Montoro se tira al monte

11 Abr 2017
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Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán

concejales del Ayuntamiento por Ahora Madrid

El pasado mes de diciembre Mario Draghi anunciaba la prórroga de sus políticas de compra de deuda soberana. Los 80.000 millones de euros que mensualmente se bombeaban al sistema quedarían reducidos a 60.000 a partir de abril de 2017.

También en este mes de abril, la SAREB —el conocido “banco malo”—, informó a sus accionistas que iban a perder el 30% de la inversión realizada. El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), organismo público que forma parte de la SAREB, perderá por ello más de 650 millones de euros. Esta cifra se suma a los más de 61.000 millones de euros de fondos públicos que ya ha costado el rescate bancario, según informó en enero el Tribunal de Cuentas.

La “lluvia de millones” transferidos desde las arcas públicas al sistema bancario ha servido para sanear nuestro sistema bancario, pero sólo a través de un mecanismo singular. Mientras los bancos recibían fondos multimillonarios a intereses bajísimos, engrosaban sus cuentas de resultados prestando a las administraciones públicos esos mismos fondos. El procedimiento residía en la enorme diferencia del tipo de interés al que recibían dinero del BCE (casi el 0 %), y al que luego prestaban a las propias administraciones (3, 4 e incluso 10 y 12 %).

Así al tiempo que Rodrigo Rato daba el campanazo de la salida a Bolsa de Bankia, el chorreo de millones de dinero público dirigidos a sanear los balances bancarios, cerraba toda posibilidad de emplear los presupuestos con fines sociales. Este era el verdadero sentido de las políticas de austeridad. Se trataba de reflotar al sistema bancario y establecer duros mecanismos de control del gasto público, señalando al Estado como culpable de la crisis de deuda.

Al final, la crisis española debía socializar sus pérdidas a través del recorte de prestaciones sociales. Y este se concretó por medio de la privatización de los servicios públicos y profundizando en el deterioro del mercado laboral. En el primer caso se trataba de dirigir los presupuestos públicos hacia la inversión privada —sobre todo en el campo de la sanidad, la educación y el sistema de pensiones— por medio de las privatizaciones. En el segundo, se reafirmaba la tendencia a convertir el empleo en un mecanismo de disciplinamiento social, antes que en un medio de contribución social y de acceso a la renta. Hoy hay muchos más trabajadores y trabajadoras pobres que antes de la crisis, superando ya la cifra del 15%.

 

El Ministerio de Hacienda vuelve a apretarnos el cinturón

En agosto del año 2011 los dos grandes partidos de entonces, PP y PSOE, acordaron una reforma exprés de la Constitución. Esta sometía la norma fundamental a los dictados de la austeridad. A ella se sumó pocos meses después la famosa Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria. Las reglas del juego vendrían marcadas, desde entonces, por la palabra austeridad.

En el contexto europeo, ya señalado, la única finalidad de la reforma era controlar el gasto público, a fin de dirigir los fondos del Estado al pago de la deuda. Las cuentas públicas debían estar al servicio de los mercados financieros, los mismos que curiosamente provocaron la crisis. En este sentido, no sólo bastaba con convertir la deuda privada en deuda pública sino que se trataba de plegar a las administraciones en una única dirección,  la de reducir derechos y fomentar las privatizaciones.

El mecanismo era muy sencillo. La Ley 2/2012 dio cobertura a los denominados techos de gasto que dejaban bien atados los presupuestos para que marcasen el pago de la deuda como primera prioridad. Todo se conjuraba además, para que el gasto público se dirigiese hacia la externalización y privatización de los servicios públicos. Tanto las sucesivas Leyes Generales Presupuestarias, que cerraban casi totalmente la puerta a la contratación de nuevo personal para las administraciones públicas, como el arcaico Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, anudaban el mecanismo perfecto para empujar los servicios públicos hacia manos privadas.

 

Montoro contra Madrid

De nuevo este mes de abril de 2017 está siendo testigo de una batalla política de enorme intensidad. A la aprobación de los presupuestos del Estado se suma ahora el ataque del Ministerio de Hacienda y el gobierno del Partido Popular contra el Ayuntamiento de Madrid. Junto a ellos, y también en este mes, hemos sabido que mientras Cristóbal Montoro cerraba el puño contra Madrid denegando el Plan Económico Financiero de la capital, por otro lado —y gracias a las presiones de muchas autonomías de distinto signo—, abría la mano a las autonomías anunciando posibles quitas a las deudas autonómicas y aprobando un crédito suplementario de 5.386 millones de euros para las distintas Comunidades Autónomas. Puño cerrado o mano abierta según convenga políticamente. Una política, que el Gobierno del PP ha completado incluyendo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017, la imposibilidad casi definitiva de remunicipalizar servicios públicos.

Sólo a partir de estas claves podemos entender el último episodio de la particular guerra política que el gobierno central ha emprendido contra el Ayuntamiento de Madrid. Con un superávit de más de 1.000 millones de euros y un presupuesto perfectamente saneado, Madrid se convierte en el nuevo campo de pruebas de las políticas de austeridad. El último episodio es el conocido requerimiento para que Madrid recorte de su presupuesto 238 millones de euros, además de revertir la aprobación de su Plan Económico Financiero.

Lejos de afrontar un debate técnico, pues Madrid tiene sus cuentas en regla, nos encontramos ante una batalla política. Una batalla en la que se ponen en juego la defensa de la autonomía municipal y la construcción de una democracia de cercanía. Sabemos que los procesos de cambio y de radicalización democrática necesitan de los ayuntamientos para concretar buena parte de sus proyectos. Las remunicipalizaciones, los procesos de participación y organización social o la inversión en gasto social y servicios públicos  deben abrir el camino de la democratización de nuestras ciudades y pueblos.

El gobierno del PP conoce la importancia que tiene para su plan de gobierno que los servicios públicos recaigan en manos privadas. Naturalmente pretende que los ayuntamientos del cambio no tengan oxígeno presupuestario, que el municipalismo no vuele más alto. Sabe que en este terreno se ha dibujado una alternativa institucional, y que ésta pone en riesgo el dominio de los mercados sobre la sociedad. Por eso, ha articulado todo un entramado legal  dirigido a arrinconar a los municipios y a asfixiar su capacidad presupuestaria. Hechos que no podemos permitir y contra lo que debemos rebelarnos.

 

 


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