Ni en sus mejores sueños debió de ver ANTONIO BRUFAU un desenlace tan favorable para él del enconado pulso que mantenía con LUIS DEL RIVERO por el control de Repsol. Seis meses después del pacto entre Sacyr y Pemex para moverle el sillón, el presidente de la petrolera no sólo ha neutralizado a sus enemigos, sino que además puede vanagloriarse de haber ganado dinero con la operación.
Las razones de este rotundo triunfo son múltiples, aunque la más determinante seguramente sea la debilidad financiera con la que Del Rivero planteó batalla a Brufau por un quítame allá esas pajas sobre el dividendo de 2009. La crisis había hecho mella en las cuentas de Sacyr, que empezaba a vislumbrar en el horizonte dificultades muy serias para afrontar su deuda, notablemente engordada con motivo de la adquisición del 20% de Repsol.
Aquel incidente sacó a la luz las diferencias existentes entre la estrategia a largo plazo de Brufau y la que defendía Del Rivero, partidario de que los accionistas cosecharan cuanto antes los frutos de las inversiones realizadas en los últimos años. Al fin y al cabo, de los réditos obtenidos de Repsol dependía el pago del préstamo de casi 5.000 millones que Sacyr tuvo que pedir a un grupo de bancos en 2006 para meter la cabeza en ella.
Precisamente esas entidades financieras han jugado un papel decisivo a la hora de inclinar la balanza a favor de Brufau, al negarse a refinanciar la deuda de Sacyr si antes no se deshacía de la mitad de su participación en la petrolera; es decir, un 10%. Repsol se ofreció a comprar el paquete temporalmente, pero puso como condición que Del Rivero desapareciese del escenario, cosa que consiguieron sus socios (DEMETRIO CARCELLER, JUAN ABELLÓ y MANUEL MANRIQUE) el 20 de octubre, mediante una revuelta palaciega.
A la defenestración del hasta entonces presidente de Sacyr siguió la ruptura del acuerdo con Pemex, cuya aspiración de sacar más provecho a su presencia en Repsol, que asciende al 9,5%, ha quedado arrinconada de momento. Eso deja las manos libres a Brufau, que puede seguir haciendo y deshaciendo a su antojo con el apoyo de La Caixa, repuesta ahora en su papel de principal accionista (12,8%), aunque nunca ha dejado de ser el verdadero socio de referencia.
La guinda del pastel ha sido la reciente reventa exprés del 5% de Repsol procedente de Sacyr a inversores institucionales, con la que Brufau ha obtenido unas ganacias de 150 millones de euros entre plusvalías y dividendos.
Un informe de Funcas, dirigido por el profesor JOAQUÍN MAUDOS, acaba de poner de nuevo sobre el tapete la conveniencia de continuar la poda de la frondosa capacidad instalada de nuestras entidades financieras. Aunque el carácter eminentemente comercial de la banca española ha exigido siempre el mantenimiento de una red muy potente, hubo un indudable boom entre 2002 y 2008. Durante ese periodo, la apertura neta de sucursales superó las siete mil, con un aumento del 17% en términos relativos y del 14% por lo que se refiere al número de empleados.
La capilaridad del sistema se acentuó a la sombra de la burbuja inmobiliaria, que las propias entidades se ocuparon de financiar con una inmoderada política crediticia, cuyos nefastos resultados son de sobra conocidos. Junto a las nuevas promociones, bancos y cajas montaban sus tenderetes, atraídos por el negocio financiero que en torno a ellas se pudiera generar, empezando por las hipotecas. Se llegó así a la exorbitante relación de una sucursal por cada mil personas, exactamente el doble que la media de la UE.
Tras aquel empacho, el sector ha tenido que aplicarse una cura de adelgazamiento que ha procurado el cierre de 5.500 oficinas y un recorte del 10% de la plantilla. Pese a que su situación de partida era mejor, ese ajuste ya lo habían hecho otros países europeos mientras aquí seguíamos confiados en que la bomba de relojería de la construcción nunca iba a estallar. Justo entre 2002 y 2008, la capacidad instalada media de la banca en el Viejo Continente se redujo un 13%, con la consiguiente supresión de puestos de trabajo.
El tijeretazo en España, sin embargo, no ha concluido y el informe de Funcas estima que todavía sobran 1.400 sucursales, más las que se solapen como consecuencia de las fusiones que están por venir. Eso, y no sólo el saneamiento y las concentraciones, refuerza la idea de que el sector sigue en plena reconversión y de que hará falta aún mucho dinero para concluirla, en buena parte procedente de ayudas públicas, como ha ocurrido hasta ahora.
