Había previsto unas vacaciones de columnista, pero algunos acontecimientos recientes me dificultan mantener el silencio auto-impuesto.
35 años después de que lo cantara The Clash, es oficial. London’s burning. Una vez más, sin embargo, ‘los mercados’ y su teóricamente temido ‘lunes negro’ han dejado en segunda fila las cosas importantes. Pero vayamos por partes, ni que sea telegráficamente.
Los hechos
El Jueves 5 de agosto, Mark Duggan, de 29 años y padre de 4 hijos, muere por el disparo de un policía en el norte de Londres. El sábado a las 5 de la tarde, y cuando aún no habían podido ni acceder al cuerpo ni obtener ninguna explicación oficial, la familia de la víctima, con conocidos y miembros de la comunidad, se dirigen en manifestación a la comisaría del barrio para exigir que alguien les reciba. Cinco horas después, siguen en el lugar sin respuestas, y un trabajador social avisa a la policía de que si nadie les recibe antes de que se haga de noche, la cosa se puede poner fea. En un momento determinado, una chica de 16 años se acerca a la policía para pedir explicaciones, pero es apartada con violencia. Parece que esto es lo que desata la primera revuelta, que dura toda la noche del sábado y acaba con coches, autobuses y edificios incendiados.
Desde entonces, las revueltas se extienden. Por encima de divisiones étnicas, religiosas o cualquier otra línea ficticia cacareada en los últimos años, la brecha que aparece es, sobre todo, generacional. El lunes por la noche, por ejemplo, unos jóvenes atacan la mezquita del este de Londres (aunque son repelidos por los fieles, que protegen el edificio y les echan al grito de ‘cómo os atrevéis’), y muchos testigos hablan de que la gran mayoría de los protagonistas de los actos violentos son blancos.
Sin querer extenderme mucho, sí creo que hay algunos datos que hay que poner sobre la mesa para comprender lo que está pasando.
El contexto
- El 31 de julio de 2011 el Guardian publicaba un vídeo sobre la situación en Haringey (donde empezaron los disturbios) entrevistando a jóvenes sobre la situación en el barrio después del cierre de los centros comunitarios para jóvenes (consecuencia de una reducción presupuestaria del 75%). Todos coincidían en que su situación era ya de una vulnerabilidad y pobreza extrema, sin perspectivas laborales y en un entorno desestructurado y violento. El último entrevistado sentenciaba: ‘Habrá revueltas’. No hacían falta expertos, pues: el barrio lo estaba anunciando a gritos.
- Desde 1998, 333 personas han muerto mientras estaban en dependencias policiales o bajo custodia policial. Ningún policía ni responsable político ha sido jamás condenado por ninguno de estos hechos. En los últimos años, casos como el de Charles de Menezes, asesinado a sangre fría por la policía en el metro por ‘presunto’ terrorista, y de Ian Tomlinson, que murió de un ataque al corazón después de una carga policial, sólo salieron a la luz gracias a las personas y los medios de comunicación que aportaron pruebas de la falsedad del relato policial. En el caso de Mark Duggan, la versión policial, hasta ayer, era que él había disparado primero. Hoy sabemos que el único otro tiro que había en la escena del caso procedía también de un arma policial.
- La violencia callejera y el pillaje no son patrimonio de jóvenes de zonas marginales. Las situaciones de violencia y caos atraen a personas de todos los perfiles (una de las revueltas contra la policía más importantes de los últimos años en nuestro país ocurrió en Pozuelo de Alarcón, el municipio con más renta per cápita de Madrid). No hay, pues, necesariamente mensaje político ni de protesta en el looting. Lo que sí hay es un síntoma inequívoco de desarticulación social. En el caso de Londres, emerge también un sentimiento anti-policial generalizado alimentado en algunos casos por motivos legítimos (mencionados en el punto anterior), pero también por una cultura popular de violencia y enfrentamiento (los jóvenes llaman a la policía ‘feds’, como si fueran agentes del FBI y Londres fuera Los Angeles).
- Paralelamente, la policía londinense se encuentra en un estado de desmoralización extrema. A los escándalos policiales (los casos recientes mencionados, a los que se suma la corrupción destapada por el escándalo del News of The World y la dimisión de altos cargos) se suman reducciones salariales del 25%, amenazas de despidos y una creciente indignación por la situación del país que acerca a muchos agentes a las posiciones de aquellos contra quienes se les ordena actuar. Adicionalmente, la fijación de los últimos años por parte de los mandos policiales y políticos por centrar la atención en posibles terroristas y movimientos sociales legítimos, ha generalizado las redadas en zonas pobres y las tácticas agresivas en las manifestaciones, dejando a las fuerzas de seguridad peor preparadas para afrontar problemas reales de orden público como los actuales.
