Da la impresión de que el consejo de Repsol celebrado esta semana ha sido para ANTONIO BRUFAU un auténtico paseo militar. El presidente de la petrolera logró que Sacyr comulgara con la rueda de molino de la rebaja del dividendo de 2009 e hizo caso omiso al deseo de su primer accionista de tener un sillón más en el principal órgano de gobierno de Repsol. Pero eso no tiene por qué significar que su conflicto con LUIS DEL RIVERO sea ya “agua pasada”, como Brufau aseguró en público ayer.
El máximo responsable de Sacyr ha tenido que envainarse su pretensión de que Repsol repitiera dividendo en atención a quienes le habían pedido que no siguiera tensando la cuerda. Un momento como el actual, en que el foco está puesto sobre España por la crisis económica y la presidencia semestral de la UE, no es el mejor para insistir en particulares batallas corporativas. Ahora bien, Brufau se ha salido con la suya de una manera tan clamorosa que probablemente Del Rivero cuente los días que le faltan para tener la oportunidad de tomarse una cumplida revancha.
Hace tiempo que la incompatibilidad entre ambos ha llegado a flor de piel y este tipo de conflictos epidérmicos raramente tienen buen arreglo. Lo más que puede ocurrir es que el presidente de Sacyr se avenga a guardar durante una temporada las apariencias. Que eche pelillos a la mar y renuncie a tener en la gestión más influencia de la que ahora se le concede, es altamente improbable. Al fin y al cabo, a la constructora le pertenece un 20% de los frutos que Repsol da, pero también debe pechar en igual proporción con los esfuerzos que el desarrollo de la compañía demanda.
Quizás por ello, la moneda de cambio de Brufau para que Del Rivero no se sienta insufriblemente mal tratado ha sido la promesa –bastante vaga, por cierto– de revisar el plan estratégico. No ya para proceder a la venta de activos, sino para frenar nuevas inversiones que, según como se financien, podrían diluir la participación de Sacyr u obligarla a ir con la lengua fuera.
Pura táctica
De hecho, una de las versiones que han circulado es que, inicialmente, la oposición de Luis del Rivero a la rebaja del dividendo tenía carácter preventivo y que con ella, en realidad, pretendía sobre todo dar un aviso para navegantes. Según esa versión, lo que más temía Sacyr es que Brufau propusiera a corto plazo una ampliación de capital con el objetivo de sufragar su política de inversiones, ante la imposibilidad de vender activos como YPF en las condiciones deseadas.
Las secuelas
La situación, sin embargo, se fue encanallando poco a poco y derivó en una auténtica batalla campal librada no tanto en los despachos como en los medios. Pese a la tregua actual, el enfrentamiento ha dejado heridas difíciles de sanar, por más eficaz que sea el bálsamo del tiempo. De ahí que, parafraseando a Brufau, las desavenencias en Repsol no sean “agua pasada” sino estancada, y el agua estancada, tarde o temprano, se pudre.
El que resiste, gana
Según todos los indicios, la junta de accionista prevista para el mes de mayo no será la última de Brufau, porque cuando se celebre no habrá concluido aún la presidencia española de la UE. Y, a partir de entonces, todo lo que sea diferir el relevo en la cúspide de Repsol juega claramente a favor de su actual presidente. Si se producirá en la siguiente junta, la de 2011, como algunos han sugerido, es hoy por hoy impredecible. Todavía falta una eternidad para eso.
Hasta ahora había preferido ver los toros desde la barrera, pero parece que LEOPOLDO RODÉS ha decidido saltar finalmente al ruedo judicial en defensa de su inversión en Habitat, la inmobiliaria controlada por BRUNO FIGUERAS y JOSEP SUÑOL que en noviembre de 2008 protagonizó la segunda mayor suspensión de pagos de la historia de España, sólo superada por la de Martinsa-Fadesa.
Rodés, fundador de Media Planning, fue uno de los cinco socios que Figueras captó deprisa y corriendo hace tres años para que le ayudaran a comprar la división inmobiliaria de Ferrovial por la friolera de 2.200 millones de euros, lo que se convirtió en una lastre insoportable para Habitat cuando la crisis del ladrillo se desencadenó y la pilló de lleno.
