La más que previsible absorción de Caja Castilla-La Mancha por la malagueña Unicaja va a abrir un obligado compás de espera en el proceso regional de fusiones impulsado desde la Junta de Andalucía y cuyo principal patrocinador es el propio MANUEL CHAVES.
El presidente lleva casi una década detrás de la constitución de una gran caja, fruto de la suma de todas las existentes y que, con datos a 31 de diciembre de 2007, tendría 70.000 millones de euros en depósitos de clientes, de los que casi un tercio correspondía a Unicaja.
Por su peso sobre el conjunto del sector, esta entidad estaba llamada a ser el eje en torno al cual giraran las fusiones, lo que desde el principio despertó recelos en las otras provincias y muy especialmente en Sevilla, habida cuenta su histórica rivalidad con Málaga.
Tales recelos se acentuaron por el hecho de que el brazo armado de Chaves para conducir el proceso fuera su entonces consejera de Economía, MAGDALENA ÁLVAREZ, gaditana de nacimiento, pero muy vinculada a Málaga tanto profesional como políticamente.
Los localismos impidieron que la Junta de Andalucía se saliera con la suya, aunque andando el tiempo se dio un paso muy importante: la integración de El Monte y Caja San Fernando, que el 30 de noviembre de 2006 alumbraron Cajasol.
Mientras se materializaba la fusión de las dos entidades sevillanas, las demás disfrutaron de una tregua que acabará la próxima primavera, cuando, si el calendario se cumple, Cajasol será una realidad a todos los efectos.
La inminencia de esa fecha reavivó hace unos meses el debate que durante dos años había permanecido silente y, además, en unos términos parecidos a los que originalmente tenía, aunque con el argumento añadido de que la crisis aconsejaba reforzar las cajas.
Las más reacias a la fusión (La General de Granada, Cajasur de Córdoba y Caja Jaén) se han encontrado sin esperarlo con el golpe de suerte de que Unicaja fuese reclamada para ir al rescate de Caja Castilla-La Mancha, cosa que, si finalmente ocurre, obligará a posponer otros planes.
Siendo así, las cajas andaluzas habrán sorteado, por segunda vez, la acometida de la Junta de Andalucía y ganarán tiempo con la esperanza de que un eventual cambio del escenario político aleje un proyecto que a la mayoría no les gusta.
¿Málaga o Sevilla?
Aparte de la racionalidad financiera que probablemente revestiría la fusión, hay problemas de orden práctico que la complican, y uno de ellos es dónde se ubicaría la entidad resultante; no ya su sede corporativa, sino su centro de decisión. La posibilidad de que sea Málaga, atendiendo al predominio de Unicaja, disgusta en Sevilla, y que sea Sevilla lo verían con malos ojos todas las demás provincias, quejosas como están de que la capital política de Andalucía practique el centralismo regional.
El reparto del poder
Si los localismos juegan contra la fusión que la Junta desea, no menos lo hacen los fulanismos, pues ninguno de sus dirigentes parece dispuesto a dilapidar sin más la influencia que ahora disfruta. Aunque BRAULIO MEDEL, hombre de la máxima confianza del PSOE, es el que siempre ha tenido más papeletas, quien quiera que esté al frente de la gran caja andaluza acumulará un poder actualmente compartido con otros que lo perderían.
Sin respaldo del PP
Desde el punto de vista político, es difícil que el PP respalde una operación que podría endosar cierto coste a Chaves, pero que a la postre facilitaría el control de las cajas por la Junta de Andalucía y, en consecuencia, por los socialistas. De ahí la frialdad con la que JAVIER ARENAS se refiere siempre a la fusión, que contrasta con el ánimo dispuesto de los sindicatos, para quienes un matrimonio a varias bandas puede evitar que el tsunami financiero se lleve por delante alguna de las cajas.
Va para un año que los socios de Vueling y Clickair, las dos mayores aerolíneas españolas de bajo coste, decidieron hacer de la necesidad virtud y emprendieron un proceso de fusión que culminará dentro de pocos meses, una vez recibidas todas las bendiciones de los reguladores nacionales y europeos.
El suyo no es un matrimonio por amor, sino de pura y simple conveniencia, ya que la pervivencia de dos marcas similares, enzarzadas en una brutal guerra de precios, resultaba insostenible, como quedó de manifiesto en el ejercicio de 2007, que ambas compañías cerraron con fuertes pérdidas.
