La reciente orden del Banco de España para que las cajas de ahorros socorridas con fondos públicos desvelen las retribuciones de sus altos cargos ha dado pie a una fuerte controversia. La mayoría se han plegado de mala gana a esa exigencia, pero medio centenar de directivos han preferido ocultar lo que cobran, amparándose en la ley de Protección de Datos.

Aunque desde el punto de vista conceptual es difícilmente cuestionable el derecho del Estado a conocer en qué se gasta su dinero, la cosa no está tan clara desde el punto de vista legal. Lo que gana un trabajador puede considerarse parte de la esfera privada y, en consecuencia, sólo la existencia de razones muy poderosas justificaría que a cuenta de ello se dieran tres cuartos al pregonero.

Si el gobernador del banco de España, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ persiste en su empeño, probablemente sean los tribunales quienes tengan que decir la última palabra. Pero el Supremo ya ha producido alguna sentencia que arroja cierta luz sobre cuál puede ser el desenlace del caso, siempre con las debidas cautelas, al tratarse de un ámbito tan poco previsible a veces como la Justicia.

Una de esas sentencias, fechada el 21 de noviembre de 2011 y recogida la semana pasada por el diario económico Expansión, establece que los accionistas de cualquier sociedad tienen derecho a conocer lo que ganan sus empleados. ¿Con qué objeto? Con el de controlar "eventuales nepotismos y favoritismos en la política de personal seguida por los administradores".

Aunque reconoce que se trata de una información de carácter "personal", sujeta de entrada a la ley de Protección de Datos, el Supremo recuerda que los sueldos afectan a las cuentas de resultados. Y, en consecuencia, forman parte de la información que las empresas deben facilitar a requerimiento de sus accionistas, según lo previsto en la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Por analogía, este pronunciamiento judicial podría aplicarse a las cajas de ahorros, al menos a aquellas que han sobrevivido gracias a las aportaciones de todos. Bastaría sustituir accionistas por Estado para trasplantar la argumentación del Supremo, sobre todo después de que las abultadas retribuciones de muchos directivos hayan sido motivo de escándalo.

Otra cosa es que deban publicarse a bombo y platillo, pues su difusión indiscriminada no está avalada por el Supremo.