Desde que el presidente de Gas Natural Fenosa alertó la semana pasada del callejón sin salida en que se encuentra la actual política energética, el sector es una auténtica olla a presión. Del desconcierto inicial se pasó pronto a la creencia generalizada de que las palabras de SALVADOR GABARRÓ anticipaban un cambio de rumbo en la estrategia del Gobierno. Y esa posibilidad pone los pelos de punta, no sólo a los operadores eléctricos, sino también a los bancos que financiaron sus inversiones con la garantía del Boletín Oficial del Estado.

Hasta ahora, el Gobierno ha alentado los precios políticos, que no reflejan íntegramente los costes reales, y la sucesiva sustitución de las fuentes tradicionales por las renovables. Lo primero le ha llevado a echar mano de un sistema de pago diferido a los suministradores –el déficit de tarifa– que se inventó RODRIGO RATO, que va ya por 20.000 millones y que es pan para hoy y hambre para mañana. El apoyo a las energías alternativas se ha materializado en subvenciones no siempre bien empleadas por sus beneficiarios, como ha quedado reiteradamente de manifiesto en el caso de los llamados huertos solares.

Sobre la conveniencia de frenar la bola de nieve en que se ha convertido el déficit de tarifa hay un amplio consenso. Para ello, el sector y MIGUEL SEBASTIÁN –si no ha cambiado de opinión–son partidarios de trasladar a los Presupuestos las primas a las renovables. Pero ni PEDRO SOLBES en su momento ni ELENA SALGADO después han transigido con una fórmula que asfixiaría las cuentas públicas aún más. Otra fórmula consistiría en que esas ayudas fuesen sufragadas efectivamente por los consumidores mediante la correspondiente subida del recibo de la luz, con el coste político que una medida así suele llevar aparejado.

Pero lo que ahora está sobre la mesa es la eventualidad de una ruptura del statu quo vigente para reducir los incentivos económicos a las energías alternativas. Lo cual, aparte de desestabilizar un sector que requiere políticas a largo plazo y un marco normativo duradero, pondría en tela de juicio la solidez de la apuesta del Gobierno por una economía sostenible.

Justos por pecadores
Hay quien pronostica que, so pretexto de los abusos cometidos, el debate abierto se sustanciará con un recorte en las subvenciones a la energía solar, que apenas cubre un 2% del consumo total y cuesta casi 2.700 millones anuales. Sin embargo, no sería razonable que pagaran justos por pecadores o que las pillerías de algunos fuesen utilizadas para descalificar una fuente que, con todas las cautelas necesarias, debe tener su sitio, sobre todo en un país como España.