Conforme pasan los días se ven cada vez más nítidos los contornos de la intervención de Caja Castilla La Mancha y, en particular, de las causas que el domingo llevaron al Gobierno a autorizarla. Aparte del galopante deterioro de su capacidad para hacer frente a los compromisos contraídos con clientes y acreedores, hubo en esa decisión un factor también determinante. La negativa final de Unicaja a cargar con el muerto disparó todas las alarmas en el Banco de España, sobre todo después de que la Junta de Andalucía le confiara que la joya de su corona debía reservarse para otras batallas.
El recurso a la octava caja española para que salvara a la de Castilla La Mancha no obedecía a otro criterio que la conocida afinidad política de las administraciones bajo las que ambas operan. El consejero andaluz de Economía, JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN, ha dicho tras el fracaso de la fusión que hubiera sido una operación “bonita”. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista estrictamente técnico, tenía un interés muy relativo, sobre todo para Unicaja, cuya estrategia pasa por alzarse con la supremacía en su región, no por meterse en camisa de once varas.
Por eso el presidente de Unicaja se ha resistido como gato panza arriba frente a las intensas presiones del Banco de España y del Gobierno, que deseaban evitar a toda costa que se resquebrajara su teoría sobre la marmórea solidez de nuestro sistema bancario. La táctica de BRAULIO MEDEL consistía en tensar la cuerda de la negociación cuanto fuera posible, con la esperanza de que finalmente acabara rompiéndose, receloso además de que Caja Castilla La Mancha atravesara una situación aún peor de lo que se sospechaba.
MANUEL CHAVES, aunque le hubiera gustado aparecer como adalid de la solidaridad socialista, ha apoyado en todo momento a Unicaja, no por una cuestión de principios, sino porque prefiere tener esa bala en la recámara por lo que pueda pasar en Andalucía. Como suele pregonar PEDRO SOLBES, ninguna institución financiera es inmune a los rigores de la crisis económica, sobre todo si ésta se alarga.
La cajas de la Iglesia
Una de las entidades andaluzas que puede verse abocada a participar en algún movimiento corporativo es la otrora todopoderosa Cajasur, feudo durante años del cura MIGUEL CASTILLEJO, hoy retirado. Para evitar sobresaltos, Chaves es partidario de que Cajasur y las otras dos cajas controladas por la Iglesia (Cajacírculo en Castilla y León, y CAI en Aragón) unan sus fuerzas. Sin embargo, hasta ahora las prédicas del presidente de la Junta han caído en saco roto.
Una entidad muy castigada
Cajasur, dependiente del Arzobispado de Córdoba, no se ha librado de los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria, y el ejercicio pasado tuvo que duplicar sus provisiones para insolvencias, hasta alcanzar los 470 millones. Eso infligió un serio correctivo a la cuenta de resultados, cuyo beneficio neto cayó un 21% en 2008. Desde la retirada de Castillejo, la gestión de Cajasur ha atravesado numerosas vicisitudes, que le han llevado a tener tres directores generales sólo en los dos últimos años.
El gran plan
Además de una tabla de salvación por si vienen mal dadas, Unicaja es para Chaves el eje en torno al cual debe girar uno de sus proyectos más queridos: la creación de la gran caja andaluza. Ese plan tropieza con una fuerte oposición territorial y política, y de ahí que de momento siga en mantillas. Sin embargo, el presidente andaluz se niega a cejar en su empeño, que hubiera tenido que aplazar sine die si Unicaja llega a embarcarse en el prolijo salvamento de Caja Castilla La Mancha.
Por más que el Gobierno se empeñe en lo contrario, habrá quien vea claras conexiones entre su inopinado recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley regional de cajas de la Comunidad de Madrid y la intervención de Caja de Castilla La Mancha por el Banco de España. La presentación del recurso de inconstitucionalidad, acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pone en evidencia el intento de ESPERANZA AGUIRRE de hacerse a toda costa con el control de Caja Madrid y de los 83.000 millones en depósitos que custodia. El obligado rescate de Caja Castilla La Mancha, por otra parte, es un pesado baldón para los socialistas, toda vez que su presidente era hasta el domingo JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, hombre de larga trayectoria en el partido.
