Engullir Altadis le ha sentado bien a Imperial Tobacco, según los primeros resultados que el grupo británico ha hecho públicos desde la compra de la antigua Tabacalera a finales de enero. Durante el primer semestre de su ejercicio fiscal, que concluyó el 31 de marzo, los beneficios operativos de Imperial subieron un 38% hasta situarse en 1.165 millones de euros. De esa cifra, 177 millones los aportó Altadis, a pesar de que sólo consolidó dos meses.
Gracias a la compra de la compañía hispano francesa (en 1999, siendo su presidente CÉSAR ALIERTA, Tabacalera se fusionó con el fabricante galo Seita), Imperial se encaramado al segundo puesto del ranking europeo del sector y al cuarto del ranking mundial. Sus ventas de cigarrillos superaron los 120.000 millones de unidades entre octubre de 2007 y marzo de 2008, con un crecimiento del 34%.
Sin embargo, no todo son parabienes en Imperial por la compra de Altadis. Para llevar a cabo la operación, que se cerró por encima de los 16.000 millones de euros, fue necesario recurrir a la banca. El endeudamiento de Imperial aumentó notablemente, y para atenuar esa situación su consejero delegado, GARETH DAVIS, anunció recientemente una ampliación de capital por importe de 6.200 millones.
Imperial tiene el propósito de utilizar Altadis, aparte de para mejorar su posición en el mercado continental (en el Reino Unido ya copa más del 46%), como plataforma para poner un pie en Latinoamérica, aunque la presencia española allí no es todavía demasiado significativa. Pero lo que más le interesa a los británicos es el negocio de los puros, que está en franca expansión en los países más desarrollados.
Altadis es, en este ámbito, un líder mundial, gracias a los acuerdos que ANTONIO VÁZQUEZ, mano derecha primero y heredero después de César Alierta, suscribió con Cuba. Esos acuerdos otorgan a Altadis un 50% de la Corporación Habanos, que tiene la exclusiva de la distribución de marcas de la solera de Montecristo, Cohiba o Partagás.
Antes de que se materializara la opa por la que Imperial se hizo con Altadis, los británicos obtuvieron garantías del régimen castrista de que la alianza se mantendría. Pero las actuales circunstancias políticas de aquel país y las perspectivas de cambio impiden hacer planes a medio plazo.
En julio de hace dos años, uno de los especialistas nacionales en banca de negocios, SANTIAGO EGUIDAZU, declaró que la situación de la vivienda en España, entonces todavía en subida libre, era insostenible. Por eso, el futuro, en su opinión, no admitía dudas: el mercado, predijo, “caerá y se saneará”.
Cinco meses después, en diciembre de 2006, la boutique financiera que preside Eguidazu, Nmás 1, asesoró a Habitat en la compra de Ferrovial Inmobiliaria por de 2.200 millones de euros. Una operación que acabaría como el rosario de la aurora por culpa, precisamente, de la dureza del cambio de ciclo que el propio Eguidazu con tanto tino había pronosticado.
Gracias a sus buenos oficios, Ferrovial se quitó de encima una división que ya sólo podía darle disgustos y se la endosó a la empresa controlada por BRUNO FIGUERAS y JOSEP PUJOL. La mediación de Eguidazu no merecería en esta historia ni una modesta anotación a pie de página si no fuera por un pequeño detalle, y es que, aunque se ausentó de las reuniones en que se trató la venta, él forma parte de consejo de administración de Ferrovial.
Los trabajadores de Habitat, sobre los que pesa un expediente de regulación de empleo que afecta a 500, incluyendo los de Don Piso, están haciendo hincapié en esta circunstancia para demostrar el carácter fraudulento que, según ellos, tuvo el traspaso de Ferrovial Inmobiliaria. Curiosamente, su punto de vista es similar al de algunos de los accionistas minoritarios de Habitat, como JOSÉ ANTONIO CASTRO, dueño de Hesperia, y DOLORES ORTEGA, sobrina del fundador de Inditex, que se han querellado por estafa.
