Ha sido necesario que el perjudicado se incorpore en el lecho del dolor y levante la voz para que todo el mundo sepa que el relevo de JOSÉ MARÍA RAMÍREZ POMATTA en la presidencia de Mutua Madrileña el 22 de enero fue un auténtico golpe de Estado.
Casi al mismo tiempo en que Ramírez Pomatta era intervenido quirúrgicamente a vida o muerte en un hospital madrileño, el consejo de administración, decidió por unanimidad que el vicepresidente segundo, IGNACIO GARRALDA, lo sustituyera.
No provisionalmente, hasta que Ramírez Pomatta se recuperara de su enfermedad o decidiera retirarse, sino de forma definitiva y a todos los efectos, como si el anterior presidente estuviese ya amortizado y, por supuesto, sin contar con él.
Algo debía de barruntar Ramírez Pomatta sobre lo que se estaba cociendo a sus espaldas, porque unos días antes de ingresar en el hospital hizo un movimiento inesperado y colocó como vicepresidente primero a JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ, un histórico de la aseguradora, cercano a la edad de jubilación.
Martínez reemplazó a LUIS RODRÍGUEZ DURÓN, con el mandato de ejercer los poderes ejecutivos de Ramírez Pomatta “temporalmente”, mientras éste se dedicaba por entero a restablecer su quebrantada salud.
Eso ocurrió el 16 de enero y sólo una semana después, contra todo pronóstico, se produjo el nombramiento de Garralda por unanimidad de los 14 miembros del consejo de administración, la mayoría de los cuales, por cierto, habían sido puesto en él por Ramírez Pomatta desde que en 2002 se puso al frente de la Mutua.
Para justificar el inesperado ascenso de Garralda, la compañía alegó la “prolongada baja por enfermedad” de Ramírez Pomatta, que llevaba varios meses en tratamiento, y la “previsible duración de su convalecencia”. Pero nada se dijo entonces de que el proceso sucesorio se hubiera realizado a sus espaldas, según jura y perjura ahora el destituido presidente.
Visto desde fuera, da la impresión de que, dentro del consejo, en el mejor de los casos, hubo un exceso de celo y, en el peor, alguien decidió aprovechar que Ramírez Pomatta esta involuntariamente fuera de juego para cobrarse una factura pendiente poniéndolo de patitas en la calle.
El claro distanciamiento respecto de su predecesor que ha caracterizado ciertas decisiones de Garralda en sus primeras semanas de mandato no invita a la benevolencia. Ha recuperado las relaciones con Mapfre, bestia negra de Ramírez Pomatta; ha solicitado el reingreso en Unespa, de la que éste se retiró; ha puesto en duda la viabilidad del proyecto de ciudad sanitaria, y ha anunciado un giro en la política de inversiones en renta variable, que tanto peso dio a la aseguradora.
Todavía en plena recuperación, Ramírez Pomatta ha clamado: “Quiero que se garantice el camino emprendido y no devolver a Mutua a la mediocridad”. Lo que más le duele, sin embargo, es la forma “poco elegante” en que lo han apartado. “Si se esperan a que esté bueno, yo encantado de marcharme. Pero que te estés muriendo y se repartan el manto del soberano, no me parece bien”.
Al cardenal CISNEROS le tocó apechugar dos veces con la regencia de Castilla, la segunda a la muerte de Fernando el Católico en 1516. En esta ocasión, tuvo que hacer frente a una sublevación en toda regla de los nobles que habían sido despojados de buena parte de sus antiguos privilegios por el rey recién fallecido. Varios de ellos se plantaron en el palacio que ocupaba el purpurado y le preguntaron con descaro qué legitimidad podía aducir para oponerse a sus pretensiones. El cardenal abrió de par en par uno de los balcones y, mientras señalaba a las milicias urbanas fuertemente armadas que permanecían formadas en el patio del palacio, advirtió con suficiencia: “Estos son mis poderes”.