Entre esos cinco socios pusieron sobre la mesa un total de 150 millones de euros, convencidos de que le sacarían un buen rendimiento, pues cuando se cerró la operación, en diciembre de 2006, sólo los más iniciados eran conscientes de que se estaba fraguando el derrumbamiento del sector inmobiliario.
Al estallar la burbuja, las cañas se tornaron lanzas y algunos de los que se habían frotado las manos ante tan prometedor negocio decidieron reclamarle a Figueras el dinero que habían soltado para la operación, primero por las buenas y luego ante los tribunales, con el apoyo de una cohorte de abogados.
Los accionistas más batalladores han sido JOSÉ ANTONIO CASTRO, dueño de la cadena de hoteles Hesperia, y DOLORES ORTEGA, sobrina del propietario de Inditex, que acudieron de inmediato a la vía penal, aunque con escaso éxito de momento. El jurista barcelonés EMILIO CUATRECASAS, una de las grandes fortunas de España, siguió luego sus pasos.
Transcurridos catorce meses desde que Habitat entró en concurso de acreedores, Rodés ha hecho pública su intención de demandar por daños y perjuicios, aparte de a Figueras, a Nmas 1, el banco de inversión que en su día asesoró la adquisición de Ferrovial Inmobiliaria.
Consejero de Ferrovial
Esa demanda tiene especial relevancia porque el presidente de Nmas 1 es SANTIAGO EGUIDAZU, que también reúne desde hace tiempo la condición de vocal independiente del consejo de administración del grupo Ferrovial. Según Rodés, Nmas 1 elaboró el documento que llevaba por título Proyecto Lander, utilizado como base para negociar los términos de la operación y a cambio del cual percibió la nada despreciable cifra de 16 millones de euros.
Un pronóstico cumplido
Se da la circunstancia, además, de que Eguidazu era uno de los expertos que sí previó con cierta antelación la hecatombe inmobiliaria cuyas consecuencias todavía estamos padeciendo en España. En julio de 2006 (es decir, cinco meses antes del acuerdo entre Habitat y Ferrovial), afirmó públicamente que la situación de la vivienda, todavía en subida libre, era insostenible, razón por la que –dijo– el mercado “caerá y se saneará”.
La sombra de la sospecha
Todo ello ya fue utilizado por los trabajadores de Habitat para argumentar el supuesto carácter fraudulento de la venta de la división inmobiliaria de Ferrovial, con motivo de la presentación, durante la primavera de 2008, del expediente de regulación de empleo que dio con los huesos de varios centenares de ellos en la calle. La opinión más extendida entre los cinco socios ocasionales de Figueras y Suñol, aún hoy, sigue siendo también ésa.
Si supera el trámite parlamentario, la propuesta socialista de prohibir la limitación de los derechos de voto acabará con una práctica de la que se ha hecho uso y abuso en algunas sociedades anónimas españolas. Esa limitación fue autorizada en su momento con el propósito de proteger a los minoritarios, pero con frecuencia sólo ha servido para que los gestores de las compañías acoten la capacidad de influencia de accionistas no deseados. Como consecuencia de ello y del despliegue de otros mecanismos de defensa, no son raros los casos en que el poder gerencial prevalece sobre el poder de la propiedad, lo que en pura lógica capitalista no deja de ser chocante.
Sólo así se entienden las dificultades de FLORENTINO PÉREZ, los ALBERTOS y la familia MARCH, principales socios de ACS, para hacer valer sus derechos políticos en Iberdrola, donde la constructora tiene alrededor de un 12%, incluidos los derivados. IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN lleva meses dándoles en las narices con las puertas del consejo, bajo el argumento –muy debilitado desde la venta de Unión Fenosa a Gas Natural– de que entre ambos grupos aún quedan ámbitos de competencia. Para mantener a raya a su primer accionista, el presidente de la eléctrica ha ido cegando poco a poco, mediante las pertinentes reformas estatutarias, todas las vías de acceso a los órganos de gobierno de Iberdrola.
