El nombramiento de nuevo secretario general, en la persona de JOSÉ MARÍA LACASA, ha puesto punto y aparte en una de las etapas más convulsas que se recuerdan en CEOE. Lacasa sucede a JUAN JIMÉNEZ AGUILAR, que el pasado 17 de septiembre se vio forzado a presentar la dimisión después de casi un cuarto de siglo en el cargo. Sus desacuerdos de fondo con quien desde hace quince meses es presidente de la patronal, GERARDO DÍAZ FERRÁN, están en el origen de este traumático relevo.
Díaz Ferrán tiene ahora más libertad para proceder a una renovación largamente acariciada por él, pero que choca con fuertes reticencias. En la nomenklatura de la CEOE y en algunas de sus organizaciones asociadas, esa idea no es vista con buenos ojos porque puede romper los equilibrios sobre los que se asienta el actual statu quo. Unos equilibrios que JOSÉ MARÍA CUEVAS, predecesor de Díaz Ferrán, urdió durante años y con los que cualquier movimiento imprudente podría dar al traste.
Las tensiones son de tal envergadura que hay quien cuestiona, no solo el derecho del presidente a emprender estos cambios por su cuenta y riesgo, sino incluso su legitimidad para desempeñar con todas las de la ley el puesto que ocupa. El pecado original de Díaz Ferrán es, según sus detractores, que llegó a donde está porque lo señaló el dedo todavía poderoso de Cuevas y no a resultas de un proceso abierto y democrático. De ahí su insistente reclamación de un adelanto de las elecciones, inicialmente prevista para 2010.
Díaz Ferrán no lo descarta, pero su máxima prioridad es ahora recuperar el crédito perdido y dotarse del liderazgo que todavía no tiene. Para ello, ha empezado a tocar con creciente insistencia una música que suena muy bien a los empresarios, a pesar de que su eficacia en estos tiempos de turbación económica es más que discutible. El abaratamiento del despido, que con tanta insistencia pide Díaz Ferrán, encarna una vieja reivindicación cuyo abrupto renacimiento conviene interpretar también en clave interna.
Al mismo fin puede servir también la conferencia nacional convocada para el 11 de diciembre, que recuerda aquella otra organizada por Cuevas en un momento de serias desavenencias con el Gobierno de FELIPE GONZÁLEZ y que el actual presidente de CEOE seguramente aprovechará para recomponer su deteriorada imagen.
Meteduras de pata
Díaz Ferrán han protagonizado algunos resbalones notables, que llenan las alforjas de quienes están haciendo acopio de argumentos para poner en tela de juicio su capacidad para el cargo. Uno de los más sonados tuvo lugar con ocasión de la visita que PEDRO SOLBES hizo a la sede de CEOE con objeto de explicar el programa económico del PSOE para el 9-M. Díaz Ferrán, superando los límites de la prudencia y de la cortesía, vino a decir que confiaba en que siguiera siendo vicepresidente después de las elecciones.
Intereses privados
Los más maledicentes atribuyeron aquel desliz, y la contemporizadora actitud general de la que hacía gala entonces, a su necesidad de obtener la complicidad del Gobierno en el caso de Aerolíneas Argentinas, compañía de la que es propietario junto a GONZALO PASCUAL. Sobre ambos pende la amenaza de una acción judicial por presunto mal uso de fondos públicos, a la que se ha sumado este verano el proceso de renacionalización promovido por CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRSCHNER.
El paréntesis
Otro patinazo memorable lo dio Díaz Ferrán en septiembre, cuando propuso que se abriera “un paréntesis” en la libertad de mercado para que el Estado pudiera atajar el deterioro galopante del sistema financiero. El tiempo acabó por darle la razón y el paréntesis se ha abierto, pero eso, dicho por el representante de los empresarios, a muchos de sus compañeros les supo a cuerno quemado.
ACS y Credit Suisse se las han tenido tiesas esta semana a cuenta de un informe firmado por el analista ROBERT CRIMES que no ha gustado nada a FLORENTINO PÉREZ. En él se pone en solfa la capacidad de su grupo para cumplir los compromisos financieros adquiridos, por culpa del deterioro del mercado de valores. Según Crimes, la fuerte caída de Iberdrola y Hochtief en Bolsa obliga a aportar nuevas garantías que respalden los créditos solicitados en su día para comprar las participaciones de ACS en ambas empresas, que ascienden al 12 y el 30%, respectivamente, sumando los derivados. Teniendo en cuenta esta circunstancia, el precio objetivo de la constructora española sería de 23 euros por acción, en lugar de los 28 a los que cotizaba el viernes, día en que el informe fue emitido.
