El baúl de los recuerdos se ha abierto de par en par con la sola mención de un nombre mítico en el mundo empresarial español: el de JUAN VILLALONG, a quien se relaciona con el Valencia CF, aunque las dos partes lo han negado.
A nadie mínimamente avisado le extrañó que Villalonga quisiera meter sus narices en un club de fútbol porque hace tiempo echó su cuarto a espadas para la compra del Liverpool. Su propósito era convertirlo en una entidad moderna y rentable, como el multimillonario ruso ROMAN ABRAMOVICH había hecho con el Chelsea. La operación, sin embargo, no salió y a Villalonga se le quedó clavada esa espinita.
Pueda o no sacársela ahora, su reaparición ha servido para evocar, en plena campaña electoral, uno de los episodios más turbios de la época de JOSÉ MARÍA AZNAR, que sostuvo a Villalonga como presidente de Telefónica durante cuatro años, hasta que en 2000 decidió quitárselo de encima con la inestimable ayuda de PEDRO J. RAMÍREZ, tras una sucesión de escándalos que amenazaba con minar al propio Gobierno.
Su caída se ha vinculado siempre con las altísimas retribuciones que Villalonga se concedió a sí mismo y a sus principales colaboradores (sólo en el último año se calcula que cobró más de 4.000 millones de pesetas, sumando salario, bonus y sotck options). Sin embargo, lo que cavó su tumba fue el proyecto de crear, con dinero de Telefónica, un gran grupo de comunicación al servicio del PP que contrarrestara el poder de Prisa.
Entre quienes se sintieron amenazados por la iniciativa y los despechados por no ser los elegidos para ponerse al frente de ella, Villalonga se hizo con una notable colección de enemigos, que propiciaron su defenestración a base de calentarle la cabeza a Aznar, muy decepcionado ya por la ansias de notoriedad y riqueza de su viejo compañero de pupitre en el colegio del Pilar.
Después de abandonar a la fuerza el puesto de mando de Telefónica (para lo que puso su granito de arena, por cierto, el que habría de sucederle, CÉSAR ALIERTA), Villalonga desapareció del mapa durante una buena temporada y se dedicó a engordar su fortuna al otro lado del Atlántico, donde había vuelto a encontrar el amor.
La red de contactos que tejió mientras ocupó la presidencia de Telefónica y su boda con la despampanante ADRIANA ABASCAL, joven viuda de EMILIO AZCÁRRAGA, El Tigre, dueño de Televisa, le permitieron iniciar una nueva vida en América. Allí se dedicó a administrar su considerable fortuna y la de su esposa, mientras alquilaba los conocimientos adquiridos a compañías estadounidenses como Univisión o McLeodUSA, de las que pronto fue nombrado consejero.
En este periodo siguieron su curso en España algunas causas judiciales en las que Villalonga estaba implicado. Entre ellas, la compra por un precio desorbitado (5.000 millones de euros) de Endemol, productora de programas como Operación Triunfo y Gran Hermano. También tuvo que dar cuenta ante la CNMV del presunto uso de información privilegiada con motivo de la alianza de Telefónica con MCI-WorldCom. En ninguno de los dos casos fue hallado culpable.
Últimamente, Villalonga tiene su cuartel general en una lujosa residencia de Kensington, el barrio más selecto de Londres, y se dedica a hacer negocios en Rusia, aprovechando el proceso de privatizaciones desatado en el país. En 2005, a través del fondo Emergent Telecom Ventures, se hizo con el control de PeterStar, la operadora de móviles de San Petesburgo. También fue consejero de la tercera empresa rusa de celulares, MegaFon. Pisa poco por España, salvo para cumplir sus compromisos judiciales, el más reciente de los cuales se refiere a la quiebra de Sintel.
Entre las medidas de gracia que se están anunciado a cuenta de la campaña electoral, PEDRO SOLBES ha colado una que afecta de lleno al problema más grave que padecen muchas familias: la creciente dificultad para hacer frente a su hipoteca. La promesa del vicepresidente consiste en facilitar la ampliación del plazo, a fin de que el importe de las cuotas pueda reducirse hasta límites soportables para las economías domésticas en apuros. Esa ampliación ya es posible ahora, pero requiere el pago de unas cantidades que no todo el mundo está en condiciones de asumir. Según la propuesta de Solbes, en el caso de que los socialistas vuelvan a gobernar tras el 9-M, las trabas económicas desaparecerán por completo, si bien no para todo el mundo, sino sólo para aquellos que más lo necesiten.
