. El rechazo al turista de bajo poder adquisitivo se mezcla con una dinámica no explícita que apuesta por añadir la impunidad a la oferta turística para no perder clientes: nuestras playas ya no serán las más bonitas, ni nuestros cubatas los más baratos, ni nuestras calles las más exóticas… pero aquí el turista es el rey. Y si cada mañana tenemos que limpiar los vómitos de su borrachera de nuestros portales, lo haremos con gusto, porque sus euros nos dan de comer. Y si cuando vienen quieren no tener que pensar en qué constituye el respeto, no se preocupen, suspenderemos nuestras ordenanzas de civismo, porque su incivismo trae $$$. Y si a última hora ud. decide liberar su frustración ante el agotamiento de las vías gratuitas de obtención de sexo con un completo en un rincón, no se preocupe, nos encargaremos de que las portadas y las multas se centren en la nigeriana que le ha dado alivio.
En un país que ha apostado tanto por el desarrollismo de sol y playa, la irresoluble tensión entre la legalidad y el imperativo del crecimiento económico tiende a resolverse creando un doble rasero legal y añadiendo a unos paquestes turísticos cada vez menos competitivos un 2×1 de impunidad.
Los discursos sobre la necesidad de apostar por modelos que respeten el medio ambiente y al ciudadano, que antepongan los principios del estado de derecho a los intereses de algunos sectores económicos y que dejen atrás el monocultivo turístico y los bajos salarios quedan así en agua de borrajas. Pero es que además no le hacen ningún favor a la reconversión que preconizan, ya que la posibilidad de que el deseado turista cívico pille el mensaje y abandone el MoMa (o el Guggenheim!) para venir a pasearse por nuestras playas parece no ya remota, sinó hasta cómica.
Bueno, tragicómica. De las de reír para no llorar.
Érase una vez un gobierno municipal en crisis, acosado por la oposición, por la desafección política y por una pérdida general de credibilidad.
Ante tal situación, el alcalde decidió revisar el Libro Gordo de las Buenas Ideas y se encontró con unos Juegos Olímpicos, que segun las crónicas de la época habían levantado los ánimos ciudadanos y reafirmado a su predecesor. Así que el alcalde dijo para sí: “Ya lo tengo, montaré un gran evento y el pueblo me amará de nuevo”. Así que importó ladrillos, expertos y azafatas y montó un Foro de las Culturas.
Para sorpresa de la corte, los sondeos no mejoraron, así que volvieron al oráculo y leyeron que las adversidades podían combatirse con una pizca de proximidad, dos de visitas a los barrios y tres de utilización del transporte público. Y, de nuevo, se pusieron manos a la obra: “¡el alcalde de la proximidad!”. Pero los sondeos seguían en caída libre.
Llegados a este punto, el alcalde empezó a darse cuenta que la desafección ya no estaba sólo fuera o en la oposición, sinó que el enemigo estaba empezando a instalarse en casa. Desesperado, se dirigió al epílogo del Libro Gordo de las Buenas Ideas, un epílogo al que sólo se podía acceder con una clave, transmitida de padres a hijos políticos y puerta de acceso a un manual secretísimo a utilizar sólo en caso de emergencias emergencísimas, y leyó: “ante situaciones desesperadas, y si uno no le tiene mucho apego a su alma y no le importa vendérsela al diablo, se puede recurrir al siempre exitoso populismo securitario”. Y no lo dudó. En tres meses tuvo redactada y aprobada una ordenanza cívica. Pero el diablo no perdona, y la ordenanza nació cuando ya se oficiaba la misa por el cadáver político del alcalde.
Cinco años después, otro alcalde, después de intentar liderar unos Juegos de Invierno y un proceso participativo fallido, al ver resquebrajarse el suelo mismo sobre el que se asentaba su cargo, se dispuso a abrir de nuevo el libro gordo de las buenas ideas, esta vez, debido a la situación de emergencia emergencísima, y como su predecesor años atrás, por la primera página del secretísimo epílogo…
Uno de los argumentos más manidos para justificar el creciente control y sanción de comportamientos en el espacio público (ordenanzas cívicas, videovigilancia, mediación policial en conflictos sociales, etc.) es que quien no tiene nada que ocultar no se verá afectado por estas medidas. Al fin y al cabo, si jamás se te ha ocurrido hacer nada “inapropiado” en el espacio público, el ojo policial no se fijará en tí. Nada que temer, pues.
Claro que con la progresiva ampliación del catálogo de conductas y actos inapropiados, el porcentaje de personas que puede sentirse segura bajo el “nada que ocultar, nada que temer” es cada vez más reducido. Por no hablar de que lo que debe o no debe ser motivo de ocultación es algo que cambia con el tiempo (un beso entre personas del mismo sexo en la calle no es inapropiado hoy, pero por suerte Franco no tuvo acceso a la videovigilancia; o vaya gracia les habría hecho a Romeo y Julieta tener a un Capuleto o un Montesco con una ordenanza cívica), o de que la creciente discrecionalidad en la aplicación de las regulaciones orientadas al control de los comportamientos en el espacio público deja la valoración del grado de la infracción no a un juez, sino a un policía (sin que esto haya sido reflejado en la formación de los cuerpos policiales ni existan formas de cuestionar esa arbitrariedad).