Aunque con desigual entusiasmo, los grandes partidos defendieron en su momento, al menos de cara a la galería, la conveniencia de despolitizar las cajas de ahorros como elemento esencial de la reconversión a la que el sector estaba abocado. Sin embargo, pronto se pudo comprobar que aquello era una simple impostura y que, en realidad, no todos estaban decididos a renunciar alegremente al control de unas entidades de innegable potencial económico.
La primera prueba de que una cosa es predicar y otra dar trigo la ofreció ESPERANZA AGUIRRE cuando puso toda la carne en el asador para desalojar de la presidencia de Caja Madrid a MIGUEL BLESA. No logró que lo sustituyera IGNACIO GONZÁLEZ porque MARIANO RAJOY prefirió que el cargo fuera para RODRIGO RATO, pero el suceso puso en tela de juicio la sinceridad de las proclamas del PP a favor de la despolitización.
Por supuesto, no sólo la derecha ha hecho mangas y capirotes de sus compromisos en esta materia: también los socialistas han renegado de ellos, como muestra el berrinche que cogieron recientemente por quedar fuera del reparto del poder en Kutxabank. La composición del Consejo de Administración del banco encargado de canalizar el negocio financiero de las tres cajas vascas será decidida en exclusiva por el PNV y el PP, en virtud de un acuerdo alcan-
zado entre IÑIGO URKULLU y ANTONIO BASAGOTI.
Otro episodio muy revelador de hasta qué punto la política sigue teniendo un peso importante en las cajas de ahorros se ha producido con motivo de la dimisión de JOSÉ LUIS OLIVAS como vicepresidente de Bankia tras el escándalo del Banco de Valencia. Al sustituto, FRANCISCO PONS, lo ha impuesto la Generalitat y, por si alguna duda cabía, ahí está para corroborarlo la foto profusamente publicada ayer, en la que aparece junto a Rato y a ALBERTO FABRA, este último como gran valedor del nombramiento.
Si es verdad que en los mercados internacionales no se entendía muy bien el estatuto de las cajas de ahorros, lo ocurrido en Kutxabank y en Bankia tampoco ayudará a aclararlo.
Las cajas de ahorros beneficiarias de ayudas públicas han realizado un inusual ejercicio de transparencia al pormenorizar las retribuciones de sus máximos responsables. Es verdad que lo han hecho de forma incompleta, a regañadientes y por imperativo del Banco de España, pero ahí está la información, sujeta por primera vez al escrutinio de todos los ciudadanos. Sólo Caja España-Duero se ha negado en redondo a practicar esta especie de striptease, amparándose en la ley de Protección de Datos.
El argumento del Banco de España para exigir la publicación de las retribuciones de la alta dirección de las cajas afectadas es impecable. Entre las siete, han recibido 17.000 millones de euros del Estado para su reestructuración y los contribuyentes tienen derecho a saber qué parte de ese dinero irá al bolsillo de sus nuevos administradores. Sobre todo después de los abusos que afloraron en la segunda mitad del año pasado a raíz del escándalo de las jubilaciones de oro.
Ahora bien, dicho esto, conviene recordar que las cajas no son los únicos perceptores de ayudas públicas en un país tan subvencionado como el nuestro. Desde la automoción hasta el turismo, pasando por la industria aeroespacial o las
empresas mineras, la nómina de sectores que reciben recursos del Estado es muy extensa. Por no hablar de las que llegan directamente de la Unión Europea. ¿No sería pertinente también en esos casos una dosis similar de transparencia?
Por otra parte, la información conocida ahora revela que los máximos responsables de las cajas nada tienen que envidiar en estamateria a los de la banca. RODRIGO RATO, sin ir más lejos, disfruta de una retribución fija anual de 1,85 millones, prácticamente idéntica a la de FRANCISCO GONZÁLEZ, pese a que Bankia maneja la mitad de activos que el BBVA. Un caso llamativo también es el de Catalunya Banc, cuyo consejo de administración se reparte 5,1 millones, frente a los 6,1 del Sabadell, que lo duplica en tamaño. Se da la circunstancia, además, de que ni el BBVA ni el Sabadell han recibido ayudas públicas.