La medida, como ha reconocido su propio autor, es de una notable complejidad, habida cuenta de que afectaría a un proceso en el que, además del prestatario, intervienen la correspondiente entidad financiera, el notario y el registrador de la propiedad. Que todos ellos coadyuven a su aplicación puede parecer fácil sobre el papel, pero no lo es en la práctica, como están teniendo la oportunidad de comprobar quienes intentan acogerse al abaratamiento de los trámites de cancelación establecido en la ley hipotecaria que entró en vigor el 10 de diciembre del año pasado.
Quien esto escribe tuvo la oportunidad de amortizar anticipadamente lo que le quedaba de la suya a primeros de noviembre, pero decidí no formalizarla hasta la aprobación de la nueva ley. Una vez que apareció en el BOE, me dirigí a mi sucursal de Caja Madrid para poner en marcha la cancelación registral de la hipoteca, de modo que, a todos los efectos, la vivienda quedase libre de cargas. Pues bien, dos meses y medio después, Caja Madrid sigue sin activar el proceso, aduciendo que los servicios centrales aún no han distribuido entre sus oficinas los baremos que ahora son aplicables. De modo que, si no quiero seguir esperando, sólo tengo dos opciones: hacer una provisión de fondos conforme a los precios antiguos, me venga bien o no, o emplear parte de mi tiempo en realizar personalmente los trámites necesarios. Así que, al menos por lo que concierne a los clientes de Caja Madrid, aquella norma, anunciada a bombo y platillo por el Gobierno, ha quedado en agua de borrajas.
Bien que con dificultades, BRUNO FIGUERAS ha ido quemando, una a una, todas las etapas que conducen a su meta: el acuerdo con la banca para la refinanciación de la deuda de Habitat, que asciende a 1.745 millones. Si no hay cambio de planes, hoy debería quedar zanjado el futuro de la compañía, ya sea porque todos los acreedores se avienen a prestarle el balón de oxígeno que tanto necesita o porque salta definitivamente por los aires.
A finales de la semana pasada, la mayoría de los 38 componentes del sindicato que concedió el préstamo destinado a la compra de Ferrovial Inmobiliaria dieron su visto bueno a un aplazamiento de los pagos que evitaría la asfixia económica de Habitat. Según lo convenido, ésta no necesitaría amortizar ni un euro del principal hasta el año 2010, aunque los intereses devengados tendría que seguir atendiéndolos puntualmente.
Sin embargo, un puñado de bancos del pool se han venido negando desde entonces a sumarse al pacto, so pretexto de que el plan de viabilidad presentado por Figueras no acaba de convencerles, ni tampoco la ausencia de mecanismos de control de la gestión, y por no sentar un precedente al que podrían agarrarse luego otros clientes suyos en apuros.
La parte de la deuda contraída con esas entidades representa sólo el 7% del total, pero su adhesión es fundamental y, en consecuencia, si se cierran en banda, no habrá nada que hacer. Para vencer su resistencia, Figueras les ha recordado que con su actitud “intransigente” ponen en peligro “el futuro de la sexta inmobiliaria del país y la primera con sede en Barcelona”. A lo largo del día, se verá si estas y otras presiones de las que están siendo objeto surten efecto.
Para Figueras, que junto con JOSEP SUÑOL controla el 55% de la empresa, declarar la suspensión de pagos sería un revés muy duro; no sólo por razones estrictamente económicas y societarias, sino también por los lazos sentimentales que lo unen a Habitat, en cuya fundación participó su familia.
Para los bancos tampoco sería bueno llegar a esos extremos, porque perderían dinero (sólo La Caixa y el Banco Popular tienen contraído un riesgo de 150 millones cada uno) y porque, a buen seguro, ninguno de ellos querrá llevar encima el estigma de haber dejado en la estacada a una empresa que puede arrastrar a otras en su caída.
