El vendaval inmobiliario se ha llevado por delante a una de las firmas de intermediación más importantes de España. Don Piso acaba de anunciar el cierre de sus 120 oficinas propias y un expediente de regulación de empleo que alcanzará a más de 350 trabajadores. No se trata, sin embargo, de una noticia imprevista. Don Piso estaba en venta desde hace trece meses y durante este tiempo no ha logrado despertar el interés de nadie. Por eso, en vista de las malas perspectivas del mercado (ya el año pasado perdió un 66% de facturación), sus propietarios han decidido finalmente tirar la toalla.
El desmantelamiento de Don Piso es el último eslabón de la cadena de desgracias que ha seguido a la compra de Ferrovial Inmobiliaria por Habitat en enero de 2007, presentada en su día como una operación histórica para el sector y que ha terminado como el rosario de la aurora. Don Piso formaba parte del paquete que entonces les traspasó la familia DEL PINO a los dueños de Habitat a cambio de la friolera de 2.200 millones de euros. Como este coste excedía con creces sus posibilidades, BRUNO FIGUERAS y JOSEP SUÑOL tuvieron que reclutar a un puñado de inversores (EMILIO CUATRECASAS, DOLORES ORTEGA, LEOPOLDO RODÉS…) y solicitar un cuantioso crédito.
Lo que parecía un prometedor negocio se dio enseguida de bruces con la depresión de la demanda inmobiliaria por la que atraviesa España debido al brutal encarecimiento de los precios, a la escalada de los tipos de interés y a las restricciones del crédito (los bancos rechazan ahora seis de cada diez solicitudes de hipoteca). Para hacer frente a la situación, Figueras y Suñol intentaron desprenderse inmediatamente de Don Piso so pretexto de que, al ser su especialidad la vivienda usada, no encajaba en el negocio tradicional de Habitat. Luego, este problema pasó a un segundo plano, pues se convirtió en prioritaria la renegociación de la deuda contraída para la adquisición de Ferrovial Inmobiliaria, que ascendía a 1.750 millones de euros.
Una vez alcanzado el acuerdo con los bancos, que costó Dios y ayuda cerrarlo, los propietarios de Habitat han querido soltar sin más demora el lastre de Don Piso. Que tengan que echar el cerrojo, ante imposibilidad de encontrarle un comprador, da idea de la profundidad de la crisis del ladrillo.
El fuego graneado con que fue acogido su conato de asalto a Iberdrola ha enfriado, según parece, el interés de EdF por la eléctrica española. Los franceses no debían de estar al tanto de cómo se las gasta IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN y se han estrellado contra su férrea determinación de impedir por todos los medios que le birlaran la compañía. Al final, PIERRE GARDONNAIX, desconcertado por la virulenta reacción del presidente de Iberdrola, no ha tenido más remedio que hacer de la necesidad virtud. Anunció que EdF nunca entraría allí donde no fuera bien recibida y, por lo visto hasta ahora, da la impresión de que piensa cumplir su palabra.
Ni Gardonneix ni su caballo de Troya en Iberdrola, ACS, la constructora de FLORENTINO PÉREZ, los ALBERTOS y la familia MARCH, han vuelto a dar señales de vida desde hace semanas. Si ese silencio parecía responder al compás de espera que se habían dado hasta ver qué deparaban las urnas el 9-M, transcurridos más de dos meses desde las elecciones no es fácil entender por qué siguen aguardando. Salvo, claro está, que hayan comprendido que su objetivo es hoy por hoy inalcanzable o que alguien, desde los aledaños del Gobierno, les haya recomendado aplazarlo hasta que las condiciones sean más propicias.
ACS, además, no tiene nada que perder, pues cualquier movimiento eléctrico, aunque excluya a sus aliados franceses, probablemente acabará beneficiándola. Unión Fenosa, de la que es principal accionista, puede participar en algún matrimonio de conveniencia (quizás con Gas Natural o incluso con Iberdrola) y, si no lo hace, siempre cabe la posibilidad de que le ofrezcan a buen precio los activos concurrentes de otras eventuales fusiones.