Su divulgación irritó a ACS hasta tal punto que, a la vuelta del fin de semana, le faltó tiempo para proclamar a los cuatro vientos su propósito de ponerle una demanda a Credit Suisse por daños y perjuicios. Como no podía ser de otra manera, la entidad helvética salió inmediatamente en defensa del “criterio e independencia de nuestro equipo de análisis”, lo que suponía un respaldo al cuestionado trabajo de Robert Crimes. Éste, que procede de JP Morgan, es un conocidio experto en construcción y sus predicciones son seguidas con atención por los interesados en el sector. De su pluma han salido, por ejemplo, varios análisis recientes sobre la situación de BAA, filial de Ferrvial en el Reino Unido, que tantos quebraderos de cabeza le ha procurado últimamente a la familia DEL PINO.
Aunque la haya recibido sin aspavientos, la demanda es, evidentemente, una mala noticia para Credit Suisse porque pone en tela de juicio su solvencia y puede dañar su prestigio. Sin embargo, tampoco parece que ACS vaya a sacar partido de ella, sino todo lo contrario, pues su anuncio solo ha servido, al menos de momento, para darle al informe de Crimes mayor publicidad de la que por sí mismo había tenido. Un informe que, por otra parte y aun con sus posibles errores, en el fondo no hace más que poner de relieve algo archisabido: que el galopante deterioro de los mercados financieros ha infligido serios trastornos a ACS, como a innumerables empresas españolas que se las están viendo y deseando desde hace meses para atender puntualmente sus cuantiosas deudas.
Mal de muchos
Entre esas empresas ocupan un lugar preferente las constructoras, a las que la crisis inmobiliaria ha cogido inmersas en un costoso proceso de diversificación, con la mirada puesto sobre todo en el atractivo sector energético. No solo Florentino Pérez; también LUIS DEL RIVERO (Sacyr) o incluso JOSÉ MANUEL ENTRECANALES (Acciona) se han visto obligados a hacer auténticos encajes de bolillo a fin de salvar la situación sin dejarse en la gatera más pelos de los estrictamente necesarios.
La encrucijada
El error de cálculo cometido al jalear, sin pretenderlo, el informe de Credit Suisse quizás se explique por el momento crucial que ACS vive desde que en julio, muy a su pesar, puso a la venta el 46% en Unión Fenosa. Cuando la operación se consume, Florentino Pérez y sus socios (los ALBERTOS y la familia MARCH) deberán decidir el destino de los más de 7.500 millones de euros que debe pagarles Gas Natural. Entonces se verá en qué queda su aventura eléctrica.
¿Un pie en el consejo?
ACS insiste en que su prioridad es consolidarse en Iberdrola, aunque todavía no ha explicado si eso pasa por un aumento de su actual participación. Intentará, eso sí, conseguir algún puesto en el consejo de administración, que nunca ha solicitado, según sostienen fuentes de las dos empresas, contrariamente a lo que por error se decía aquí el martes. Que IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN vaya a ponérselo fácil, después de la temporada que le ha hecho pasar Florentino Pérez, es harina de otro costal.
Iberia y British Airways, que tan felices se las prometían cuando el pasado 30 de julio anunciaron a los cuatro vientos su fusión, están encontrando en el camino más turbulencias de las que entonces previeron. El compromiso fue celebrado en su día por casi todo el mundo; sin embargo, el entorno ha cambiado tanto y los novios han llegado a conocerse tan bien que el matrimonio no despierta ya el mismo entusiasmo que despertaba de antes.
Dos meses y medio después de que Iberia y British Airways hicieran pública profesión de amor, la calma ha vuelto al mercado del petróleo y el precio del barril de Brent, que llegó a superar los 140 dólares, ronda ahora los 80. Las convulsiones del sistema financiero, por otra parte, han variado el peso relativo de cada una de las dos compañías, pues, aunque la capitalización bursátil ha adelgazado en ambos casos, a la británica le ha ido sin duda bastante peor.
British Airways, por si fuera poco, tiene un lastre cuya envergadura desconocía Iberia: el plan de pensiones suscrito por la aerolínea a favor de sus trabajadores, que presenta un déficit cercano a los 2.000 millones de euros, acrecentado por el desplome de los valores en los está invertido parte del dinero.