Habida cuenta de las serias dificultades de su empresa, el objetivo de la plantilla es involucrar en la solución del problema a Ferrovial. Desde la empresa se insiste en que era la hondura de la crisis era imprevisible. Además, los DEL PINO han facilitado la refinanciación de la deuda de Habitat, mediante la conversión de un crédito subordinado en participativo y la compra de terrenos.
Los trabajadores aducen que esa aportación, cifrada en unos 325 millones de euros, sólo pretendía retrasar una eventual suspensión de pagos, ya que, si ésta se produce antes de que se cumplan dos años desde el cambio de propiedad de Ferrovial Inmobiliaria, los tribunales podrían anularlo.
Al presidente de Iberdrola se lo están poniendo a huevo para que acepte negociar la fusión con Gas Natural, que alumbraría uno de esos “campeones nacionales” por los que desde hace tiempo suspira el Gobierno. El último en pronunciarse a favor ha sido FLORENTINO PÉREZ, la bestia negra de IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, que lo mantiene a pan y agua en la eléctrica a pesar de que controla más del 12% del capital. El presidente de ACS y tercer máximo accionista de la constructora, por detrás de los ALBERTOS y la familia MARCH, se ha sumado al coro de voces que claman por la consumación de ese matrimonio, con el mismo desparpajo que si nunca hubiera alentado el asalto a Iberdrola de EdF.
El pronunciamiento de Florentino Pérez permite deducir que los franceses, a quienes ACS se ofreció como caballo de Troya, han arrojado la toalla, apabullados por el sinnúmero de problemas que su intentona les ha ocasionado. PIERRE GADONNEIX seguramente habría echado a patadas de su despacho a quienes le propusieron la operación si llega a imaginar los quebraderos de cabeza que iba a proporcionarle. Después de tan ingrata experiencia, el presidente de EdF no ha tenido más remedio que plegar velas y, al menos de momento, no quiere saber nada de España.
Esa retirada es una indudable victoria de Sánchez Galán, que, aparte de la satisfacción de haberle dado sopas con honda a un gigante europeo de la energía, ha sacado fuerzas de flaqueza para otras opciones corporativas en las que Iberdrola pueda estar involucrada. Por eso nada tiene de particular que los dos grandes socios de Gas Natural, La Caixa y Repsol, le hayan ofrecido la presidencia ejecutiva del grupo resultante de la fusión. En este contexto es lógico también que Florentino Pérez esté dispuesto a canjear la participación de ACS por los activos concurrentes, que engrosarían los de Unión Fenosa, para hacer luego mutis por el foro.
Con independencia de que Sánchez Galán no acaba de ver clara la unión con Gas Natural, en el fondo, como siempre, hay un escollo fundamental: el precio. Aunque su capitalización bursátil dista mucho de ello, incluso sumando a Renovables, Iberdrola se valora a sí misma en unos 100.000 millones de euros, según ha dejado caer varias veces su presidente. Y exigiendo esa note no le va a resultar fácil echarse novio.
Si las cosas no se tuercen, de aquí a un mes se habrán resuelto dos grandes operaciones en curso: la venta de Spanair, segunda aerolínea española, propiedad del grupo escandinavo SAS, y la fusión de Vueling y Clickair, que contribuirá a racionalizar la oferta de vuelos de bajo coste, ahora demasiado dispersa.
Ambos procesos se han visto entorpecidos por las notables incertidumbres que pesan sobre el sector por culpan de brutal encarecimiento del precio de los combustibles. Pero la culpa de que el desenlace se esté retrasando no es sólo de esta coyuntura.
Spanair no ha conseguido atraer muchos novios y sus dueños han tenido que prorrogar varias veces el plazo para la adjudicación de la compañía, que primero fue de cuatro meses, después se amplió a nueve y el 13 de junio cumplirá un año.
Dos candidatos han llegado a la recta final: Iberia, de la mano de Gestair, y la pequeña operadora de vuelos chárter Gadair, presidida por SANTIAGO SÁNCHEZ MARÍN, que poco después de presentar la oferta rompió con su partenaire financiero, el fondo de inversión portugués Longstock de VÍTOR PINTO DA COSTA.
A SAS no acaba de convencerle ninguno de los dos. Iberia, porque su propuesta económica está por debajo de las expectativas de los escandinavos. Y Gadair, porque no tiene la consistencia suficiente para un traspaso con garantías, sobre todo desde que se quedó sola.