No obstante, la reordenación del sector quizás tenga que esperar algún tiempo, porque las relaciones entre las compañías continúan en carne viva por culpa de las derivaciones del cambio de propiedad de Endesa y de la batalla en torno a Iberdrola. Los mayores accionistas de esta última (BBK, Bancaja, Unicaja, JOSÉ LUIS ARREGUI, NICOLÁS OSUNA, JAVIER SÁNCHEZ RAMADE…) son de la opinión de que, según están las cosas, es mejor seguir adelante solos que mal acompañados. Aunque siempre puede llegar alguien con el suficiente dinero (100.000 millones, dijo en su momento Sánchez Galán) como para hacerlos cambiar de parecer.
Las grandes constructoras españolas parecen haber emprendido una alocada carrera para ver quién se presenta con mejore avales ante el Gobierno. Hace diez días saltó la noticia del fichaje por Seopan del anterior director de la Oficina Económica de Presidencia, que está pendiente del correspondiente informe de compatibilidad. Y ahora se ha sabido que las empresas especializadas en obra pública, cuya patronal es Aerco, quieren hacerse con los servicios del ex ministro socialista JAVIER SÁENZ DE COSCULLUELA.
Las circunstancias del tránsito a los puestos que van a ocupar son radicalmente distintas. DAVID TAGUAS estuvo en Moncloa hasta que el mes pasado se formó el nuevo Gobierno. Sin embargo, Sáenz de Cosculluela fue ministro entre 1985 y 1991, y desde que en 1996 se cerró la última legislatura de FELIPE GONZÁLEZ prácticamente no ha tenido presencia alguna en la vida política española. Su última aparición pública tuvo lugar a finales de 2007, cuando concurrió a las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid dentro del equipo que lideraba JAVIER CREMADES y que fue derrotado por la candidatura de ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL.
Pero si la contratación de Sáez Cosculluela es difícilmente atacable, habida cuenta del tiempo transcurrido desde que ocupó cargos públicos, el objetivo que persiguen sus futuros patronos en nada difiere del que propició el acercamiento de Seopan a Taguas. En ambos casos lo que se pretende es sacar provecho de sus contactos, pues buena parte de negocio de las constructoras, y sobre todo de las que forman parte de Aerco, depende de la Administración.
Que Taguas y Sáenz de Cosculluela procedan del ámbito socialista (aunque el antiguo director de la Oficina Económica no está afiliado al PSOE) es natural porque las legislativas del 9 de marzo prorrogaron por cuatro años el mandato de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO. Pero probablemente la apuesta de Seopan y Aerco sea a más largo plazo, toda vez que la situación de la derecha española, enredada en sus recurrentes luchas intestinas, no permite atisbar en el horizonte la alternancia en el poder.
Las grandes constructoras han olfateado que puede haber socialistas para rato y, en consecuencia, han decidido ponerse bajo el sol que más calienta. El enfriamiento de la economía, más patente cada día que pasa, invita a ello.
Los KIRCHNER están dándole la vuelta al calcetín y poco a poco van consiguiendo que Argentina recupere el control de las grandes empresas privatizadas en tiempos de CARLOS MENEM. Para revertir ese proceso, el Gobierno lleva años apretando las tuercas a los nuevos propietarios. El método más recurrente consiste en congelar las tarifas de los servicios públicos, consideración que allí tienen la energía o algunas modalidades de transporte, por ejemplo. Así se consigue la asfixia financiera de los correspondientes operadores, que tarde o temprano acaban tirando la toalla y devolviendo lo que en su momento compraron.
España ha invertido mucho dinero en Argentina desde que este país emprendió la liberalización económica. Sólo en 1999 fueron más de 15.000 millones de euros. Por supuesto, como toda inversión, ésta también era interesada. Pero, desde la crisis de 2001, los flujos de capital han disminuido sensiblemente por culpa del amenazante discurso nacionalista de Néstor Kirchner, primero, y de su esposa y sucesora, CRISTINA FERNÁNDEZ, después. En los últimos dos años, la inversión española en Argentina no ha llegado ni de lejos a los 500 millones.
