En el mismo acto en el cual el presidente francés Macron anunció la concesión de la nacionalidad francesa al inmigrante maliense Mamadou Gassama por su acto heroico de salvar a un niño de cuatro años, se cuidó mucho de señalar que se trataba de un proceso excepcional en reconocimiento a un acto excepcional. Lo ha querido dejar claro porque su política migratoria, plasmada en su reciente proyecto de ley, es netamente disuasoria y restrictiva. No quiere que haya ningún equívoco al respecto.

El pasado 22 de abril la Asamblea Nacional aprobó, después de 60 horas de debate, el proyecto de Ley para una inmigración controlada, un derecho efectivo de asilo y una integración exitosa. Su contenido se puede resumir en tres puntos: agilizar el procedimiento de asilo, acelerar la expulsión de los rechazados e introducir una serie de medidas integradoras para determinados colectivos especialmente vulnerables. El objetivo es disuadir a los potenciales inmigrantes e indirectamente criminalizar al inmigrante irregular. Sus detractores acusan a Macron de seguirle el juego a la extrema derecha, ya que además de traicionar su discurso de campaña en favor de una política de asilo más humana, en línea con la tradición francesa de acogida, añade ahora un enfoque "de firmeza" en línea con el binomio inmigración-seguridad que se impone en casi toda Europa.

El CNDA, la Oficina Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas y la asociación ELENA consideran las nuevas medidas "graves violaciones de las garantías consagradas en la Constitución, el Convenio de Ginebra y el Derecho de la Unión Europea"

Tanto el Tribunal Nacional de Asilo (CNDA) como la Oficina Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas se enfrentaron a este proyecto de ley con huelgas y movilizaciones, junto con la asociación de abogados franceses ELENA que consideran las nuevas medidas "graves violaciones de las garantías consagradas en la Constitución, el Convenio de Ginebra y el Derecho de la Unión Europea y ponen en tela de juicio el imperativo de protección que se deriva de estos textos".

Otro punto de fricción era la confirmación o atenuación del llamado delito de solidaridad por asistencia a migrantes irregulares, incluido en el código de extranjería francés (Ceseda), con una pena de cinco años de privación de libertad y una multa 30,000 euros. Su eliminación es una reivindicación permanente de los defensores de derechos de los migrantes que, tras casos notorios como el de Cédric Herrou o el de Martine Landry, se plasmó en un manifiesto en enero de 2017. El proyecto de ley aprobado en abril, relajó esta figura delictiva añadiendo una lista de excepciones a su aplicación cuando el presunto acto consistiera en proporcionar asesoramiento y apoyo, en particular, asistencia jurídica, lingüística o social, alimentación, alojamiento o atención médica destinada a garantizar unas condiciones de vida digna, o cualquier otra ayuda para preservar la dignidad o integridad física, o cualquier transporte directamente relacionado con una de estas excepciones, a menos que hubiera compensación económica (nuevo art. 19 del proyecto de ley)..

"¿Cómo distinguir a aquellos que merecen la bienvenida, por razones políticas, y aquellos que no son dignos?"

El doble discurso de Macron se hace evidente a los ojos del nobel francés de literatura Le Clezio, que considera la distinción y la clasificación de los inmigrantes como una negación insoportable de la humanidad: "¿cómo distinguir a aquellos que merecen la bienvenida, por razones políticas, y aquellos que no son dignos? ¿Cómo diferenciar entre los solicitantes de asilo del peligro que enfrentan en su país y los que huyen de su país por razones económicas?"