El acuerdo pendiente de ratificación incluye un notable esfuerzo de algunos propietarios. Serán los DEL PINO, titulares de un 20% del capital, quienes corran con la mayor parte, pues fueron ellos los principales beneficiarios de la operación que dio origen a los actuales problemas de Habitat. Su aportación consistirá en la compra de activos por valor de 100 millones y la conversión en crédito participativo de otro subordinado por importe de otros 250. Ni un euro menos ni un euro más.
Los accionistas minoritarios (DOLORES ORTEGA, LEOPOLDO RODÉS, EMILIO CUATRECASAS, ISAK ANDIC y JOSÉ ANTONIO CASTRO), que Figueras captó prácticamente a golpe de teléfono antes de llevar a efecto la adquisición de Ferrovial Inmobiliaria, ya habían advertido de que no estaban dispuestos a rascarse de nuevo el bolsillo. Disconformes con la gestión de su dinero, en los momentos más tensos del proceso llegaron a reclamar que Habitat les devolviera los 170 millones que pusieron.
Después de la escandalera que montaron con motivo de la última junta general, ese grupo mantiene desde hace algunas semanas un sensato silencio. A fin de cuentas, es lo que más les conviene, pues los acreedores exigieron, como paso previo a la imprescindible refinanciación de la deuda, que dentro de Habitat reinara la paz accionarial. Está por ver su reacción en el caso de que, a pesar de los pesares, finalmente no sea posible el esperado acuerdo.
El asalto a Iberdrola, todavía en ciernes, ha encontrado un nuevo detractor en la persona del primer ministro escocés, ALEX SALMOND, contrario a que la eléctrica española sea controlada por alguno de los dos gigantes europeos que la pretenden: EdF y E.ON. Iberdrola es propietaria de Scottish Power y, en opinión de Salmond, su absorción por el grupo francés o por el alemán plantearía problemas de competencia. Aunque sus posibilidades de sacarla adelante son escasas, por prematura, el presidente escocés incluso ha presentado en el Parlamento británico una moción para que el Gobierno, en la medida de sus posibilidades impida el cambio de propiedad que se atisba en el horizonte.
Salmond, que en su momento puso serias objeciones a que Iberdrola se hiciera con Socottish Power, está muy satisfecho con el desenlace de aquella operación y por eso no quiere más movimientos. Para persuadirlo fue necesario entonces el concurso de un hombre bien relacionado con los nacionalistas escoceses: JOSU JON IMAZ, expresidente del PNV, que intercedió a favor de Iberdrola por expreso deseo de su presidente, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN. Nada tendría de extraño que Imaz hubiera instigado ahora a Salmond para que contribuya a frenar a EdF y E.ON, pues uno de los riesgos del cambio de manos de Iberdrola es que pierda su carácter original de empresa vasca.
La postura de Salmond, por otra parte, pone una piedra más en el camino de EdF, que de los dos aspirantes es el único que ha expuesto sus intenciones a las claras. El primer ejecutivo de la compañía francesa, PIERRE GADONNEIX, declaró recientemente que no seguiría adelante con sus planes si las autoridades nacionales concernidas o la propia Iberdrola ponían pegas. Sánchez Galán, en la presentación de los resultados de 2007, ya dijo la semana pasada que EdF “no sería bienvenida”. El Gobierno escocés, con sus reticencias, también se ha colocado en contra.
Mientras tanto, las autoridades españoles continúan sin decir esta boca es mía, a la espera de que se celebren las elecciones generales del próximo 9 de marzo. Sólo el vicepresidente económico, PEDRO SOLBES, ha adelantado que no vería con buenos ojos el troceo de Iberdrola que, según todos los indicios, desean los promotores de su compra, con FLORENTINO PÉREZ a la cabeza.
Contraviniendo una norma no escrita, pero de obligada observancia allí donde impera el sentido común, la derecha ha metido de lleno al sistema financiero en la campaña electoral. Y lo ha hecho, además, de la peor manera posible; esto es, sembrando dudas sobre su solvencia, en un momento en que la susceptibilidad está a flor de piel por culpa de la crisis crediticia internacional.
Fue EDUARDO ZAPLANA quien abrió el fuego con unas declaraciones en las que habló abiertamente de “dificultades” en la banca. Unas dificultades a las que, según él, se les habría puesto sordina para no perjudicar las expectativas del Gobierno ante los reñidos comicios del próximo día 9.