Casi cinco siglos después de aquel histórico episodio, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, para disuadir a EdF, que quiere tomarse Iberdrola al asalto, ha remedado a Cisneros y, mediante una extensa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha revelado con qué artillería piensa encarar el asedio. El documento hace un recuento de las medidas de blindaje que la eléctrica española ha establecido a fin de evitar una acción hostil como la que, según todos los indicios, preparan los franceses con la complicidad de la ACS de FLORENTINO PÉREZ, los MARCH y los ALBERTOS.
La mayoría de ellas ya eran conocidas. Por ejemplo, las restricciones de los derechos de voto más allá del 10% del capital. O la necesidad de que se pongan de acuerdo al menos tres cuartas partes de asistentes a la junta de accionistas para reformar los estatutos. Pero hay otras que hasta ahora estaban protegidas por el secreto de sumario y que en el documento enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores quedan al descubierto.
Hay 5.000 millones de euros en créditos concedidos a Iberdrola condicionados al mantenimiento de la actual propiedad. En caso de un cambio de control, como consecuencia de una opa, sobre todo si ésta no es amistosa, los acreedores pueden adelantar los vencimientos o exigir garantías adicionales a la compañía. Además, la relación con Neoenergía, su holding de activos en Brasil, del que Iberdrola controla un 39%, podría variar sustancialmente, ya que el resto de los socios de la empresa (Previ y el Banco de Investimento) tendría derecho a reclamar la participación del grupo español.
Una fuerte indemnización
El documento que obra en poder de la Comisión Nacional del Mercado de Valores incluye un apartado referido al presidente de Iberdrola. En él se detalla la indemnización que habría que pagarle a Sánchez Galán en el caso de que se vea obligado a dejar la eléctrica. Son cinco anualidades, que, si se toma como referencia sólo la retribución fija que percibe, sumarían 10 millones de euros. La cifra es similar a la que MANUEL PIZARRO percibió tras dejar Endesa (unos 12 millones).
En el ojo del huracán bursátil
Los poderes de los que Sánchez Galán alardea no han bastado para frenar las especulaciones de las que últimamente está siendo objeto el valor en bolsa. A contracorriente del mercado, las acciones de Iberdrola continúan subiendo y esta semana han alcanzado sus máximos anuales. Los inversores consideran que, tras las elecciones generales del 9-M, que se saldaron con el triunfo de RODRÍGUEZ ZAPATERO, la opa de EdF tiene más posibilidades de materializarse que nunca.
La clave de la oferta
Entre ellos circula un precio para esa eventual oferta que superaría los 12 euros por acción, lo que supondría valorar Iberdrola en más de 60.000 millones. Actualmente, los títulos se cotizan entre los 10 y los 11 euros. Los candidatos a hacerse con la compañía, EdF y ACS, acumulan alrededor de un 15% del capital y, por lo tanto, hacerse llegar al 100% les costaría una cantidad superior a los 50.000 millones sólo en el pago a los accionistas.
La familia NOZALEDA ha tenido que aflojar el bolsillo para evitar una cascada de demandas por impagos. En total, ha soltado 15 millones de euros ya vencidos correspondientes a más de 400 proveedores ordinarios de su inmobiliaria Nozar.
La decisión trae causa de la suspensión de pagos solicitada por uno de ellos, Avaltransa, a la que Nozar debía 312.691 euros, una cantidad relativamente modesta, aunque suficiente para poner en marcha el procedimiento judicial.
Los mercados, que saben que cuando una causa entra en los tribunales no hay quien la pare, castigaron el lunes a los valores con los que Nozar tiene algún tipo de relación; entre otros, por supuesto, Colonial.
Sólo así se explica que esta inmobiliaria, cuyos principales accionistas son LUIS PORTILLO y los Nozaleda , sufriera un nuevo batacazo en bolsa a principios de semana, a pesar de que el acuerdo con el fondo soberano de Dubai interesado en su compra, con todos sus inconvenientes, parece ahora más cerca que nunca.
Los títulos de Colonial llegaron a pagarse el lunes por debajo de un euro, veinte céntimos menos de la oferta que los árabes han hecho sólo por la parte patrimonial del negocio, que representa casi un 80% del total y está valorada en 9.160 millones.
La pretensión del fondo soberano de Dubai es que el resto se lo queden los actuales propietarios, ya que no lo ven interesante había cuenta de la situación que desde el año pasado atraviesa el sector inmobiliario en España.