La aspiración del nuevo Gobierno de concluir la reestructuración del sector financiero en los próximos seis meses obligará a pisar el acelerador del ajuste de la capacidad instalada de las cajas de ahorros emprendido a mediados de 2008. Como consecuencia de este proceso, han desaparecido 4.000 sucursales y alrededor de 17.000 puestos de trabajo, que representan un 15% y un 12% respectivamente sobre las cifras previas al estallido de la crisis económica. Sin embargo, ambos porcentajes siguen muy lejos del recorte considerado conveniente por los expertos, cuyos cálculos cifran el sobredimensionamiento de la red en casi un tercio de la existente hace cuatro años.
Con carácter general, la reducción de plantillas en las cajas de ahorros se ha llevado a cabo en condiciones ventajosas para los empleados, lo que explica la ausencia prácticamente absoluta de conflictividad social en el sector durante este periodo. A cambio, las entidades han debido desembolsar cuantiosas sumas de dinero, en no pocas ocasiones procedentes de las ayudas que el Estado ha puesto a su disposición para hacer posible tan necesaria cura de adelgazamiento. Por término medio, cada baja viene costando unos 250.000 euros y eso significa que el gasto conjunto derivado del ajuste de personal supera con creces a día de hoy los 4.000 millones.
Dentro de semejante océano, las indemnizaciones percibidas por algunos antiguos ejecutivos pueden parecer una gota de agua, pero no por ello dejan de ser absolutamente escandalosas. Que se sepa, su importe global ronda los 90 millones, si bien hay quien se embolsado hasta 15, como el ex director general de Caixa Galicia, JOSÉ LUIS MÉNDEZ. Antes del 1 de enero, las cajas deben informar al Banco de España, por primera vez, de las retribuciones desglosadas de sus consejeros y altos directivos y no se descarta que puedan saltar más sorpresas. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de ellas, muy castigadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, continúan en pie gracias al socorro que le prestan las arcas públicas.
De lo que no parece que vayan a seguir beneficiándose es de la manga ancha del Estado a la hora de compartir con las empresas el coste de las prejubilaciones, que van a mirarse con lupa, según anunció MARIANO RAJOY en el debate de investidura. Por ese concepto se han ahorrado las cajas hasta ahora unos 600 millones; o sea, más de 35.000 euros por persona, que van a tener que sacar de otra parte para el camino que les queda hasta completar su reestructuración.
¿Es verosímil que a un constructor supuestamente avezado le den gato por liebre en una operación de más de 4.000 millones de euros? ¿Cabe dentro de lo razonable que otro no menos ducho ceda ante un vulgar chantaje si en realidad no tiene nada que temer? Esas son las dos preguntas clave del litigio que enfrenta a FERNANDO MARTÍN y a MANUEL JOVE, y cuya vista oral se celebró la semana pasada.
Aun a riesgo de quedar como un vulgar pardillo, el primero de ellos aduce que fue engañado cuando en septiembre de 2006 adquirió Fadesa para fusionarla con Martinsa y crear así la mayor inmobiliaria de España. Según él, la valoración de activos realizada entonces por CB Richard Ellis se apoyaba en la información falsa que facilitaron Jove y su mano derecha, ANTONIO DE LA MORENA, a la sazón consejero delegado de Fadesa. Para sustentar su demanda, Martín esgrime un macroinforme posterior de la tasadora estadounidense American Appraisal, que cifra el desfase en 1.576 millones.
Jove, por su lado, alega que no ha lugar a reclamación alguna, pues Martín renunció a esa posibilidad en virtud del pacto suscrito por ambos en 2007, nada más estallar la crisis del ladrillo. En un mercado adverso, la compra de Fadesa amenazaba con ahogar financieramente a su nuevo propietario, que no dudó en pedir ayuda a Jove. Este le recompró inmuebles y suelo por importe de 140 millones de euros y le permitió aplazar el pago de parte de lo que aún le debía. A cambio exigió que Martín se comprometiera formalmente a no emprender acciones judiciales si surgían discrepancias después.
¿Por qué Jove aceptó echar una mano a Martín? ¿A qué venía tanto interés por incluir en el acuerdo esa cláusula de no agresión? Su versión está clara: fue objeto de graves amenazas e intentó evitar otros pleitos en el futuro. “A lo mejor hice mal, pero no quería tener lo que tenemos ahora”, explicó Jove ante el juez PABLO GONZÁLEZ-CARRERÓ en la vista oral de la causa. Martín, por supuesto, niega cualquier tipo de chantaje y justifica su renuncia a proceder contra Jove por la situación de debilidad en la que se encontraba.