Las reticencias de Sánchez Galán respecto a las intenciones de ACS son comparables a las que existen en Repsol sobre Sacyr Vallehermoso, otra de las empresas que aprovecharon el crédito fácil durante el boom del ladrillo para meter la cabeza en el prometedor negocio energético. ANTONIO BRUFAU, de momento, ha conseguido zafarse de las acometidas de LUIS DEL RIVERO para que mantenga el dividendo desprendiéndose de activos si fuera necesario, a lo que no es ajeno el hecho de que este, pese a ser titular de un 20% de la petrolera, sólo puede ejercer la mitad de sus derechos políticos. Sacyr, de todas formas, tiene tres consejeros en Repsol y puede apuntarse sus resultados por puesta en equivalencia, opción que ACS, muy a su pesar, tiene vedada con Iberdrola, al menos a día de hoy.
La supresión de las limitaciones de voto, caso de producirse finalmente, no sólo obligará a prestar más atención a los grandes accionistas, sino que además va a aumentar el valor de sus inversiones ante un eventual proceso de venta. Esta circunstancia no hay que perderla de vista cuando están sobre el escenario actores como ACS y Sacyr Vallehermoso, cuyo arraigo en el sector de la energía no es muy grande, aunque ambos periódicamente suelen hacer protestas de su vocación de permanencia. Cuando el cambio legal entre en vigor, para Florentino Pérez y Luis del Rivero será más fácil decir “si no me escucháis, me voy”.
Uno de los reyes del ladrillo en la época del boom ha anunciado su regreso al mercado español, del que salió hace ya un par de años. JOAQUÍN RIVERO renunció el martes a la presidencia de la inmobiliaria francesa Gecina, de la que controla un 16%. Esta decisión obedece, según él, al deseo de aprovechar las oportunidades que pueden abrirse en nuestro país ahora que “acaba un ciclo y empieza otro”. Pero todo apunta a que la relación con los restantes accionistas significativos se había vuelto insostenible y que su dimisión, supuestamente voluntaria, es la fórmula acordada para restituir la paz social en Gecina.
Los desencuentros entre Rivero y esos accionistas han sido muy importantes desde su acceso a la presidencia de la inmobiliaria francesa en noviembre de 2007. El nombramiento fue consecuencia del acuerdo por el que se retiró de Metrovacesa dejando el campo libre a la familia SANAHUJA, que aspiraba a hacerse con el control total de la compañía tras lanzar una opa sorpresa. En una segunda fase, Metrovacesa renunciaría a su 27% de Gecina a cambio de activos valorados en 1.800 millones, pero el canje nunca materializó porque, en febrero de 2009, Rivero utilizó sus poderes para abortarlo. La crisis estaba entonces en pleno apogeo y Metrovacesa había caído en manos de sus acreedores, entre los que se encontraba lo más florido de la banca nacional, con Santander, BBVA, Banesto y Caja Madrid a la cabeza.
Ninguno de ellos vio bien la ruptura unilateral del pacto y unieron su descontento al de Predica, la aseguradora de Crédit Agricole, que tiene un 8% en Gecina y recelaba desde hacía tiempo de algunas decisiones de Rivero. La más llamativa fue la compra del 49% de la inmobiliaria Bami a BAUTISTA SOLER, su socio de toda la vida y que además posee otro 16% en Gecina. La Asociación para la Defensa de los Accionistas Minoritarios (Adam) consideró fraudulenta esta operación por el “excesivo” precio que se había pagado (108 millones), teniendo en cuenta la mala situación del sector inmobiliario español.
Una china en el zapato
Rivero alegó en su defensa que la adquisición de Bami contó con informes favorables de tres bancos de inversión y otras tantas consultoras inmobiliarias. Sin embargo, eso no satisfizo a Adam, que está presidida por COLETTE NEUVILLE, cuyas frecuentes protestas contra la presencia de Sacyr Vallehermoso en Eiffage fueron un auténtico quebradero de cabeza para LUIS DEL RIVERO y a la postre contribuyeron a su salida de la tercera constructora francesa.
Enemigo íntimo
Tampoco se ha privado de criticar a Joaquín Rivero su antecesor en el cargo, ANTOINE JEANCOURT-GALIGNANI, que sigue siendo consejero y, según quienes le conocen, no ha digerido aún la pérdida de la presidencia de Gecina. Informaciones publicadas el año pasado en España acusaban abiertamente a Galignani de haber utilizado sus amplios contactos empresariales y políticos (entre otras cosas, estuvo al frente del Banco Suez y de la Bolsa de París) para crear un clima de opinión contrario a Rivero.
