La adjudicación de la CAM al Banco Sabadell, anunciada la semana pasada, es un nuevo paso hacia el total desmantelamiento del sistema financiero valenciano. Un sistema que fue el orgullo de la comunidad durante años y, por lo mismo, un plato demasiado apetecible como para que los políticos vencieran la tentación de meter glotonamente la cuchara en él.
El resultado de su voracidad está en la mente de todos: las dos grandes cajas de la región (Bancaja y la CAM) se embarcaron en proyectos temerarios, que con el tiempo destrozaron su solvencia. Nunca se sabrá con exactitud cuánto dinero enterraron en la feroz depredación urbanística de la costa levantina y en las descabelladas obras públicas que ambas se prestaron alegremente a financiar.
Cuando la crisis estalló, FRANCISCO CAMPS, president aún de la Generalitat, intentó fusionarlas para tapar sus vergüenzas por el viejo procedimiento de lavar los trapos sucios en casa. Pero ni la magnitud del problema, ni las disputas territoriales (Bancaja está más arraigada en Valencia y la CAM, en Alicante), ni sus propias cuitas judiciales le facilitaron el empeño.
Lo que vino después también es sabido: Bancaja buscó cobijo bajo el paraguas de Caja Madrid y juntas fundaron BFA, matriz de Bankia. La CAM, tras encallar la fusión con Cajastur, intentó ilusamente seguir su camino en solitario, hasta que el Banco de España le salió al paso y procedió a su intervención.
La guinda de tan amargo pastel ha sido la caída del Banco de Valencia, una antigua filial de Bancaja heredada por BFA y en cuyo consejo estaban representadas conocidas familias de la burguesía local. El Estado tuvo que salir recientemente en su auxilio ante la negativa de los propietarios a poner los fondos necesarios para recapitalizarlo.
Al frente del Banco de Valencia estuvo hasta hace poco JOSÉ LUIS OLIVAS, que sigue siendo presidente de Bancaja y al que le cabe buena parte de la responsabilidad por la debacle. Él abrió la puerta al desembarco masivo de políticos en las cajas valencianas cuando trabajaba en la Generalitat a las órdenes de EDUARDO ZAPLANA. Olivas ha empezado a irse en medio del oprobio, pero la comunidad tardará en recuperarse de su funesto legado.
Al menos hasta que se haga efectiva la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Sabadell, el Estado seguirá siendo el tercer banquero de España. A día de hoy, bajo su órbita permanecen cinco entidades, cuyos activos rondan los 270.000 millones de euros. Un volumen sólo superado por los dos gigantes de nuestro sistema financiero: el Santander y el BBVA.
No obstante, esta situación es transitoria. La CAM fue adjudicada el miércoles al Sabadell, que se hará cargo de ella a finales de diciembre, con multimillonarias ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y del Estado. Novagalicia y Catalunyacaixa están buscando inversores privados dispuestos a rescatarlas, aunque no acaban de llegar pese a sus denodados esfuerzos. Y Unim, tarde o temprano, será subastada por el Banco de España, que ha encargado el diseño de la operación a Nomura.
La última entidad en quedar bajo la sombra del Estado ha sido el Banco de Valencia. La antigua filial de Bancaja, que como consecuencia de la fusión con Caja Madrid fue heredada por BFA (matriz de Bankia), tuvo que ser intervenida hace sólo un par de semanas, al negarse en redondo sus propietarios a poner el dinero necesario para recapitalizarla. El Banco de España le ha proporcionado ya una inyección de mil millones y ha puesto a su disposición otros dos mil para garantizar que no se queda sin liquidez.
Estas ayudas al Banco de Valencia representan, sin embargo, una parte muy pequeña de lo que España ha dedicado ya al saneamiento de su sistema financiero. Según los últimos datos facilitados hace diez días por MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, el coste total equivale al 10% del PIB; es decir, más de cien mil millones de euros.
Desde algunos ámbitos de la izquierda se ha reprochado con insistencia al Gobierno de JOSÉ LUIS RODRÍGuEZ ZAPATERO que no aprovechara tan ingente esfuerzo para formar una potente banca pública, de la que España se quedó prácticamente huérfana a raíz de las privatizaciones de los noventa. Los partidarios de esta fórmula consideran que, en los tiempos que corren, se podría contribuir así al restablecimiento de la imprescindible fluidez del crédito.