La entrada en danza de un grupo de empresarios catalanes, animados por JOAN GASPART, ha añadido confusión al asunto, aunque nada tendría de particular que al final fueran ellos quienes se llevasen el gato al agua.
Para darle crédito a su iniciativa, esos empresarios han mantenido contactos con Marsans, cuyo presidente, GONZALO PASCUAL, no le hace ascos a la posibilidad de ponerse de nuevo a los mandos de la compañía que ayudó a fundar en 1986. A su socio de toda la vida, GERARDO DÍAZ FERRÁN, después de la mala experiencia de Aerolíneas Argentinas, la idea le seduce bastante menos.
La fusión de Vueling y Clickair tropieza con otros inconvenientes, aunque, como en el caso de la venta de Spanair, está por medio Iberia y existe el temor de que eso perjudique al aeropuerto de El Prat en beneficio de Barajas, donde la aerolínea de bandera tiene el reto de rentabilizar con más tráfico las costosísimas inversiones realizadas en la T4.
El principal accionista de Vueling es JOSÉ MANUEL LARA, con un 26,8% del capital. Enfrente, Iberia controla un 20% de Clickair, pero con la salvedad de que son suyos el 80% de los derechos políticos. Eso significa que, si la fusión se consuma, podría hacer y deshacer a su conveniencia en la sociedad resultante, salvo que los acuerdos recojan un reparto del poder más equilibrado. Las aspiraciones de Lara van por ahí, aunque es lógico que Iberia se resista a soltar lo que ya tiene en sus manos.
Uno de los que más empeño ha puesto en la negociación es el presidente de Vueling. JOSEP PIQUÉ cree ciegamente en las ventajas de la fusión con Clickair, que permitiría hacer frente a la competencia de los gigantes europeos Easyjet y Rynair. La fuerza de esa unión es tanto más necesaria ahora que los costes se han disparado por la escalada del petróleo. Vueling, pese a aumentar sus ingresos, perdió en el primer trimestre 32,4 millones de euros, un 47% más que el año anterior.
Piqué es partidario de que, una vez efectuada la fusión, se proceda a aquilatar los gastos, incluso con el desmantelamiento de rutas y la venta de aviones, lo que inevitablemente se traducirá en un ajuste de plantilla. El futuro que espera a los trabajadores de Spanair no parece más halagüeño, sobre todo si SAS tiene que quedarse con ella. Los escandinavos ya han anunciado que, en ese caso, tendrían que reducir la actividad a la mitad y despedir a los trabajadores que haga falta.
El abismo que separa los puntos de vista del presidente y del secretario general de CEOE es de tal hondura que cada vez les cuesta más disimularlo. La semana pasada convidaron a la prensa especializada a un desayuno de trabajo con el solo propósito de aparentar una complicidad que no existe. Y el tiro, como era previsible, les salió por la culata. El destino ha querido que sus vidas se crucen, pero salta a la vista que GERARDO DÍAZ FERRÁN y JUAN JIMÉNEZ AGUILAR no tienen nada en común. Al menos por lo que se refiere a su forma de entender el papel de una gran patronal.
El primero de ellos, que llegó al cargo hace poco más de un año, es partidario de convertirla en un lobby que subvenga a las necesidades coyunturales de las corporaciones con mayor peso en la organización. El secretario general, con cerca de un cuarto de siglo de experiencia a sus espaldas, prefiere en cambio que CEOE siga dedicada, como hasta ahora, a la defensa de los intereses generales de los empresarios. Comparte a ese respecto el mismo credo que el anterior presidente, JOSÉ MARÍA CUEVAS, que anda muy descontento con su sucesor.
Tan delicada es la relación entre los dos que hoy por hoy, públicamente, nadie es capaz de dar un duro por ella. Días atrás, en una de las entrevistas que ha concedido con motivo del trigésimo aniversario de la fundación de CEIM, el líder de los empresarios madrileños fue preguntado sobre el particular. ARTURO FERNÁNDEZ, que es cuñado de Díaz Ferrán, se limitó a señalar: “Yo creo que Jiménez Aguilar sí le apoya”. A renglón seguido, por si acaso, matizaba: “Eso me ha dicho él”. A este hombre entusiasta, que ha levantado casi de la nada un grupo de restauración con 180 locales y 4.000 empleados, pocas veces se le ha oído hablar con tan poco convencimiento.