La opa evitada
La entrada de este en Gecina ya había sido objeto en su momento de una intensa polémica porque su participación, junto a la de Soler, supera el límite establecido en la legislación francesa para lanzar una opa. A ambos les costó convencer a las autoridades de que no pensaban actuar de forma concertada, aunque operaciones como la de Bami no han ayudado precisamente a disipar las sospechas.
Eulen, el primer grupo nacional de servicios a las empresas, con una facturación superior a los 1.300 millones de euros durante 2008, último ejercicio del que se conocen datos, viene siendo objeto de un peligroso tira y afloja entre dos
facciones, hasta ahora irreconciliables, de la familia fundadora. El patriarca, DAVID ÁLVAREZ DÍEZ, y dos de sus hijos, JESÚS DAVID y MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ MEZQUÍRIZ, están abiertamente enfrentados con los otros cinco, todos ellos miembros del consejo de administración y que en conjunto suman el 100% del capital de la compañía.
Las desavenencias se pusieron de manifiesto en enero del año pasado, cuando los descendientes de David Álvarez Díez, que pronto cumplirá 83 años, convocaron una reunión a sus espaldas para relevarlo, mientras él disfrutaba de unos días de descanso en el municipio leonés de Crémedes, de donde la familia es originaria. Sólo dos de los hermanos se desmarcaron de la operación, mientras los demás utilizan desde entonces los votos que les corresponden en el consejo para quebrar la resistencia de su padre a la jubilación.
Eso ha roto la paz social de Eulen, al menos circunstancialmente, y también la cohesión de una familia que otrora parecía unida a un proyecto que hoy emplea a más de 90.000 personas. Las cosas han llegado a tal punto que David Álvarez Díaz, pese a ser el propietario del 51% de las acciones, se ha visto en la obligación de acudir a la justicia para celebrar una junta general extraordinaria que sus cinco hijos rebeldes se negaban a convocar y que tendrá lugar finalmente el próximo 25 de febrero en Bilbao.
Haciendo valer su paquete mayoritario, David Álvarez Díaz pretende disolver el consejo e iniciar una etapa de transición que concluya con la salida de Eulen a Bolsa, a fin de obtener financiación para ampliar su presencia internacional, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, es improbable que, ante este panorama se queden de brazos cruzados aquellos de sus descendientes empeñados en tomar en poder.
Los orígenes
La raíz de este problema se remonta a 1986, año en que
falleció la primera esposa de David Álvarez Díaz. Este decidió distribuir a parte iguales entre sus siete hijos el 49% del capital de Eulen perteneciente a la madre y darles entrada a todos en el consejo de administración, que tiene nueve miembros en total. Mientras las cosas fueron bien, se tomaban las decisiones por consenso, pero de un tiempo a esta parte los cinco disidentes imponen su mayoría.
Victoria pírrica
La convocatoria de la junta extraordinaria del 25 de febrero por orden judicial representa todo un triunfo para David Álvarez Díaz, aunque también puede constituir un punto de no retorno en las relaciones entre padres e hijos. Ese día puede recuperar el control de la empresa que levantó, pero pagando a cambio el alto precio de perder –si no la ha perdido ya– a parte de su familia.
Cuestión de mentalidad
Las relaciones de David Álvarez Díaz son especialmente tensas con su hijo JUAN CARLOS, consejero delegado de Eulen y uno de los principales muñidores de la operación para jubilarlo. “Piensa que el éxito de la empresa es obra suya, y no de una labor de medio siglo, y que yo soy un tapón”, se ha quejado de él su padre en unas recientes declaraciones a Expansión. Se da la circunstancia de que Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, desde hace diez años, es también consejero del BBVA, al que llegó de la mano de FRANCISCO GONZÁLEZ.
Parece que hayan pasado siglos desde que los hermanos JAIME y JESÚS SALAZAR pusieron a SOS al borde del precipicio con sus oscuros manejos y, sin embargo, aún no hace ni siquiera un año que estalló el escándalo. En los últimos meses, las informaciones sobre el segundo grupo alimentario español, propietario de marcas tan conocidas como Koipe o Carbonell, ya no pertenecen al género de la crónica de tribunales, como en torno al verano ocurrió. Ahora, el foco está puesto en las gestiones de su nuevo equipo directivo, capitaneado por MARIANO PÉREZ CLAVER, cuyo objetivo es mantener a flote la compañía, que arrastra una deuda cercana a los 1.300 millones.