Sólo unas horas después, MARIANO RAJOY, que en cualquier otro partido menos desquiciado por la obsesión de recuperar el poder hubiera desautorizado tajantemente a su portavoz en el Congreso, volvió a la carga de forma más sibilina y exigió al Banco de España que saliera a la palestra para poner en claro la situación.
O sea que el PP, como suele hacer con frecuencia, primero encendió la pira y luego, poniendo cara de yo no he sido, llamó a los bomberos para que se dieran prisa en apagarla.
Tanto Zaplana como Rajoy apoyaron sus insinuaciones en algunos comentarios de la prensa británica, que lleva semanas con la cantinela de que el tsunami hipotecario es un fenómeno universal, a pesar de que, al menos por ahora, sólo el Reino Unido ha tenido que nacionalizar un banco (el Northern Rock) para salvarlo de la quiebra.
Dar crédito a esos comentarios interesados por estrictas razones de conveniencia política ha demostrado de nuevo el exiguo sentido del patriotismo que tienen precisamente quienes más alardean de él.
Su irresponsabilidad obligó al Banco de España y a las dos patronales del sector (la AEB y la CECA) a salir en tromba en defensa propia, en un gesto que, por inusual, da la medida de la gravedad de lo desde el PP se estaba diciendo. El más rotundo de todos fue el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, JUAN RAMÓN QUINTÁS, para quien estas “intoxicaciones” constituían una auténtica “barbaridad”. Con su habitual socarronería, lanzó, pese a todo, un mensaje de tranquilidad: “Tenemos 170 años y hemos sobrevivido a guerras civiles, dictaduras y monarquías. Malo será que no aguantemos hasta el 10 de marzo”.
IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN está intentado mostrarse confiado ante un eventual asalto a Iberdrola. De un tiempo a esta parte, ha dicho a todo el que ha querido escucharlo que para quedarse con la compañía hacen al menos 100.000 millones. “Mientras no aparezca un tío dispuesto a poner sobre la mesa ese dinero, podemos estar tranquilos”, es su teoría.
El presidente de Iberdrola no ha explicado por ahora de dónde sale esa cifra. La eléctrica, aunque es el tercer valor de la bolsa española por capitalización (sólo superado por el Banco Santander y Telefónica), vale en el mercado poco más de 52.000 millones de euros. O sea, la mitad, en números redondos, de lo que Sánchez Galán pretende.
Es verdad que, si finalmente se desatan las anunciadas hostilidades por el control de la compañía, las acciones pueden dispararse, como le ocurrió a Endesa, que duplicó su valor a raíz de la guerra de opas en que se vio inmersa. Pero no es menos cierto que quien más y quien menos ha extraído las oportunas consecuencias de aquel controvertido episodio, y va a resultar difícil que se repita la historia.
Por otra parte, Sánchez Galán da por hecho que un eventual comprador tendría que quedarse por sí solo con toda Iberdrola, cuando esa hipótesis, en realidad, nunca se ha barajado. Ni Eletricite de France (EdF), ni E.ON, ni muchos menos ACS aspiran a tanto porque el pastel, de puro grande, podría acabar atragantándoles. De ahí el troceo del que ha venido hablándose y al que se ha opuesto públicamente el ministro Economía, PEDRO SOLBES.
Además, nada tendría de particular que algunos socios de Iberdrola decidieran unirse a una operación en la que atisbaran la posibilidad de extraer buenos rendimientos. Probablemente no sea el caso de la vasca BBK, que por razones territoriales preferiría el mantenimiento del actual statu quo, ni el de Bancaja, en cuya comunidad autónoma, la valenciana, Iberdrola es una de las claves del desarrollo económico. Pero otras cajas de ahorro, que forman parte del teórico núcleo duro, todavía no han dicho la última palabra.
Eso sin contar, por supuesto, con la parte del capital que ya está en poder la constructora que preside FLORENTINO PÉREZ (alrededor del 15%) y del 3% que, según todos los indicios, los franceses han acopiado con tenacidad de hormiga durante las últimas semanas.
