La fragilidad del pacto energético que el Gobierno y el PP se comprometieron a negociar en junio ha quedado de manifiesto ante el anuncio de una próxima subida del recibo de la luz. MIGUEL SEBASTIÁN confiaba en que los conservadores le arroparían cuando llegara ese momento, pero se ha encontrado de repente con que no quieren asumir el desgaste electoral derivado de tan impopular decisión. Teniendo como tienen las encuestas a favor, nadie en la cúpula del PP parece dispuesto a correr riesgos innecesarios y menos aún en un asunto altamente sensible para los consumidores. No en vano, la electricidad se ha encarecido en España un 26% desde el verano de 2007, cuatro veces más que la inflación acumulada durante el mismo periodo.

Ese espectacular aumento tiene su origen en la evolución de los gastos de generación y distribución que soportan las compañías suministradoras, pero sólo en parte. Casi la mitad del actual recibo de la luz es consecuencia de decisiones políticas muy onerosas, aunque legítimas, como el fomento de las energías renovables o la moratoria nuclear, a las que pronto se añadirá el déficit de tarifa. Instaurado en tiempos de RATO para compensar a las eléctricas por el mantenimiento de precios políticos, el déficit de tarifa supera ya los 17.000 millones de euros, de los que a partir de 2011 pagaremos cada mes un pellizco junto con lo que realmente hayamos consumido. Para que no siga engordando, habría que trasladar a la factura el coste real del servicio, cosa a la que los gobiernos suelen oponer fuerte resistencia.

A fin de atenuar el impacto de esa confluencia, hay partidarios de que los Presupuestos encajen íntegramente las subvenciones a las renovables, cuyo importe ronda hoy los 6.800 millones anuales. Como respuesta, el Ministerio de Industria ha planteado una rebaja de las primas, en especial las de la energía solar, que representa sólo el 2% de la producción y en cambio absorbe un 16% de los costes del sistema. Aunque no sea óbice para corregir los abusos, el problema estriba en que un cambio de semejante naturaleza en el marco regulatorio añadiría inseguridad jurídica, sobre todo si tiene carácter retroactivo, y pondría en entredicho la apuesta de ZAPATERO por la energía limpia.