Para hoy se espera que MARCOS BERMÚDEZ, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, dicte sentencia sobre la demanda planteada por ACS contra la determinación de Iberdrola de mantenerla fuera del consejo de administración, pese a ser su socio mayoritario. Ese rechazo se materializó en marzo de 2010, cuando la junta general de accionistas aprobó primero y acto seguido revocó la incorporación al máximo órgano de gobierno de la eléctrica de JOSÉ MARÍA LOIZAGA, el hombre que había designado FLORENTINO PÉREZ para representarle.

El argumento con el que Iberdrola justificó esas dos decisiones consecutivas y contradictorias fue que ACS, al controlar casi un 13% del capital, tenía derecho a sentarse en el consejo, pero que su presencia en él podía dar pie a conflictos de intereses, toda vez que parte de la actividad de ambas compañías es concurrente. Si son competidoras de forma "permanente y estructural" –como sostiene IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN– o sólo ocasionalmente –según el criterio de Florentino Pérez– es lo que debe dirimir el juez Bermúdez, que en la vista oral celebrada la semana pasada dio sobradas muestras de que conocía a fondo el caso.

Se explica así que su pronunciamiento vaya a ser tan rápido en un país donde el trabajo de la magistratura tiene por costumbre eternizarse, y eso a despecho de la complejidad técnica que suelen reunir los asuntos en los que no sólo hay números de por medio, sino incluso kilovatios. De todas formas, cualquiera que sea el sentido de la sentencia, difícilmente zanjará un conflicto que aún tiene bastante recorrido en los tribunales y que, al menos por esa vía, puede tardar en resolverse muchos años.

De ahí que ACS continúe metiendo presión mediante otros procedimientos, con la misma tenacidad desplegada en su día por Galán cuando amplió capital para diluir la participación de la constructora o reformó los estatutos para blindarse. Sólo en ese contexto se pueden entender las gestiones de Florentino Pérez que resultaron en el levantamiento legal de las restricciones a los derechos políticos en las sociedades, la puesta en venta de sus activos de energía renovable y la reciente compra de lo que le faltaba para superar el 20% de Iberdrola.