Opinion · Con M de

Derechos más allá de la muerte

El Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lleva la sangrienta cuenta de los muertos y desaparecidos en las rutas de la migración. En lo que va de año han desaparecido 1.417 personas, la mayoría de ellas ahogadas en el Mediterráneo (857  del total), la frontera más mortífera del planeta. Se trata de una aproximación, porque la cifra real es sin duda mucho mayor, ya que no incluye todas las personas engullidas por las aguas o enterradas en las arenas del desierto. Se desconocen sus identidades, no se localizan sus restos y por tanto no se comunica la pérdida a sus familiares. Cuando se hallan los cadáveres, se entierran en fosas anónimas, pero las autoridades competentes, por falta de voluntad o de medios, evaden su responsabilidad de identificar y registrar a los muertos, preservar su ADN y determinar la causa de la muerte.  Más aún la obligación de un trato digno, un entierro conforme a las creencias de cada uno o la repatriación de los restos. Esta tragedia silenciosa ocurre en todo el mundo. En la frontera española han muerto 240 personas solo en 2018, el 20 por ciento del saldo mundial. La última tragedia tuvo lugar el 3 de junio cuando más de 100 personas perecieron en el naufragio de una embarcación tunecina en el Mediterráneo central. Según el informe Viajes Fatales de la OIM, desde el año 2014 el número de migrantes muertos y desaparecidos registrados ascendería a 25.000. Por la poca fiabilidad de los datos, se trataría de la punta de un iceberg en cuya parte invisible se agolpan también los muertos de otras fronteras, esas que hemos externalizado en Libia, Marruecos, Argelia o Sudán y de las que nunca tendremos datos fiables.

Como expone la relatora especial de Naciones Unidas, Agnès Callamard, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en su informe de agosto de 2017 sobre la muerte ilegal de refugiados y migrantes, la dimensión de la tragedia debe obligar a los Estados. Tanto en materia de buenas prácticas en las operaciones de búsqueda y salvamento, como en cuanto al de trato digno debido a los muertos. Dos aspectos para los que faltan los recursos suficientes.  El régimen de impunidad casi generalizado en torno a la muerte y desaparición de los migrantes y refugiados a nivel global, así como la tolerancia y aceptación social hacia tanta tragedia fue lo que inspiró el proyecto ‘Last Rights’ (últimos derechos) y la Declaración de Mytilene firmada en mayo de este año.

En lo alto del promontorio de Lesbos, en la localidad de Mytilene, frente a las costas turcas del Mar Egeo, se reunieron este mes de mayo, juristas, académicos, activistas y expertos en derecho internacional para firmar la Declaración por el Tratamiento digno de las personas desaparecidas y fallecidas y sus familias como consecuencia de los viajes de migrantes.

Una de las impulsoras de esta iniciativa es Catriona Jarvis, una exjueza británica, escritora y activista, que ha hecho bandera del respeto de los derechos y la dignidad de los fallecidos. Jarvis subraya el contraste con los enormes esfuerzos y recursos humanos y materiales dedicados a los casos de accidentes aéreos o catástrofes naturales, donde se llevan a cabo exhaustivas investigaciones, cobertura mediática, recopilación de pruebas, autopsias, indemnizaciones, atención a los familiares, etc.  ¿Por qué no pasa lo mismo cuando los muertos son migrantes irregulares, cuando la muerte llega en una miserable barca, en las arenas de una playa o de un desierto o en las panzas de los camiones?, se pregunta la exjueza.

La declaración de Mytilene, impulsada por el proyecto ‘Last rights’, exhorta a todos los Estados a dar un trato igualitario a todas las personas y en particular el derecho de cualquier ser humano a no perder su identidad después de la muerte. En esta declaración se propone un listado de principios y medidas dirigidas a fortalecer los protocolos de búsqueda y rescate de los migrantes. A cooperar y no obstruir o perseguir a las víctimas, familiares, asociaciones y la sociedad civil en el ejercicio legítimo de sus obligaciones humanitarias de búsqueda, rescate y apoyo de migrantes. A emprender investigaciones para hacer efectiva la justicia, atribuir responsabilidades e indemnizaciones, así como a asistir, apoyar y hacer parte de esos procesos a los familiares de los muertos y desaparecidos, resaltando el interés superior de cualquier niño afectado por la muerte de su madre u otro familiar cercano.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), veterano en tareas de rescate y asistencia, el sufrimiento causado por estas muertes y desapariciones se podría reducir significativamente si existiera voluntad política por parte de las autoridades, cooperación entre los Estados y recursos financieros adecuados. El CICR recuerda que, además de la carga emocional que conlleva la desaparición y la búsqueda, surgen numerosos desafíos prácticos a los que hay que dar respuesta y que están directamente ligados a la ausencia del ser querido y que les impide retomar sus vidas (dificultades de acceso a beneficios sociales, a pensiones, a la herencia, gestión del patrimonio, patria potestad, nuevo matrimonio, etc.).