La coincidencia temporal de ambas decisiones puede abonar la impresión de que el Gobierno ha querido que, en la convulsa situación por la que atraviesan las cajas de ahorro, cada palo aguante su vela, unos por unos motivos y otros por otros. Así, frente al reproche de que fueron personas vinculadas al PSOE quienes empujaron a Caja Castilla La Mancha al borde del precipicio, siempre cabría oponer el argumento de que algunos líderes del PP son capaces de violentar la Constitución con tal de ganar cuotas de poder, como Esperanza Aguirre ha demostrado sobradamente con su asalto a la cuarta entidad financiera de España.
Contra esta conjetura se puede esgrimir, sin embargo, la secuencia oficial de los hechos. Aunque era bastante previsible, la negativa de Unicaja a cargar con el muerto de Caja Castilla La Mancha no fue comunicada al Banco de España hasta una trascendental reunión que hubo el viernes en Madrid con el propio gobernador, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ. Ese día y casi a la misma hora, el Gobierno daba por bueno el dictamen del Consejo de Estado sobre la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley de cajas madrileña. Si entre ambas decisiones existió una relación de causa-efecto, probablemente nunca se sabrá; pero sin duda hay ahí un nuevo elemento para la polémica.
¿Y los representantes del PP?
Otro asunto controvertido seguramente será el grado de conocimiento que tenían los representantes del PP en los órganos de gobierno de Caja Castilla La Mancha sobre los serios problemas financieros que ésta afrontaba. Sus dirigentes nacionales, en las primeras manifestaciones públicas que hicieron el domingo, cargaron todas las culpas sobre los socialistas, amparándose en que a ellos correspondía la gestión de la entidad, con Hernández Moltó a la cabeza.
Conexiones personales
Aunque, en efecto, la parte alícuota de responsabilidad sea mayor en el PSOE, no se puede echar en el olvido que en el consejo de administración de la caja se sentaban varias personas de plena confianza del PP. Y en el de su corporación industrial estaba nada menos que IGNACIO LÓPEZ DEL HIERRO, compañero sentimental de la número dos del partido y, a la vez, máxima responsable en Castilla La Mancha: MARÍA DOLORES DE COSPEDAL.
Una dimisión difícilmente exculpatoria
Es verdad que los consejeros del PP, siguiendo instrucciones de la dirección nacional, dimitieron en bloque el pasado mes de febrero como protesta por las negociones que se estaban manteniendo para la eventual fusión con Unicaja. Pero tampoco existen dudas de que el quebranto que la crisis del ladrillo ha endosado a Caja Castilla La Mancha viene de atrás y, por tanto, para sus administradores es muy complicado alegar ignorancia.
Caja Castilla La Mancha es la primera entidad bancaria que cae víctima de la crisis del ladrillo. Ni siquiera Solbes fue capaz de predecir ayer si será la última. El estallido de la burbuja inmobiliaria sorprendió a la caja con una alta concentración de riesgo en el sector. No es la única en esa situación, aunque su caso era el más acuciante. Las cosas habían llegado a tal punto que el riesgo de colapso acechaba a la vuelta de la esquina. Hacía falta dinero fresco que no acababa de llegar porque nadie quería correr el riesgo de perderlo. La desconfianza es un mal que aqueja a todo el sistema financiero.
Juan Pedro Hernández Moltó sabía que el panorama era aterrador. Los demás consejeros debían de saberlo también. Ignacio López del Hierro, que lo fue de la corporación industrial hasta hace un mes, no podía estar ignorante de todo. Sin embargo, María Dolores de Cospedal se llenó ayer la boca exigiendo responsabilidades sólo a los socialistas. Como si su pareja y los demás representantes del PP en Caja Castilla La Mancha no tuvieran nada que ver. Como si la dimisión en bloque de la mayoría de ellos en febrero hubiera bastado para blanquear los años en que han sido testigos mudos de lo que estaba pasando.
