Desoyendo el clamor de decenas de miles de personas que ese mismo día se habían echado a la calle, MARIANO RAJOY dijo el domingo en la clausura del congreso del PP que la reforma laboral es “justa, buena y necesaria”. Y lo dijo a pesar de que flexibiliza sustancialmente el despido y reduce las compensaciones previstas para quienes pierdan sus puestos de trabajo.
En virtud de ella, las empresas disfrutan ahora de mejores condiciones para continuar su ajuste mediante la destrucción de empleo, como si los dos millones largos que se han evaporado durante los últimos cuatro años no demostraran suficientemente que el marco legal anterior no representaba ningún obstáculo insalvable.
A esos dos millones y pico de empleos perdidos se sumarán pronto muchos más, debido a la supresión de la autorización administrativa de los ERE y al abaratamiento del despido. ¿O alguien puede creerse que los empresarios van a desaprovechar la oportunidad que la reforma les brinda para aligerar sus plantillas a buen precio?
A la hora de hacerlo ni siquiera será necesario que hayan incurrido o prevean pérdidas, como exigía la normativa impuesta en 2010 por JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO. Bastará con encadenar tres trimestres de descensos en las ventas, circunstancia a la que –dada la profundidad y persistencia de la crisis– escapan hoy en España muy pocas empresas.
Las nuevas facilidades para el despido, por otra parte, inducirán un perverso efecto de sustitución, al coincidir con potentes incentivos a la contratación, sobre todo de jóvenes en paro. Esa coincidencia constituye un estímulo para que los empresarios reemplacen ventajosamente mano de obra cara por mano de obra barata, al menos en los puestos que no requieren demasiada cualificación.
Además, si optan por conservar a sus trabajadores más veteranos, siempre les quedará la posibilidad de rebajarles el sueldo, pues la reforma de Rajoy permite hacerlo unilateralmente con sólo invocar la existencia de razones económicas, lo que conllevará un empobrecimiento general de los ciudadanos, de consecuencias parecidas a las que se derivan de una devaluación.
Para regocijo del ala más liberal del PP, capitaneada por ESPERANZA AGUIRRE, la reforma introduce también cambios de calado en la negociación colectiva, que disminuyen notablemente la capacidad de influencia de los sindicatos y que en realidad no son más que una patada del Gobierno a CCOO y UGT en el trasero de todos los trabajadores.
El Banco de España se ha despachado a gusto con los antiguos responsables de la CAM, que fue intervenida en julio y dentro de poco pasará a manos del Sabadell. En el expediente abierto contra ellos se incluyen acusaciones muy graves, como la alteración de la realidad patrimonial, el encubrimiento de la morosidad y la negativa a cumplir el coeficiente de solvencia. El salvamento de la CAM ha requerido ya más de 11.000 millones de euros, facilitados casi a partes iguales por el Estado (a través del FROB) y por el Fondo de Garantía de Depósitos, aunque su nuevo propietario no descarta que el agujero sea aún mayor.
A los altos directivos, consejeros e incluso miembros de la comisión de control afectados por el expediente no les ha beneficiado el escándalo que se montó cuando, tras la intervención, salieron a la luz las retribuciones de la cúpula de la caja. La directora general, MARÍA DOLORES AMORÓS, tenía un salario bruto de 594.000 euros y, poco antes de que el Banco de España se hiciera cargo de la CAM, había pactado una pensión vitalicia anual de 370.000. Su antecesor en el cargo, ROBERTO LÓPEZ ABAD, que se prejubiló a raíz del fracaso de la fusión con Cajastur, se llevó la friolera de 5,6 millones de euros.
Desde entonces, los sueldos y las condiciones de salida en las cajas han sido objeto de un especial escrutinio por parte de la opinión pública, que asistiría luego a abusos todavía mayores, como los cometidos en Novacaixagalicia. Pese a la delicada situación de la entidad, que a día de hoy sigue sin tener despejado su futuro, sólo cuatro directivos (JOSÉ LUIS PEGO, GREGORIO GORRIARÁN, ÓSCAR RODRÍGUEZ y JAVIER GARCÍA DE PAREDES) se embolsaron alrededor de 20 millones en concepto de jubilación, si bien el último de ellos renunció a la mayor parte.
Por todo eso, el Gobierno decidió hace diez días poner un tope a las retribuciones de los bancos y cajas de ahorros que reciben fondos públicos, y el viernes pasado suprimió las indemnizaciones para los directivos que sean apartados de sus cargos como consecuencia de un expediente disciplinario. Lo que nadie ha explicado es por qué esas medidas no se extienden a las demás empresas que son perceptoras de ayudas del Estado.