Sus socios de referencia (Inversiones Hemisferio, de la familia LARA, en un caso, e Iberia en el otro) han demostrado, además, que no cultivan la virtud de la paciencia, pues Vueling echó a volar en 2004 y Clickair en 2006 y, por tanto, cuando iniciaron las negociaciones, llevaban poco más de un año coincidiendo en el aire.
La fusión, cuando se materialice, dejará a Iberia como primer accionista de la nueva Vueling, con el 45% del capital, pero con el compromiso de garantizar una gestión independiente, condición indispensable para superar el escrutinio de la operación por parte de las autoridades de la competencia.
El exministro JOSEP PIQUÉ, a quien José Manuel Lara reclutó personalmente en noviembre de 2007 para enderezar el rumbo de Vueling, continuará en la presidencia, aunque el día a día lo llevará, en calidad de consejero delegado, el actual director general de Clickair, ÁLEX CRUZ, un conocido experto en el transporte aéreo.
Su primer objetivo será ahormar la sociedad resultante, liberándola de los solapamientos habituales en cualquier fusión, para lo que se han fijado como horizonte el mes de junio, de modo que la nueva Vueling pueda afrontar con el menor lastre posible la siempre crucial campaña de verano.
Tiene que reducir la flota hasta no más de 30 aeronaves, frente a los 40 que suman las dos compañías, lo que choca con la sobreoferta existente ahora en el mercado como consecuencia de la cura de adelgazamiento a la que se ha sometido el sector en todo el mundo debido a la crisis económica. Y debe ceder derechos de aterrizaje en Madrid y Barcelona por exigencia de la Comisión Europea, a fin de que algunas rutas no queden en régimen de casi monopolio.
Panorama despejado
La fusión de Vueling y Clickair, aunque están por ver sus frutos, despeja el incierto panorama que se presentaba ante la aviación comercial española hace apenas unos meses, cuando esa operación no acababa de arrancar y, por otra parte, había serias dudas de que el consorcio escandinavo SAS fuerza capaz de encontrar propietario para Spanair, que finalmente ha sido rescatada por un grupo de empresarios catalanes, apoyados por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Barcelona.
Sin opa o nada
De todas formas, para que el matrimonio entre Vueling y Clickair se consume, tiene que cumplirse un requisito impuesto por Iberia: que se le exima de lanzar una opa sobre el conjunto del capital, a la que en principio está obligada por superar el 30% de la sociedad resultante. La primera aerolínea del país no ve con buenos ojos esa posibilidad porque la obligaría a realizar un desembolso adicional sin obtener grandes ventajas a cambio, habida cuenta su compromiso de no inmiscuirse en la gestión.
Una tendencia creciente
Aunque ningún caso es igual que otro, últimamente hay cierta propensión a solicitar este tipo de exenciones. La ha pedido Enel para no verse forzada a hacer una oferta sobre el 8% de Endesa que flota en Bolsa y que podría costar alrededor de 3.000 millones. Y se barajó también cuando, a finales el otoño pasado, la petrolera rusa Lukoil intentó comprar el 20% que Sacyr tiene en Repsol y otro paquete algo menor propiedad de la Caixa y Caixa Catalunya.
La fascinación de los grandes constructores españoles por el sector energético no ha decaído un ápice, pese a que dos de ellos hayan tenido que deshacer las posiciones que habían tomado.
JOSÉ MANUEL ENTRECANALES llegó el viernes a un acuerdo con los italianos de Enel para venderles a buen precio su participación y salir de Endesa, donde entró hace apenas dos años. Sin embargo, no tiene la menor intención de abandonar el negocio eléctrico, sobre cuyas posibilidades ha tomado buena nota durante este tiempo. Su propósito es volcarse en las renovables, que presentan un futuro muy prometedor, gracias al impulso que parece determinado a darles el nuevo presidente de Estados Unidos, BARAK OABAMA.
También están decididos a quedarse FLORENTINO PÉREZ y sus socios (la familia MARCH y los ALBERTOS), aunque tienen pocas opciones ya de ser los árbitros de reordenación del sector, como algún día soñaron. ACS se desprenderá en las próxima semanas del 36% que le queda de Unión Fenosa, tras haber recibido luz verde de las autoridades su compra y posterior fusión con Gas Natural. Parte del dinero que obtenga a cambio lo dedicará ACS a reforzarse en Iberdrola y llenar así el profundo hueco que la eléctrica gallega deja en su cuenta de resultados.