Para aprovechar el desaliento de los grandes grupos extranjeros a los que hostigaban incansablemente, los Kirchner han contado con hombres de negocios dispuestos a sacar tajada de la situación y a congraciarse de paso con el poder. En el caso de YPF, el caballero blanco fue ENRIQUE ESKENAZI, propietario de la constructora Petersen, una de las grandes concesionarias de obra pública en Argentina. Eskenazi, amigo de Néstor Kirchner desde sus tiempos de gobernador de la provincia de Santa Cruz, se quedó en diciembre pasado con un 14,9% de YPF que estaba en manos de Repsol por 2.235 millones de dólares.
Ahora, otra persona con acceso a la Casa Rosada, JUAN CARLOS LÓPEZ MENA, dueño de Buquebús, compañía que copa el tráfico fluvial a través del Río de la Plata, ha sido el elegido para arrebatarle el control de Aerolíneas Argentinas a Marsans, como él mismo se encargó de pregonar hace unos días por todos los medios de comunicación locales. La reargentinización de Aerolíneas es una vieja aspiración de los Kirchner, que han hecho lo posible por aburrir a GONZALO PASCUAL y GERARDO DÍAZ FERRÁN con todo tipo de maniobras.
Estos dos grandes empresarios turísticos españoles (Díaz Ferrán es, además, presidente de CEOE) se habían avenido ya a soltar un trozo de su participación en Aerolíneas Argentinas, que actualmente es del 95%. A lo que no estaban dispuestos, o al menos eso decían, es a renunciar de la noche a la mañana a sus prerrogativas como accionistas mayoritarios y, por tanto, a la gestión de la compañía. El Gobierno, argentino, sin embargo, según parece, pretende que su repliegue sea casi total.
Hace diez días, las noticias que llegaron a España hablaban de un nuevo reparto del capital de Aerolíneas, a tenor del cual el Estado elevaría su cuota en el accionariado del 5 al 20%, las provincias argentinas adquirirían un 5%, otro tanto los trabajadores y el resto iría a parar a una nueva sociedad. En ella estarían presentes varios empresarios locales (el propio López Mena, el banquero JORGE BRITO, ÁNGELO CALCATERRA, los hermanos CIRIGLIANO), pero Marsans serían el socio principal.
La versión que el dueño de Buquebús ha hecho circular es distinta. Él va a ser, dice, el primer accionista con un 37%, mientras que Pascual y Díaz Ferrán serían relegados al segundo puesto con un 33%. Los españoles, que ven con buenos ojos soltar algo de lastre, sobre todo si con ello se liberan de presiones políticas, aseguran que esta fórmula no les convence porque los convertiría en simples comparsas de Aerolíneas Argentinas, a la que creen que todavía pueden sacarle provecho.
Se cumplen hoy dos años desde la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa, que destapó uno de los mayores escándalos fi-nancieros de los últimos tiempos. Desde entonces, más de 460.000 familias luchan por recuperar los 4.600 millones de euros que invirtieron a través de esas dos empresas en sellos que valían mucho menos. Los tribunales, que con tan poca diligencia desarrollan su trabajo en España como acaba de poner de manifiesto la inspección del Poder Judicial, no han dicho aún la última palabra.
Este aniversario coincide con dos hitos en el proceso. Los antiguos clientes de Fórum han sido informados esta misma semana de que la venta de activos permitiría devolverles algo más de la mitad de su dinero. Por otra parte, la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha aceptado a trámite la demanda por supuesta responsabilidad patrimonial del Estado en el fiasco de Arte y Naturaleza, sociedad dedicada también a la inversión en bienes tangibles, lo que sienta un precedente favorable para las iniciativas que en el mismo sentido han tomado las víctimas de la estafa filatélica.