La actividad residencial y de suelo, valorada en 2.100 millones, además, lleva aparejada una deuda de 900.
A este acuerdo, insatisfactorio pero sin alternativa, podrían haberles dado ya su visto bueno, junto con Portillo y la familia Nozaleda, ALICIA KOPLOWITZ (8,91% del capital), DOMINGO DÍAZ DE MERA (7,2%) y AURELIO GONZÁLEZ (5,3%).
Según todos los indicios, sólo falta ya el respaldo de los bancos, a los que Colonial les debe 8.000 millones de euros adscritos a los activos patrimoniales. Los compradores consideran que las condiciones de esta deuda no son de recibo y quieren una quita significativa.
En el caso de que las negociaciones fructifiquen, sólo quedaría ya el lanzamiento de la opa y, previsiblemente, la exclusión de Colonial de la bolsa.
A finales de noviembre, Corporación Dermoestética fue el centro de una serie de rumores que dispararon su cotización hasta colocarla por encima de los nueve euros. Su fundador y principal accionista, JOSÉ MARÍA SUESCUN, tuvo que salir a la palestra para reconocer que había recibido “acercamientos” de algún fondo de capital riesgo interesado en adquirir la compañía. A la postre se supo que ese fondo era el británico 3i, que en caso de acuerdo pretendía excluir a Corporación Dermoestética de la bolsa y duplicar su volumen en cinco años.
Suescun y 3i se dieron hasta fin de año para formalizar la operación, que necesariamente habría de ser compleja habida cuenta de las notables inversiones de Corporación Dermoestética en el extranjero. Sin embargo, los días pasaron y la opa sobre el 100% del capital que el mercado esperaba no acababa de llegar. El 29 de diciembre, a cuarenta y ocho horas del vencimiento del plazo anunciado, 3i se avino a comprar, no la empresa entera, sino sólo su división en el Reino Unido, Ultralase.
Corporación Dermoestética, según se dijo entonces, recibiría 238 millones de euros, pero a cambio perdería un 48% de su cifra total de negocio y 18,8 de los 21,6 millones a que ascendió su resultado bruto de explotación en 2007. Lo que no se comunicó a la opinión pública fue por qué 3i optó por una adquisición parcial, en vez de ir a por todo, como se había anunciado sin que nadie lo desmintiera.
Ahora, Corporación Dermoestética ha hecho saber que tira definitivamente la toalla en Italia, donde había podado ya algunas ramas (de 44 clínicas en 2006 pasó a 17 el año pasado), aunque eso no evitó que sus filiales de allí siguieran arrojando pérdidas.
La liquidación de sus actividades en Italia probablemente ayude a entender las razones por las que a 3i se le encogió el ombligo y prefirió quedarse sólo con Ultralase después de conocer en profundidad las cuentas de Corporación Dermoestética. Si en un país tan parecido a España no cuajaba el modelo concebido por Suescun, las posibilidades de replicarlo en otros eran muy remotas y, en consecuencia, la expansión internacional por la que 3i apostaba no tenía visos de saldarse con éxito. Aquella retirada fue probablemente un ejercicio de sensatez del fondo británico, pero alguien debería haberse tomado la molestia de explicarla.
El Banco de España ha echado un jarro de agua fría sobre las intenciones de Crédit Agricole de hacerse fuerte en Bankinter, del que es principal accionista con un 20,1% del capital. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ ha comunicado a los franceses que no vería con buenos ojos su entrada en el consejo de administración de la entidad vinculada a la familia BOTÍN, habida cuenta de la relación de competencia que existe entre ellos.
Esa rivalidad existe, al menos sobre el papel, aunque es muy limitada. Crédit Agricole está presente en el mercado minorista español a través de Bankoa y del Banco Espirito Santo, que juntos no llegan al centenar de oficinas. A través de Crédit Agricole Asset Management participa en el negocio de la gestión de activos, de los que apenas administra mil millones de euros. Y tiene modestos intereses en seguros (BES Vida), banca privada corporativa (Calyon) y financiación al consumo (Eurofactor y Tarcredit).