Tanto Acciona como ACS han sacado una notable tajada de las inversiones a las que ahora han renunciado, porque había grupos energéticos dispuestos a pagar bastante por razones estratégicas. Enel, con la toma de control de Endesa, ha reafirmado su presencia en España, pieza fundamental de la partida que juega contra sus competidores europeos sobre el vasto tablero continental. Para Gas Natural, por otra parte, Unión Fenosa, que le va a permitir doblar su tamaño de una tacada, era quizás la última oportunidad de dar el salto a la Champions League, después de sus fallidas experiencias con Iberdrola y Endesa.
Estas favorables circunstancias han permitido que Acciona se eche al zurrón 1.800 millones en plusvalías y ACS, alrededor de 2.000, con los que pueden dar mucha guerra, sobre todo después de limpiar sus balances, contaminados hasta ahora por las voluminosas deudas que contrajeron, para emprender la aventura eléctrica , con el entusiasta apoyo de algunos bancos, especialmente el Santander.
Socios inestables
Aunque rentable para ellos, el tránsito de José Manuel Entrecanales y Florentino Pérez por el sector energético les ha hecho acreedores, al menos hasta ahora, de la condición de socios inestables, sin una firme voluntad de permanencia en las empresas en las que entran. Esa es la principal razón que esgrime IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN para cerrarle el paso a ACS en el consejo de administración de Iberdrola, donde Florentino Pérez reclama un hueco en consonancia con la participación que posee de la eléctrica.
Otra estrategia
De momento, Acciona, que se sepa, no pretende picar tan alto y se conforma con sumar activos que le den volumen, cosa que ya ha conseguido en el ámbito de la energía eólica. Los megawatios obtenidos con su salida de Endesa le permiten encaramarse al segundo puesto del ránking mundial, sólo por detrás de Iberdrola. Los planes de Entrecanales son continuar por ese camino, aprovechando cuantas oportunidades de negocio encuentre, y proseguir su repliegue en la construcción.
Pros y contras
Cualquier nueva incursión en el sector energético cuenta a su favor con que las empresas, en general, están inusualmente baratas debido a la crisis bursátil, pero tiene en contra la estrechez de los mercados financieros, donde los bancos están muy reticentes a prestar dinero y ya no se desenvuelven con la alegría que les llevó a financiar, durante el boom inmobiliario, cuantas operaciones nacían de la mente de los reyes del ladrillo.
La salida de Endesa no sólo le va a proporcionar a Acciona 1.800 millones de plusvalía, sino también un importante paquete de activos que convierten al grupo presidido por JOSÉ MANUEL ENTRECANALES en el segundo mayor del mundo por potencia eólica, segmento en el que otra compañía española, Iberdrola, tiene el liderazgo indiscutible.Cuando la transferencia de esos activos se materialice, Acciona sumará más de 2.000 megawatios a los casi 4.500 que ya tiene y el negocio eléctrico elevará notablemente su peso sobre la facturación total, que el pasado ejercicio fue ya del 22% sin contar Endesa, porcentaje muy cercano al de la división de servicios.
Entonces, casi con toda seguridad, la construcción dejará de representar el grueso del grupo, ahondando un proceso de diversificación empresarial que dura ya varios años y gracias al cual esta actividad, que en 2003 aportaba tres cuartas partes de los ingresos, superó por poco el 50% en 2008.
Los planes prevén seguir por ese camino, así que es altamente probable que, más bien pronto que tarde, no se pueda seguir hablando de Acciona como una constructora, ni siquiera como un grupo de construcción y servicios, sino como una eléctrica más, con intereses en otros sectores.
En ese caso, Acciona habría salido de Endesa para competir con ella, llevándose, además del dinero y de los activos renovables, un conocimiento del negocio bastante mayor del que antes tenía, lo que le será de extraordinaria utilidad para el futuro y no digamos ya ante una muy probable ampliación de sus intereses en el ámbito de la energía.
Acciona dispone ahora del margen necesario para afrontar nuevos retos, una vez que se ha quitado de encima los 9.000 millones de euros de deuda correspondientes a los préstamos que obtuvo para entrar en Endesa, aunque las condiciones de los mercados financieros no están para alegrías, ni van a estarlo en algún tiempo.
De todas formas, los bancos han sido favorables en general a prestar dinero para las grandes operaciones corporativas relacionadas con las eléctricas, y la última prueba la han dado con motivo de la compra de Unión Fenosa por Gas Natural, para la que han puesto los 17.000 millones de euros que hacían falta.
