Pere Ortega
Centre d'Estudis per a la Pau JM Delàs 

La desobediencia al lado de la rebeldía han sido los instrumentos más utilizados a lo largo de la historia de la humanidad para combatir injusticias y falta de libertades. Pero mientras la rebelión no siempre es pacífica la desobediencia siempre lo es, como lo demuestra la larga lista de desobedientes que la han practicado a lo largo de la historia, desde Sócrates que tomó la cicuta antes que renegar de sus creencias ante el Senado de Atenas; Thomas Moro que escogió su conciencia antes que obedecer al rey y murió en el patíbulo; o Thoreau, Gandhi, Rosa Parks, Luther King y tantos otros, como nuestros insumisos al Servicio Militar Obligatorio que aceptaron ir a la cárcel antes que renunciar a sus ideas.

La educación reglada nos convierte en ciudadanos sumisos a la ley y el orden social establecido por el gobierno del estado. Pero en cambio, poco se nos educa en la crítica y en la desobediencia a las injusticias. Esto viene a cuenta porque todos somos conscientes de que no vivimos en una sociedad plenamente democrática, sino que la sociedad está llena de lagunas y espacios donde la democracia es imperfecta, ostensiblemente mejorable o está ausente en determinados ámbitos. Pensemos en el trato que se da a los inmigrantes, en las cárceles, tantas otras cosas que tienen que ver con la protección social de los más desvalidos y en el caso de Cataluña ante la demanda de ejercer el derecho a decidir su futuro.

Entonces es lógico que haya ciudadanía que se oponga y trabaje para cambiar situaciones injustas y en ocasiones se enfrente a la ley para intentar que la democracia sea universal. Y aquí es donde aparece la desobediencia, que de la mano de la objeción de conciencia se opone a las leyes injustas con el ánimo de mejorarlas. Y por este motivo en la mayoría de los estados democráticos la objeción de conciencia está recogida en el ordenamiento jurídico y convierte la desobediencia es un acto legítimo ante una ley considerada injusta.

John Rawls, de entre los más reconocidos teóricos del pensamiento político describe la desobediencia como una de las garantías del estado de derecho. Y es de Rwals la definición de la desobediencia como un acto público, noviolento, consciente y político, contrario a la ley cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno.

Pero la desobediencia tiene unas reglas de comportamiento. La primera, que se trata de un acto individual, porque aunque se pueda hacer de forma colectiva, las consecuencias de la desobediencia se deben asumir de forma individual dado que la ley recae sobre el sujeto que la ha infringido. Una segunda es que la desobediencia en un estado democrático no puede ser total contra todo el ordenamiento jurídico, esto sólo tiene justificación en una dictadura. Entonces en democracia la desobediencia sólo puede ir dirigida contra ese ordenamiento que vulnera un derecho y que por tanto se considera injusto.

Otra cuestión importante es la de asunción de responsabilidades que se derivan del acto de desobediencia. El o la desobediente quieren a través de su acción dar muestras de ejemplaridad ante la sociedad. Es decir, presentarse como un buen ciudadano y por este motivo se muestra dispuesto a aceptar las consecuencias de su acto. Así lo hacen los objetores fiscales al gasto militar, lo hicieron muchos insumisos al SMO o Rosa Parks, Bertrand Russell, Gandhi y tantos otros que aceptaron ir a la cárcel para poner de relieve que se estaban cometiendo injusticias.

En el caso de Cataluña y ante la decisión del Gobierno del estado y del Tribunal Constitucional de prohibir la Consulta del 9-N, es del todo legítima la demanda de desobediencia lanzada por grupos, entidades y algún partido político de ejercer el derecho a decidir sobre el futuro político de Cataluña. Porque aunque el resultado de la votación no tenga validez legal para el gobierno del estado, sería la expresión de los que decidieron poner por delante su conciencia frente a una decisión que la vulnera. Y este desafío implicaba un alto riesgo para los gobernantes y funcionarios que ocupan puestos de responsabilidad en la administración de Cataluña, pues incumplir el ordenamiento jurídico del estado representaba que debían asumir las consecuencias de su acto.

Después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentara un sucedáneo de votación para el 9-N el panorama ha cambiado radicalmente. Ahora ya no se trata de un acto de desobediencia, porque la votación se llevará a cabo sin garantías y fuera del marco jurídico, pues se organizará como un acto de participación voluntaria y desde la sociedad civil. Por tanto, ni funcionarios ni gobernantes desobedecen la ley y la votación sólo tendrá un valor simbólico. Así la desobediencia también será simbólica porque no contraerá ningún riesgo, si no es que el Gobierno del PP comete la estupidez de prohibirla, hecho que añadiría un nuevo agravio a los partidarios del derecho a decidir.