Poco después de las Navidades, SOS obtuvo un balón de oxígeno de sus acreedores, que se avinieron mayoritariamente a concederle una moratoria hasta el 15 de marzo, durante la cual no tiene que pagar capital, sino sólo intereses. Gracias a esta tregua, el grupo puede centrar todos sus esfuerzos en las desinversiones que la banca le ha exigido como paso previo a la refinanciación, imprescindible para garantizar a medio plazo la viabilidad de SOS.
El principal de los activos a la venta es la división arrocera, que representa el 12,9% de un mercado en el que las marcas blancas han ido ganando cuota progresivamente, a tal punto que hoy copan más del 67%. Ese negocio de SOS tiene importantes ramificaciones en Estados Unidos, Portugal y Holanda y, según algunos analistas, cualquier oferta por ella superior a los 200 millones de euros debería ser bien recibida.
De llevar a cabo la operación se encarga Credit Suisse, entidad que asesora toda la reestructuración emprendida por Pérez Claver, que es un hombre de Caja Madrid, cuya corporación financiera dirigió hasta tomar las riendas de SOS en mayo de 2009. La caja ahora presidida por RODRIGO RATO entró en el grupo hace 13 meses, poco antes de que se conocieran el desvío de parte de sus fondos a otras sociedades de los Salazar, que disfrutaban de amplios poderes en él al ser sus principales accionistas.
Hay candidatos
A la división arrocera de SOS no le faltan novios, aunque el más dispuesto a dar un paso adelante parece Ebro Puleva, líder del sector con un 19% de cuota de mercado y cuyo presidente, ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJA, ha hecho ya algún guiño al respecto. De todas formas, en el paquete no va incluida, al menos de momento, la participación del 55% en la portuguesa Saludaes, adquirida en 2000 por 20,45 millones y por la que podría estar interesada el socio local.
Otras desinversiones
La venta de la división arrocera, que aporta alrededor del 22% de la facturación total de SOS, se sumaría a la desinversión en el Proyecto Tierra para la modernización del olivar, la venta de salsas Louit, de los dátiles y de una almazara en Marruecos. Con esta poda, el equipo de Pérez Claver prevé ingresar unos 150 millones de euros, que se destinarían a atender sus compromisos financieros. El objetivo es reducir la deuda a la mitad en dos años.
Más dinero
A ese proceso hay que sumar la recapitalización de la compañía, para la que se procederá a una ampliación por importe de 200 millones. Cuando todo el saneamiento concluya, SOS será un grupo básicamente aceitero, con intereses sobre todo en España, Italia y Estados Unidos. Quizás por eso, ha empezado a ser visto como una buena inversión por sus competidores, entre ellos Hojiblanca, la mayor cooperativa andaluza y número uno mundial en aceite de oliva virgen.
La fusión de las dos grandes cajas gallegas, que con tanto ahínco promueve ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, está causando una quiebra no sólo política, sino también de opinión pública en la región. Como consecuencia de ella, se ha reavivado la antigua rivalidad entre el norte, territorio natural de Caixa Galicia, partidaria del acuerdo, y el sur, donde tiene su centro de operaciones Caixanova. Los responsables de esta última prefieren mantener la independencia y cuentan con el apoyo de buena parte de las fuerzas sociales de Vigo, como quedó evidenciado en la multitudinaria manifestación del martes.
Según los cálculos más fiables, participaron en ella unas 30.000 personas, cuya reacción recuerda la que a finales de 2002 tuvieron los cordobeses en defensa de su caja cuando MANUEL CHAVES, entonces presidente de la Junta de Andalucía, se empeñó en fusionar las seis entidades de la comunidad. El cura MIGUEL CASTILLEJO, a la sazón presidente de Cajasur, movió Roma con Santiago para arruinar ese proyecto y, al final, con el apoyo del Gobierno del PP, logró salirse con la suya. Ocho años después, la caja única andaluza ya no es ni siquiera un sueño, debido a la dificultad de la Junta para conciliar los muchos intereses en juego.