Arturo Fernández sostiene que todos los vicepresidentes, entre los que se encuentra, están detrás de Díaz Ferrán. Él sabe, sin embargo, que eso no es exactamente así. Aparte de Jiménez Aguilar, que además de secretario general es vicepresidente, hay otros dos que han expresado su disgusto con la nueva deriva que se le quiere imponer a CEOE: SANTIAGO HERRERO y JESÚS BÁRCENAS, representante de Andalucía y de la pequeña y mediana empresas respectivamente. Son pocos de momento, pero pueden dar mucha guerra.
Ni la resistencia de JAIME BOTÍN, que no estaba dispuesto a rendir así como así uno de los históricos bastiones del imperio económico de su familia; ni las maniobras de la alta dirección, temerosa de que un cambio de propiedad se llevara por delante el actual statu quo; ni las trabas del Banco de España, al que no le hacía feliz la idea de que Crédit Agricole metiera la cabeza en el consejo de administración de Bankinter… Al final, han sido los propios franceses quienes han tenido que desistir de su empeño por controlar en la práctica una de las instituciones financieras más apetecibles de España, de la que son sus principales accionistas con un 20,1%, pero donde carecen de los derechos políticos que en otras circunstancias esa importante participación debería proporcionarles.
El frenazo a sus aspiraciones sobre Bankinter es consecuencia del considerable agujero que ha abierto en las cuentas de Crédit Agricole su filial Calyon, especializada en banca de inversión, que ha sucumbido al vendaval de la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos. Como consecuencia de ello, los beneficios de la matriz cayeron un 66,4% durante el primer trimestre del año. Crédit Agricole, por añadidura, ha tenido que proceder a una macro ampliación de capital de 5.900 millones de euros para recuperar el equilibrio patrimonial perdido. Inevitablemente, el consejero delegado de Calyon, MARC LITZER, se ha sumado a la nómina de ejecutivos en paro por culpa de las subprime, tras haber sido puesto de patitas en la calle de la noche a la mañana.
A la espera de que amaine el temporal, Crédit Agricole se ha comprometido a no acometer nuevas inversiones e incluso a desprenderse de aquellas para las que encuentre buenas oportunidades en el mercado. No es seguro que entre estas últimas figure su paquete de Bankinter, pero todo apunta a que, al menos de momento, en los planes de GÉRAD PAUGET, director general de la entidad francesa, no entra ampliarlo. Además, el permiso que le concedió el Banco de España para llegar hasta el 29,99% vence dentro de poco más de una semana: el 31 de mayo. Comprar el 9,8% que tiene autorizado le costaría a Crédit Agricole del orden de 370 millones de euros, una cifra prohibitiva tal y como están las cosas.
Una espantada sería peliaguda ahora mismo para los franceses. Su entrada en Bankinter fue de la mano de RAM BHAVNANI, que a mediados de noviembre del 2007 les vendió el 14,9% del capital por 809 millones. El precio de la acción se fijó entonces en 13,6 euros. No se sabe a cuánto compró Crédit Agricole el otro 5,2% que tiene en su poder, pero sólo por la parte adquirida al inversor indio acumula una minusvalía latente del orden de los 250 millones. La cotización de Bankinter está ahora por debajo de los 10 euros.
Jaime Botín ha guardado un prudente silencio desde que Crédit Agricole inició su asedio. Con el sigilo presumible en un banquero de dinastía, ha ido moviendo los hilos necesarios para impedir que le birlaran el banco. Eso sí, sin gastarse ni un euro más de la cuenta. Co la ayuda del presidente, PEDRO GUERRERO, ha fortalecido el núcleo duro e incluso ha implicado en la defensa de Bankinter a los trabajadores, que son titulares de un 5%.