Puerta abierta
Acciona, en el acuerdo alcanzado el viernes con Enel, se ha reservado la posibilidad de comprar títulos de Endesa en el mercado, donde sólo flota un 8%, ya que el 92% restante queda en poder de los italianos. La eléctrica española cerró la semana pasada a 24 euros, frente a los 41 que se pagaron en la opa de hace dos años y que Enel ha desembolsado ahora también, en aplicación de sus acuerdos societarios.
Nuevas perspectivas
El cambio accionarial en Endesa se produce poco antes de que culmine la compra por Gas Natural del 36% de Unión Fenosa aún en manos de ACS, que abre también nuevas perspectivas para las eléctricas en Bolsa. Gas Natural tiene que lanzar una opa sobre el resto del capital de la empresa gallega y el grupo capitaneado por FLORENTINO PÉREZ ha expresado su deseo de aprovechar parte del dinero de la operación para aumentar hasta el 20% su presencia en Iberdrola, de la que posee un 12,7% incluyendo derivados.
La movida continúa
Todo ello abona la idea de que los movimientos accionariales de las eléctricas promovidos desde otros sectores, en especial el del ladrillo, todavía están lejos de acabar, pese las poco recomendables experiencias vividas como consecuencia de la oleada anterior. Aún está por ver, además, el destino definitivo del 20% de Repsol que Sacyr no consigue colocar, debido a que LUIS DEL RIVERO pide por él un precio muy superior a su valor bursátil.
En el río revuelto de la recesión, algunos líderes empresariales han echado el anzuelo con el manifiesto propósito de pescar una de sus aspiraciones más antiguas: que se abarate el despido en España. Uno de los primeros en actualizar esa reivindicación fue ARTURO FERNÁNDEZ, presidente de la patronal madrileña, al que enseguida se sumó el de CEOE, GERARDO DÍAZ FERRÁN, cuñado suyo. Ambos la han planteado como especialmente necesaria ahora que el mercado laboral sufre un deterioro acelerado, que puede poner a España en el umbral de los cuatro millones de parados.
La batalla por reducir el coste de los despidos no es la primera vez que la dan los empresarios y forma parte de su ideario desde los tiempos en que estaba al frente de ellos CARLOS FERRER SALAT. Si entonces le pusieron sordina porque la transición política aconsejaba no aumentar la tensión ambiental con este tipo de debates, luego lo abrieron sin desmayo cada dos por tres, viniera a cuento o no. Cuantas veces reclamó JOSÉ MARIA CUEVAS mayor flexibilidad laboral, en el fondo estaba pidiendo eso, porque el despido libre –al menos el individual– existe en España desde hace ya muchos años.
Pese a su insistencia, los empresarios no han conseguido la gratuidad que probablemente sea su objetivo último o –lo que para ellos es igual– que las indemnizaciones corran por cuenta del Estado. Pero, a base de retoques aquí y allá, la legislación está hoy mucho más matizada, de modo que ya sólo la mitad de los trabajadores en activo tienen derecho a los célebres 45 días por año trabajado. La proliferación de contratos de baja calidad, la mayoría bonificados además, explica ese fenómeno, al que no suelen hacer referencia ni la patronal ni los sindicatos, que han contribuido a que existan.
Ahora los empresarios han pedido también que se elimine la intervención administrativa en los ERE, lo que les dejaría las manos libres para proceder a los despidos colectivos con el menor coste posible. Cuando estos se producen, los trabajadores sólo tienen derecho a 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, aunque frecuentemente las condiciones mejoren mediante la negociación. Si es así y hay un acuerdo entre ambas partes, la autoridad laboral suele limitarse a bendecirlo con prontitud, cosa que anima a los empresarios a hacer concesiones para ganar tiempo.
Esta última reclamación, si fuese aceptada, supondría una merma en los derechos económicos de los trabajadores y otro pasito en el camino que conduce a la liberalización total de los despidos y a su coste cero. Lo que nadie acaba de explicar con argumentos convincentes es cómo pueden ayudar ambas circunstancias a detener la sangría de empleo que se está produciendo durante los últimos meses, cuando sólo servirían para que los empresarios soltaran lastre a su libre albedrío.