Aunque gran parte del vandalismo de estas horas en Londres no es político ni defendible, las revueltas son la cara previsible de las políticas de austeridad. Para poder prever este tipo de acontecimientos, sin embargo, hay que tener memoria: memoria de la historia de la humanidad, memoria de los eventos y dinámicas sociales, felices y desgraciadas, que nos han llevado hasta aquí. Para gestionar la crisis hay que saber que aparte de políticos y mercados, en este mundo hay gente. Gente que, mira tú por donde, dice basta. Y, en ausencia de esperanza, en ausencia de proyecto colectivo, en la ausencia de un relato compartido de construcción de un futuro mejor, la rabia y la destrucción actúan como única catarsis posible. Quién no tiene nada que perder, no pierde nada saltándose todas las normas.
Pero los hechos de Londres no sólo ponen sobre la mesa el éxito de las políticas de austeridad y recortes en la desarticulación social de las comunidades y la pauperización de los más débiles, sinó también que la catarsis colectiva puede tener muchos rostros. Uno de ellos es el de Londres. Pero otro es el del 15m. Con todas sus contradicciones, traspiés e ingenuidad, el 15m lleva tres meses reconstruyendo lo ‘desconstruido’, articulando un proyecto colectivo de esperanza que hace posible que la respuesta a la crisis y a la pésima gestión de la crisis no pase por quemar bancos y comisarias, sino por debatir alternativas en las plazas y luchar por devolverle la cordura al mundo y la kratos a la democracia.
Quien quiera negar que hoy las asambleas en las plazas son lo que separa a este país del abismo, o miente, o manipula o, sencillamente, no se entera.
Prever las cosas está de moda. Si tuviera hijos yo creo que no les recomendaría ir a la universidad, sino que les mandaría a hacer prácticas a esos programas de tarot que echan de madrugada.
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No hay más que ver la fortuna de Noubiel Roubini, que en 2005 dijo que las cosas pintaban mal para la economía, nadie le hizo caso, y ahora es el gurú de cabecera de muchos –a pesar de haber anunciado en 2008 que EEUU saldría de la recesión en 2009 (ejem…).
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Son muchos los que se han dado cuenta de esta fetichización de los Nostradamus del siglo XXI, y con las revueltas de Oriente Medio algunos compiten por mostrar sus capacidades pitoniso-predictivas. Uno de ellos es Richard Florida, que ha lanzado el ‘Index of Potential Unrest’ para contribuir a identificar los factores que permitirían identificar el potencial revolucionario antes de que este estallara. Aunque limitado, como mínimo su análisis tiene interés.
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Pero el que más se ha lucido (de nuevo) es Thomas L. Friedman, que después de devolvernos a tiempos pre-copernicanos con su libro The World is Flat, hace unos días planteaba las cuatro ‘fuerzas-no-tan-obvias’ que explican los acontecimientos recientes en Egipto. Entre ellos, el ‘Obama factor’, Google-Earth y los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Club de la Comedia? No, el New York Times. Y el tío tiene tres Premios Pulitzer. No voy a dedicarme a contestar a su iluminado análisis porque ya lo han hecho muchos, entre ellos una tal Sarah Carr, que lo borda.
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Lo que me trae de cabeza es el tema este de la predicción. La obsesión por adelantarse a los acontecimientos. Las habilidades sobrenaturales como baza personal y política. Esto que empezamos a ver en todos los ámbitos hace tiempo que es lo habitual en políticas de seguridad: la promesa política de poder ‘evitar’ la inseguridad, y la expectativa ciudadana de vivir sin riesgo ni sorpresas.
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El último ejemplo es el de un atraco a un comercio con violencia (y muerte) en el centro de Barcelona. Casi todas las fuerzas políticas piden ‘más policía’. Vale, ¿pero para qué? ¿Para qué sirven diez policías en cada esquina ante un perturbado con ‘problemas personales’? Y si se consiguió detener al presunto asesino esa misma noche, ¿en qué ha fallado la policía?
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Me temo que lo que se espera es que los diez policías en cada esquina ‘detecten’ al posible delincuente e intervengan antes de que ocurra nada. Para eso mejor contratar a la Pitonisa Lola, ¿no? O como mínimo darles alguna asignatura de lectura de bolas de cristal, digo yo.
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Si a alguien le preocuparan los atracos con arma de fuego, lo que propondría serían políticas activas de control de tenencia de armas, por ejemplo. Y si a alguien le preocupara la violencia, pondría sobre la mesa que la ecuación más desigualdad igual a más violencia se cumple todas y cada vez.
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Pero claro, esto sería plantear políticas responsables. Y para qué ir de responsable cuando se puede vivir del pitoniso business.
Dos no se pelean si uno no quiere. A pesar de las muchas excepciones que se le podrían encontrar a esta perla del refranero popular, la comprensión de todo conflicto pasa siempre por el análisis de la actuación de todos los grupos o individuos implicados.