En su día, por su acaso, Jaime Botín pidió la preceptiva venia del Banco de España para acrecentar su participación, que cuando asomaron la nariz los franceses estaba en el 16,3%. Tal y como se han desarrollado los acontecimiento después, no ha tenido necesidad de agotar el margen que se le dio (hasta el 24,99%). Ni parece ya que vaya a tener que hacerlo. Salvo que Crédit Agricole opte por vender y se encuentre de repente con un rival de mayor enjundia.
Aunque ella no sea santo de su devoción, la verdad es que algunas políticas de ESPERANZA AGUIRRE están siendo abrazadas con entusiasmo por otros barones territoriales de su partido. La más polémica, al menos hasta ahora, se refiere a la entrega de parcelas cada vez mayores del sistema sanitario a la iniciativa privada. Pero últimamente hay otra que ha empezado a extenderse como una mancha de aceite por las comunidades autónomas bajo gobierno del PP: la liberalización de los horarios comerciales.
La Comunidad de Madrid tiene previsto promulgar en las próximas semanas una normativa que suprime los límites actuales y, de paso, simplifica los requisitos legales para la apertura de nuevos establecimientos. Cuenta para ello con el apoyo de la patronal regional (CEIM), que preside el restaurador ARTURO FERNÁNDEZ, y de la Confederación Madrileña de Comercio y Servicios (CECOMA), a cuyo frente se encuentra SALVADOR SANTOS CAMPANO, máximo responsable también de la Cámara de Comercio.
Sin embargo, no todo son parabienes por la iniciativa de Esperanza Aguirre. Ni la organización que agrupa a las tiendas donde se venden productos textiles, a las perfumerías y a las peleterías (COCEM) ni la Confederación Española del Comercio (CEC) están conformes con la liberalización, porque, según dicen, beneficia a las grandes superficies y perjudica a las pequeñas. En más de 100.000 puestos de trabajo han cifrado el quebranto que la regulación en ciernes puede causar en materia de empleo.
Esta controversia, pese a ser pública y notoria, no ha echado para atrás a otros dos presidentes autonómicos que parecen dispuestos a seguir la senda que ha desbrozado Esperanza Aguirre. FRANCISCO CAMPS en la Comunidad Valenciana y JUAN VICENTE HERRERA en Castilla y León han iniciado negociaciones con los empresarios del sector para actualizar la regulación del comercio, so pretexto de hacerlo más competitivo. En el segundo caso late además un miedo justificado a que algunas firmas, que prefieren menos intervencionismo, huyan a la cercana Madrid.
Al final, como siempre, la clave radica en la opción que cada gobierno coja. JOSÉ MONTILLA ha consolidado un sistema muy restrictivo, en línea con las demandas de los botiguers, cuya capacidad de influencia política y social es de sobra conocida en Cataluña.
Esas restricciones no son bien vistas por la Comisión Europea, que ha denunciado por ello a España ante el Tribunal de Luxemburgo, después de varias advertencias que cayeron en saco roto. En 2010, de todas formas, todas las normativas nacionales tendrán que haberse adaptado a la directiva comunitaria sobre servicios, que levanta muchas de las trabas burocráticas que son moneda común en España.
Montilla, en su época de ministro, ya intentó poner coto a la posibilidad de apertura del comercio en festivos, al rebajarla de 12 a 8 días. Algunas autonomías, haciendo uso de sus prerrogativas, ampliaron el límite a pesar de todo. Madrid fue más lejos que ninguna y puso el tope en 22 días. PEDRO SOLBES, por razones de política económica interna y de coherencia con el modelo europeo, nunca estuvo de acuerdo con aquella iniciativa de Montilla, pero acabó perdiendo el puso con él.
A Esperanza Aguirre no sólo le han salido seguidores en otros territorios gobernados por el PP. Incluso su enemigo político número uno, el alcalde de Madrid, ha aplaudido la futura normativa regional sobre el comercio. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN aprovechó el martes la conmemoración del trigésimo aniversario de CEIM para darle su respaldo a la presidenta. El Ayuntamiento ha logrado mantener la segunda licencia para la expedición de bebidas, que la Comunidad quería suprimir.