El Banco de España va a poner ahora los recursos necesarios para que las aguas vuelvan a su cauce. Hasta 9.000 millones está dispuesto a avalar el Estado. Pero es imposible asegurar si eso será suficiente. El Gobierno tiene margen para poner más, porque el Parlamento se lo concedió cuando parecía que la crisis financiera era uno de los heraldos del apocalipsis. Las convulsiones en la banca son moneda corriente en todo el mundo desde hace meses, y aquí aún no han hecho más que empezar.
Hace cuatro meses y medio que los líderes del G-20 se dieron cita en Washington una fría mañana de noviembre para sentar las bases del nuevo orden financiero internacional. Hubo quien confió en que aquella cita fuese una reedición de la conferencia de Bretton Woods, que en 1944 estableció las reglas de juego para las relaciones comerciales y monetarias entre los grandes países industrializados. El mundo observaba con espanto el imparable resquebrajamiento de la economía y reclamaba una acción concertada antes de que todo se viniera estrepitosamente abajo.
La cumbre de Washigton, sin embargo, pasó de puntillas sobre los excesos del capitalismo y alumbró un catálogo vaporoso de medidas destinadas a apuntalar el sistema sin cuestionarlo a fondo. De ahí que haya sido poco útil para conseguir que el temporal amaine, a pesar de la abrumadora cantidad de dinero que los Estados han puesto sobre la mesa desde entonces. Cuatro billones de euros han salido ya o van a salir en los próximos años de los bolsillos de los contribuyentes para taponar la vía de agua que amenaza con hundir la economía.
Semejante esfuerzo, que probablemente una sola generación no acabará de pagar, podría ser asumido con resignación si no fuera por el irritante comportamiento de algunos de los más esmerados arquitectos de este colosal desastre. Altos ejecutivos de compañías socorridas con abundantes recursos públicos en Estados Unidos y en Europa se siguen embolsando alegremente sobresueldos de escándalo, como si aquí no hubiera pasado nada. Merril Lynch, Société Générale, AIG… son cuentas de un largo rosario, seguramente todavía inacabado, de oprobio y desvergüenza.
Esperanza Aguirre alumbró la ley recurrida ahora por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional con el único propósito de apropiarse del control de Caja Madrid. Una institución que gestiona 83.000 millones de euros en depósitos (más de cuatro veces el presupuesto regional) y que la presidenta anhela poner al servicio de su proyecto político personal desde hace años.
Para ello no ha tenido empacho en urdir una ley a su medida, retorciendo en beneficio propio algunos principios básicos de la normativa estatal, como el que establece los criterios de representatividad en las cajas de ahorros. El amaño no sólo favorece descaradamente a la Comunidad de Madrid, sino que penaliza al Ayuntamiento de la capital, que ha sido castigado así por su abierta beligerancia con Esperanza Aguirre en este asunto.
La lideresa tampoco ha tenido el menor escrúpulo en distraer imprudentemente la atención de los administradores de Caja Madrid, que llevan meses dedicando un tiempo precioso a zafarse de sus arteras maniobras, en vez de concentrar todos los esfuerzos en que la cuarta entidad financiera del país encaje de la mejor manera posible los rigores de la crisis.
El PP nacional, que no ha tenido agallas para poner coto a esta irresponsable aventura de Esperanza Aguirre, tan poco consecuente con el credo liberal del que blasona, salió ayer a defenderla con una inopinada firmeza. El portavoz económico del partido, Cristóbal Montoro, calificó el recurso del Gobierno contra algunos aspectos de la ley regional de “provocación” e “injerencia”. Lo que, puesto en boca de un dirigente del PP y referido a Caja Madrid, es cuando menos una desvergüenza.
Ocho meses después del inicio oficial de las negociaciones, Iberia y British Airways siguen hilvanando los detalles de su fusión, que dará lugar al tercer mayor grupo aéreo del mundo por ingresos si finalmente se lleva a efecto. El consejo de la compañía española será informado hoy de cómo están las cosas, en una reunión que puede determinar el futuro de la operación, cuyo desenlace se ha ido alargando por culpa de los imprevistos que han surgido en el camino.
Uno de los principales es la dispar evolución que los dos protagonistas han descrito en Bolsa desde que anunciaron sus intenciones a finales de julio del año pasado, lo que ha obligado a replantearse la inicial ecuación de canje. Aunque la capitalización de ambas es similar a día de hoy, Iberia podría renunciar a la paridad en atención al mayor peso que otorgan a British Airways otros indicadores menos expuestos a los vaivenes actuales del mercado.