Que la manifestación de Vigo, por sí sola, sea capaz de ablandar a Núñez Feijóo parece altamente improbable, pero todo suma. Sin embargo, lo que sí tiene preocupada a la Xunta es el recurso contra la nueva ley regional de cajas aprobado en el último Consejo de Ministros. Mientras el Constitucional se pronuncia, el proceso de renovación de los órganos rectores de Caixa Galicia y Caixanova permanecerá suspendido y eso supone un serio obstáculo para la fusión, pues con su composición actual es difícil que esta prospere. Además, aunque el tribunal le diera la razón a Núñez Feijóo, el tiempo juega en su contra, toda vez que el plazo para solicitar ayudas del FROB termina en junio y resulta impensable que haya sentencia antes. La unión de Caixa Galicia y Caixanova requeriría del FROB unos 1.200 millones.
Lo que va de antes a ahora
Se explican así las prisas de Núñez Feijóo por sentarse con el Gobierno y evaluar las posibilidades de un acuerdo que permita la retirada del recurso. Por cierto que esa voluntad de entendimiento no se vio por parte alguna cuando el PP, una vez obtenido el respaldo del BNG, se negó a atender las razones del PSOE durante la tramitación de la nueva ley de cajas en el Parlamento gallego.
Intercambio epistolar
Chaves, ahora vicepresidente del Gobierno central, mostró su disposición a negociar en una carta enviada esta misma semana al presidente de la Xunta, siempre que se supriman los aspectos presuntamente inconstitucionales de la norma, y ayer reiteró que espera una solución rápida. Núñez Feijóo, por su parte, ha puesto como condición que Galicia no pierda influencia sobre sus cajas. En Madrid, donde se planteó una situación similar, ESPERANZA AGUIRRE dio marcha atrás en lo que tenía que dar y las aguas volvieron a su cauce.
Lo mío es mío y lo tuyo también
La defensa de la independencia de Caixanova tiene algo de paradójico, pues la institución es fruto de la fusión, hace diez años, de las cajas de Pontenvedra, Orense y Vigo, que fue la que salió ganando. Su director general, JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO, se convirtió en primer ejecutivo de Caixanova y no tardó en quitarse de en medio a los dos colegas que podían haberle hecho sombra. CARLOS VELASCO fue invitado a jubilarse y a LUIS CARRERA le asignó un papel muy secundario.
Cuando las aguas de Repsol parecían algo más remansadas, un informe de Citi difundido esta semana ha vuelto a agitarlas. Los analistas del banco estadounidense urgían a la petrolera española a replantearse su plan estratégico 2008-2012 para adaptarlo a las actuales circunstancias. Es decir, lo mismo que llevan cierto tiempo reclamando sus dos mayores accionistas, Sacyr y la Caixa.
Repsol reaccionó de inmediato anunciado una próxima actualización del plan, sobre el que, lógicamente, el consejo de administración tendrá siempre la última palabra. Aunque ese tipo de revisiones son habituales según fuentes oficiales, el presidente había mostrado poca disposición a embarcarse ahora en ellas. De hecho, a finales del año pasado, en un encuentro con periodistas en Brasil, ANTONIO BRUFAU llegó a decir tajantemente que el plan era “la Biblia”.
Desde entonces, ha jarreado mucha agua sobre Repsol, sobre todo por las reticencias de LUIS DEL RIVERO a aceptar un recorte del dividendo correspondiente a 2009 coherente con la evolución de los resultados. En los nueve primeros meses de ese ejercicio, los beneficios de la compañía se redujeron más de un 55% y no existen indicios de que el cierre a 31 de diciembre sea mucho mejor. A la mayoría de los gigantes del petróleo (Exxon Mobil, Chevron, BP…) les está ocurriendo lo mismo.
Una de las demandas de Sacyr para que los accionistas no tengan que encajar directamente este golpe es que Repsol se deshaga de activos y suspenda algunas de sus inversiones. Alternativa que Brufau, al menos hasta ahora, no veía con buenos ojos porque supondría rectificar el plan estratégico vigente.