Pero más allá de estos argumentos, la mejor crítica al “nada que ocultar, nada que temer” es que siempre se les aplica a los mismos.
Porque si ante un mayor control, nadie debe temer al no tener nada que ocultar, ¿por qué acaba de votar el Consejo de Policía de Catalunya contra el Código Ético de la Policía? ¿Por qué no tenemos datos de la utilización y el impacto de una videovigilancia que nos cuesta centenares de miles de euros al año?
Que en un momento de creciente atribución de poderes a las instancias policiales, ésta no vaya acompañada por una mayor capacidad de control y rendición de cuentas, y que cuando sí existe iniciativa política para equilibrar esta situación sea la misma policía la que se niegue a ser objeto de control sí debería ser motivo de temor. Sobre todo por parte de los que no tenemos nada que ocultar.
Espero que no le hubieran cogido cariño a la expresión “policía de proximidad”, porque ya está out. Lo que se lleva ahora es el “quality of life policing“: la policía que no sólo sirve y protege, sino que garantiza con su actuación la calidad de vida de todos los seres de bien.
El problema está en definir no ya qué es la calidad de vida, sinó dónde acaba la mía y empieza la tuya, y viceversa. Para unos el derecho a manifestarse puede ser calidad de vida; para otros, una disrupción inaceptable de la cotidianidad urbana. Para unos poderse tumbar en un banco público a tomar el sol puede ser calidad de vida; para otros, uso indebido e intensivo del espacio público; para unos, besarse en una playa puede ser calidad de vida; para otros, escándalo público.
Este es el atolladero en el que nos hemos metido cuando hemos decidido que existe un sólo civismo, unos únicos valores válidos y una sola definición de lo que es “calidad de vida”, y nos hemos empeñado en aplicarlo a través de sanciones, ordenanzas y policías. En la negociación informal de lo aceptable y lo inaceptable que se produce de forma habitual en los espacios públicos, hemos decidido introducir unas normas que se supone que representan verdades superiores sobre lo que está bien y está mal, pero sin ni siquiera preocupanos por aplicarlas con una mínima coherencia que permitiera, como mínimo, la seguridad jurídica del ciudadano/a.
Así, acabamos con episodios esperpénticos como el de este fin de semana en Salou, donde 8,000 jóvenes ingleses se disponen a pasar la Semana Santa bebiendo y haciendo campeonatos de Playgirls (participante dixit). Las imágenes y las declaraciones de los participantes hablan por sí solas. Pero 8,000 borrachos saltando sobre el mobiliario urbano, cruzando calles sin mirar, vomitando por las esquinas y buscando sexo fácil no parecen afectar a la calidad de vida de los habitantes de Salou. El inspector jefe de la policía local, por ejemplo, afirma no tener “datos que nos lleven a pensar que la situación se pueda salir de madre”, mientras un vecino declara a la televisión que no le parece mal, que “es su cultura y es su manera de ser”.
Mientras tanto, George Monbiot escribe en The Guardian sobre una nueva tendencia policial en busca de la calidad de vida: recomendar a los consistorios locales que no se celebren festivales hippies, porque parece que ensucian. Él lo llama “morality policing“.
Más allá de lo que pueden ser extremos, la verdad es que el día a día del control policial de los comportamientos en el espacio público es, como mínimo, problemático. En parte porque refuerza estereotipos y desigualdades (el turista del norte borracho vale, el sin-techo con el Don Simón no vale), como refleja brillantemente un artículo aparecido hoy en The New York Times: en los últimos meses, la policía de Key West ha recibido fondos para ampliar su plantilla y dedicarse exclusivamente al quality of life policing. Por lo tanto, las personas sin techo que han hecho de la playa su casa (directamente en la arena o dentro de sus coches) han recibido en los últimos tres meses el doble de denuncias que el año pasado. Problema: Key West es un lugar de fin de fiesta para muchos turistas, y escenas como esta y esta son habituales. Pero el jefe de la policía lo tiene claro: el problema son “los vagabundos”, “esa gente que está en la calle, molestando la calidad de vida o la experiencia de los visitantes, los residentes y los negocios” (cualquier parecido con Salou es pura coincidencia).
La estigmatización que denuncian los sin techo de Key West no es un tema cualquiera: ¿no intervino también la estigmatización en la distribución de las imágenes de los bomberos en Francia? ¿Cómo se defiende uno del profiling? ¿Y cómo es que de repente es la víctima la que tiene que demostrar su desprotección ante leyes que se aplican arbitrariamente y no la policía quien tiene que probar que su aplicación de la normativa es igual para todos?
Yo, por si acaso, la próxima vez que salga por Salou voy a ir con una chocolatina Godiva en el bolsillo, que parece que en Key West es prueba irrefutable de tu derecho a dormir la mona en la acera. Los vagabundos no saben apreciar el buen chocolate, faltaría más.