Es decir que la entidad presidida por RENÉ CARRON compite en campos donde también juega Bankinter, si bien esa situación no es nueva ni más acentuada que en otros casos. Todas las actividades de Crédit Agricole en nuestro país ya las desarrollaba antes de comprarle sus títulos a RAM BHAVNANI a principios de noviembre del año pasado. Y el Banco de España no sólo no puso entonces ningún impedimento, sino que posteriormente autorizó a los franceses a elevar su participación hasta el 29,99%.
¿Acaso pensaba que Crédit Agricole, después de gastarse cientos de millones de euros, iba a conformarse con seguir flemáticamente por las páginas de Financial Times o de Les Echos lo que hicieran con su dinero los gestores de Bankinter? ¿De verdad creía el Banco de España que Crédit Agricole podía conformarse con observar de brazos cruzados el uso que se daba a su cuantiosa inversión, sin intentar sacarle más partido que el puramente financiero?
Por otro lado, aludir a intereses cruzados en el caso de Bankinter no deja de ser paradójico cuando su hasta ahora accionista de referencia, Jaime Botín, compartió durante años la presidencia con un puesto relevante en el consejo de administración del Santander, que capitanea su hermano Emilio y que a su vez controla Banesto. ¿O es que Bankinter, Santander y Banesto no son competidores en algunos segmentos?
Corría el año 2003 cuando el gigante canadiense Alcan, segundo fabricante mundial de aluminio, borró del mapa una de las mayores empresas de Francia: Pechiney, entonces cuarta en el ranking. Lo hizo mediante una opa hostil inesperada y demoledora, que cogió con el paso cambiado no sólo a los gestores de la compañía, sino también a los responsables económicos del Gobierno.
Hay quien todavía no se ha recuperado de aquel zarpazo, y uno de ellos es NICOLAS SARKOZY. La semana pasada, el presidente de la República demostró públicamente hasta qué punto sigue supurando esa herida. “Yo todavía no he digerido la desaparición de Pechiney”, dijo para justificar su decisión de proteger de una eventual “amenaza” extranjera a Société Générale, hoy más vulnerable que nunca como consecuencia del multimillonario fraude del broker JÉRÔME KERVIEL.
Sarkozy explicó sin ambages la razón de su resentimiento: “Sin que el ministro de Finanzas del momento levantara un dedito, Pechiney se convirtió en Alcan. Y Alcan ya no existe”. Lo que significa, simple y llanamente, que él, en esa coyuntura, hubiera hecho mangas y capirotes de la libertad de mercado con la que los de su misma cuerda ideológica se suelen llenar la boca.
Para Iberdrola las declaraciones de Sarkozy son una mala noticia. Su presidente, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, presentó recientemente ante la Comisión Europea una queja contra el Estado francés por restringir la competencia con las prerrogativas que tiene en EdF, de la que controla un 85%. Esta compañía, por ejemplo, puede opar a otras, pero no ser opada, situación que, al menos sobre el papel, no encaja con las reglas del mercado único.
La queja de Iberdrola es meramente instrumental y forma parte de la batería de medidas con las que intenta disuadir a Électricité de France (EdF), que quiere tomársela al asalto con la complicidad de la ACS de FLORENTINO PÉREZ, la familia MARCH y los ALBERTOS. Ahora bien, si con ella espera ablandar a Sarkozy, sus posibilidades de éxito parecen remotas, a la vista de las reveladoras declaraciones que ha realizado a propósito de la situación de Sociéte Général.
Por si alguien alberga alguna duda sobre la deriva proteccionista del presidente francés, baste recordar el acuerdo que el Gobierno de París está ultimando con el resto de los accionistas de referencia para impedir que inversores extranjeros indeseados copen el consorcio aeroespacial EADS, en el que ya se han colado un banco estatal ruso y el fondo soberano Dubai Internacional Capital.
Esta medida desprecia olímpicamente la revocación por las autoridades europeas de la acción de oro con la que el Estado español se arrogó durante cierto tiempo la capacidad de veto sobre las decisiones de peso que afectaran a algunas grandes empresas públicas privatizadas durante el mandato de AZNAR (Iberia, Repsol, Endesa…).