El informe de Callamard pide la creación de un mecanismo internacional permanente de gobernanza y coordinación de las actividades de búsqueda. También la identificación y localización de los refugiados y migrantes desaparecidos, incluidos protocolos basados en los derechos humanos que rijan las actividades de búsqueda y salvamento en las zonas fronterizas y de tránsito peligroso, como los desiertos. Asimismo, propone la puesta en común de métodos de registro de la información, protocolos forenses, perspectiva de género y mejores prácticas sobre el trato digno a los muertos que sirvan de guía a los estados, favorecer la repatriación de los cuerpos y en el caso de restos no reclamados, respetar y preservarlos para una futura identificación.

Iniciativas locales, regionales y de la sociedad civil en todo el mundo tratan de suplir las obligaciones de los Estados en la ardua tarea de identificar cuerpos, informar y asistir a las familias, así como crear una memoria colectiva de su pérdida. Algunos ejemplos serían la Caravana de Madres Migrantes Centroamericanas, la iniciativa Yo tengo nombre o la declaración del 3 de octubre como Día Nacional de la Memoria a las víctimas de la migración en Italia en homenaje a todos los migrantes fallecidos en la tragedia de Lampedusa de 2013, o bien el Colibrí Center de Arizona que recoge información sobre desaparecidos en la frontera con México. También la publicación de la guía de información para las familias y allegados de las personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo por la coalición Boats 4 People (B4P).  En España, asociaciones de refugiados y familiares, defensores de migrantes como Fronteras sin Filtro, Caminando Fronteras, PRODEIN , RedAcoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Caritas Migrantes, Cruz Roja Española y tantos otros, como los integrantes del Observatorio Frontera Sur, tratan de dar visibilidad, denunciar y actuar donde el vacío de las instituciones se hace clamoroso.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que ha de adoptar la Asamblea General de Naciones Unidas en otoño de 2018 será el primer acuerdo intergubernamental con ambición integradora de todos los aspectos sobre las migraciones con un enfoque jurídico. Establece una respuesta a las “muertes masivas de personas migrantes en tránsito y en las zonas fronterizas, incluyendo (…) las investigaciones de todos los casos de muertes y desapariciones, así como de personas migrantes en fosas comunes, con la cooperación de las autoridades de todos los Estados involucrados” además del acceso a la justicia y a la reparación si es el caso.

Hace casi 30 años que se identificó el primer cadáver de un inmigrante llegado en patera a la costa española. Fue el 1 de noviembre de 1988, víspera del Día de Difuntos. Sin duda no fue el primero pero sí marcó el comienzo de una época. Hoy en día los cementerios de Santa Catalina en Ceuta, Motril, Tarifa o Melilla están llenos de nichos sin nombre. En febrero de este año, veinte cadáveres de inmigrantes aparecieron flotando frente a las costas de Melilla mientras otros 27 cuerpos se dieron por desaparecidos. Es un goteo casi diario que deja una levísima huella mediática. El caso se cierra   con el hallazgo de los cadáveres. Pero para las familias se abre un largo y penoso camino sembrado de incertidumbres. Si además la muerte es de un menor y ha ocurrido bajo la custodia de las autoridades, como fueron los casos del menor Sufian o el de Mamadou Barry en Melilla, el respeto escrupuloso del procedimiento y del duelo de las familias es especialmente importante, y declaraciones como las del consejero Ventura, deberían haber sido inmediatamente sancionadas. El respeto a los muertos y el auxilio a sus familiares no es solo un acto de humanidad y de misericordia sino de justicia y de exigencia legal. No puede depender de la ciudadanía, sino que es inherente a la persona, independientemente de su pasaporte.