La noticia de la liquidación de los bienes de Fórum conviene tomarla con cautela, porque parece una lastimosa reedición del cuento de la lechera. Según quienes han realizado la tasación, el valor de inmuebles, obras de arte, sellos… puede sumar del orden de 1.200 millones de euros, siempre que se vendan de forma ordenada, en un plazo de cinco años. El problema estriba en que, en la actual situación económica, la enajenación de ese patrimonio no va a ser fácil, por mucho empeño que se ponga en ello.
Para activarla hay un requisito previo: que los afectados firmen el correspondiente convenio de acreedores. No hace falta que todos den su visto bueno (son casi 270.000): basta con que quienes lo hagan representen al menos el 50% de la deuda de Fórum.
Adherirse al convenio exige un acto de fe, pero no implica renuncia alguna a los derechos adquiridos por aquellos que decidan firmarlo. Podrán seguir pleiteando contra el Estado si lo consideran oportuno, porque mientras no se les resarza por completo del quebranto sufrido tendrán derecho a reclamar una compensación. Otra cosa, por supuesto, es que la justicia les reconozca ese derecho.
En la partida que se juega en torno a la propiedad de Iberdrola, EDP también ha querido echar su cuarto a espadas. El presidente del grupo energético portugués, ANTONIO MEXIA, acaba de insistir en algo que ya dijo el mes pasado en una entrevista publicada por el Jornal de Negocios. Según él, si se consuma el asalto de EDF a Iberdrola, el mercado europeo saldrá perdiendo, porque con ello aumentará la concentración empresarial, pero no la competencia.
Mexia considera que el punto débil de la operación radica en el hecho de que EDF es una empresa de capital mayoritariamente público (el Estado posee el 80%), lo que la convierte en inatacable. Esa circunstancia, que desde que se conocieron las intenciones de los franceses ha sido denunciada también en España, constituye sin duda una anomalía, pues por su culpa la relación de EDF con cualquier otro operador será siempre asimétrica.
Las palabras de Mexia, sin embargo, aunque estén cargadas de razón, son interesadas, porque su posición va más allá de la de un simple observador de la batalla que se libra por el control de Iberdrola. La eléctrica que preside IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN es una histórica accionista de EDP, donde actualmente tiene una participación del 9,5%. Y ese paquete pasaría a manos francesas en el caso de los franceses lograran su declarado propósito de desembarcar en Iberdrola.
Por otra parte, la queja de Mexia sobre el carácter público de EDF resulta chocante al venir de un grupo tutelado por el Gobierno portugués, que se reservó la titularidad de un 20% del capital cuando decidió privatizarlo y que ostenta derechos políticos superiores a los del resto de los socios, entre los que se encuentran también Cajastur y Caixa Xeral.
Esas prerrogativas convierten a EDP también en una compañía blindada, que no se rige sólo por las normas del libre mercado, sino también por imperativos políticos, como quedó de manifiesto en las últimas elecciones presidenciales, en la que todos los candidatos tomaron posiciones contra un eventual asalto de Iberdrola.
Aunque ahora las aguas bajan más sosegadas, la eléctrica española nunca ha sido bien acogida en Portugal, hasta el punto de que ni siquiera ha podido conseguir la presencia en el consejo de administración que por su participación (la segunda más importante) le correspondería.
Después de contratiempo que supuso la cancelación forzosa de la OPV, Sacyr Vallehermoso está entregada en cuerpo y alma a la búsqueda de fórmulas alternativas para encarrilar a su filial de concesiones. La frustrada salida a bolsa tenía como objetivo la obtención de nuevos recursos que hubieran servido para amortizar parte del endeudamiento del grupo y acelerar el desarrollo de Itínere.
Sacyr Vallehermoso acumula una deuda superior a los 18.000 millones de euros, la más alta entre las grandes constructoras españolas, excepción hecha de la que arrastra Ferrovial, que ronda los 30.000 millones. Aquella cifra equivale a más de 15 veces el ebitda, muy por encima del ratio que presentan Acciona (5,9), ACS (4,3) y no digamos ya FCC (3,63).