Desde su rimbombante salida a bolsa en julio de 2005, Corporación Dermoestética no ha dado pie con bola. Parte de los recursos obtenidos entonces (unos 136 millones de euros) fueron aplicados a la expansión internacional, que al final se ha revelado como una mala apuesta. Ni el desembarco en Italia, donde llegó a tener 44 clínicas, ni la experiencia británica, centrada en Ultralase, una firma oftalmológica alejada de la actividad tradicional de Corporación Dermoestética, han dado los frutos apetecidos. Sólo en Portugal las cosas han ido medianamente bien, aunque su peso en la facturación total del grupo apenas alcanza el 5%.
JOSÉ MARÍA SUESCUN, que pasará a la historia como el hombre que democratizó la cirugía estética, no ha sabido o no ha podido exportar fuera de la península Ibérica un servicio cuyo éxito depende mucho de la idiosincrasia del público al que se ofrece. El fracaso del modelo fuera de España lo obligó primero a retirarse de Gran Bretaña, para lo que aprovechó el interés del fondo de inversión 3i por Ultralase, y este año ha decidido deshacerse también de los centros que aún mantenía abiertos en Italia. Como consecuencia de ello, el volumen de negocio de Corporación Dermoestética disminuyó un 21,7% en el primer trimestre de 2008.
La desinversión en Gran Bretaña se ha hecho con una importante plusvalía. 3i se comprometió en diciembre a pagar 235 millones por Ultralase, frente a los no más de 50 que a Suescun le costó en 2005. Por el contrario, el desmantelamiento de la red en Italia acarreará unas pérdidas cercanas a los 13 millones, según las previsiones de Deloitte, auditor de Corporación Dermoestética, aunque el quebranto exacto no se conocerá hasta que acabe el ejercicio. Al grupo todavía le queda una asignatura pendiente en el exterior: la filial mexicana, que sigue arrojando números negativos.
No obstante, lo más llamativo es el escaso margen que Corporación Dermoestética obtiene últimamente en España y que, en el periodo comprendido entre enero y marzo, fue de sólo 56.000 euros en términos de ebitda, por culpa sin duda de la fuerte desaceleración económica que atraviesa el país.
Todo anterior ha tenido su inmediato reflejo en bolsa, donde la cotización, que hace apenas un año llegó a rozar los doce euros, está ahora por debajo de los seis.
Aunque estuvo veintitrés años al frente de la CEOE, JOSÉ MARÍA CUEVAS nunca fue un empresario. Dirigió Sarrió durante una temporada, pero la mayor parte de su vida la consagró a estructurar un colectivo del que nunca formó parte. Eso lo hizo acreedor de alguna que otra descalificación (muy ocasional, a decir verdad) y, al mismo tiempo, le proporcionó la suficiente independencia de criterio como para tratar a todos sus representados por igual. Tenía alma de funcionario, así que lo que más le importaba era la organización y dedicó mucho tiempo a mantenerla unida, aunque no siempre con el mismo acierto.
El hombre que lo sustituyó hace menos de un año sí es un empresario; un empresario importante, además. GERARDO DÍAZ FERRÁN comparte con GONZALO PASCUAL la propiedad de Marsans, que ambos han convertido en uno de los principales grupos turísticos de España. En el currículo del actual presidente de CEOE ocupa un lugar destacado también la fundación de Spanair, hoy en manos de la corporación escandinava SAS, y la gestión (bastante controvertida) de Aerolíneas Argentinas, que junto con su socio le compró a la SEPI en octubre de 2001. Nada tiene de particular, por tanto, que el punto de vista de Díaz Ferrán sobre el papel de una patronal sea distinto al que sostuvo Cuevas a lo largo de casi un cuarto de siglo.
Quienes lo eligieron para el puesto que hoy ocupa debieron suponer que las cosas serían diferentes con él. Pero o fueron engañados o cerraron los ojos o, simplemente, estaban de acuerdo con el cambio. El caso es que la CEOE se ha convertido últimamente en una auténtica jaula de grillos, que ventila sus diferencias sin ningún recato, como ocurrió primero a propósito del fallido intento de defenestración del secretario general, JUAN JIMÉNEZ AGUILAR, y como ha vuelto a ocurrir ahora por culpa del poco aprecio que Díaz Ferrán le tiene a la pequeña y mediana empresa, según denunció el presidente de Cepyme, JESÚS BÁRCENAS, en el Comité Ejecutivo de la CEOE celebrado la semana pasada.