Probablemente Sarkozy ha tirado por la calle de en medio porque confía en que, si algún día se atreven a fallar también contra su blindaje de ADS, los efectos sean ya irreversibles.
La batalla que se libra en torno a Iberdrola, y de la que se esperan nuevas escaramuzas después del 9-M, puede tener un efecto inesperado si prospera la queja presentada por IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN contra Francia ante la Comisión Europea. Su fundamento es que el Gobierno galo conserva en EdF, cuyo capital pertenece mayoritariamente al Estado (85%), una serie de prerrogativas que limitan la libre competencia, pues la compañía, por ejemplo, puede opar, pero no ser opada.
PEDRO SOLBES, que fue miembro de la Comisión y en consecuencia conoce bien lo que se cuece en Bruselas, ha reconocido públicamente que confía en que la queja de Iberdrola sirva para unificar las reglas del juego en todos los países. Lo que, en segunda derivada, según el vicepresidente económico en funciones, contribuiría a la creación de un mercado más abierto y eficiente. El responsable europeo de energía, el letón ANDRIS PIEBALGS, aunque con otras palabras, ha venido a decir lo mismo.
El Estado francés tiene en su contra los sucesivos revolcones sufridos por España en esta materia. Tanto la acción de oro que el Gobierno conservó en algunas empresas públicas (Repsol, Iberia, Telefónica, Endesa) tras su privatización a fin de bloquear cualquier decisión que no le gustara, como la llamada ley RATO, que limitaba los derechos políticos de las compañías extranjeras en algunos sectores, han sido revocadas por las instituciones comunitarias con el argumento de que restringían gravemente la libre competencia.
Por igual regla de tres, la Comisión Europea debería de atender ahora las razones de Iberdrola, aunque el diferente peso político que Francia y España tienen en la Unión no anima a concebir, de momento, demasiadas esperanzas.
Si la queja de Iberdrola ha sido arropada por algunas voces autorizadas, otras noticias de los últimos días no son tan reconfortantes para Sánchez Galán, salvo que él disponga de información tranquilizadora de la que carecemos los demás. El multimillonario belga ALBERT FRERE, que a finales del año pasado empezó a desprenderse de sus acciones en la eléctrica española, ha vendido una parte de ellas (al menos el 2,2%) a no se sabe muy bien quién. Y, claro, uno de los compradores potenciales que maneja el mercado es EdF, que habría dado así un nuevo paso en el asalto a Iberdrola.
JUAN JIMÉNEZ AGUILAR, el veterano secretario general de CEOE (24 años en el cargo, ahí es nada), ha tenido que hacer una finta para esquivar la bala con la que pretendían volarle la cabeza. Al presidente de los empresarios, GERARDO DÍAZ FERRÁN, no le ha quedado más remedio que posponer el nombramiento como segundo de a bordo de un hombre de su plena confianza. El elegido, según todos los indicios, era JOSÉ MARÍA LACASA, director del departamento de Relaciones Exteriores, que deberá esperar una mejor ocasión para ascender en el escalafón de la patronal.
Jiménez Aguilar, auténtico albacea de la herencia de JOSÉ MARÍA CUEVAS, que abandonó la CEOE el año pasado, no ha tenido una convivencia fácil en los últimos meses con Díaz Ferrán, que pretende darle su propio sello a la organización. Cuevas, cuya experiencia en el mundo de los negocios había sido efímera (estuvo una temporada al frente de Sarrió, donde llegó procedente del gabinete técnico del sindicato vertical del papel y artes gráficas), concebía CEOE como una institución representativa del conjunto de los empresarios. Sin embargo, su sucesor es partidario de convertirla en un grupo de presión que intervenga allí donde se le requiera, por muy parciales que sean los intereses a defender.
Para Jiménez Aguilar, una refundación de CEOE con esa deriva supondría echar por tierra el legado de Cuevas y el suyo propio, y de ahí las reticencias que viene oponiendo a las reformas propuestas por Díaz Ferrán, cuya visión de la jugada es necesariamente distinta, dada su condición de emprendedor (comparte con GONZALO PASCUAL la propiedad del grupo Marsans), muy alejada del perfil funcionarial de quienes han acaudillado la patronal en el último cuarto de siglo. Precisamente porque sus ocupaciones le impiden dedicarle a CEOE el tiempo que le dispensó Cuevas, Díaz Ferrán quería (y seguramente quiere) a alguien que esté en sintonía con él para que lleve el día a día y le cubra las espaldas.