Díaz Ferrán ha intentado justificar sus peticiones alegando que la desregulación del despido y su abaratamiento animarían la contratación, único modo de compensar los puestos de trabajo que se pierden por otro lado y de evitar que el paro siga avanzando. Sin embargo, es dudoso que los emprendedores renuncien a sus proyectos por ese motivo y, en cualquier caso, no hay duda de que mucho peores son las consecuencias de la cicatera actitud de la banca con los créditos, que Díaz Ferrán, en cambio, comprende.
De todas formas, todos estos movimientos no deben desvincularse del hecho de que CEOE está en vísperas de elecciones y su presidente, que aspira a la renovación, toca la música que mejor suena a los oídos de quienes han de votarle. Incluida la AEB, pues la patronal española es una de las pocas del mundo, si no la única, en la que la banca se sienta junto a los empresarios, a pesar de los intereses distintos y a veces irreconciliables que los separan.
Las cajas de ahorro siempre han sido unas entidades especialmente cerradas en sí mismas, cuyas tripas empiezan a asomar ahora por el desgarrón que la crisis inmobiliaria ha inferido a algunas de ellas. En conjunto, su exposición al ladrillo representa un 70% de total de los créditos que tienen concedidos (la de los bancos es del 50%) y, según están las cosas, es inevitable que eso afecte a sus resultados. Un ejemplo: CAJA ESPAÑA ganó en 2008 un 70,1% menos porque, con una mora cercana al 4%, tuvo que dedicar a saneamientos 214 millones de euros, cifra que casi quintuplica sus beneficios.
El miedo a que colapsen las cajas, que tienen por lo general un notable arraigo social, y a que pongan en entredicho la tutela pública a la que están sujetas, ha precipitado movimientos de distinto alcance. En unos casos se trata de fusiones dentro de una misma comunidad (País Vasco y Castilla y León) y en otros de inusuales operaciones interregionales (UNICAJA y CAJA CASTILLA-LA MANCHA). Pero, de momento, pese a que traen causa de un manifiesto impulso político, o precisamente por ello, todos han resultados fallidos o pueden tropezar con una contestación muy fuerte.
La frustrada unión de la BBK y la KUTXA DE GIPUZKOA, que la asamblea de esta última echó por tierra a finales de noviembre cuando parecía atada y bien atada, fue una clara advertencia. El PNV deseaba vivamente que el proceso se llevara a término antes de las elecciones autonómicas, en previsión de un revés que le apee del Gobierno y merme su influencia en ambas cajas. Sin embargo, otros intereses se cruzaron en el camino de los nacionalistas, y eso permitió que el PSE, partidario de esperar al 1 de marzo por razones obvias, se saliera de rebote con la suya.
En Castilla y León tampoco ha prosperado la integración de las seis cajas de la región propuesta por la Junta, en manos del PP, que ha tenido que enfrentarse a una rebelión de sus máximos responsables. Tras descartar el proyecto por no ser “conveniente ni oportuno”, en el futuro serán los consejos de administración los que tomen la iniciativa de emprender una eventual negociación. Con esta bofetada se ha puesto de manifiesto, una vez más, la creciente reticencia de las cajas, no necesariamente filantrópica, a someterse sin más a los designios políticos.
Solidaridad socialista
La operación más avanzada a día de hoy es la que puede culminar con la fusión de Unicaja y Caja Castilla-La Mancha, alentada por el PSOE, que tiene el control sobre ambas. Con ella se pretende paliar el agujero que en la segunda ha causado de las suspensiones de pagos de MARTINSA FADESA (90 millones de euros, una tercera parte de su beneficio de 2007) y DHO. Por culpa de estos y otros quebrantos, Caja Castilla-La Mancha ganó el año pasado un 81,1% menos que el anterior.
Unanimidad imposible
Los gobiernos de Andalucía y Castilla-La Mancha aceptan la fusión, aunque a Manuel Chaves costó convencerlo por el lastre que puede endosarle a Unicaja. Sin embargo, parece inalcanzable un consenso político al respecto, pues el PP se niega a dar su respaldo en las dos regiones, consciente del rédito que probablemente obtendría si cayera una caja administrada por los socialistas. En el consejo de Unicaja, aunque por razones distintas, tampoco entusiasma la idea de un matrimonio a la fuerza.
¿Qué fue de Caja Madrid?
En medio de este ajetreo, poco destacable ha vuelto a saberse de la lucha en torno a CAJA MADRID, que ha pasado a un segundo plano tras la aparatosa irrupción en escena de los episodios de espionaje y corrupción que asedian al gobierno de Esperanza Aguirre. Si hace un par de meses parecía que a la presidenta le iba la vida en el asalto a la cuarta institución financiera del país, ahora sus prioridades son otras. Pero seguro que, tarde o temprano, vuelve a la carga con tanto brío como antes.