Pero el problema no es tanto la titularidad de la banca como bajo qué condiciones se ofertan realmente los préstamos. Hay un dato muy revelador: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha consumido sólo un 20% de las líneas abiertas para pymes, autónomos y municipios (1.136 millones sobre 5.900). ¿Por qué? Sus destinatarios lo tienen claro: porque los intereses son demasiado altos y los requisitos no difieren mucho de los que exige cualquier banco privado.
En Bruselas han echado cuentas y les sale que los estados europeos dedicaron al saneamiento del sistema financiero 1,6 billones de euros entre 2008 y 2010. De esa cantidad, a España pertenecían 88.000 millones, lo que equivale al 8,4% del PIB, un porcentaje muy inferior al de Alemania (10,1%), Holanda (16,1%) o Reino Unido (17,8%). El ranking lo encabeza de lejos Irlanda, que durante dicho periodo se gastó en la banca más de dos veces y media la riqueza nacional creada en un año. Incapaz de sobrellevar en solitario tan pesada carga, el Gobierno de Dublín acabó pidiendo árnica a Europa y al FMI. Irlanda tuvo que ser rescatada en noviembre de 2010, sólo seis meses después que Grecia.
En España, a los 88.000 millones mencionados hay que añadir las ayudas correspondientes a este año, que elevan la proporción sobre el PIB por encima del 10%, según confirmó la semana pasada MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
ORDÓÑEZ. A lo largo de 2011, han sido nacionalizados, con el consiguiente coste, Novagalicia Banco, Unnim y la CAM y el Banco de España ha tenido que intervenir Catalunya Caixa y el Banco de Valencia. Aunque con la venta de activos se espera recuperar parte del dinero empleado, el saldo final tardará mucho tiempo en conocerse, entre otras cosas porque, en algunos casos, el Estado se ha comprometido a asumir los quebrantos ocultos que puedan ir surgiendo.
De todas formas, el esfuerzo hecho hasta ahora puede quedar empequeñecido si el futuro Gobierno accede a crear un banco malo. Sobre la idoneidad de este instrumento no hay unanimidad en el sistema financiero, pero algunos de sus representantes, como RODRIGO RATO, lo han reclamado con vehemencia. El banco malo, aunque puede revestir distintas formas, absorbería los activos tóxicos de la banca por cuenta del Estado, para darles luego salida de una manera ordenada. Según los cálculos del Banco de España, esos activos de alto riesgo no bajan de la mareante cifra de 176.000 millones de euros.
Los partidarios del banco malo sostienen que no hay mejor modo de desbloquear el sistema y que vuelva el crédito. Es posible. Pero de lo que no cabe duda es de que sería, una vez más, con cargo al bolsillo de todos los españoles.
La posibilidad de que FRANCISCO PONS asuma en los próximos días las vicepresidencias de BFA y de su filial Bankia, en sustitución del recién dimitido JOSÉ LUIS OLIVAS, cobra fuerza a pasos agigantados, aunque todavía no se ha dicho la última palabra. Su nominación está avalada por la Generalitat valenciana y por influyentes empresarios de la región, entre ellos Juan Roig, propietario de Mercadona; pero todavía debe recibir luz verde de Bancaja –que controla el 38% de BFA– y del consejo de Bankia.
En Bancaja permanece atrincherado Olivas, que se niega a abandonar la presidencia de la entidad sin plantear batalla, después de haber tenido que dejar de mala gana su sitio junto a RODRIGO RATO, arrastrado por la quiebra del Banco de Valencia. De ahí que la entrada en escena de Pons pueda ser percibida por Olivas como una amenaza para su continuidad en Bancaja, que no es ni de lejos lo que fue, pero que seguirá manejando discrecionalmente importantes cantidades de dinero a través de la obra social.
Por otra parte, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Rato acariciaba la idea de dejar vacantes las vicepresidencias de BFA y de Bankia o colocar en ellas a alguien de su estricta confianza, como el exministro JUAN COSTA. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, ALBERTO FABRA, castellonense como él, pero de una facción distinta del PP, nunca ha visto con buenos ojos esa opción, que tampoco convence a los empresarios, debido al perfil político del candidato.