Jiménez Aguilar, aunque consciente de que no es la persona indicada, se ha agarrado a su sillón, a despecho incluso de la jugosa oferta económica que el presidente le hizo para que se fuera (sueldo íntegro durante dos años, hasta que cumpla los 70). Conoce demasiado bien la casa (muchos altos cargos le deben el puesto) y movió los hilos con la habilidad necesaria para obligar a Díaz Ferrán a envainársela.
En la elección de Gerardo Díaz Ferrán como máximo responsable de CEOE hubo un indudable trasfondo político. Él es uno de los mejores amigos de ESPERANZA AGUIRRE, que desde que accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha hecho cuanto estaba en sus manos para infiltrarse en el tejido empresarial, cosa que su máximo rival, RUIZ GALLARDÓN, ha descuidado. Además de CEOE, hoy controla Ifema y tiene una considerable influencia tanto en CEIM como en la Cámara de Comercio.
El nombramiento de Díaz Ferrán fue facilitado en su día por el propio Jiménez Aguilar, a quien no acababa de convencerle la alternativa: el sevillano SANTIAGO HERRERO, presidente de la CEA. Temía Jiménez Aguilar, nacido en Jaén y malagueño de adopción, que la presencia de dos andaluces al frente de CEOE no iba a ser bien vista por algunas organizaciones territoriales y que, por tanto, su continuidad estaría en peligro. Las fluidas relaciones de Herrero con MANUEL CHAVES también despertaban suspicacias.
Díaz Ferrán, aparte de sus obligaciones como copropietario del grupo Marsans, tiene otras derivadas de la aventura americana que emprendió con su socio. Gonzálo Pascual y él, con ayuda de la SEPI, adquirieron Aerolíneas Argentinas, que terminó en suspensión de pagos. El juzgado número 35 de Madrid tiene abierto un procedimiento contra ambos por presunto desvío de fondos público, fraude fiscal y estaba procesal por manipular el concurso de acreedores.
Ocurra lo que ocurra a partir de ahora con Colonial, los acontecimientos que se han sucedido desde que la inmobiliaria entró en crisis no parece que vayan a pasar a la historia como ejemplo de transparencia y de respeto al mercado. Ni el alejamiento voluntario de General Electric, que desistió de hacer una oferta tras expresar su interés inicial por la empresa, ni los pormenores de la negociación con el fondo soberano de Dubai han sido suficientemente explicados a la opinión pública y a las autoridades reguladoras. Y, con independencia del desenlace de la operación, ésa es una cuenta que tienen pendiente los dos grandes accionistas de Colonial, que han pilotado todo el proceso de venta.
En ese proceso, como no podía ser de otra forma, han desempeñado un papel determinante los bancos que financiaron su presencia en el capital y que tienen pignorados los títulos de LUIS PORTILLO y de la familia NOZALEDA en prenda por los voluminosos créditos que a tal fin les concedieron. Lo mismo cabe presumir de los acreedores directos de Colonial (Royal Bank of Scotland, Eurohypo, Calyon y Golmad Sachs, entre otras entidades), que están pendientes de la refinanciación de los 8.600 millones que se les deben y de los cuales hay que pagar este año nada menos que 550 si se suman capital e intereses.
Esa deuda es, precisamente, el gran escollo con que han tropezado en todo momento las negociaciones, habida cuenta además de las enormes dificultades que afronta Colonial para generar recursos desde que la recesión de la demanda en el sector se manifestó con toda su crudeza. El año pasado, aunque en conjunto obtuvo beneficios superiores a los 800 millones de euros, el cuatro trimestre lo cerró con pérdidas y nada permite pensar que en lo que llevamos de 2008 las cosas hayan ido mejor, pues la compraventa de viviendas, que ha sido uno de los pilares de su actividad, no despierta.