Pese a las críticas, a veces muy ásperas, que en algunos momentos ha despertado su gestión al frente de CEOE, toda apunta a que GERARDO DÍAZ FERRÁN no tendrá rivales cuando el 2 de abril se presente a la reelección. El tercer presidente de la patronal, casi con toda seguridad, obtendrá un segundo mandato, esta vez completo y sin el déficit democrático del primero, que se le concedió sólo porque así lo quiso su antecesor, JOSÉ MARÍA CUEVAS.
Quienes con más brío han acometido a Díaz Ferrán desde que este asumió el cargo en junio de 2007 no parecen suficientemente motivados para plantarle cara en las urnas, bien porque carecen del respaldo necesario, bien porque tienen ya un mejor acomodo en la organización, o por las dos cosas.
SANTIAGO HERRERO, máximo representante de los empresarios andaluces, que hizo amago de optar a la sucesión cuando Cuevas anunció que se iba, prefiere no pasar otra vez por el trance de retirar su candidatura para evitar una derrota. Igual que entonces, los resortes internos que podrían auparle a la cima de CEOE escapan a su control, aunque dentro de la estructura hay quien no vería con malos ojos que el timón volviera a manos de alguien con su perfil.
Herrero tiene un largo historial de servicios al movimiento empresarial, en el que fue escalando puestos hasta que hace seis años, tras la retirada de RAFAEL ÁLVAREZ COLUNGA, pasó de secretario general a presidente de la CEA. Es, pues, un hombre con el que algunos miembros de la nomenklatura probablemente se sentirían más a gusto, ante a la actualización de la patronal que Díaz Ferrán pretende sin disimulo.
Este aspira a introducir reformas que limen el carácter actual de CEOE y refuercen el papel de lobby que en realidad, con mayor o menor fortuna, siempre ha desempeñado. Como habitualmente ocurre en las organizaciones, el miedo a un cambio de incierto resultado ha provocado reticencias que eclosionaron a finales de verano y dieron de patitas en la calle con JUAN JIMÉNEZ AGUILAR, número dos de CEOE desde hacía un cuarto de siglo. Prescindir de él no fue tarea fácil, hasta tal punto que, a cambio, Díaz Ferrán tuvo que comprometerse a convocar las elecciones que se celebrarán dentro de mes y medio y que tienen el aire, inquietante y prometedor a la vez, de una catarsis.
Sentimiento de propiedad
Jiménez Aguilar se resistió cuanto pudo a que el nuevo presidente alterara el legado de Cuevas, del que él siempre se sintió una especie de albacea testamentario. También es probable que albergara cierto resquemor por el hecho de no ser el elegido para ocupar la presidencia de CEOE, a la que había entregado buena parte de su vida. No en vano, Jimenéz Aguilar alardeaba de que era el que abría la sede de la patronal por la mañana y el que echaba el cierre por la noche.
A mejor, pero sin fiarse
Una de sus personas más próximas, JESÚS BÁRCENAS, fue de los que con mayor ahínco fustigaron a Díaz Ferrán, al que acusó de desatender a las pequeñas y medianas empresas. El presidente de Cepyme bajó el tono de sus críticas tras la defenestración de Jiménez Aguilar, cuya opinión tenía en cuenta antes de dar cualquier paso, según quienes le conocen. Desde entonces, su relación con Díaz Ferrán se ha apaciguado, lo que no quiere decir que exista entre ellos un clima de plena confianza.
La sangre no llegará al río
La tiranteces entre Bárcenas y Díaz Ferrán llegaron a ser de tal calibre que hubo quien temió que Cepyme llegara a plantearse seguir su camino sola. En el entorno del presidente de CEOE, sin embargo, se da por seguro que una ruptura de esa naturaleza resulta prácticamente imposible por la sencilla razón de que no interesa a ninguna de las dos partes. Cosa distinta es, por supuesto, que decidan modificar las bases sobre las que se asienta su histórica colaboración.
Una vez que los reguladores se han mostrado favorables a la operación, ya sólo falta el nihil obstat de PEDRO SOLBES para que Gas Natural lance la opa sobre Unión Fenosa previa a la fusión entre ambas compañías. El vicepresidente tiene 15 días para pronunciarse, aunque es improbable que agote el plazo, ya que todo está pactado y bien pactado, a tenor de los informes emitidos por la Comisión Nacional de la Energía y la de la Competencia.