Pons es todo lo contrario: un hombre entregado a la empresa que heredó de su padre (la productora de frutos secos Importaco, con 800 trabajadores en plantilla y casi 250 millones de euros de facturación) y que nunca ha sucumbido a la tentación de ocupar un cargo público.
Si finalmente fuese nombrado vicepresidente de BFA y Bankia, está por ver que conserve íntegra la cuota de poder que Olivas arañó en las negociaciones para la fusión de Caja Madrid con Bancaja. Lo que sin duda puede hacer Pons es reconstruir los puentes con la sociedad valenciana, muy deteriorados por la displicencia con que Rato se ha desentendido del Banco de Valencia, pese a ser BFA el primer accionista, dando pie así a su intervención.
Ha sido acogida con sorpresa la oposición del presidente de la CEOE, JUAN ROSELL, a que el próximo Gobierno reforme por decreto la negociación colectiva, sobre la que CCOO, UGT y la patronal fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la anterior legislatura. Sus declaraciones, en vísperas del primer encuentro de los agentes sociales con MARIANO RAJOY tras el vuelco electoral del 20-N, fueron contestadas por el líder de los empresarios madrileños, cuya sintonía con el ala dura del PP no se le escapa a nadie. “El momento es grave y apenas queda ya margen de tiempo –advirtió ARTURO FERNÁNDEZ–. Siempre hay que intentar acuerdos con los sindicatos; pero, si no es posible, el nuevo Gobierno tiene que gobernar. Para eso tiene el Boletín Oficial del Estado”. Poco más o menos vino a decir SANTIAGO HERRERO, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y rival de Rosell cuando hace un año se dirimió la sucesión de GERARDO DÍAZ FERRÁN al frente de la CEOE.
Esta salida de Rosell responde a su preocupación por que Rajoy, subido en la ola de la victoria, entre como caballo en cacharrería en la negociación colectiva, so pretexto de flexibilizar las relaciones laborales para facilitar la salida de la crisis. Sabe Rosell que una reforma a golpe de decreto no sólo puede comprometer gravemente la paz social en un momento delicado, sino que además socavaría la principal razón de ser de la CEOE; esto es: su condición de interlocutor efectivo ante los sindicatos. Por el mismo motivo Rosell ha puesto pegas a la devaluación de los convenios sectoriales o territoriales, que el PP pretende que ya no primen sobre los de empresa. No es que Rosell quiera evitar la desprotección que algo así sin duda conllevaría para los trabajadores; lo que le da miedo es que, por ese camino, acaben perdiendo sentido organizaciones como la catalana Fomento, de la que él procede.
Todo ello, sin embargo, puede traerle a Rosell problemas en la CEOE, donde ya se han oído quejas por un comportamiento que algunos consideran más propio de un hombre del aparato que de un verdadero empresario.
La inminente publicación por la Autoridad Europea Bancaria (EBA) de los resultados definitivos de las últimas pruebas de estrés es esperada con una mezcla de expectación y escepticismo. El 26 de octubre ya hubo un anticipo de esos resultados, por lo que no parece probable que vayan a surgir ahora grandes novedades, aunque nunca se sabe. Las necesidades de capital de las cinco principales entidades españolas (Santander, BBVA, Bankia, Caixabank y Popular) fueron cifradas entonces, provisionalmente, en 26.126 millones de euros. Habrá que ver si el dato se confirma, se rebaja o, en el peor de los casos, alguna de ellas se ve obligada a hacer un esfuerzo adicional para afianzar su solvencia.
La variación puede obedecer a que los riesgos han sido actualizados a 30 de septiembre, mientras que la anterior información era del primer semestre. Otra novedad sería la inclusión de las obligaciones convertibles en el capital de calidad, como la banca española viene reclamando ante la EBA sin éxito. Lo que no prospera es la petición de que las provisiones genéricas sean tenidas en cuenta, por la peregrina razón de que no existen en los demás países europeos. Cuando entre en vigor Basilea III, esas provisiones, que constituyen un colchón para tiempos de crisis, deberán generalizarse.
De todas formas, las pruebas de estrés han perdido mucha credibilidad, no sólo por su discutible metodología, sino porque han deparado algunas desagradables sorpresas. La mayor de todas fue la quiebra de Dexia, que tuvo que ser rescatado por los gobiernos de Francia, Bélgica y Luxemburgo a principios de octubre, apenas tres meses después de que el banco aprobara el examen.