El informe de Citi, sin embargo, le ha puesto en bandeja la posibilidad de ceder ante su socio principal sin necesidad de reconocerlo abiertamente. Ese gesto sería del gusto de la Caixa, no sólo porque también entiende que buena parte del plan ya está obsoleto, sino porque ISIDRE FAINÉ se siente muy incómodo en una Repsol mal avenida.
A tres bandas
Las conversaciones entre las tres partes son constantes en las últimas semanas y muy especialmente desde el consejo del 15 de enero, convocado por Brufau para que respaldara su gestión y al que los representantes de Sacyr no se presentaron. Aquello marcó sin duda un punto de inflexión en el pulso entre Brufau y Del Rivero, pero hay cada vez más dudas de que fuera también un punto de no retorno.
Toque de atención
Tan mal se pusieron las cosas que el ministro de Industria incluso llegó a ofrecerse como mediador. La propuesta de MIGUEL SEBASTIÁN, de entrada, cayó aparentemente en saco roto, pero todos los implicados en el conflicto tomaron buena nota de hasta qué punto los acontecimientos en Repsol eran causa de preocupación para el Gobierno. Un Gobierno al que no le hace ni pizca de gracia que la primera petrolera española esté en boca de todos por sus guerras internas en pleno semestre de presidencia de la UE.
Un consejo esperado
La piedra de toque de la situación de Repsol será la próxima reunión del consejo de administración, que debe avanzar en la fijación del dividendo complementario. En el celebrado el 25 de noviembre, Brufau se salió con la suya al lograr que la entrega a cuenta fuera un 19% inferior a la de un año antes. Sin embargo, el montante del dividendo definitivo se fió al resultado que finalmente obtuviera Repsol en 2009 y a las desinversiones que entre tanto pudieran hacerse.
Si hace once meses el Gobierno impugnó ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de cajas de ahorros de Madrid, ahora le ha tocado el turno a la gallega. Entonces, ESPERANZA AGUIRRE había decidido tirar por la calle de en medio para fulminar a MIGUEL BLESA y socavar el poder de ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN en Caja Madrid. Ambos habían formado tándem con el exclusivo propósito de impedir que la presidenta de la Comunidad pudiera hacer de su capa un sayo en la cuarta entidad financiera de España. Y Aguirre, al ver que esa alianza le complicaba el asalto a Caja Madrid, no tuvo empacho en utilizar la mayoría absoluta de que disfruta en el Parlamento regional para intentar salirse con la suya. El recurso del Gobierno le obligó a dar marcha atrás en algunos aspectos poco defendibles de la norma que tan interesadamente se había encargado de promover. Pero, a la postre, eso no impidió que Blesa se viera obligado a dejar su cargo, si bien Aguirre ha tenido que conformarse con el premio de consolación de que al frente de Caja Madrid esté RODRIGO RATO, que no era su candidato.
La historia se repite en Galicia, donde ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO tampoco se ha parado en mientes a la hora de allanar el camino para la controvertida fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que tanto desea. En esta última institución, las intenciones del presidente de la Xunta han despertado fuertes resistencias y, al objeto de neutralizarlas, Núñez Feijóo ha echado mano de los mecanismos legales que tenía a su alcance. Con el curioso apoyo, por cierto, de los nacionalistas del BNG. Esa alcaldada se ha cometido con tal descaro que el Gobierno no ha tenido más remedio que tomar cartas en el asunto, a sabiendas incluso de que, como en el caso de Madrid, va a ser difícil abortar el proyecto. Si el precedente se repite, Feijóo intentará desbastar su ley de cajas para dejarla un poco más presentable. Pero resulta altamente improbable que renuncie, a las primeras de cambio, a una fusión en la que está empeñando buena parte de su capital político.
Instrumentalización
La decisión del Gobierno está siendo presentada como una agresión a la autonomía de Galicia, precisamente por quienes creen en ella en proporción directa a su cuota de poder. Núñez Feijóo habló el viernes de agravios comparativos y Cristóbal Montoro insistió ayer en la misma idea al negar legitimidad al Gobierno para interponer el recurso, tras haber dado vía libre a otras fusiones intrarregionales.