Pese a la firmeza con que defienden sus posiciones y a los denodados esfuerzos de la corte de abogados que les acompañan, cuesta creer la candidez de estos auténticos tiburones de los negocios. Dos tipos sobrados de ambición y cuya única diferencia sustancial es que uno de ellos –Jove– consiguió dar el pelotazo de su vida, mientras que el otro –Martín– se quedó con las ganas.
En apenas cinco meses, la situación de Repsol ha dado un giro de 180 grados. A finales de agosto, tras el acuerdo entre Sacyr y Pemex, las horas de ANTONIO BRUFAU parecían contadas. Sin embargo, el presidente de la petrolera española no se dio por vencido y empezó a labrarse una victoria que hoy parece ya inapelable.
Para lograrla, ha contado con el respaldo de La Caixa, pero también le han favorecido las crecientes discrepancias que mantenían con LUIS DEL RIVERO otros destacados socios de Sacyr. El principal punto de fricción era la deuda contraída por la constructora cuando entró en Repsol y de la que hasta ayer seguían pendientes del pago 4.900 millones.
Antes de sentarse a negociar la refinanciación, Del Rivero quiso hacer una demostración de fuerza ante la banca y ofreció a Pemex un pacto para controlar Repsol, socavando el poder de Brufau. A los mexicanos no fue difícil engatusarlos, porque ansiaban sacar más partido de su inversión, pero a él le salió el tiro por la culata.
Ese movimiento suponía una declaración de guerra y los acontecimientos demostraron que Del Rivero no había medido bien sus fuerzas. Después de que La Caixa se negara a seguirle el juego, una conjura palaciega acabó el 20 de octubre con su destitución como presidente de Sacyr.
Le sucedió MANUEL MANRIQUE, al que sus acreedores exigieron la venta de acciones de Repsol para amortizar parte de la deuda. Como no encontraba comprador, se ha quedado provisionalmente con ellas la petrolera y, de paso, se ha quitado de en medio a Luis del Rivero, que seguía atrincherado en su consejo.
El locuaz presidente de la CEOE, JUAN ROSELL, que va predicando por ahí la necesidad de que la economía española suelte lastre cuanto antes y las administraciones públicas empiecen a despedir funcionarios, no tiene empacho en apoyar simultáneamente el mantenimiento de la doble estructura representativa de los empresarios.
Ese respaldo se ha formalizado en un reciente acuerdo suscrito por el propio Rosell, por el líder de su segunda marca (Cepyme), Jesús Terciado, y por el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, MANUEL TERUEl, que ha dejado con un palmo de narices a quienes se pasaron años denunciando, dentro y fuera de los órganos de gobierno de la CEOE, los inconvenientes de esa duplicidad.
El origen de la iniciativa está en la delicada situación económica que atraviesan las cámaras desde que, hace poco más de 12 meses, se anunció sorpresivamente la supresión del recurso cameral; es decir, de las cuotas obligatorias que pagaban las empresas y los autónomos y que servían para sufragar alrededor del 60% de sus presupuestos.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO justificó entonces esta medida alegando que supondría un importante balón de oxígeno para las atribuladas pymes españolas, cuya aportación al sostenimiento de las cámaras, según los cálculos del Ministerio de Economía, se situaba en torno a los 90 millones de euros anuales.
El Consejo Superior, sin embargo, siempre ha defendido que los principales contribuyentes de estas instituciones eran las grandes empresas (la cuota obligatoria se fijaba en función de los beneficios netos obtenidos), mientras que los mayores beneficiarios de sus servicios han sido históricamente las medianas y pequeñas.
La decisión del Gobierno, abiertamente celebrada por destacados dirigentes de la CEOE, compromete de forma gravísima la supervivencia futura de las cámaras, que no han tenido más remedio que hacer auténtico encaje de bolillos en los últimos meses, y de ahí el acuerdo firmado por Rosell y Teruel para evitar que desaparezcan.
Como ha reconocido en reiteradas ocasiones su presidente, uno de los objetivos del Consejo Superior es conseguir que las administraciones públicas les encomienden la prestación de cuantos más servicios mejor a las empresas, a cambio –claro está– de los medios necesarios para llevarlos a cabo. Y eso significa que, a la postre, podemos acabar pagando entre todos lo que no quieren pagar los empresarios.