Por eso me parece imprescindible que después de los hechos del 29-s en Barcelona se hable también de estrategias policiales.
Según el Artículo 104 de la Constitución, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El día 29, pues, lo esperable sería que el objetivo de la policía hubiera sido proteger el derecho a la huelga (incluyendo el derecho de los piquetes a ejercer su función informativa y de los huelguistas a manifestarse) y la seguridad de las personas.
Sin embargo, la observación del despliegue del 29-s en Barcelona revela prioridades algo diferentes. Desde primera hora, la visibilidad de la presencia policial convirtió a los efectivos de los Mossos d’Esquadra no en una fuerza de apoyo en caso de que el conflicto social no encontrara cauces pacíficos para dirimirse, sinó en un actor más en la contienda, imposible de ignorar.
Además, el blindaje de comercios y arterias principales de la ciudad contra la actuación de los piquetes (los centenares de personas que salieron de Pl. Catalunya se auto-definieron como piquete), aparte de vulnerar la legislación vigente, generó una situación de inseguridad ciudadana, puesto que un colectivo que podría haberse canalizado por una gran vía acabó disgregado y en una situación de vulnerabilidad extrema tanto ante la actuación de los elementos que optaron por la confrontación con la policía como ante la reacción de la policía a esa confrontación. El cierre de la Ronda Sant Antoni fue, a todas luces, un error de estrategia que ignoró tanto la necesidad de proteger derechos fundamentales (manifestación) como de garantizar la seguridad ciudadana. Y esa decisión fue tomada antes de que hubiera ningún disturbio.
Durante la tarde del 29-s, además, el enfrentamiento entre los individuos que optaron por enfrentarse a la policía y los efectivos policiales llegó a adoptar dinámicas de retro-alimentación, convirtiendo a la mayor parte de los participantes en la jornada de huelga y a muchos ciudadanos en involuntarios e incrédulos daños colaterales. La actuación masiva de la policía de paisano hizo también que muchos ciudadanos y ciudadanas no entendieran porque se arrestaba a ciertas personas, puesto que muchas detenciones se produjeron mucho después de la supuesta participación de ciertos individuos en actos violentos. Que, como informó recientemente la prensa, no se utilizaran balas de goma, sino solo su sonido como herramienta “intimidatoria”, corrobora la sensación de que quién diseñó el despligue tenía más presentes prioridades técnicas que de eficacia policial: para la mayor parte de la población, si suena como una bala de goma, es una bala de goma, y asusta a propios y extraños.
La prensa recogía también hace unos días las declaraciones de un policía presente en los disturbios, que declaraba que el conflicto entre violentos y policía “es una guerra desigual”. Precisamente: en democracia, el conflicto social no es una guerra. Ni un videojuego. No hay buenos y malos. Hay derechos y libertades, y la necesidad de preservarlos por encima de cualquier otra cosa. El objetivo de la policía, pues, no es ni impedir que la protesta exista ni eliminar a los que protestan, como en una guerra. Al contrario, es contribuir a que el espacio público sea un espacio de debate y disenso. Contribuir a la democracia.
La ciudadanía y las personas que integran las fuerzas de seguridad nos merecemos responsables políticos y técnicos capaces de entender las complejidades de la actuación policial en democracia. Ignorar esta complejidad, aparte de pisotear la Constitución, es la mejor manera de convertir a la policía en el brazo tonto de la ley.
Uno de los argumentos más manidos para justificar el creciente control y sanción de comportamientos en el espacio público (ordenanzas cívicas, videovigilancia, mediación policial en conflictos sociales, etc.) es que quien no tiene nada que ocultar no se verá afectado por estas medidas. Al fin y al cabo, si jamás se te ha ocurrido hacer nada “inapropiado” en el espacio público, el ojo policial no se fijará en tí. Nada que temer, pues.
Claro que con la progresiva ampliación del catálogo de conductas y actos inapropiados, el porcentaje de personas que puede sentirse segura bajo el “nada que ocultar, nada que temer” es cada vez más reducido. Por no hablar de que lo que debe o no debe ser motivo de ocultación es algo que cambia con el tiempo (un beso entre personas del mismo sexo en la calle no es inapropiado hoy, pero por suerte Franco no tuvo acceso a la videovigilancia; o vaya gracia les habría hecho a Romeo y Julieta tener a un Capuleto o un Montesco con una ordenanza cívica), o de que la creciente discrecionalidad en la aplicación de las regulaciones orientadas al control de los comportamientos en el espacio público deja la valoración del grado de la infracción no a un juez, sino a un policía (sin que esto haya sido reflejado en la formación de los cuerpos policiales ni existan formas de cuestionar esa arbitrariedad).