Éste se lamentó airadamente de la falta de sensibilidad de Díaz Ferrán respecto de un sector que representa el 95% del tejido productivo español y de preocuparse sólo de salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones. Cosa que Cuevas siempre se cuidó mucho de que nadie le pudiera reprochar.
Bárcenas le restregó por la cara a Díaz Ferrán su pecado original: que no accedió democráticamente al cargo. Es cierto, en sentido estricto, que no lo eligió el máximo órgano de gobierno de la CEOE, la Junta Directiva, que en su momento se limitó a ratificar una propuesta de los vicepresidentes. Pero Bárcenas, que es uno de ellos, no puso entonces ningún reparo a un procedimiento que deja mucho que desear, razón por la cual su queja tiene el inconfundible aire de una pataleta.
Distinto es el caso del presidente de los empresarios andaluces, que también ha aireado su descontento con la elección de Díaz Ferrán. SANTIAGO HERRERO se postuló para suceder a Cuevas cuando éste anunció en febrero de 2007 que se retiraba por motivos de salud. Su candidatura no prosperó, pero por lo menos le cabe el honor de haberlo intentado, pese a que sus posibilidades eran bastante remotas. Bárcenas, cuyo descontento se ha conocido ahora, no puede decir lo mismo.
La conveniencia de que Díaz Ferrán pase por las urnas se abre paso con creciente fuerza en la CEOE, aunque de momento pueden contarse con los dedos de una mano quienes se atreven a expresarla en voz alta. El fondo del asunto, sin embargo, no es tanto un problema formal como de contenidos. Cada vez está más claro que el presidente quiere darle un giro a la patronal y eso, en opinión de algunos, no puede hacerlo por su cuenta y riesgo, como al parecer pretende.
Mientras caen chuzos de punta sobre el sector aéreo por culpa del brutal encarecimiento del precio de los combustibles, un grupo de empresarios catalanes ha decidido entrar en la puja para la compra de Spanair. Uno de sus grandes animadores es JOAN GASPART, propietario de la cadena hotelera Husa y presidente de Turismo de Barcelona, cuya notoriedad subió como la espuma durante los tres años que fue dueño y señor del palco del Nou Camp.
Su iniciativa ha tomado cuerpo en la recta final del proceso abierto por el consorcio escandinavo SAS para la venta de Spanair y habida cuenta de las crecientes posibilidades de que ésta caiga finalmente en manos de Iberia. La aerolínea española de bandera concurre junto con la operadora de vuelos privados Gestair. Enfrente sólo tienen a Gadair, una pequeña empresa de vuelos chárter con base en Palma de Mallorca, presidida por SANTIAGO SÁNCHEZ MARÍN.
Éste, que había presentado una oferta económica más jugosa, perdió buena parte de sus posibilidades cuando rompió con Longstock Financial, el fondo de inversión portugués de VÍTOR PINTO DA COSTA, tras salir a la luz una serie de problemas en las dos compañías que gestiona: Air Luxor y Air Cóndor. Desde entonces, Iberia tiene más papeletas para llevarse el gato al agua, a pesar de las suspicacias que despierta su preferencia por Barajas, que en algunos ámbitos catalanes se entiende como una amenaza para El Prat.
El paso al frente de Gaspart y sus compañeros de aventura hay que situarlo en este contexto. Según ellos, la permanencia de Spanair en Barcelona es más importante incluso que el traspaso de la gestión del aeropuerto, vehementemente reclamada por la administración autonómica. Por cierto que la Generalitat, de momento, no ha acogido la iniciativa con demasiado cariño, temerosa quizás de involucrarse en una operación arriesgada. Las cuentas de Spanair no se están librando de la escalada del petróleo, y en el primer trimestre de 2008 arrojaron unas pérdidas de 41 millones de euros.
A la nueva candidatura, para fraguar, le hace falta un socio industrial que ahora mismo no tiene. Gaspart ha dicho que no será Iberia porque “aunque es una gran compañía, nunca ha apostado por Barcelona”. El problema estriba en que, tal y como están las cosas, va a resultar muy difícil encontrar otra.