Sus exigencias no afectan significativamente a los objetivos perseguidos por Gas Natural, según la propia compañía, a la que incluso le viene de perillas realizar desinversiones que le ayuden a financiar la costosa compra de Unión Fenosa. El acuerdo alcanzado a finales de julio entre ACS, todavía socio de referencia de la eléctrica gallega, y Gas Natural partía de una valoración de Unión Fenosa cercana a los 17.000 millones de euros.
En el sector energético han causado cierto estupor algunas de las condiciones establecidas por los reguladores, en especial la que se refiere a los puntos de suministro de los que Gas Natural debe desprenderse. Serán 600.000, lo que resulta chocante teniendo en cuenta que el Gobierno le impuso que prescindiera de 1.500.000 cuando lanzó la fallida opa sobre Endesa, a pesar de que ésta tenía una presencia en el mercado del gas muy inferior a la de Unión Fenosa.
El estupor inicial ha dejado paso al anuncio de acciones legales en el caso de la italiana ENI, propietaria del 50% de Unión Fenosa Gas y una de las empresas que más objeciones ha puesto a la fusión. Su primer ejecutivo, PAOLO SCARONI, se quejó públicamente el viernes del informe de la Comisión Nacional de la Competencia, a la que había pedido sin éxito que obligara a Unión Fenosa a venderle el otro 50% de la filial de gas.
Aunque da la impresión de que ENI sólo pretende pescar en río revuelto, lo cierto es que Unión Fenosa Gas es la segunda compañía de su especialidad y que, una vez se consume la fusión, estará en las mismas manos que la primera. Ante esta circunstancia, Competencia se ha limitado a exigir que Gas Natural segregue la comercialización al por mayor, como si eso bastara para evitar la notable concentración de la oferta que va a producirse y cuyo principal perjudicado será el consumidor, igual que siempre.
A por Iberdrola
Horas después de que la Comisión Nacional de la Competencia diera luz verde a la fusión, ACS reiteró, a través de uno de sus grandes accionistas, Banca March, que dedicará a reforzarse en Iberdrola parte del dinero que obtenga por la venta de Unión Fenosa. Ahora controla el 12,6% y su objetivo es llegar al 20%, a fin tener la posibilidad de consolidar los resultados de Iberdrola, según explicó el vicepresidente de Banca March, PABLO VALLBONA.
Un reforzamiento interesado
Esa consolidación es fundamental para ACS, que así puede tapar el vacío que deja en sus cuentas Unión Fenosa, cuya aportación fue en 2007 de 6.000 millones a la cifra de negocios y 2.100 a los beneficios. Para que Iberdrola tome el relevo es necesario que el grupo presidido por FLORENTINO PÉREZ sea propietario de un paquete significativo y eventualmente demuestre que tiene influencia en la gestión, mediante su presencia en el consejo.
La resistencia
La entrada en el máximo órgano de gobierno de Iberdrola no resulta fácil para ACS, dada la negativa del responsable de la eléctrica, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, a proporcionársela. El fugaz paso de la constructora por Unión Fenosa, donde ha permanecido poco más de dos años, abona los temores de que Iberdrola haga una operación puramente especulativa, que comprometa los objetivos de la actual gestión.
El chaparrón de malas noticias que ha descargado a lo largo de los últimos días sobre British Airways refuerza la posición negociadora de Iberia, que cada día que pasa se carga de nuevas razones para exigir un peso mayor en la prevista fusión. Tras anunciar el viernes pérdidas por importe de 89 millones de libras en los últimos nueve meses, frente a los 816 millones de beneficios del mismo periodo del ejercicio anterior, la compañía británica sufrió ayer otro serio revés. Su calificación crediticia fue rebajada por la agencia Moody’s, que la situó a un nivel similar al que tienen los bonos basura, en línea con lo que hace dos semanas ya anticipó Standard & Poor’s.
Esta circunstancia abona las reticencias que British Airways despierta desde hace cierto tiempo, debido al lastre que para ella supone el fondo de pensiones de sus trabajadores, aparte por supuesto de las dificultades propias de la explotación pura y dura del negocio. El fondo de pensiones arrastra un déficit superior a los 3.000 millones de euros por culpa de la negativa evolución de la Bolsa, donde está invertida buena parte de sus fondos, y la aerolínea tiene que ir cubriéndolo poco a poco con aportaciones extraordinarias. El valor bursátil de British Airways ha caído en picado desde que la fusión se anunció a finales de julio como consecuencia fundamentalmente de esa circunstancia.