Frente al 65%-35% planteado al principio, ahora hay cierto consenso en que la ecuación de canje más razonable sería 55%-45%, una proporción que mejora sustancialmente las expectativas para los españoles y, al mismo tiempo, permite salvar la cara a los británicos. Hay que tener en cuenta que una fusión en pie de igualdad con Iberia sería difícil de aceptar por British Airways, habida cuenta el rechazo accionarial, social y político que sin duda despertaría.
Otro aspecto clave aún por dilucidar es la composición de la nueva holding de la que colgarán las dos aerolíneas cuando su matrimonio se consume. En principio, todo apunta a que contarán con una influencia equivalente en el máximo órgano de gobierno de la sociedad, pero no está clara cuál será la extracción de sus miembros. Los propietarios de Iberia, y singularmente Caja Madrid, quieren tener sitio en él, pero British Airways preferiría un perfil independiente, en consonancia con su propia tradición.
A los británicos no les ha pasado inadvertido el asedio de que está siendo objeto la entidad financiera y desconfía del comportamiento futuro de un socio controlado por el poder político.
Independencia relativa
En cualquier caso, si la fusión no se estropea, Caja Madrid va a ser el primer accionista, gracias al 23% que tiene en Iberia desde que en noviembre de 2007 compró las participaciones de BBVA y Logista. Con este golpe de mano se impidió que la compañía española de bandera, entonces en venta, cayera en la órbita de alguno de los gigantes que ya habían mostrado interés por ella. De ahí el especial cuidado de Iberia en no caer con British Airways en lo que entonces quiso evitarse.
Distribución de competencias
Al frente de la holding habrá, con bastante probabilidad, un presidente y un consejero delegado, papeles que en principio están llamados a repartirse FERNANDO CONTE y WILLIE WALSH, que ya los desempeñan en Iberia y British Airways respectivamente. De todas formas, lo importante son las funciones que a cada cargo se atribuyan, igual que ocurre en el caso de futuro consejo de administración conjunto.
La incógnita de la sede
El domicilio social está siendo negociado también a cara de perro, aunque es altamente probable que se establezca en Londres, a cambio de lo cual Iberia podría obtener otras ventajas. El ministro británico de Transportes, GEOFF HOON, declaró recientemente a la presan española que su Gobierno “estaría muy tranquilo” si la sede se quedara en Madrid. Pero tanto en Iberia como entre los analistas esas palabras fueron recibidas como un simple brindis al sol.
La controvertida reforma de los estatutos de Caja Madrid, que consagra su dependencia política de la Comunidad, será impuesta finalmente a golpe de boletín oficial, aunque la última palabra corresponderá, casi con toda seguridad, a los tribunales de justicia. La asamblea general celebrada el lunes rechazó de plano los cambios planteados por la Consejería de Economía y Hacienda, evidenciando la creciente soledad de ESPERANZA AGUIRRE en su obsesivo deseo de controlar la cuarta entidad financiera española.
La presidenta ha hecho de ese objetivo una cuestión de honor y para alcanzarlo no le duelen prendas ni la penosa imagen que el PP está dando ni desatender las recomendaciones de MARIANO RAJOY e incluso de JOSÉ MARÍA AZNAR para que ceje en su empeño. Mucho menos le importa, a lo que se ve, tener en jaque desde hace meses a Caja Madrid, cuyos gestores deberían disfrutar del sosiego necesario para afrontar con las máximas garantías la delicada situación que la banca atraviesa en todo el mundo.
Esperanza Aguirre sin duda tiene claro que cualquier cosa merece la pena con tal de controlar los 83.000 millones de euros en depósitos de clientes que Caja Madrid custodia y que más que cuadruplican el presupuesto anual del gobierno autónomo. Para ella debe de ser muy difícil sustraerse a la tentación de manejar libremente ese dinero como mejor convenga a sus objetivos políticos, no sólo por lo que se refiere a la Comunidad, sino también en la carrera todavía inconclusa por el liderazgo de la derecha.