Ni siquiera dentro del propio sector financiero hay unanimidad sobre la conveniencia o no de crear un banco malo; es decir, una entidad que absorba todos los activos tóxicos por cuenta del Estado. Sin ir más lejos, RODRIGO RATO, máximo responsable de Bankia, está decididamente a favor, pues entiende que no hay manera más rápida de limpiar los balances y de que fluya de nuevo el crédito. La patronal bancaria AEB, en cambio, considera injusto que se premie así a quienes han sido menos escrupulosos en el control de riesgos, como suele repetir sin desmayo su presidente, MIGUEL MARTÍN.
Mientras tanto, MARIANO RAJOY mantiene su inveterada costumbre de no decir nada, a la espera quizás de que la situación le ayude a poner al país ante hechos consumados. Es verdad que, en su debate televisado con ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, Rajoy se comprometió firmemente a no dedicar ni un euro más del erario público al salvamento de la banca. Pero no es menos cierto que en el programa electoral del PP para el 20-N se habla de facilitar “la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen”, y eso constituye una magnífica coartada.
Además, Rajoy siempre podrá escudarse en que los fondos públicos proporcionados a la banca son de ida y vuelta, igual que lleva años diciendo el Gobierno de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO. Un argumento este que no resulta fácil de asimilar cuando se acumulan las noticias sobre las crecientes demandas del sistema y no hay ninguna sobre el dinero que supuestamente se ha recuperado.
La última sorpresa ha sido que reflotar la CAM (ya saben: “lo peor de lo peor”, según la célebre expresión de MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ) exigirá 20.000 millones de euros. Cifra sólo algo mayor, por cierto, de la que hasta ahora ha necesitado BFA, matriz de Bankia, incluyendo las ayudas al recientemente intervenido Banco de Valencia, del que es el principal accionista. Eso significa que, sólo entre la CAM y BFA, han recibido ya casi 40.000 millones: más de dos veces el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid.
En el caso de la CAM, el Banco de España puso nuevos gestores, aunque en los próximos días se deshará de ella, seguramente en favor del Sabadell, único candidato en la subasta. Sin embargo, BFA no ha pagado precio político alguno y las siete cajas que lo formaron (Caja Madrid, Bancaja, la Insular de Canarias, Laietana, Ávila, Segovia y La Rioja) siguen su andadura juntas, algo menos independientes, pero más privadas que nunca.
La intervención del Banco de Valencia, tras la negativa de sus accionistas a poner el dinero necesario para salvarlo, pretende evitar que cunda la desconfianza en el conjunto del sistema financiero. Esa es al menos la explicación ofrecida por el Banco de España en respuesta a las voces que se han alzado contra una medida onerosa para los ciudadanos.
Recomponer el equilibrio patrimonial del Banco de Valencia, roto por una insensata exposición al ladrillo (65% de los activos), cuesta de entrada 1.000 millones, que ya le ha inyectado el FROB. Además, para que no se quede sin liquidez, han sido puestos a su disposición 2.000 millones adicionales, procedentes también de las arcas públicas.
Mientras tanto, los actuales propietarios del Banco de Valencia han hecho mutis por el foro, a pesar de que algunos de ellos estaban implicados en la gestión, especialmente BFA. La matriz de Bankia controla un 27,3% del capital del banco. Sin embargo, su presidente, RODRIGO RATO, está decidido a perder esa inversión, asumiendo un quebranto de 338 millones, con tal de no poner ni un euro más.
Si el Banco de Valencia estaba en tan precaria situación, una posibilidad hubiese sido liquidarlo y que el Fondo de Garantía de Depósitos respondiera ante los impositores conforme a lo previsto en la ley. Pero MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ (MAFO), al parecer, no quería saber nada de esa opción por miedo a que fuese causa de males mayores y perjudicara a las entidades que andan por el filo de la navaja.
La preocupación del gobernador es comprensible, aunque se compadece mal con su comportamiento en otros casos, como el de la también intervenida CAM, que por cierto explica la escasez de candidatos a la hora de subastarla. Fernández Ordóñez, en una comparecencia pública a primeros de octubre, puso de chupa de dómine a la caja alicantina, de la que llegó a decir que era “lo peor de lo peor”.
