Durruti en Vistalegre. Leyendo a Errejón

17 Ene 2017
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Juan Domingo Sánchez Estop (@IohannesMaurus)

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“Y en ese proceso para Vistalegre I realizamos una nítida apuesta pública, haciendo caso omiso a los viejos manuales de la izquierda tradicional: nos poníamos el objetivo de ganar las elecciones generales cuando se convocasen para el siguiente año. Como dijo Buenaventura Durruti: “Renunciamos a todo menos a la victoria”.”

 

Aplicaremos al documento del sector errejoniano destinado a Vistalegre II una lectura inmanente que busca en las articulaciones del texto, en sus fallas, los síntomas, los efectos internos de otro texto que le presta coherencia. Esto nos permite indagar cuál es el discurso que informa y unifica los distintos enunciados, permitiendo formular determinados problemas a la vez que otros quedan descartados o invisibilizados. Nos centraremos, en dos pasajes relativos al Estado y a las instituciones y en un pasaje relativo a la propuesta económica. El pasaje que nos sirve de acápite, en el que se convoca nada menos que a Buenaventura Durruti como valedor de las opciones políticas y organizativas de Vistalegre I, nos da una buena indicación del tono revolucionario dentro “de un cierto orden” que inspira el conjunto del documento.

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1. Sobre la crisis de régimen y la supuesta ausencia de crisis de Estado

Dentro del diagnóstico de la situación política española actual, una de las principales tesis del errejonismo afirma a la vez la debilidad del régimen español surgido de la transición y la fuerza del Estado. De lo que se trata es de evitar un proceso constituyente, que supondría un cambio radical en la forma de Estado, y defender un relevo de élites dentro del mismo Estado. De ahí la sutil distinción entre Estado y régimen y la identificación del régimen con el personal que ocupa las instituciones del Estado y no con la estructura y funciones de este.
Demos la palabra a Errejón y los demás autores del documento:

“Es fundamental entender que en España hay abierta una crisis de régimen, pero no una crisis de Estado1. Hay una crisis orgánica que envuelve a los partidos políticos y los instrumentos de concertación social, a la credibilidad de los actores mediáticos e intelectuales que hasta ayer cimentaban el consentimiento, del modelo de desarrollo económico y su sostenibilidad social y ecológica, del prestigio de las élites, del modelo territorial y de las expectativas de las nuevas generaciones y el pacto intergeneracional. Pero esa crisis, por mucho que desordene los equilibrios de poder y dificulte la estabilización, no afecta en lo fundamental a los aparatos del Estado, la confianza social en “el progreso”, el consumo o el funcionamiento de las instituciones. Es decir, a la reproducción de un cierto orden, por más injusto que este sea.”

Arriesgada afirmación esta de la ausencia de crisis del Estado, cuando este se define por su capacidad de representar (invisibilizándolo a la vez) el orden capitalista y su crisis, y, si algo no puede negarse en la coyuntura posterior al 15M, es la incapacidad del Estado español para representar la crisis y legitimar sus efectos. Casi podría afirmarse lo contrario de lo que se dice el documento: el Estado, impotente y carente de soberanía está en profundísima e irrecuperable crisis, por motivos materiales y estructurales, no meramente de coyuntura política, y lo que ha logrado sobrevivir agarrado a ese navío que zozobra es precisamente un sector importante de sus élites políticas, eso sí, con un coste enorme. Esta realidad patente, en un país al que ha costado casi un año dotarse de un gobierno y al que amenazan tensiones secesionistas, ni se ve ni se puede ver desde una doctrina de la autonomía de lo político para la que el Estado es un  marco fijo de interpretación y de acción que, en último término, nunca puede entrar en crisis.

La insistencia en el orden vertebra el discurso errejoniano marcándolo como un populismo autoritario, de ahí el retorno de la expresión indefinida, que apela al reconocimiento, “un cierto orden” con la que se cerraba la cita anterior:

“Desde nuestra perspectiva, la clave es que en la transición del 20-D al 26-J se observa la importancia que le otorga la ciudadanía de nuestro país a un cierto orden y, por lo tanto, más allá de la pulsión destituyente, la necesidad de plantear un horizonte alternativo de certezas y seguridades para ser una fuerza realmente transformadora.”

El carácter imperecedero del Estado -la necesidad de “un cierto orden”- justifica por otra parte la idea de una supuesta “usurpación” de unas instituciones en sí mismas virtuosas y la consiguiente necesidad de “recuperarlas”:

“Las instituciones han sido usurpadas para ponerlas al servicio de la ley del más fuerte y la lógica clientelar; a nosotros nos toca retomarlas para que garanticen la lógica del bien común y la justicia.”