Gestiones inútiles
Para evitar el choque de trenes, el presidente de la Xunta intentó ganarse la complicidad de dos miembros del Gobierno la pasada semana, pero no le acompañó el éxito. Habló con JOSÉ BLANCO, vicesecretario general del PSOE, ministro de Fomento y gallego como él, y con MANUEL CHAVES, vicepresidente tercero para asuntos autonómicos. Este último comunicó ayer por carta a Núñez Feijóo que la posibilidad de negociar sigue abierta, aunque el recurso de inconstitucionalidad sea presentado “en cuestión de horas”.
Demasiados detractores
Hay que tener en cuenta que uno de los grandes enemigos de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova es el alcalde de Vigo, el socialista ABEL CABALLERO. También está en contra el gobernador del Banco de España, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, que no acaba de encontrar otras razones que las puramente políticas para una operación que requerirá dinero de todos los contribuyentes, pues ya se ha anunciado que el FROB deberá aportar unos 1.200 millones.
Mientras que Habitat continúa luchando a brazo partido por sobrevivir, parece que Don Piso, otra vez en manos de sus fundadores, puede levantar cabeza. LUIS PÉREZ y EMILIANO BERMÚDEZ compraron el año pasado, en pública subasta, la cadena que habían creado en los ochenta. Compitieron con ellos JOSÉ ANTONIO GALDEANO, propietario de Expofinques, y otros tres interesados más: Creditservices, Adquisiciones Grupo 4 y Carquisa 70. La operación se cerró en 810.000 euros, aunque en la puja celebrada el 14 de julio en los juzgados de lo mercantil de Barcelona hubo quien ofreció sólo 6.000.
Desde entonces, sus nuevos propietarios están intentando reflotar la empresa y acaban de recibir un notable espaldarazo con el encargo que les han hecho varias entidades, la mayoría financieras. Don Piso, según se ha anunciado esta semana, va a gestionar la recolocación de 8.500 viviendas procedentes de embargos por impago de hipotecas o de créditos a los promotores. Dar salida a estos activos es imprescindible para los bancos y cajas de ahorros, que pueden recuperar así, al menos en parte, las fuertes provisiones realizadas como inevitable respuesta al crecimiento de la morosidad. En 2009, de hecho, vendieron más que las grandes inmobiliarias, bien que proporcionando, en general, a los compradores unas facilidades que seguían negando a los demás, sobre todo a la hora de conseguir préstamos.
Precisamente, el éxito del mandato que han dado a Don Piso, entre otros, el Santander, Banco Pastor y Realia va a depender de que el dinero fluya, cosa que está por ver a tenor de la persistente estrechez del mercado. En cualquier caso, se trata de una buena noticia para una cadena que, desde octubre de 2007, como consecuencia de la crisis del ladrillo, ha estado sometida a una continua cura de adelgazamiento. Ese proceso se ha llevado por delante a decenas de oficinas y a centenares de trabajadores de una de las marcas más populares en el ámbito de la intermediación inmobiliaria.
Inoportuna y cara
Don Piso perteneció a Ferrovial desde 2001 hasta que el grupo de la familia DEL PINO traspasó su división inmobiliaria a Habitat a finales de 2006, justo antes de que la burbuja se pinchara. A BRUNO FIGUERAS y sus socios, aquella adquisición les costó la friolera de 2.200 millones de euros. Y ha sido en estos tres años una inagotable fuente de problemas, incluso entre ellos. Habitat tuvo que solicitar concurso de acreedores en noviembre de 2008, con el segundo pasivo más alto de la historia de España después de Martinsa-Fadesa.
Futuro complicado
Las prolongadas negociaciones para impedir la liquidación de Habitat se han convertido en un auténtico calvario, dada la resistencia de sus acreedores a aceptar el sacrificio que deberían hacer. El último plan de pagos presentado y aceptado por los juzgados de lo mercantil de Barcelona prevé quitas de hasta el 75% de la deuda y nueve años de plazo para saldar el resto. Ambos parámetros están muy por encima de lo establecido por la ley concursal.
Más de mil millones de desfase
Figueras tiene hasta el próximo 23 de marzo para lograr que la mitad o más de los bancos se avengan a respetar las condiciones del plan de pagos, sin el que probablemente se vería obligado a echar el cierre a Habitat. Los administradores concursales han fijado en 1.059 millones de euros el desfase patrimonial de la inmobiliaria, pues debe 2.840 millones y el valor de sus activos ronda los 1.780.
