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Emmanuel Rodríguez (@emmanuelrog) y

Pablo Carmona Pascual (@pblcarmona)

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«La democracia empieza en lo cercano». Así reza uno de los lemas de Ganemos Madrid; subtítulo a su vez de un panfleto que publicamos la pasada primavera (La apuesta municipalista), justamente cuando empezaban a formarse las primeras candidaturas ciudadanas de cara a las elecciones locales del próximo mayo.

Se habla de "municipalismo" y con este la gramática política parece haber recuperado una vieja palabra del baúl de la historia. El término "municipalismo" alude a una obviedad: la democracia comienza en el nivel institucional que resulta más inmediato a los ciudadanos, los municipios. Por eso todas las tradiciones políticas que han apostado por un régimen "realmente" democrático han otorgado un espacial protagonismo a la elección de los gobierno locales, los mecanismos de decisión directa —como los concejos abiertos— y las formas inmediatas de control de la representación. Igual da que volvamos los ojos a los republicanos federales, a los modelos constitucionales democráticos (naturalmente inéditos) de la década de 1880, a la vindicación del municipio como unidad mínima de autogobierno en el movimiento libertario o, ya en fechas más recientes, a la experiencia del movimiento vecinal y su vuelco en los "ayuntamientos democráticos" de 1979.

En estas semanas se determina una nueva oportunidad para el municipalismo. A la multiplicación de iniciativas de nombres diversos —Ganemos, Guanyem, Marea Atlántica, Ourense en común, Sí se puede—, se suma la consolidación de los consejos municipales de Podemos. La palabra de orden parece ser "confluencia". Quizás demasiado polisémica para expresar lo que se juega, ya que en términos democráticos no se trata, o al menos no sólo, de garantizar la unidad de las organizaciones de izquierda para desplazar al bipartidismo del gobierno, sino de algo mucho más complejo. Se trata de forjar las alianzas sociales que hagan posible el cambio de gobierno y a la vez la radical democratización de los ayuntamientos. Un reto gigantesco.

Conviene recordarlo, los ayuntamientos son instituciones capadas. La democracia local, bastante limitada en la Constitución de 1978, ha sido lacerada y bloqueada desde entonces por la penuria de la financiación municipal, sus estrechas competencias y su conversión en máquinas para el crecimiento inmobiliario en beneficio de los coaliciones caciquiles que incluyen a políticos, promotores, empresarios y cajas de ahorro. El resultado de 35 años de esta pobre de democracia municipal ha sido el actual desastre ecológico que experimentan las costas españolas y las zonas periurbanas de las grandes metrópolis, la secuencia interminable de casos de corrupción y unas tasas de endeudamiento, que en casos como el de Madrid se transmitirán de generación en generación. Y todavía nos espera un giro a peor. La ley Montoro reforma las bases del régimen local de acuerdo con el principio de austeridad sancionado por el artículo 135 de la Constitución. Basta decir que se reducirá todavía más la autonomía municipal y los consistorios se convertirán en pagadores de los anteriores excesos.

Por eso, estas elecciones municipales tienen una dimensión constituyente, la de hacer valer la democracia municipal y trasladar la exigencia de autogobierno local ―el único lugar en el que pueden coincidir gobernantes y gobernados― a escala de Estado. Sin duda, este debiera ser uno de los elementos fundamentales del proceso constituyente que se abra ―esperemos― a partir de noviembre. El reto es enorme porque el municipalismo democrático desborda las urgencias del electoralismo, requiere de algo más que cambios de gobierno. La democracia municipal necesita de una ciudadanía exigente y activa, de control directo y de creación de instituciones participadas de gobierno. Parece que sólo se pueda fundar sobre las bases de un movimiento municipalista y democrático lo más amplio posible.

Los riesgos recuerdan a la situación de 1979, cuando se convocaron las primeras elecciones municipales en democracia. Palpitaba entonces el movimiento social urbano más importante de la Europa de entonces, el movimiento vecinal. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y otras muchas ciudades, las asociaciones de vecinos luchaban por mejorar la condición de sus barrios. Manifestaciones de decenas de miles, "huelgas de barrio", cortes de autopistas y campañas de firmas... luchas decididas que consiguieron el asfaltado, los ambulatorios, los colegios, los polideportivos, en algunos casos las nuevas viviendas. Casi no hay barrio en el que no se recuerde aquel periodo, animado por continuas asambleas, fiestas vecinales y conquistas de todos de acuerdo con el espíritu "unitario", que se decía entonces. Y sin embargo, aquel movimiento languideció a la misma velocidad que se imponía la nueva democracia.

En 1979, se constituyeron los "Ayuntamientos Democráticos". Ganó la izquierda, en algunas poblaciones por abrumadora mayoría, como en Madrid donde el PSOE y el PCE consiguieron el 55 % de los votos, a los que habría que añadir casi un 3 % de la ORT, partido de la extrema izquierda de la época. Los ayuntamientos incorporaron entonces a buena parte de los líderes del movimiento vecinal y a sus cuadros técnicos. ¿A quiénes si no? Pero en apenas unos años, las asociaciones quedaron reducidas a lo que en la época se llamó una "política de baches y farolas".

No hace falta recurrir a la "ley de hierro de la oligarquía" de Robert Michels. Dentro de la actual democracia, las instituciones son opacas, los partidos meras prolongaciones del Estado y y los controles ciudadanos claramente insuficientes. Si apostamos por una democracia que lo sea, los ayuntamientos tendrán que ser radicalmente transformados. Las candidaturas que hoy se construyen insisten en que son a la vez "movimiento", porque sin una dimensión amplia, popular, extrainstitucional y autónoma de las formaciones partidarias no será posible imponer ningún cambio sustancial. Reivindican también la pluralidad de tal modo que no predomine un único equipo político, sino que la candidatura responda y represente a distintos actores, para que unos y otros puedan vigilar la acción del otro, para que unos y otros puedan enriquecer las posiciones del otro.

Quizás sobre decir que sin democracia municipal, la oligarquía, la "casta" nos esperará ―de nuevo― a la vuelta de la esquina. Por eso, en estas municipales se juega la sustancia y la base de la democracia.