Esa andanada, por venir de quien venía, disparó de inmediato las alarmas y acentuó la fuga de clientes y depósitos iniciada a raíz de la ruptura del SIP de la CAM con Cajastur el pasado mes de marzo. Fue todo un monumento a la imprudencia y un despropósito más del gobernador en el deslavazado proceso de reestructuración bancaria.
Aunque RODRIGO RATO alegue ahora que se trataba de una simple inversión financiera, lo cierto es que el Banco de Valencia, hasta su intervención el pasado lunes, constaba a todos los efectos como una filial de BFA, la matriz de Bankia. De hecho, en las cuentas de BFA cerradas a 31 de diciembre de 2010, el Banco de Valencia figuraba entre las “entidades dependientes” del grupo formado por Caja Madrid, Bancaja, la Insular de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y La Rioja. Además, al frente del Banco de Valencia estuvo hasta octubre el número dos en el organigrama de BFA: JOSÉ LUIS OLIVAS, que al día siguiente de la intervención se vio obligado a dimitir como vicepresidente ejecutivo y responsable de sus participadas.
Por todo ello, no resulta fácil de entender que el Banco de España haya endosado a los contribuyentes el salvamento del Banco de Valencia, que de entrada requiere 1.000 millones para reforzar su capital y otros 2.000 para que no se quede sin liquidez. En cambio, el quebranto para BFA será, a lo sumo, de 338 millones, y eso en el supuesto de que finalmente su participación del 27,3% en el Banco de Valencia sea valorada a cero euros, cosa que sólo ha ocurrido con una de las cuatro entidades intervenidas: Unnim. Por otra parte, se da la circunstancia de que BFA ya recibió 4.500 millones de ayudas públicas cuando nació, con objeto de hacer frente también a situaciones como la que ahora ha aparecido.
El Banco de España justificó la intervención apelando a la conveniencia de garantizar la viabilidad del Banco de Valencia, en beneficio de “depositantes y acreedores”, lo que en teoría incluye a quienes compraron activos de riesgo. Si es así, puede darse la paradoja de que las eventuales pérdidas de los inversores particulares se eviten con dinero público, aunque luego, mediante la venta de la entidad, el Estado recupere una parte. En este caso, ni siquiera cabe argüir que el esfuerzo de los españoles impedirá problemas sistémicos, pues el Banco de Valencia, con sus 24.000 millones en activos, apenas representa un 0,7% de todo el sector financiero.
La cuarta entidad financiera intervenida es un banco, el de Valencia, que presenta similares patologías a las diagnosticadas en su día a la CAM, Cajasur y Caja Castilla-La Mancha. Las más graves son: una exposición al ladrillo del 65% de los activos y una morosidad que podría rondar el 15%. Como el colapso era inminente, el Banco de España ha tenido que administrarle una inyección de 1.000 millones y ha dispuesto otros 2.000 para garantizarle la liquidez.
Igual que sus predecesores en el trance de la intervención, el Banco de Valencia estaba sujeto al capricho de las decisiones políticas (eclesiásticas, en el caso de Cajasur), dada su condición de filial de Bancaja. De hecho, hasta hace poco, el presidente de ambas era la misma persona: JOSÉ LUIS OLIVAS, un dirigente del PP que en 2002 sucedió interinamente a EDUARDO ZAPLANA al frente de la Generalitat. A cambio de ceder luego el cargo a FRANCISCO CAMPS, Olivas fue promovido al puente de mando de Bancaja, que aún hoy ocupa. Por cierto que ese movimiento se llevó a cabo al amparo de una ley que él mismo había sacado adelante para reforzar el poder regional sobre las cajas.
La relación con Bancaja explica que el Banco de Valencia participara en la financiación de proyectos de una envergadura muy superior a sus posibilidades y que han acabado por ponerle al borde de la quiebra. Era práctica habitual que la matriz derivara parte del riesgo hacia la filial y que esta, a su vez, entrara en operaciones que le hubieran resultado inaccesibles por sí sola. Gracias a ello, la capitalización del Banco de Valencia creció como la espuma durante el boom, lo que le permitió atraer inversores cuyas acciones, antes de la intervención, valían, sin embargo, sólo una décima parte que en 2008.