Justo un mes después de cumplirse el segundo aniversario de su sonada declaración de quiebra, se ha conocido el acuerdo de Japan Airlines (JAL) con British Airways (BA) para explotar conjuntamente en el futuro las rutas entre Japón y Europa. Su puesta en práctica sólo está pendiente ahora del visto bueno de las respectivas autoridades de la competencia, a las que ambas compañías han comunicado ya oficialmente los planes que se proponen llevar a cabo.
La alianza con BA supone un paso adelante más hacia la normalización de JAL, el principal grupo de aviación comercial de Asia, que salió de la situación legal de bancarrota a principios de 2011, tras deshacerse de la parte menos rentable de su negocio y eliminar más de 15.000 puestos de trabajo. Como consecuencia de esa drástica cura de adelgazamiento, la aerolínea japonesa ha vuelto a los números negros, al anotarse un beneficio equivalente a 1.075 millones de euros durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, que concluye el 31 de marzo.
El interés de BA por JAL no es nuevo: el consejero delegado británico, WILLIE WALSH, ya expresó el año pasado su deseo de llegar a algún tipo de entendimiento, pero la idea recibió una tibia acogida de Iberia, con la que BA está asociada en IAG. En aquel momento, después de arduas negociaciones, este holding se encontraba en pleno proceso de constitución y requería especiales esfuerzos, pues había que aunar culturas y objetivos empresariales muy diversos.
Finalmente, BA ha optado por ofrecer a JAL una alianza operativa bilateral, de igual tenor de la que los británicos tienen, por ejemplo, con la propia Iberia para los vuelos Madrid-Londres y Barcelona-Londres. Trenzar este tipo de alianzas operativas entra dentro del ámbito de independencia de los dos socios de IAG.
La plena normalización de JAL llegará cuando sus acciones vuelvan a cotizar en la Bolsa de Tokio, circunstancia prevista para el mes próximo. Contará entonces con nuevo presidente, YOSHIHARU UIEKI, un histórico directivo de JAL, actual responsable de planificación de rutas, que antes fue piloto, lo mismo que Walsh.
El saneamiento de JAL, que se vio abocada a la quiebra en 2010 en un contexto de fuerte retroceso de la demanda y guerra de precios, se ha conseguido a base de cuantiosos fondos públicos. Desde que la compañía fue privatizada en la década de los ochenta, el Estado ha tenido que salir en su ayuda tres veces.
La reforma del sistema financiero español aprobada el viernes por el Consejo de Ministros –tercera desde finales de 2009– ha provocado el primer encontronazo serio entre una de las entidades afectadas y el Gobierno. Con la particularidad de que sus protagonistas son dos viejos conocidos: el presidente de Bankia, RODRIGO RATO, y el titular de Economía, LUIS DE GUINDOS, que en tiempos de AZNAR trabajó a las órdenes de aquel.
La reforma eleva sustancialmente las provisiones destinadas a cubrir el riesgo inmobiliario, con el objetivo de proceder a un saneamiento rápido y supuestamente definitivo de los activos vinculados al ladrillo. El coste de esta limpieza de los balances rondará la nada despreciable cifra de 50.000 millones de euros, distribuidos de forma desigual en función de la basura que cada banco o caja de ahorros tenga escondida debajo de la alfombra.
A Bankia y a su matriz BFA les corresponden en el reparto no menos de 7.000 millones, cifra que queda lejos de sus posibilidades reunir en un solo año, como quiere el Gobierno, salvo que se embarque en alguna operación corporativa. Una de ellas sería la fusión con otra entidad de gran tamaño, pero a ninguno de los candidatos (Santander, BBVA y CaixaBank) les seduce la idea, porque un plato tan pesado se puede indigestar.
Como Rato también prefiere evitar que alguien le dé el abrazo del oso y necesita ganar tiempo, ha anunciado públicamente su propósito de pujar por Unnim, que está pendiente de adjudicación por el FROB. Pero a Guindos esa opción le desagrada y ha hecho saber que no piensa autorizar la operación, amparándose en que Bankia ha recibido ayudas públicas (4.500 millones de euros) y sería mal visto en el mercado.