Hace un mes, el lastre de Sacyr Vallehermoso era aún mayor y se acercaba a los 20.000 millones de euros. Sin embargo, la venta de las acciones de la francesa Eiffage, no sólo libró a LUIS DEL RIVERO de uno de sus mayores quebraderos de cabeza de los últimos tiempos, sino que le permitió quitarse de encima los 1.700 millones que debía a cuenta de esa desgraciada operación.
Otra porción importante de los compromisos financieros de Sacyr Vallhermoso con la banca tienen su origen en la propia Itínere, que ha tenido que costear la ambiciosa expansión emprendida por su consejero delegado, FRANCISCO JAVIER PÉREZ GRACIA. Sólo la compra de la Empresa Nacional de Autopista (ENA) y de Europistas exigió un desembolso conjunto de 2.800 millones de euros.
Esas adquisiciones contribuyeron a que Itínere echara el aliento en el cogote de los líderes del sector, Cintra y Albertis, pero ni siquiera la perspectiva de ganarles la carrera a estas dos empresas bastó para que los inversores extranjeros le prestaran su confianza, en un momento en que las bolsas mundiales no nadan precisamente en la abundancia y en que todo lo que suena, aunque sea de lejos, a la construcción en España despierta muchas suspicacias.
Ante este panorama, los directivos de Sacyr Vallehermoso sopesan la posibilidad de atraerse a instituciones que pudieran estar interesadas en el negocio específico de Itínere, como los fondos especializados de la banca internacional y de los países productores que buscan acomodo para los fuertes ingresos derivados del brutal encarecimiento del petróleo.
Marsans está a punto de desprenderse de una parte del capital de Aerolíneas Argentinas, en lo que parece el inicio de una retirada en toda regla, sobre la que se venía especulando desde hace tiempo. La compañía, que fue adquirida por el grupo turístico español en octubre de 2001, arrastra antiguos problemas económicos, agravados últimamente por el encarecimiento de los combustibles. El Gobierno de CRISTINA FERNÁNDEZ, además, se niega por razones políticas a autorizar la subida de tarifas que ayudaría a enderezar la situación y que, según los interesados, en ningún caso debería ser inferior al 20%.
Los propietarios de Marsans, GERARDO DÍAZ FERRÁN y GONZALO PASCUAL, según todos los indicios, conservarán de momento el control de Aerolíneas Argentinas, reservando para los nuevos socios una participación minoritaria. Entre los candidatos con más posibilidades de sumarse al accionariado figuran dos hombre que pertenecen a la élite empresarial de Buenos Aires: JUAN CARLOS LÓPEZ MENA, dueño de la empresa de transporte marítimo Buquebus, y de JORGE BRITO, presidente de Macro, uno de los grandes bancos privados del país, ambos bien relacionados con la Administración en general y con los KISCHNER en particular.
López Mena, de origen argentino pero nacionalizado uruguayo, empezó a labrar su fortuna con ocasión del Mundialito de fútbol celebrado en Montevideo en 1981, para el que puso en marcha un servicio de ferrys rápidos, con los que 12.000 personas cruzan hoy diariamente el río de la Plata. Posee una flota de quince barcos, da trabajo a 1.300 empleados y factura del orden de cien millones de dólares al año. Desde hace una década, opera en España, donde sus ferrys enlazan Algeciras con Ceuta en competencia con otras tres empresas similares.
La trayectoria de Brito guarda algunas semejanzas con la de López Mena. Macro empezó siendo un banco mayorista, de sucursal única y plantilla corta, que cuenta ahora con 420 sucursales y casi 8.000 profesionales a su servicio. Cuando Néstor Kischner llegó a la Presidencia de Argentina a mediados de 2003 no conocía personalmente a Brito, al que tenía en el punto de mira por haber apoyado a su rival, CARLOS MENEM; pero el banquero supo moverse con habilidad en ese ambiente hostil y acabó convirtiéndose en uno de los preferidos del régimen.