Todo ello ha animado a FERNANDO CONTE a exigir una ecuación de canje más favorable a sus intereses, del 40% para Iberia y del 60% para British Airways, frente al 20-80 del que se habló inicialmente. Cuenta para ello con el respaldo de MIGUEL BLESA, presidente de Caja Madrid, que es su principal accionista, y con el de ESPERANZA AGUIRRE, a quien un buen acuerdo le ayudaría a consolidar el aeropuerto de Barajas, principal motor de la economía regional.
Los británicos son reacios a ceder ni un solo palmo de terreno y están oponiendo serias reticencias también a otra de las exigencias que Iberia ha colocado sobre la mesa en las últimas semanas: que el consejo del futuro holding sea paritario.
Quizás no hubiera en esto mayor problema si los administradores fuesen independientes, sin intereses directos en el capital, según manda la tradición anglosajona. Pero Iberia prefiere, como es común en España, que los accionistas más significados se involucren en la gestión y tengan en el máximo órgano de gobierno del nuevo grupo los asientos que por su participación les corresponda.
Culturas antagónicas
Los socios más importantes de British Airways son Invesco, Standard Life, Barclays, Axa y Legal & General, y ninguno de ellos está representando en el consejo. La situación en Iberia es completamente distinta: su accionista de referencia, Caja Madrid (22,9%), ocupa tres puestos y El Corte Inglés (3,37%), por ejemplo, uno. Se trata, por tanto, de dos culturas antagónicas que es necesario congeniar, aunque no resultará fácil, porque hay demasiados intereses en juego.
Una tentación demasiado fuerte
Caja Madrid, además, tiene muchas papeletas para llegar a la fusión como socio número uno del grupo, después de que Invesco haya reducido posiciones en British Airways. Según las últimas informaciones conocidas, ese reputado gestor de inversiones, que maneja más de 470.000 millones de dólares de sus clientes en todo el mundo, posee un 10,95% de la aerolínea británica, lo cual equivale al 7,3% de la futura sociedad, porcentaje inferior al de Caja Madrid, que actualmente tiene un 7,70%.
A por todas
Esta circunstancia abre la posibilidad de que Caja Madrid figure como la entidad con mayor relevancia, no solo en el capital sino también en la gestión de la tercera mayor aerolínea del mundo. De ahí que se haya planteado la negociación con British Airways a cara de perro, y de ahí también los inequívocos mensajes que lleva tiempo mandándoles a los directivos de Iberia, tanto en público y como en privado, para que les aprieten cuanto puedan las tuercas a los británicos.
El benigno informe de la Comisión Nacional de la Energía y la premura con que ha sido aprobado permiten aventurar un acortamiento de los plazos inicialmente previstos para que Gas Natural tome el control de Unión Fenosa. Las condiciones puestas a la operación son mínimas: habrá que ceder de una pequeña parte de su producción eléctrica (400 megavatios) y gasística (en torno al 3% del total). Y eso sugiere que el posterior dictamen de las autoridades de la Competencia también será favorable en términos generales y no tiene que tardar demasiado, salvo que encalle por razones ahora mismo imprevisibles.
Los cálculos de Gas Natural apuntaban al mes de marzo como fecha probable para que se materializara la compra de todo el paquete aún en manos de ACS, que ronda el 46%; sin embargo, hoy parece altamente probable que eso pueda ocurrir en enero. Si fuera así, el nuevo grupo se habría formado en un tiempo récord, pues las negociaciones comenzaron el pasado mes de julio, cuando FLORENTINO PÉREZ y sus socios (los ALBERTOS y la familia MARCH) decidieron poner a la venta Unión Fenosa. El elevado endeudamiento de ACS y la deteriorada situación de la economía tuvieron mucho que ver en que se resignaran a dejar para mejor ocasión sus ansias de predominio en el sector energético.
Una de las claves de la fluidez del proceso tendente al cambio de propiedad de Unión Fenosa es la prontitud con la que Gas Natural logró los recursos necesarios, ya antes de las vacaciones de verano. Su presidente, SALVADOR GABARRÓ, pocos días después del acuerdo de principios con ACS, anunció que contaba con 17.000 millones, gracias a un préstamo concedido al alimón por La Caixa, Santander, Barclays, BNP Paribas, Citibank y Caja Madrid, entre otras entidades. No hay constancia, al menos de momento, de que ese compromiso lo vaya a alterar la inestable situación actual de los mercados financieros.