El alivio con el que la banca británica ha acogido la nacionalización del Northern Rock recuerda el complaciente recibimiento que sus colegas españoles dispensaron a la expropiación de Rumasa, de la que el sábado se cumplirán veinticinco años. Si el Gobierno de FELIPE GONZÁLEZ quiso poner entonces el parche antes de que apareciera la herida, la medida adoptada por GORDON BROWN va a tener también un efecto profiláctico. De ahí la comprensiva reacción de los competidores de Northern Rock a la decisión anunciada el lunes por el ministro de Economía, ALISTAIR DARLING.
Northern Rock es el sexto banco del Reino Unido y el más castigado por la crisis de las hipotecas basura, hasta el punto de que el Tesoro tuvo que inyectarle el equivalente a 33.500 millones de euros para evitar que se fuera a pique. El origen de sus problemas no tiene nada que ver, pues, con el que puso contra las cuerdas a Rumasa, un conglomerado de empresas que utilizaban sin tasa los recursos de los bancos del grupo para cubrir sus propias necesidades. Pero hay algo común a los dos casos: su potencial destructivo de la confianza de los usuarios, que es, junto con el dinero mismo, el motor del sistema financiero.
Ni aquel 23 de febrero de 1983 ni ahora, a los propietarios de las entidades absorbidas por el Estado les ha hecho gracia la idea. JOSÉ MARÍA RUIZ MATEOS, nada más ser despojado de su emporio, emprendió una cruzada, trufada de episodios grotescos, que aún no ha acabado. Y los accionistas del Northern Rock ya han hecho saber que no piensan quedarse de brazos cruzados ante lo que consideran un “robo” en toda regla. Ninguno de ellos, sin embargo, rechistó cuando, hace seis meses, el erario público británico fue en su ayuda con un motón de libras de los contribuyentes.
Los conservadores han puesto el grito en el cielo y han advertido de las graves consecuencias que, en su opinión, tendrá la nacionalización del Northern Rock. En España, Alianza Popular, en la que AZNAR y RATO eran ya unas jóvenes promesas, también se rebelaron contra la expropiación de Rumasa al considerarla un ataque al derecho a la propiedad privada. Sin embargo, años después, cuando los cachorros de FRAGA llegaron el Gobierno, no movieron un dedo para compensar a Ruiz Mateos por lo que, según ellos, los socialistas le habían confiscado.
Siguiendo el ejemplo de otros miembros de la familia del rey, la infanta ELENA ha decidido sentar plaza en el mundo de los negocios. Para ello se valdrá de una consultoría fundada en agosto por el despacho de abogados de ALEJANDRO LATORRE ATANCE y de la que es socia única desde diciembre. Se llama Global Cinoscéfalos, en memoria de la cruenta batalla que en el año 197 antes de Cristo enfrentó en Tesalia a las legiones del cónsul Tito Quincio Flaminio con la falange de Filipo V de Macedonia y de la que los romanos salieron victoriosos.
Global Cinoscéfalos tiene por objeto social la consultoría, entre ellas la financiera, materia sobre la que no se le conoce a la infanta experiencia alguna, pues es maestra de profesión, aunque su dedicación a la docencia ha sido parcial. Para acompañarla en esta nueva travesía, Elena ha elegido a dos personas de su confianza, los hermanos CARLOS y JAVIER GARCÍA REVENGA, a quienes ella aportará el poder abracadabrante de sus regios apellidos y la red de contactos que por ser quien es sin duda tiene.
La incursión de la primogénita de JUAN CARLOS y de SOFÍA en el mundo de los negocios, no desvelada hasta ahora, se produjo muy poco después del “cese temporal” de su convivencia con JAIME DE MARICHALAR, que ha sobrepasado ya los tres meses de duración. Si se tratara de otra persona, podría decirse incluso que ha dado el paso para salir adelante después de su separación, pero más bien parece que Elena ha sucumbido a la tentación de crear su propio capitalito, a imagen y semejanza de su padre, de su tía PILAR, de su ya casi ex marido o de su cuñado IÑAKI URDANGARÍN.