Constructores…
La fórmula definitiva para que López Mena y Brito se incorporen al capital de Aerolíneas Argentinas no está decidida. Sin embargo, es posible que lo hagan a través de una nueva sociedad, que se reservaría alrededor del 70% de la compañía y en la Marsans conservarían un paquete de control. También ha sido invitado a participar en la operación el constructor ÁNGELO CALCATERRA, que se encargó de la última remodelación de la Casa Rosada por importe de 16 millones de pesos.
… transportistas…
Los hermanos CLAUDIO y MARIO CIRIGLIANO podrían formar parte del grupo de empresarios locales involucrados en la reargentinización de Aerolíneas. Herederos de varias líneas de autobuses de la capital, han formado un notable grupo de transportes. En época del súper ministro DOMINGO CAVALLO, dieron el gran golpe al hacerse con la concesión de Trenes de Buenos Aires, de la que fue beneficiaria Cometrans, un consorcio que finalmente quedó bajo el dominio de los Cirigliano.
… y el Estado
Si todo marcha según lo previsto, el 30% que quedaría fuera de la sociedad controlada por Marsans se lo repartirían el Estado (25%) y los empleados (5%), que tradicionalmente han mantenido una actitud muy crítica frente a la gestión de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, a los que acusan de no haber realizado las inversiones prometidas. Aerolíneas mantiene su condición de compañía argentina de bandera y de ahí el interés del Gobierno de no desvincularse de ella.
La tormenta periodística y política desatada en los últimos días está enlodando el nombramiento de DAVID TAGUAS como presidente de Seopan. Desde algunos medios, desde la oposición e incluso desde el interior del PSOE llueven las críticas por este fichaje. No es demasiado edificante que el principal asesor económico de RODRÍGUEZ ZAPATERO se convierta en empleado distinguido de las grandes constructoras sin que medie ningún plazo prudencial: de la noche a la mañana. Y de ahí la mala acogida que la noticia ha tenido.
Resulta evidente que la elección de Taguas no ha sido gratuita, ni obedece sólo a las cualidades profesionales que sin duda atesora. Si ha sido llamado a presidir Seopan es por su condición de antiguo director de la Oficina Económica, por la información que en razón de ello posee y por su relación con algunos miembros del Gobierno. Una relación especialmente estrecha en el caso de MIGUEL SEBASTIÁN, viejo amigo suyo y al que sucedió en Moncloa cuando éste salto al ruedo electoral para disputarle la alcaldía de Madrid a ALBERTO RUIZ GALLARDÓN.
Ese vínculo abona la duda de que el ministro de Industria se enterara por la prensa del fulgurante tránsito de Taguas hacia el sector privado, y resta credibilidad también a la especie de que Rodríguez Zapatero no sabía nada, lanzada inicialmente desde su entorno con la intención obvia de exonerar al presidente de cualquier responsabilidad en el asunto.
Como consecuencia de todo ello, parece inevitable que, a partir de ahora, todos los pasos de Taguas sean mirados con lupa, por si de ellos se deriva algún trato de favor para Seopan o sus socios. A fin de cuentas, las grandes constructoras tienen una considerable dependencia de las decisiones del Gobierno, pues buena parte de su negocio radica en la obra pública y además sus intereses en un sector tan regulado como el energético son cada vez mayores. Acciona controla Endesa junto a Enel, ACS es socio mayoritario de Unión Fenosa y tiene un paquete significativo en Iberdrola, Sacyr Vallehermoso cuenta entre sus participadas con Repsol…
¿Les conviene a JOSÉ MANUEL ENTRECANALES, a FLORENTINO PÉREZ o a LUIS DEL RIVERO que el hombre al que han elegido para que interceda por ellos ante la Administración esté permanentemente bajo sospecha? En los próximos días se verá.