Fuera de España, la operación también avanza a buen ritmo. México, donde Gas Natural y Unión Fenosa acumulan el 33% de la capacidad de generación de los productores independientes, le dio luz verde hace una semana sin imponer requisito alguno. Se espera que en Suráfrica, donde la eléctrica tiene una importante mina de carbón, haga pronto lo mismo.
La verdad, al descubierto
El desenlace de la venta de Unión Fenosa revelará cuáles eran las intenciones reales de Florentino Pérez cuando decidió renunciar a una de sus más apreciadas inversiones. Desde ACS, en su momento, se puso en circulación la idea de que todo obedecía a un redoblado interés por concentrar todos los esfuerzos en Iberdrola. El entorno de la compañía presidida por IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, sin embargo, aludió a la imperiosa necesidad que tiene ACS de aligerar su endeudamiento.
Más cerca del consejo de Iberdrola
Sea o no el objetivo de Florentino Pérez poner todos los huevos en la misma cesta, hay algo que no ofrece duda alguna. ACS, que posee alrededor del 12% de Iberdrola, no pincha ni corta nada en su gestión. Su reiterada reclamación de un puesto en el consejo de administración ha caído siempre en saco roto, so pretexto de que eso era incompatible con su condición de socio relevante de Unión Fenosa. Cuando traspase sus acciones a Gas Natural y deje de serlo, será más difícil decirle que no.
Sueños rotos
Aun en el supuesto de que ACS consiguiera poner una pica entre los administradores de Iberdrola, cosa que está por ver, su papel en el sector energético no será, ni por asomo, el que no hace tanto acariciaban sus dueños. Lejos quedan los movimientos de Florentino Pérez para alzarse con el santo y la limosna de la eléctrica, ayudado por EDF; una operación que lo hubiera convertido, sin lugar a dudas, en el auténtico emperador del megavatio.
Mientras el mundo asiste perplejo al desplome del sistema financiero, aquí la banca continúa ganando dinero a espuertas como si nada. Durante los nueve primeros meses del año, justo el periodo en que el azote de la crisis ha fustigado más duramente a España, sus beneficios rondaron los 22.400 millones de euros, con una mejora del 3%. Ni el encarecimiento del coste del pasivo, ni el parón de la actividad crediticia, ni el aumento de la morosidad han infligido un daño irreparable a la banca. Las ganancias no crecen al ritmo desorbitado al que lo hacían antes de que virase la situación;
pero, con la que está cayendo, sus accionistas, al menos sobre este particular, pueden considerarse afortunados.
Otra cosa es lo que tiene derecho a sentir el resto de los ciudadanos a la vista de tan prósperos resultados, después de la carretada de dinero que el Gobierno ha decidido poner encima de la mesa para apoyar a la banca. Es verdad que el aumento de las garantías de los depósitos y la inyección de 30.000 millones de euros para recuperar parte de la liquidez perdida pretenden devolver la tranquilidad a los ahorradores y reavivar la financiación de las empresas y las familias. Sin embargo, está claro que, directa o indirectamente, la banca alguna tajada va a sacar y es comprensible que eso irrite a quienes no acaban de creerse que sea imposible evitar que se beneficien de la situación los que menos lo necesitan.
Para los líderes occidentales debe de ser muy frustrante comprobar cómo sube día tras día el nivel de la debacle financiera, a pesar de sus denodados esfuerzos por achicar agua. Ni el plan de Bush, que ha puesto en evidencia la eficacia de las recetas neoliberales, ni las medidas adoptadas a su rebufo en Europa han sido capaces de evitar el galopante deterioro de los mercados. La Bolsa de Nueva York, termómetro de la economía mundial, vive una situación con peores trazas aún que las que caracterizaron el recordado crash de 1929. En España, las cosas no van mejor: sólo en la última semana, el Ibex 35 ha perdido más del 20% y 12 grandes empresas incluidas en él valen hoy menos de la mitad que a principios de año.
La limitada eficacia de sus decisiones no es óbice para que esos mismos líderes continúen buscando desesperadamente la salida del intrincado laberinto de una crisis cuyo alcance nadie supo pronosticar a tiempo. Detener ahora el pedaleo sólo serviría para que la bicicleta rodara por los suelos con más estrépito si cabe, y de ahí la hiperactividad de la que están haciendo gala Sarkozy, Merkel, Brown o Zapatero. Sus nerviosas idas y venidas, aunque no contribuyan precisamente a devolver la calma, trasmiten la impresión de que algo todavía se puede hacer, si no para impedir la hecatombe, que ya está aquí, sí al menos para atemperar hasta donde sea posible sus temidos efectos.