El rey, desde que accedió al trono tras la muerte de FRANCO, cuidó de engordar su patrimonio a base de inversiones, como hizo su abuelo ALFONSO XIII mientras reinó. La revista Forbes, en su edición de 2003, situaba a don Juan Carlos en el sexto lugar de los monarcas más ricos de Europa, con una fortuna cercana a los 1.800 millones de euros. La naturaleza de esas inversiones es uno de los secretos mejor guardados por la Corona, aunque se sabe que al rey siempre le ha gustado frecuentar a financieros (MARIO CONDE, ALFONSO ESCÁMEZ) y grandes empresarios (GIOVANNI AGNELLI, RAÚL GARDINI), que probablemente lo hayan ayudado a no errar el tiro.
La infanta PILAR, hermana mayor de Juan Carlos, tiene una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (simcav), Labiernag 2000, que le ayudan a administrar sus hijos SIMONETTA y BRUNO. La duquesa de Badajoz, viuda de LUIS GÓMEZ ACEBO, un hombre muy bien vinculado con la gran banca, cuenta en su historial con varios consejos de administración, como las aseguradoras Plus Ultra y Aviva Vida y Pensiones, de la agencia de viajes Boga y Vendome LG Ibérica.
Jaime de Marichalar, que hasta sus nupcias con Elena era un directivo de poca monta de Credit Suisse en París, ha ido acumulando desde entonces algunos cargos de relumbrón. De la mano de ESTHER KOPLOWITZ, se convirtió en consejero de Portland Valderribas. Dentro de su antigua empresa escaló rápidamente posiciones, hasta ser elevado a la categoría de director gerente del banco en Madrid y presidente la Fundación Winterthur. Es consejero de la selecta firma de moda Loewe.
Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta CRISTINA, tras retirarse de la práctica activa del balonmano, que les dio la oportunidad de conocerse, metió la cabeza en lucrativas actividades de promoción deportiva. Octagon Esedos, Interpublic, Motorpress Ibérica y el Instituto Noos de Estudios Estratégicos son algunas de las sociedades que se han servido de las ventajas de contar en su nómina con este yerno del rey.
Con esa forma tan curiosa de interpretar el liberalismo económico que a veces tiene la derecha, RODRIGO RATO, siendo vicepresidente del Gobierno, sacó adelante en 1999 una ley que limitaba el acceso de compañías públicas extranjeras al sector energético español. Cualquier adquisición superior al 3% del capital requería autorización administrativa, salvo que el comprador renunciara a ejercer los derechos políticos correspondientes, cosa que normalmente no ocurre. Energía de Portugal (EdP) y la alemana Enel tuvieron que pasar por el aro de la “ley Rato” cuando metieron la cabeza en Cantábrico y Viesgo, respectivamente, a pesar de que no eran ellas las causantes de los recelos del Gobierno, sino Électricité de France, que ya entonces le había echado el ojo a Iberdrola.
Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó la semana pasada esa norma por entender que impide la libre circulación de capitales que todos los Estados miembro tienen la obligación de facilitar. No es la primera medida proteccionista adoptada bajo el mandato de JOSÉ MARÍA AZNAR que España se ve obligada a retirar a instancias de Bruselas. Otra muy significada fue la “acción de oro” que el Estado se reservó transitoriamente en las grandes empresas privatizadas (Telefónica, Iberia, Repsol…) para evitar que cayeran en manos distintas de las que el Gobierno quería. Pasó a mejor vida en noviembre de 2005, sin haber sido utilizada jamás.
La derogación de la “ley Rato” ha sido interpretada como una buena noticia precisamente para la compañía que la inspiró, EdF, que nueve años después ha vuelto tras los pasos de Iberdrola. Y en cierta forma es así, porque ahora podrá comprar cuantas acciones desee sin pedir permiso a nadie. Pero se da la circunstancia de que, al menos de momento los obstáculos para que EdF entre en Iberdrola no los pone el Gobierno, que lleva tiempo al cabo de la calle de sus intenciones, sino el propio consejo de la eléctrica española y el blindaje antiopa del que ésta se dotó.
Su presidente, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, cuando conoció el plan de FLORENTINO PÉREZ y de sus socios en ACS (la familia MARCH y los ALBERTOS) de darle un zarpazo a Iberdrola para fusionarla con Fenosa, se cuidó muy mucho de introducir en los estatutos algunos preceptos disuasorios, que como mínimo encarecerían notablemente la operación. Ése es el gran problema de EdF, aunque fórmulas hay para sortearlo, que sin dudan serán activadas en el supuesto de que, después de las elecciones del 9 de marzo, los interesados decidan seguir adelante.