Probablemente, Mariano Rajoy tiene plena conciencia de ello y de ahí su soterrado alineamiento con ALBERTO RUIZ GALLARDÓN en la batalla por el control Caja Madrid, de cuyo desenlace puede depender en cierta medida el futuro político de ambos. El alcalde ha desempeñado hasta ahora a fondo el papel de espolón de proa contra las intenciones de Esperanza Aguirre y no parece dispuesto a ponerle las cosas fáciles a la que, a día de hoy, es todavía su mayor rival ante una eventual sucesión en la presidencia nacional del PP.
La factura de Blesa
El asalto a Caja Madrid tiene su origen en la falta de permeabilidad de su presidente a algunas de las indicaciones que se le han hecho en los últimos años desde la Comunidad. Hay dos hitos clave en esos desencuentros: la venta de la participación en Endesa con motivo de la opa de Acciona y Enel, que desencadenó el desalojo definitivo de MANUEL PIZARRO, y la negativa de MIGUEL BLESA a financiar la compra de costosísimos derechos deportivos para su explotación por Telemadrid.
Equilibrio roto
Esperanza Aguirre y su equipo han argumentado con reiteración que la reforma de los estatutos sólo busca actualizar la representación en los órganos de gobierno de Caja Madrid. Sin embargo, el peso de la Comunidad sube tanto que, si la presidenta se sale con la suya, podrá hacer y deshacer a su antojo. Eso entraña el peligro cierto de que se rompa el difícil juego de equilibrios imperante hasta ahora, con la consiguiente amenaza para la paz social.
Juez y parte
En el caso de que los tribunales dieran la razón a la Comunidad, la nueva situación de Caja Madrid encerraría al menos dos graves paradojas. La primera es que estaría controlada por el gobierno autónomo de un territorio de donde ya procede menos de la mitad de sus depósitos. Y la segunda se refiere a las funciones de supervisión, que quedarían en manos de la misma institución bajo cuyos auspicios se gestiona la caja y que, por ende, sería juez y parte a la vez.
Aunque pasarán meses antes de que la operación quede cerrada por completo, la salida de Acciona del capital de Endesa se visualizará hoy, cuando JOSÉ MANUEL ENTRECANALES sea relevado en la presidencia. Su retirada tiene lugar sólo año y medio después del inicio de una aventura muy provechosa para Acciona, que se lleva 1.800 millones de plusvalías y activos suficientes para meter la cuchara en el prometedor negocio de las energías renovables.
Sucederá a Entrecanales un hombre que conoce las tripas de Endesa, porque intervino en la opa que permitió a Enel y Acciona hacerse con su control en 2007 y porque desde entonces ha sido consejero de la eléctrica española. BORJA PRADO EULATE representa en la península Ibérica a Mediobanca, uno de los bancos de inversión habituales de Enel, y goza en consecuencia de la confianza de los italianos. Tiene por añadidura una envidiable agenda de contactos, que abarca desde la Casa Real hasta lo más florido del empresariado patrio.
Es hijo de MANUEL PRADO Y COLÓN DE CARVAJAL, antiguo intendente de don Juan Carlos, condenado a prisión en su día por apropiación indebida en el caso KIO, y desde joven ha mantenido estrechas relaciones con la Corona. Pertenece al círculo de amistades del príncipe Felipe y con la infanta Elena montó en 2004 una guardería en el exclusivo barrio de El Viso, por la que han pasado los cachorros de muchas familias bien de Madrid.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el mundo financiero (Lazard, Rothchild, Unión de Bancos Suizos…), lo que le ha permitido codearse con personajes de relumbrón, como EMILIO BOTÍN, LUIS DEL RIVERO o FLORENTINO PÉREZ. Una de las últimas operaciones en las que ha participado, a través de Mediobanca, es precisamente la venta a Gas Natural del 45% de Unión Fenosa en poder de ACS.
La relación con Florentino Pérez trasciende lo profesional, pues a ambos les une también la pasión por el fútbol. De hecho, en algunos medios se da por seguro que éste contaría con Borja Prado para su junta directiva si decide optar a la presidencia del Real Madrid.