Atendiendo a la pérdida de capitalización bursátil de la compañía británica, Iberia ha planteado un cambio a su favor en la ecuación de canje inicialmente acordada, que era de 65%-35%. British Airways se ha negado hasta ahora, so pretexto de que el mercado no refleja su situación real, y ese es uno de los motivos de que la operación no se haya cerrado aún. El anuncio hecho ayer por Moody’s es otra baza más en manos de Iberia, cuyo consejo se reúne hoy para estudiar de nuevo los términos de la fusión.
Sobre el tablero de Seur, empresa líder del transporte urgente en España, se ha jugado una partida de la que no hay todavía un claro vencedor, aunque sí muchos perdedores. Nada menos que 52 franquicias, de un total de 85, se han quedado con las ganas de vender, a pesar de que candidatos para quedarse sus participaciones no les han faltado.
Quien primero presentó una oferta fue el fondo de inversión británico Dougthy Hanson, propietario de la compañía de autobuses Avanza y que el pasado verano valoró Seur en 1.000 millones de euros. Su representante en España, FRANCISCO GUTIÉRREZ CHURTIAGA, era la segunda vez que lo intentaba, después del fracaso que cosechó hace un lustro cuando estaba al frente de JP Morgan Partners.
Como entonces, en esta ocasión también se cruzó en su camino Geopost, filial de La Poste, el operador postal de Francia, para la que es fundamental tener un socio de peso en España, tras la ruptura en 2003 del acuerdo que tenía con Correos. Seur mueve 150.000 envíos al día, su facturación supera de largo los 600 millones de euros anuales y tiene una notable presencia en el mercado portugués.
Para arruinar las pretensiones de JP Morgan Partners, Geopost adquirió en 2004 el 60% de la franquicia de Madrid, que estaba en almoneda, y la parte correspondiente en Seur SA. Luego, poco a poco, fue aumentando su participación hasta llegar al 20% de la sociedad matriz que en números redondos poseen los franceses actualmente.
Entre las ventajas que Geopost obtuvo cuando evitó que Seur cayera en manos de JP Morgan Parteners figura el derecho de tanteo sobre cualquier propuesta de compra que un tercero hiciera. Y, en ejercicio de ese derecho, Geopost anunció en septiembre su propósito de igualar la oferta de Dougthy Hanson, con lo que ésta quedó temporalmente excluida del proceso.
Sin embargo, tres meses después de aquello, una vez estudiadas a fondo las cuentas de Seur a través de la pertinente due diligence, Geopost decidió retirarse, so pretexto de que el empeoramiento de las perspectivas económicas en España desaconsejaba seguir adelante. Eso fue en diciembre, y a finales de enero Dougthy Hanson también dijo no, dejando a los vendedores, que tan felices se las prometían, con un palmo de narices.
Protagonistas desde dentro
En esta partida ha desempeñado un papel principal el presidente de Seur, que es dueño a la vez de las franquicias de Tenerife y Las Palmas. MANUEL VALLE siempre ha sido partidario de mantener el statu quo, cosa en la que estaba de acuerdo su colega de la poderosa demarcación de Madrid. Entre los partidarios de vender y hacer caja se encontraban los responsables de buena parte de Andalucía, las dos Castillas, Galicia y la comunidad catalana.
Disensiones a tres bandas
Algunos de estos últimos se han quejado en las últimas semanas de que tanto Manuel Valle como Geopost han hecho lo posible para que Dougthy Hanson no entrara en el capital de Seur, ya que eso mermaría su actual influencia en el grupo. Sin embargo, entre el presidente y los franceses también ha habido sus más y sus menos, dado el interés de éstos por introducir cambios de calado en la gestión, que hubieran sido inevitables si llegan a obtener la mayoría.
Ha cambiado mucho
Los partidarios de vender han amenazado con llevar el asunto a los tribunales, pero saben que el tiempo juega en su contra debido a la mala coyuntura general. Cuando la economía iba como un tiro, el precio de Seur subió igual que la espuma, hasta tal punto que la oferta de 2004 valoraba la compañía en unos 700 millones, frente a los 1.000 que Geopost y Dougthy Hanson parecían dispuestos a pagar el año pasado. Pero ahora las cosas van a peor.