Si RODRÍGUEZ ZAPATERO renueva la confianza de los ciudadanos y continúa en la Moncloa, el Gobierno probablemente no ponga pegas, salvo que se plantee un troceo de Iberdrola, sobre el que PEDRO SOLBES ya se ha pronunciado en contra, o los nacionalistas vascos no lo vean claro y su concurso sea imprescindible para la investidura.
Aunque los contactos no se han roto totalmente, las negociaciones formales para la compra de Alitalia por Air France-KLM están en el dique seco desde la dimisión ROMANO PRODI. El principal accionista de la compañía italiana de bandera es el Estado, y el Gobierno interino no quiere dar ningún paso adelante hasta que las elecciones generales despejen en el panorama político del país. La operación, además, no es vista con buenos ojos por algunos partidos, en especial la Liga Norte de UMBERTO BOSSI, que teme la supresión del aeropuerto de Milan-Malpensa como centro de distribución de vuelos (hub), en beneficio de Roma-Fiumicino. Éste sería uno de los tres puntales de la compañía resultante de la fusión, junto a París-Charles de Gaulle y Amsterdan, con el consiguiente perjuicio económico para una región como Lombardía que debe buena parte de su crecimiento al intenso movimiento aéreo que soporta.
La suspensión temporal de las negociaciones (que puede ser definitiva si el resultado de los comicios lo hace aconsejable) beneficia de rebote a Iberia, pues su primacía en el tráfico entre Europa y Latinoamérica puede verse amenazada por la unión de Air France-KLM y Alitalia. Actualmente, la cuota de la compañía española está alrededor del 20%, mientras que las otras dos tienen el 17,7% y el 4,1% respectivamente, si bien algunas de sus líneas son concurrentes. El compás de espera permitirá al equipo de FERNANDO CONTE avanzar en la elaboración de su nuevo Plan Director, que debe entrar en marcha el año próximo, y en el que la ampliación del negocio intercontinental será una de las prioridades, igual que lo es en el todavía vigente.
Iberia considera que sus posibilidades de crecer en el mercado doméstico son ya muy limitadas, debido al empuje de las aerolíneas de bajo coste; de ahí que, para no quedarse de brazos cruzados, haya decidido hacer una oferta por Spanair, la empresa vinculada durante tantos años a la familia PASCUAL y a GERARDO DÍAZ FERRÁN y que desde hace algún tiempo es propiedad de SAS. Pero Spanair, aunque ayudaría a que Iberia tuviera bajo su órbita un 70% de los vuelos nacionales, afronta serios problemas (perdió 31 millones de euros el año pasado y sus deuda supera los doscientos millones), por lo que su aportación a la cuenta de resultados será, en principio, negativa.
Iberia está conectada hoy por hoy a 17 ciudades de Latinoamérica, que son las que más tráfico proporcionan. Pero aún puede hacer al menos dos cosas: enlazar con otros puntos de origen y destino, aprovechando la creciente demanda generada por los inmigrantes procedentes de aquella zona, y aumentar la capacidad de sus vuelos. Este último aspecto será determinante en la renovación de la flota que se empezará a tratar en los próximos meses con proveedores como AIRBUS y BOEING.
Otro elemento aún por explotar es T-4, cuyas posibilidades no se han agotado ni mucho menos y que constituye uno de los mayores atractivos de Iberia. De hecho, tanto BRITISH AIRWAYS como LUFTHANSA, han mirado con codicia esa terminal desde que fue inaugurada, porqueles permitiría descongestionar sus respectivos hub hacia Latinoamérica. El golpe de mano de mano de Caja Madrid en el accionariado de Iberia, en el que ahora es socio de referencia, se lo ha puesto muy difícil.
Los viajes trasoceánicos tienen una importancia estratégica para Iberia, pues representan el 45% de sus ingresos totales, después del fuerte empujón recibido en los dos últimos años. Anualmente, los vuelos de largo radio de la aerolínea española mueven en torno a cuatro millones de pasajeros y las plazas de los aviones que fleta suelen ir ocupadas, por término medio, en casi un 90%.