Se impone a raíz de lo aquí afirmado una pregunta: ¿Cuándo no fueron usurpadas las instituciones? ¿No será un rasgo esencial de las instituciones del Estado esa misma “usurpación” en la medida en que el Estado es la separación de la multitud que compone la sociedad de la vida política activa? ¿Qué sentido tiene por consiguiente “recuperarlas”? La afirmación de que las instituciones son “de la gente” y están al servicio del “bien común”, responde, por lo demás, a la vieja idea liberal, fundadora de la más rancia ideología de las clases medias conforme a la cual la política es cosa de la clase política. Esta se encarga de excluir todo conflicto y antagonismo y de mantener “cierto orden”, mientras la ciudadanía, tiene la libertad apolítica de dedicarse a lo que denominaba Benjamin Constant sus “goces privados”.

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2. Un proudhonismo para el siglo XXI

Entre las medidas económicas del errejonismo no sorprende, a la vista de lo anterior, encontrar la siguiente que parece directamente extraída de la Filosofía de la miseria, el texto donde Proudhon intenta conciliar en un ejercicio de oportunismo utópico, el orden del mercado y el salario con unas relaciones productivas igualitarias:

“La primera es llevar la democracia al interior del proceso de producción, al seno de la empresa, al espacio en el que la cooperación necesaria para la producción entre los distintos agentes que intervienen en la misma ha sido sustituida por una relación jerárquica que concentra el poder de decisión en los órganos de dirección y, con él, la capacidad de decidir sobre cómo se distribuye el resultado de la producción y de los incrementos de la productividad entre trabajadores y empresarios. Ese es el conflicto distributivo original y, al mismo tiempo, es el más velado, el más normalizado e interiorizado por la población como algo natural. Frente al autoritarismo de la gestión empresarial tradicional es necesario proponer la democratización de los procesos de producción con el fin de que el producto social se distribuya de una forma más justa y equitativa ya desde la producción.”

Descubrir que existe dominación en la esfera productiva no es descubrir una injusticia y una falta de equidad, sino la dinámica misma del capitalismo. La democracia no tiene cabida en el proceso de producción en un régimen donde la fuerza de trabajo se vende en el mercado y quien la compra ejerce su derecho legítimo a usarla. No es posible querer a la vez una economía donde imperen el mercado y el régimen salarial (estos no se cuestionan en el documento) y una democratización de las relaciones internas al proceso de trabajo. No existe ni existirá nunca ese capitalismo democrático y con rostro humano, por mucho que la legislación pueda limitar y haya limitado efectivamente el despotismo de fábrica en algunos de sus efectos incompatibles con la reproducción de la capacidad laboral del trabajador. El más humano y democrático de los capitalistas no deja de estar sometido a la presión de los mercados, por lo cual se ve obligado, para sobrevivir como capitalista, a maximizar su propio beneficio y, por consiguiente, la explotación de sus trabajadores.  Un capitalismo “democrático” sería un capitalismo privado de su nervio, la acumulación de capital y, por consiguiente, una economía arruinada.

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Observación general a modo de síntesis

Errejón y los demás redactores de su texto resumen perfectamente la esencia de su propuesta en la necesidad de volver al orden, a “un cierto orden”. Un malvado diría que es muy precisamente el lema central de campaña de Marine Le Pen: mettre en ordre (poner en orden), lema que recuerda también el lema de campaña del PSOE en 1981: “Un gobierno fuerte para un país seguro” El documento errejonista hace de esta aspiración al orden una de las principales demandas populares. Una característica fundamental del populismo gobernista como de la reinventada socialdemocracia de Felipe González es precisamente esa voluntad de presentarse como fuerza de orden. Ello responde a la necesidad de coincidir con una posición de Estado, esto es, con una posición que exprese y reproduzca la perspectiva del consenso mayoritario, la de la “clase media”.

El documento al que nos referimos parte, como se ha visto, del supuesto de que tanto las relaciones capitalistas de producción como el Estado capitalista español no son en sí opresivos y explotadores, sino que es posible recuperarlos para el pueblo, (re)stableciendo en las relaciones laborales unas condiciones democráticas entre agentes de la cooperación productiva que fueron corrompidas por la injusticia y la violencia, o recuperando “para el pueblo” las instituciones del Estado resultantes de la reforma del franquismo. Esto es suponer que esas mismas instituciones, las de una partitocracia oligárquica en las que Podemos debería, a juicio del errejonismo, integrarse, no fueran los principales instrumentos por los que los ciudadanos españoles son excluidos desde hace decenios de la participación política activa.  En este aspecto, la posición errejonista marca un máximo de distancia respecto de las exigencias democráticas del 15M.

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