Un cargo representativo
Convencer a SILVIO BERLUSCONI para que Borja Prado se ponga al frente de la filial española de Enel, que está controlada por el Estado italiano, no ha debido de ser muy difícil. El nuevo presidente de Endesa es consejero de Telecinco en nombre de Mediaset, el gigante de la comunicación propiedad del primer ministro. De todas formas, su papel será básicamente representativo: la gestiónn de Endesa recaerá sobre ANDREA BRENTAN, mano derecha del consejero delegado de Enel, FULVIO CONTI.
El asalto a Iberdrola
Como vicepresidente de Lazard, primero, y como presidente de Mediobanca en España, después, Borja Prado ha asesorado a las grandes constructoras en prácticamente todas las operaciones llevadas a cabo por éstas en el sector eléctrico. La más controvertida fue, sin duda, la entrada de ACS en el capital de Iberdrola, tan mal recibida por el equipo de IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, que aún hoy se niega a hacerle al grupo de Florentino Pérez un hueco en la cúpula de su empresa.
Y ganadero por vía materna
Además de frecuentar las gradas del Bernabéu, Borja Prado es muy conocido en los ambientes taurinos, no sólo por su condición de aficionado, sino porque tiene intereses en la ganadería brava. Su madre, PALOMA EULATE, primera esposa de Manuel Prado, adquirió en 1979 el hierro Torrealta, cuya representación asumió el nuevo presidente de Endesa. Borja Prado es, por ello, un habitual en los tendidos durante las grandes ferias.
La inminencia de la crucial campaña de verano, que suele condicionar los resultados anuales de las compañías aéreas, ha provocado ya movimientos en algunas de ellas. Spanair, todavía en manos del consorcio escandinavo SAS, y Air Europa, controlada por JUAN JOSÉ HIDALGO, acaban de alcanzar un acuerdo de código compartido que se aplicará sobre 13 rutas domésticas a partir del 29 de marzo. Vueling y Clickair, como paso previo a la próxima fusión de ambas, también han estrechado su colaboración con la venta cruzada de billetes desde las páginas corporativas de ambas en la Red.
Los directivos de estas dos aerolíneas de bajo coste, con JOSEP PIQUÉ y ÁLEX CRUZ a la cabeza, tienen prisa por rematar el proceso en el que se hayan inmersas y que dará lugar, allá por el mes de junio, a la nueva Vueling. Para llegar en las mejores condiciones al matrimonio, Clickair se ha sometido a una drástica cura de adelgazamiento, en la que pretende dejarse cuatro de sus veintiuna aeronaves, con el fin de evitar la sobrecapacidad que en caso contrario podría aquejarle. Vueling, que aportará a la fusión otras diecisiete, hizo lo mismo el año pasado.
Este tipo de recortes son esenciales según los analistas, habida cuenta la progresiva caída del número de pasajeros, que en Europa fue del 6% durante el mes de enero. A pesar de ello, la aviación comercial, en general, no ha hecho todavía el correspondiente ajuste de sus flotas, cuya dimensión es ahora similar a la del primer semestre de 2007, cuando la crisis no se había mostrado con su actual crudeza. En Estados Unidos sí se han dado notables pasos adelante y por eso su situación es algo mejor, gracias también a que allí el abaratamiento del crudo ha empezado a notarse antes.
Además de por pura racionalidad, las medidas que están adoptando ya Vueling y Clickair obedecen a su deseo de tomar ventaja en un mercado que se pondrá al rojo vivo el día en que Spanair sea definitivamente catalana. Tanto Spanair como la nueva Vueling aspiran al liderazgo en el aeropuerto de El Prat y, aunque operen en segmentos distintos, eso promete una dura competencia.
Gestión y nombre
El traspaso de Spanair a un grupo de empresarios catalanes apoyado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat está previsto que se materialice a lo largo de esta primavera. Sin embargo, la gestión operativa seguirá a cargo de SAS, que retendrá un 20% del capital de su filial. En los últimos días se ha abierto un debate sobre la denominación de la aerolínea, poco acorde con su futuro carácter catalán, aunque entre los compradores hay partidarios de mantener y rentabilizar la actual marca.
