Pere Ortega, Centro Delás de Estudios por la Paz

Tras las elecciones municipales y autonómicas, y ahora, con la constitución de los nuevos gobiernos en los ayuntamientos se ha producido un cambio profundo en la composición del marco político instaurado en la transición de la dictadura a la democracia de 1978. Un cambio donde lo más llamativo es la aparición de plataformas políticas que aúnan diversos grupos de izquierdas, unos de nueva aparición y otros no, junto a los grupos emergentes que provenían de los movimientos sociales que hicieron posible aquel espectacular 15-M que transformaron las plazas en ágoras. Movimientos de indignados que tenían su génesis en el rechazo de: las agresiones que se estaban perpetrando contra los derechos sociales que arrojaban a la indigencia a millones de ciudadanos y ciudadanas; los continuos escándalos de corrupción que afectaban a los dos grandes partidos que han gobernado España, PSOE y Partido Popular (y CiU en Cataluña), así como a instituciones como la Corona y el Tribunal Constitucional.

Estas plataformas se presentaban a las elecciones municipales y autonómicas con programas de defensa de los derechos sociales de la población y como alternativa al bipartidismo encarnado por el PSOE y el Partido Popular, CiU en Cataluña y PNB en País Vasco. Y que han alcanzando las alcaldías de Barcelona, Madrid, Valencia, Cádiz, La Coruña, Santiago de Compostela, Zaragoza, Palma de Mallorca, El Ferrol, Sabadell, Badalona... Que vaticinan cambios profundos, tanto en los ayuntamientos como en la formación de los próximos gobiernos de las Comunidades Autónomas; como cuando tengan lugar las elecciones generales del Estado donde es previsible que el PP pierda su gobierno.

La aparición de estas plataformas en que se aúnan tanto partidos políticos de reciente aparición (Podemos, Equo, Pirata...), como más veteranas (IU, ICV, CUP, Compromís...), pero muy especialmente gentes que se han se han formado como dirigentes en los movimientos sociales y que en muchos casos han liderado las Plataformas electorales. Líderes y formaciones que se proclaman inequívocamente defensoras de los derechos sociales, con propuestas de hondo calado social (renta mínima, acabar con los desahucios y la pobreza energética, vivienda social, derechos a los emigrantes...) y defensoras de la población más desfavorecida por la crisis. Propuestas de izquierdas, aunque Podemos tenga reparos con esta definición. Pero eso sí, todas estas nuevas formaciones se muestran partidarias de reformular las bases en que sustenta la actual democracia española. Es decir, abrir un proceso constituyente que reforme la Constitución para dar cabida a las aspiraciones de Cataluña y País Vasco (quizás Galicia si cambia la configuración de las fuerzas políticas); reformar de la ley electoral, hoy claramente discriminatoria para los votantes de las grandes urbes; reformar la ley que regula los partidos políticos y su financiación.

Todas esas reivindicaciones, más otras que vienen de más antiguo, propias de los movimientos sociales anteriores, construcción de un estado no patriarcal, igualdad de género, solidaridad y ayuda al desarrollo con los países empobrecidos, lucha contra el cambio climático, inversión en energías renovables, desarrollo sostenible, reparto del trabajo para alcanzar el pleno empleo, desarme, salir de la OTAN, reducción del gasto militar... Vaticinan un cambio profundo de la política hasta hoy hegemónica en España y Europa, eso que hemos venido en llamar neoliberalismo y que nos ha traído las miserias actuales. Un cambio que se ha producido en Grecia con la llegada al gobierno de Syriza, y que de momento hoy estará presente en algunas ciudades y en algunas comunidades, pero que mañana puede estar en el Gobierno del Estado español. Movimiento político que, junto a otras fuerzas de otros estados pueda hacer cambiar el rumbo político de la UE hacia políticas más sociales.

En España, esas reivindicaciones, si bien es cierto que son la respuesta de la población a la crisis económica y política aparecida en 2008, provienen de más antiguo. Volvamos a la transición española de 1978. Aquel pacto que se fraguó entre los reformistas del franquismo y las nuevas fuerzas democráticas, se pagó a un precio muy alto, la desmovilización general de las fuerzas sociales. Recordemos que la última gran movilización social tuvo lugar en 1986 para salir de la OTAN, mediante un Referéndum que se perdió. Fue la última derrota de los movimientos sociales que hicieron la transición de 1978. Después vinieron años de penuria para el movimiento obrero y el vecinal. Muchos de aquellos activistas se refugiaron en nuevos movimientos, el feminista, el ecologista, el pacifista (objetores e insumisos), de solidaridad internacional; hasta hoy, cuando de nuevo los movimientos, por efecto de la crisis social, han recuperado beligerancia y se han convertido en poder político.

Uno de los nuevos eslóganes más repetidos que han llevado a estas plataformas a los gobiernos municipales ha sido "gobernar obedeciendo". Esa es la voluntad de estas nuevas formaciones, escuchar las demandas y necesidades de las gentes en los barrios e intentar implementarlas. A tal efecto, se han creado organizaciones horizontales en los barrios con amplia participación vecinal donde se trasladan las reivindicaciones para hacerlas llegar al gobierno de la ciudad. En ningún ámbito social experimentar es fácil, pero si se quieren cambiar las cosas hay que arriesgar para que no todo continúe igual.

En España desde 1976/1978 no teníamos una esperanza de transformación política como la presente. No la podemos desaprovechar.