Con el traspaso de la gestión de todos los activos inmobiliarios de BFA y de su filial Bankia a una sola sociedad (Bancaja Habitat), RODRIGO RATO sigue el camino que ya habían emprendido el BBVA, la Caixa o Novagalicia Banco. Esos activos estaban antes fundamentalmente en los balances de Caja Madrid y de Bancaja, dos de las entidades españolas con mayor exposición al sector del ladrillo, cuyo derrumbamiento ha forzado la reestructuración en curso del sistema financiero. Los más problemáticos fueron concentrados en BFA en vísperas de la salida a Bolsa de Bankia, que gracias a ello se quedó limpia de polvo y paja y, en consecuencia, con un mejor aspecto para el mercado. Eso no impidió, sin embargo, que la OPV recibiera a la postre una tibia acogida, razón por la cual hubo que abaratar in extremis el precio de las acciones al 74% del valor en libros de los recursos propios de Bankia.
Al absorber los activos más problemáticos de las siete cajas que lo alumbraron, BFA se convirtió en algo muy parecido a un banco malo, aunque como compensación recibió importantes participaciones industriales (Iberdrola, Mapfre, Indra) y los casi 4.500 millones de las ayudas públicas solicitadas. El suelo y otras propiedades inmobiliarias de difícil venta alojadas desde entonces en BFA tendrá que intentar liquidarlos Bancaja Habitat, pero con la peculiaridad de que a ella irán a parar también los activos menos problemáticos que Bankia tiene en sus manos, hasta alcanzar un volumen total cercano a los 12.000 millones de euros.Si no se hiciera así, el negocio sería ruinoso, a pesar de la rebaja que previsiblemente se aplicará en el momento del traspaso y que algunas fuentes sitúan en torno al 30% de media. Un porcentaje, por cierto, algo superior al que representan las provisiones efectuadas para cubrir su depreciación, si bien dista bastante del 60% que se viene barajando para el caso de que el Gobierno de MARIANO RAJOY decida crear finalmente un banco malo.
Lo que, en principio, no va a experimentar cambios es la ubicación de la cartera crediticia vinculada a la construcción, que asciende a 50.000 millones en números redondos, de los que 38.000 corresponden a promotores y el resto a hipotecas de particulares. Esa cartera está lastrada por una alta morosidad (la total del grupo es algo mayor del 7%, en línea con el resto del sistema financiero), a tal punto que Bankia se ha visto obligada a poner en marcha un “agresivo” plan para reducirla, según se anunció con motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre del año.
Cada vez parece más claro que el nuevo Gobierno, cuya toma de posesión está prevista para la próxima semana, va a barrer la abundante basura acumulada bajo las alfombras de nuestro sistema financiero. Otra cosa es cómo lo haga, aunque todo apunta a que la fórmula definitiva reunirá las características habituales de lo que se ha dado en llamar un banco malo.
Eso no puede constituir una sorpresa para nadie, porque estaba previsto en el programa con el que el PP ganó las elecciones generales del pasado 20-N. En su página 34, dentro del apartado Estabilidad y reformas para el empleo, el programa decía textualmente: “Facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades que lo precisen”. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan.
El problema será conciliar ese compromiso con el anuncio de que no se utilizará más dinero público para sanear la banca, formulado sin la menor vacilación por MARIANO RAJOY en su debate televisivo del 7 de noviembre con el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, ALFREDO PÉREZ RUBALCABA.
La misión de un banco malo sería absorber los activos de alto riesgo que contaminan todo el sistema financiero y darles salida sin prisa y de una forma ordenada. Se trata, por lo general, de suelo y otros bienes que sirven de garantía a créditos de dudoso cobro pendientes de pago por particulares y, sobre todo, por promotores inmobiliarios.
El Banco de España ha fijado su importe en unos 176.000 millones de euros, cifra que casi duplica las ayudas públicas ya prestadas para la reordenación del sistema financiero, muy tocado por la crisis del ladrillo y por el brutal aumento del paro en los tres últimos años.
La asunción de esos activos tóxicos se puede hacer por su valor original –lo que conllevaría un coste altísimo– o por su valor real, suponiendo que alguien fuera capaz de fijarlo ahora que, simple y llanamente, no hay mercado.
De todas formas, sería absurdo llamarse a engaño: un descuento del 60%, como el que se está barajado, causaría un agujero colosal en los balances, a pesar de que se encuentre ya provisionada alrededor de la mitad de esa eventual pérdida. Por lo tanto, es bastante probable que algunas entidades no pudieran seguir funcionando en solitario y requiriesen, de una u otra forma, la intervención del Estado.
Rajoy, en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, habló ayer de una nueva ronda de fusiones. Podemos imaginar quiénes la acabarán pagando.