Lo que no se entiende entonces es por qué el Gobierno ha permitido que el Banco de España abra la puerta que ahora Rato quiere traspasar y que permanecía cerrada a cal y canto hasta hace sólo unos días. Salvo que sea otra decisión poco meditada de MARIANO RAJOY, que tanto se quejaba desde la oposición de las “improvisaciones” de ZAPATERO.
Primera. El ministro de Economía, LUIS DE GUINDOS, ha señalado como objetivo fundamental de su reforma que las entidades financieras vuelvan a estar en disposición de facilitar créditos. Sin embargo, hay dos circunstancias para dudar de que vuelva a fluir el dinero: la crisis del euro, que mantiene cerrados los mercados mayoristas, y la creciente tasa de paro. Mientras el panorama no se despeje es difícil que aumente la demanda de préstamos y que los propios bancos se animen a prestar.
Segunda. Las nuevas provisiones para los activos inmobiliarios pueden facilitar una bajada de sus precios, lo que no significa necesariamente que vayan a venderse, pues para eso hace falta que los potenciales compradores cuenten con financiación.
Tercera. El ministro insistió mucho en que el saneamiento de la banca no afectará al déficit público, pero anunció un significativo aumento de los recursos del FROB, cuya dotación pasará de 9.000 a 15.000 millones de euros. Esos 6.000 millones adicionales, que se destinarán a sufragar eventuales fusiones, sí generarán deuda pública, en un porcentaje equivalente a cuatro décimas del PIB. Obviamente, si por alguna razón el importe de las ayudas no se recupera, los paganos seremos los contribuyentes.
Cuarta. El FROB no dará subvenciones sino préstamos, que sus beneficiarios deberán devolver con un interés del 8%. Eso ha sido esgrimido como prueba de que a la banca no se le hace ningún favor. Ahora bien, en la situación actual, ¿cuántas empresas y familias no pagarían gustosas ese tipo de interés con tal de disponer de crédito?
Quinta. De Guindos ha declinado hacer un pronóstico sobre si su reforma del sistema financiero será la definitiva. Es lógico que no quiera mojarse porque se trata de la tercera y ya se han facilitado 18.600 millones de dinero público para una reestructuración que no parece tener fin. Ningún otro sector ha recibido un trato igual, a pesar de que la insensata política de riesgos de la banca durante los tiempos de bonanza fue una de las principales causas de esta crisis.
Después de haber pasado por el aro de Repsol, carecía de sentido mantener el pacto de socios que
Sacyr y Pemex firmaron a finales de agosto con objeto de segar la hierba bajo los pies del presidente de la petrolera española, ANTONIO BRUFAU. Este, al advertir el peligro, puso en marcha una estrategia dirigida a neutralizar a sus dos rivales, que culminó anteayer con el anuncio de la ruptura formal del acuerdo suscrito por ambos.
Brufau sale indudablemente fortalecido de un culebrón que se inició hace dos años, cuando Sacyr objetó en el Consejo de Repsol el recorte del dividendo a cuenta del ejercicio de 2009. LUIS DEL RIVERO, que entonces presidía la constructora, no se privó de hacer pública esa discrepancia, cosa que Brufau se tomó como una enmienda de su primer accionista a la totalidad de la gestión que estaba llevando a cabo.
Desde aquel momento, los desencuentros se sucedieron con grave riesgo para la paz social, que saltó definitivamente por los aires a raíz del acuerdo de agosto, trenzado entre Del Rivero y el director general de Pemex, JUAN JOSÉ SUÁREZ COPPEL. Un acuerdo que no sólo amenazaba a Brufau sino al statu quo de Repsol, donde La Caixa lleva años siendo el accionista de referencia, pese a que la participación de Sacyr en el capital era más alta (20% frente a 12%).
Precisamente, el apoyo de La Caixa ha sido fundamental para que Brufau devolviera el sosiego a Repsol, aun a costa de dejar en el camino el cadáver de Luis del Rivero, que en octubre fue desalojado de la presidencia de Sacyr. Su cabeza era el precio pedido al resto de los socios de la constructora para recomponer las relaciones y que Repsol les echara una mano en la refinanciación de la deuda.
Una vez fuera de la circulación Del Rivero, todo fue coser y cantar: Brufau compró un 10% del capital de Repsol que estaba en poder de Sacyr, cuyo peso en la petrolera ha disminuido sustancialmente, y contentó a Pemex con un reforzamiento de su alianza industrial. Las aguas han vuelto a su cauce y, gracias a ello, ya no hay quien tosa en Repsol ni a La Caixa ni a Brufau.