La decisión de acelerar la entrada en vigor de las nuevas garantías para los depósitos bancarios, tomada ayer inesperadamente por el Consejo de Ministros, pretende insuflar confianza a los ahorradores, que con la que está cayendo tienen motivos de sobra para temer por su dinero. Sin embargo, la magnitud de la subida (de 20.000 a 100.000 euros por titular y entidad) y la premura con que se va a aplicar (desde hoy mismo) son poco tranquilizadoras, ya que cuadran bastante mal con el plácido escenario del sistema financiero español que insiste en dibujar el Gobierno.
La otra pata del plan contra la crisis económica impulsado por Zapatero ofrece menos dudas sobre su pertinencia: la economía está al borde del colapso por falta de liquidez y los 30.000 millones de euros que se le van a inyectar de aquí a final de año le vendrán como agua de mayo. Pero el procedimiento elegido para canalizar esa ayuda (a través de la banca) despierta muchas reservas, pues no resultará fácil certificar que se destina verdaderamente al fin para el que ha sido concebida, como el propio vicepresidente Solbes no ha tenido empacho en admitir.
Sobre este particular, el Gobierno pide a los españoles un resignado acto de fe, igual que cuando asegura que ni la ampliación de las garantías para los depósitos ni la inyección de liquidez costarán un solo euro a los contribuyentes.
El ministro italiano de Innovación, con esa ausencia total de sutileza tan común en el Gobierno de SILVIO BERLUSCONI, se ha referido esta misma semana en Madrid al origen de las disensiones entre los socios de Endesa. Según la versión de RENATO BRUNETTA, el pacto que permitió hace un año el cambio de manos de la eléctrica española fue contra natura y “las cosas contra natura pueden ser incluso agradables, pero no duran mucho”.
Se refería el ministro al reparto del poder acordado entonces, y en virtud del cual el peso de la gestión recae sobre Acciona, pese a que sólo controla el 25% del capital, mientras que Enel, propietaria del 67%, tiene que conformarse con ser en algunos aspectos un simple convidado de piedra.
En las negociaciones que alumbraron aquel pacto, JOSÉ MANUEL ENTRECANALES supo rentabilizar el imperioso deseo de los italianos de no quedar descolgados del nuevo orden energético europeo. Contó para ello con el apoyo entre bambalinas del propio Gobierno, que prefería a un español al frente de Endesa, a fin de evitar el coste político de que un extranjero sustituyera a MANUEL PIZARRO en la presidencia.
Pero si es comprensible que Entrecanales pescara a río revuelto, lo que no se acaba de entender es que Enel vaya rumiando ahora por las esquinas el uso que hace Acciona de unas condiciones que su consejero delegado, FULVIO CONTI, quizás nunca debió aceptar.
Por suerte para ambas partes, el camino para resolver esta situación está perfectamente trazado: en 2010, Enel puede hacerse con los mandos de Endesa comprando la participación de su socio al valor de la opa, es decir, a 41,8 euros por título. Tal y como se encuentra actualmente el mercado (la cotización cerró ayer algo por encima de los 20 euros), eso sería muy ventajoso para Acciona, teniendo en cuenta además que al importe total habría que sumarle intereses.
Sin embargo, la perspectiva de otros dos años de tira y afloja no agrada a los italianos, que este verano expresaron su disposición a pagar 10.000 millones para echar pelillos a la mar y que Acciona salga de Endesa. Probablemente eso sería bien visto por su Gobierno, que tiene un 30% de Enel y al que sin duda le gustaría tener más margen de decisión sobre su inversión en la eléctrica española.
La rebaja de los tipos de interés decidida ayer por el Banco Central Europeo, de acuerdo con Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia y Suiza, aligerará las cargas financieras que soportan las familias y las empresas cuando se traslade al consumo, cosa que siempre lleva cierto tiempo. Los nuevos préstamos, los que se formalicen a partir de ahora, sí deberían beneficiarse automáticamente del nuevo precio del dinero, pero el resto no tendrá más remedio que esperar hasta que toque la siguiente revisión periódica.
El impacto de la rebaja será, por lo tanto, escalonado y está por ver que de él se derive un aumento de la demanda de crédito, por lo menos en el caso de los particulares, cuyos bolsillos están en general muy castigados debido a la carestía de la vida y al creciente recrudecimiento del paro. Un estímulo como éste, en otras circunstancias, hubiera alegrado de forma inmediata la economía; sin embargo, la situación es ahora mismo tan penosa y hay tan escasas expectativas de que vaya a mejorar que sus efectos reales serán con toda probabilidad bastante limitados de lo deseable.