En tales circunstancias, nada tiene de particular que General Electric (cuyo representante en España era entonces MARIO ARMERO, un avezado hombre de negocios al que no es fácil darle gato por liebre) y los analistas del fondo soberano de Dubai fruncieran el ceño tras examinar en detalle las cuentas de Colonial. Unas cuentas que no deben de ser muy prometedoras a tenor de las reticencias que unos y otros pusieron.
Cualquiera que sea el desenlace del culebrón de Iberdrola, cada día está más claro que, a no mucho tardar, el sector energético español va a ser objeto de importantes cambios. Unos cambios que ya se barruntaban desde hace años y que la inesperada aparición en escena de Electricite de France (EdF), del brazo de ACS, ha espoleado.
El deseo, nunca disimulado, de convertir a la constructora de FLORENTINO PÉREZ, la familia MARCH y los ALBERTOS en el eje de un gran grupo, que englobaría a Unión Fenosa y a parte de los activos de Iberdrola, no parece fácil de alcanzar. El presidente de esta última compañía, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, igual que hizo MANUEL PIZARRO cuando estaba al frente de Endesa, ha desplegado toda su artillería para frenar el asalto y por lo menos ha conseguido que los franceses vuelvan a pensárselo.
Pero, aun en el caso de que logre conservar el control de Iberdrola, lo que Sánchez Galán no podrá es seguir navegando durante mucho más tiempo por aguas tan turbulentas como un lobo de mar solitario. Una de sus grandes deficiencias es que no cuenta con el respaldo de un accionista potente, capaz de guardarle las espaldas frente a operaciones del tipo de la que EdF todavía no ha descartado emprender. Cuenta con un núcleo duro que, de momento, le ha servido para mantener a raya a ACS, pero tan fragmentado y con intereses tan variopintos que no es seguro que permaneciera unido en caso de un ataque en toda regla.
Sánchez Galán ha recibido en los últimos días algunas muestras de solidaridad por la complicada situación que padece. La más explícita fue la de ANTONIO BRUFAU, presidente de Repsol, que durante la presentación de los resultados de la gasista rechazó públicamente los planes de EdF, en razón de su carácter de empresa estatal y de su pertenencia a un país, Francia, con el que la reciprocidad en esta materia es ahora mismo imposible.
Las manifestaciones de Brufau son, sin embargo, interesadas, pues Repsol, según dijo, “hoy, mañana, no sé si dentro de tres o de seis meses, va a estar en alguna movida, como consolidadora o como consolidada”. De hecho, una de las opciones que más insistentemente se barajan es la toma por Repsol de una fuerte participación en Iberdrola, a cambio del 30% que actualmente tiene en Gas Natural, que iría a parar a manos de ACS.
Si esa hipótesis cuajara, se podrían matar varios pájaros de un tiro. Iberdrola tendría el socio de referencia que tan bien le vendría. Florentino Pérez, por su parte, estarían en condiciones de formar el “campeón nacional” de la energía por el que suspira, con la fusión de Unión Fenosa (de la que posee un 45% del capital) y Gas Natural. Dos grupos, por cierto, cuya actividad es complementaria y que pasarían sin demasiados problemas el examen de las autoridades de la competencia.
Una reorganización a la española del mapa energético evitaría también la irrupción de nuevos gigantes europeos en un mercado altamente sensible, donde ya tienen alguna destacada presencia. La italiana Enel, junto con Acciona, propiedad de los ENTRECANALES, controla Endesa, a cuya compra optó en su día, sin éxito, la alemana E.ON. Ésta no ha desistido de meter la cabeza en España, como confesó cuando surgieron los primeros rumores sobre el interés de EdF por Iberdrola.
El atractivo de la energía, empero, no seduce sólo a los operadores extranjeros. BALDOMERO FALCONES, consejero delegado de FCC, la empresa controlada por ESTHER KOPLOWITZ, mostró su deseo de echar también su cuarto a espadas. FCC es una de las pocas constructoras que no está presente en el sector. Además de ACS (Unión Fenosa e Iberdrola) y Acciona (Endesa), Sacyr Vallehermoso, otro de los principales competidores de FCC, cuenta con acciones de Repsol por el equivalente a un 20% de su capital.