Opa sí, opa no
Una de las incógnitas pendientes de despejar de la fusión de Vueling y Clickair es si Iberia, que poseerá el 45% de la sociedad resultante, se verá obligada a lanzar una opa sobre el conjunto del capital. La compañía española de bandera ha solicitado la pertinente dispensa a la CNMV, pero aún no ha recibido respuesta. Iberia y Nefinsa son los únicos accionistas de Clickair que mantendrán sus participaciones, tras la espantada de Iberostar, Cobra y Quercus.
Dos conocidos grupos hoteleros andan a trompazos desde hace casi seis años y no hay signo alguno que permita predecir que pronto vayan a hacer las paces. Las hostilidades se desataron cuando Hesperia lanzó en 2003 una opa hostil sobre el 26,1% de NH con el propósito de convertirse en el primer accionista de esta cadena. La operación fue un fracaso, pues sólo el 4,58% del capital cambió de manos; pero los dueños de Hesperia no se arredraron, convencidos de que el tiempo acabaría por darles otra oportunidad. A mediados de 2006, con el apoyo financiero del Santander, alcanzaron el objetivo perseguido, aunque hoy por hoy su influencia en la gestión de NH es nula. Tienen enfrente al equipo directivo, que desconfía de sus intenciones y se niega a hacerles hueco en el consejo, situación que recuerda inevitablemente a la que protagonizan ACS e Iberdrola en el sector eléctrico.
Quien más empeño ha puesto siempre para meter la cabeza en NH ha sido el presidente de Hesperia, JOSÉ ANTONIO CASTRO, un empresario de origen gallego afincado en Barcelona, con importantes intereses en el negocio de la construcción. Su obstinación le ha costado serios enfrentamientos con algunos socios, entre ellos JAUME SAGUÉ y MELCHOR OLIVELLA, temerosos de que ese camino sólo pueda depararles disgustos. El coste medio del paquete de Hesperia en NH ronda los 13 euros, y ahora las acciones valen en Bolsa alrededor de dos. Además, para financiar la compra, hubo que contraer una deuda superior a los 200 millones, que desde la semana pasada ya no tiene como garantía los mismos títulos de NH, sino diversos inmuebles propiedad de Hesperia.
Este grupo cerró 2007 en número rojos por culpa de la provisión de 55 millones que se vio obligado a hacer para cubrir la depreciación de su inversión en NH. Las cosas se le han complicado como consecuencia de la decisión de su rival, pendiente de la preceptiva autorización de la junta general, de suprimir el dividendo correspondiente a 2008. Hesperia cobró por tal concepto 9,8 millones con cargo al ejercicio anterior.
Contactos fallidos
Antes del primer intento de abordaje, directivos de las dos cadenas sopesaron las posibilidades de un acuerdo. El consejero delegado de Hesperia, JAVIER ILLA, que trabajó 14 años para NH, jugó un papel muy activo en aquellas conversaciones, que se arruinaron por diferencias de valoración y de modelo de negocio. En NH tampoco gustaba que, por el volumen de su participación en Hesperia, Castro se convirtiera en el principal accionista individual de la sociedad resultante de una eventual fusión.
Un ciclo peor
El mayor detractor de un entendimiento con Hesperia es el presidente de NH, GABRIELE BURGIO, partidario de que cada uno compita por su cuenta. No obstante, las cosas han cambiado mucho por culpa de la recesión económica, cuyos efectos han cogido de lleno al sector hotelero. Aunque sus ingresos aumentaron un 1,8%, NH se vio obligada a desinvertir el año pasado en cuatro hoteles y tiene además un elemento de riesgo en la actual coyuntura: la inmobiliaria Sotogrande.
La paradoja de Habitat
NH no es la única fuente de disgustos para José Antonio Castro, pues figura entre los accionistas minoritarios que reclutó el presidente de Habitat, BRUNO FIGUERAS, cuando emprendió la compra de Ferrovial Inmobiliaria. Habitat, incapaz de digerir la operación en medio de la crisis, está hoy en suspensión de pagos, y Castro anda en pleitos con Figueras, a quien acusa de haberle hecho perder mucho dinero, lo mismo que le reprochan a él Sagué y Olivella.