Desde el lado de la oferta, tampoco hay motivos para echar las campanas al vuelo, por mucho que cualquier noticia favorable, en los tiempos de turbación que corren, merezca al menos una tímida señal de aprecio. Los altos tipos de interés explican solo en parte el actual estancamiento del crédito; la otra razón de peso es la desconfianza que desde hace meses se ha instalado en el conjunto del sistema financiero. Y ese miedo al riesgo no parece que vaya a conjurarlo la tardía decisión tomada ayer .
Nadie sabe si Sacyr acabará vendiendo o no su 20% en Repsol, pero está claro que el simple anuncio de su disposición a hacerlo ha llevado la intranquilidad a la propia petrolera y al Gobierno. Esa posibilidad no formaba parte del guión, a pesar del precedente sentado por otra de las grandes constructoras, ACS, que inició en julio su retirada del negocio energético. De ahí que el encargo hecho el mes pasado por LUIS DEL RIVERO a Dresdner para que le encuentre comprador cogiera por sorpresa a casi todo el mundo.
El presidente de Repsol no tuvo empacho en reconocer hace unos días que le gustaría que Sacyr no se fuera, cosa comprensible por su condición de socio básicamente financiero, poco proclive por tanto a interferir en la gestión. Un accionista de otra índole, sobre todo si opera también en el sector de los hidrocarburos, sin duda sería menos cómodo e incluso comprometería la “independencia” de la compañía, según ANTONIO BRUFAU.
Al Gobierno tampoco le ha entusiasmado la idea de que Sacyr haya puesto en venta su 20%, ya que ha eso reavivado el viejo interés de algunas multinacionales por Repsol. Total, Shell y más recientemente Gazprom han hecho saber que estarían dispuestas a adquirir aquellas acciones, sobre todo si es posible sumarle otras y conseguir un paquete de control. La pérdida de la españolidad de Repsol es precisamente lo que más preocupa el Gobierno, como ha reconocido públicamente el ministro de Industria.
MIGUEL SEBASTIÁN se ha comprometido a no intervenir si un gigante extranjero intenta hacerse con la participación de Sacyr, pero el aviso para navegantes está lanzado y, en consecuencia, ya nadie puede llamarse a engaño. Aunque Total, Shell, Grazprom o quien sea pueden hacer de su capa un sayo, es evidente que el Gobierno español no les da la bienvenida, lo cual supone un grave inconveniente para desenvolverse en una actividad sometida todavía en muchos aspectos a la discrecionalidad de la Administración.
Por otra parte, la inquietud con que el ministro ha acogido la eventual venta del 20% de Repsol está plenamente justificada, ya que la compañía tiene un peso considerable en la producción y distribución, gracias a sus cinco refinerías y a las 3.600 estaciones de servicio con las que cuenta a lo largo de todo el territorio nacional.
Mucha tela por cortar
En cualquier caso, la operación todavía se encuentra en mantillas y en el sector hay quien incluso pone en duda que el supuesto deseo de Sacyr de soltar su paquete en Repsol sea sincero. Es verdad que, si lo vende, Luis del Rivero podría soltar parte del lastre que supone su voluminosa deuda, que ronda los 20.000 millones de euros. Pero también es cierto que tiene en su mano otras opciones susceptibles de contribuir a ese mismo fin.
La principal alternativa
Una de ellas es la venta de su filial de concesiones Itínere, que en los últimos tiempos ha recibido un fuerte empujón, bajo la dirección de su consejero delegado, FRANCISCO JAVIER PÉREZ GRACIA, debido sobre todo a la compra de la Empresa Nacional de Autopistas y de Europistas. Itínere, no obstante, le dio a Sacyr un serio disgusto la pasada primavera, cuando tuvo que suspender la salida a bolsa de un 30% del capital por falta de demanda.
Una desinversión más
Luis del Rivero ya ha tenido que deshacerse este año de otro de sus grandes activos, el 33,3% de la francesa Eiffage, que enajenó después de un retahíla de conflictos con sus socios locales y sin obtener un solo euro de plusvalía. Los cerca de 2.000 millones logrados en esta operación fueron destinados a reducir la deuda de Sacyr, cuya cuenta de resultados está acusando la crisis inmobiliaria, como las de todas las constructoras españolas.