Pero más allá de estos argumentos, la mejor crítica al “nada que ocultar, nada que temer” es que siempre se les aplica a los mismos.
Porque si ante un mayor control, nadie debe temer al no tener nada que ocultar, ¿por qué acaba de votar el Consejo de Policía de Catalunya contra el Código Ético de la Policía? ¿Por qué no tenemos datos de la utilización y el impacto de una videovigilancia que nos cuesta centenares de miles de euros al año?
Que en un momento de creciente atribución de poderes a las instancias policiales, ésta no vaya acompañada por una mayor capacidad de control y rendición de cuentas, y que cuando sí existe iniciativa política para equilibrar esta situación sea la misma policía la que se niegue a ser objeto de control sí debería ser motivo de temor. Sobre todo por parte de los que no tenemos nada que ocultar.
Espero que no le hubieran cogido cariño a la expresión “policía de proximidad”, porque ya está out. Lo que se lleva ahora es el “quality of life policing“: la policía que no sólo sirve y protege, sino que garantiza con su actuación la calidad de vida de todos los seres de bien.
El problema está en definir no ya qué es la calidad de vida, sinó dónde acaba la mía y empieza la tuya, y viceversa. Para unos el derecho a manifestarse puede ser calidad de vida; para otros, una disrupción inaceptable de la cotidianidad urbana. Para unos poderse tumbar en un banco público a tomar el sol puede ser calidad de vida; para otros, uso indebido e intensivo del espacio público; para unos, besarse en una playa puede ser calidad de vida; para otros, escándalo público.
Este es el atolladero en el que nos hemos metido cuando hemos decidido que existe un sólo civismo, unos únicos valores válidos y una sola definición de lo que es “calidad de vida”, y nos hemos empeñado en aplicarlo a través de sanciones, ordenanzas y policías. En la negociación informal de lo aceptable y lo inaceptable que se produce de forma habitual en los espacios públicos, hemos decidido introducir unas normas que se supone que representan verdades superiores sobre lo que está bien y está mal, pero sin ni siquiera preocupanos por aplicarlas con una mínima coherencia que permitiera, como mínimo, la seguridad jurídica del ciudadano/a.
Así, acabamos con episodios esperpénticos como el de este fin de semana en Salou, donde 8,000 jóvenes ingleses se disponen a pasar la Semana Santa bebiendo y haciendo campeonatos de Playgirls (participante dixit). Las imágenes y las declaraciones de los participantes hablan por sí solas. Pero 8,000 borrachos saltando sobre el mobiliario urbano, cruzando calles sin mirar, vomitando por las esquinas y buscando sexo fácil no parecen afectar a la calidad de vida de los habitantes de Salou. El inspector jefe de la policía local, por ejemplo, afirma no tener “datos que nos lleven a pensar que la situación se pueda salir de madre”, mientras un vecino declara a la televisión que no le parece mal, que “es su cultura y es su manera de ser”.
Mientras tanto, George Monbiot escribe en The Guardian sobre una nueva tendencia policial en busca de la calidad de vida: recomendar a los consistorios locales que no se celebren festivales hippies, porque parece que ensucian. Él lo llama “morality policing“.
Más allá de lo que pueden ser extremos, la verdad es que el día a día del control policial de los comportamientos en el espacio público es, como mínimo, problemático. En parte porque refuerza estereotipos y desigualdades (el turista del norte borracho vale, el sin-techo con el Don Simón no vale), como refleja brillantemente un artículo aparecido hoy en The New York Times: en los últimos meses, la policía de Key West ha recibido fondos para ampliar su plantilla y dedicarse exclusivamente al quality of life policing. Por lo tanto, las personas sin techo que han hecho de la playa su casa (directamente en la arena o dentro de sus coches) han recibido en los últimos tres meses el doble de denuncias que el año pasado. Problema: Key West es un lugar de fin de fiesta para muchos turistas, y escenas como esta y esta son habituales. Pero el jefe de la policía lo tiene claro: el problema son “los vagabundos”, “esa gente que está en la calle, molestando la calidad de vida o la experiencia de los visitantes, los residentes y los negocios” (cualquier parecido con Salou es pura coincidencia).
La estigmatización que denuncian los sin techo de Key West no es un tema cualquiera: ¿no intervino también la estigmatización en la distribución de las imágenes de los bomberos en Francia? ¿Cómo se defiende uno del profiling? ¿Y cómo es que de repente es la víctima la que tiene que demostrar su desprotección ante leyes que se aplican arbitrariamente y no la policía quien tiene que probar que su aplicación de la normativa es igual para todos?
Yo, por si acaso, la próxima vez que salga por Salou voy a ir con una chocolatina Godiva en el bolsillo, que parece que en Key West es prueba irrefutable de tu derecho a dormir la mona en la acera. Los vagabundos no saben apreciar el buen chocolate, faltaría más.
