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El legado emponzoñado de Mariano en temas migratorios

Un agente de policía y un inmigrante discuten durante una manifestación en Lavapiés – Ignacio Marín / Fundación porCausa

El pasado viernes acabaron siete años de gobierno de Mariano Rajoy durante los cuales hemos visto cómo la calidad del respeto por lo derechos humanos iba disminuyendo de forma continua. En el tema migratorio, la gestión del equipo de Rajoy ha sido deshumanizada, en muchos casos no ha cumplido con la Ley y esto ha afectado a miles de personas, incluyendo a niños. 

El nuevo gobierno tiene que ser capaz de “rehumanizar” la política migratoria de nuestro país.

Es de esperar que Pedro Sánchez cumpla con algunas de sus promesas electorales y responda a varias de las expectativas más básicas en materia de inmigración, como son, derogar las devoluciones en caliente, suprimir el apartheid sanitario o despenalizar la venta manta. Pero además, tiene que ser capaz de “rehumanizar” la política migratoria de nuestro país. Recordamos aquí algunos de los puntos más significativos del Gobierno de Mariano Rajoy que dejan un legado complicado de gestionar al Gobierno entrante. 

Los Centros de Internamiento para Extranjeros

Unos meses después de llegar al poder, el Gobierno de Rajoy presentó el borrador del tan esperado reglamento de los CIE que finalmente fue aprobado dos años más tarde. Es un reglamente polémico que no ayudó a subsanar la mayoría de las carencias en derechos que tienen estos centros y “consolida el modelo policial de gestión de los CIE y desarrolla muy insuficientemente las garantías de derechos de las personas internadas”, según apunta el análisis de las organizaciones pro derechos humanos que llevaban, junto con el Defensor del Pueblo, más de dos años reclamándolo. 

Muchos magistrados, han afirmado que los CIE son espacios opacos donde se vulneran los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran en ellos.

Así empezó su mandato Rajoy y prácticamente lo acabó con uno de los mayores escándalos en gestión migratoria de nuestra historia. Este fue el internamiento de más de 500 ciudadanos extranjeros, incluidos más de una decena de menores que viajan sin familia, en la prisión de Archidona. Además, posteriormente, ejecutó una devolución express de la mayoría de ellos a sus países de origen, sin atender a las solicitudes de asilo, entre otras irregularidades. Este episodio incluyó la muerte de uno de dichos ciudadanos. Como expresó el juez del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios: “Archidona fue una decisión arbitraria, totalitaria y de abuso de derecho de Zoido” . Tanto él como muchos otros magistrados, entre los que se encuentran la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o la jueza Victoria Rosell, han afirmado que los CIE son espacios opacos donde se vulneran los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran en ellos. 

Los Menores no acompañados

Hace poco se publicaron los datos actualizados de menores extranjeros no acompañados en España, entorno a unos 6.500 están registrados en 2017 en los centros de acogida. Estas cifras no son exactas, no las hay ni en España ni en Europa, porque no existe un registro adecuado debido a que muchos de ellos carecen de documentación, entran de forma irregular en nuestro país o huyen de los centros. El mayor problema al que se enfrentan estos menores es el racismo institucional. Este se expresa a través del cuestionamiento regular de su edad aunque tengan la documentación en regla, las pruebas que incluyen exámenes genitales en algunos casos, el hacinamiento de los centros y en muchos casos el maltrato físico y emocional. 

Melilla, un caso aparte

Melilla es una de las dos puerta físicas que Europa tiene en África. Su condición de ciudad frontera parece otorgarle una impunidad desgarradora en lo relativo a la vulneración de derechos de los extranjeros. 

El responsable de Bienestar Social, el señor Ventura, difamó la imagen de un menor muerto bajo su tutela.

Los casos más sangrantes son los relativos a los menores. En Melilla hay más de cien niños viviendo en la calle y los que viven en los centros de menores están hacinados en espacios donde se triplica la capacidad. Aquí el racismo institucional llega a límites insospechados como poner concertinas en el puerto con el fin de evitar que los menores puedan acceder, pero aceptando que si lo intentan se puedan enganchar y sufrir lesiones muy graves. También el propio presidente de la ciudad pidió que no se proporcionase mantas y comida a los chavales que viven en la calle y el responsable de Bienestar Social, el señor Ventura, difamó la imagen de un menor muerto bajo su tutela el pasado mes de enero.

Además, en Melilla se llevan a cabo devoluciones en caliente, hay niños de familias extranjeras a los que no se facilita la escolarización, hay muertes de porteadoras en los puntos de paso fronterizos de comercio atípico, hay muertes en el mar, frente a las costas, hay heridos graves en la valla, esto por poner algunos ejemplos. 

La industria del control migratorio

El Gobierno de Mariano Rajoy ha permitido que florezca una industria relativa al control migratorio, donde el dinero público de origen europeo y nacional acaba en manos privadas, beneficiándose especialmente un número concreto de empresas españolas del sector de la construcción y de la defensa. Esto incluye, por ejemplo, aceptar un gasto de más de cinco millones de euros en un CIE que no ha estado operativo durante los últimos 5 años en Fuerteventura. 

Pedro, te toca

El reto del nuevo Gobierno es enorme pero lo tiene muy fácil para hacerlo un poco mejor. Es indispensable otorgar a la migración la importancia que tiene -sí, hay un elefante en la habitación- y adoptar un rol propositivo. Esto debe hacerse a nivel nacional, incluyendo en el debate y los planes de acción a las ciudades. También es importante asumir un liderazgo en el plano europeo para exigir un cambio drástico en las políticas migratorias, en un espacio en el que el discurso populista antimigratorio empieza a ser preponderante y se extiende como la peste.