El presupuesto de Defensa de 2017

29 Nov 2016
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Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

El presupuesto del Ministerio de Defensa para el próximo año 2017, tendrá grandes dificultades para ser aprobado por los grupos parlamentarios. Esto es debido, a la sentencia que el Tribunal Constitucional (TC) emitió en julio pasado, que impide establecer créditos extraordinarios sin que sean aprobados en el Congreso de Diputados, lo cual se venía realizando en éste Ministerio desde 2012 para hacer frente a los pagos contraídos por las adquisiciones de los Programas Especiales de Armamentos (PEA) y que oscilan todos los años alrededor de los 1.000 millones.

La historia de estos PEA se remontan a mediados de 1995, cuando el gobierno de José María Aznar, aprobó contratos de armas a 20 y 25 años vista, que luego fueron ampliados hasta 35 años, por un importe que hoy alcanza los 36.000 millones de euros, una cifra hoy inverosímil y de los cuales, no se sabe a ciencia cierta cuanto se debe, pues según la ministra Carmen Chacón del último gobierno del PSOE se adeudaban 30.000 millones, y según Pedro Morenés, antes de dejar el Ministerio eran 14.000.

Antes de entrar en el baile de cifras de esta deuda en armamentos, hay que explicar más cosas sobre sus orígenes. En 1995, el gobierno del PP puso en marcha esos grandes proyectos de armas para equipar a las fuerzas armadas de armas de última generación, algunos de ellos, provenían de la presión ejercida por el gran gigante aeronáutico europeo EADS hoy Airbus, una empresa en el que el Estado español poiseía el 5,5% de las acciones, donde también participaban Francia y Alemania con un 23% de acciones cada uno. Esta empresa ponía en marcha diversos grandes programas: el nuevo avión de combate Eurofigther F-2000; los helicópteros de combate Tigre y el NH-90; y el de transporte militar A-400M. Estos cuatro proyectos aún en construcción hoy tienen un coste, nada más ni nada menos de 22.550 millones de euros. También se encargó a Santa Bárbara Sistema, una empresa del INI que se acababa de vender a la estadu8inidense General Dynamics por 4 millones de euros, pero se le encargaba la fabricación de 240 blindados Leopardo y 212 blindados Pizarro por un valor de 3.500 millones. Y a Navantia, también propiedad del INI, ponía en marcha una serie de buques de guerra, entre las que destacaban las Fragatas F-100 por valor 8.060 millones.

Estos contratos, para aliviar al Ministerio de Defensa de sus cargas presupuestarias, y no se contabilizaran como gasto en Defensa, se inventaron una fórmula de ingeniería contable. El Ministerio de Industria, en su fase de desarrollo, facilitaba créditos en concepto de I+D a las empresas fabricantes a cero interés y a retornar en 20 años. Estos créditos, desde 1995, han acumulado un importe de 18.000 millones. Pero aquella ingeniería se ha convertido en una pesadilla, pues tan sólo se han retornado a las arcas públicas una pequeña parte y aún se adeudan 14.000 millones. Las empresas militares aducen, que cuando han ido entregando las armas a Defensa, el Tesoro Público les ha descontado los créditos otorgados, por lo tanto es Defensa quien tiene que asumir la devolución de los créditos, y a tal efecto se firmó un convenio a tres bandas, entre Industria, Defensa y las empresas.

Un lio de bemoles que Hacienda no sabe cómo resolver, pues si condona la deuda, esos 14.000 millones se convierten en déficit público y harán imposible cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la Comisión Europea. Pero además, está el pago de los mil millones anuales por los compromisos con las empresas, que este año 2016 no se ha podido llevar a cabo por culpa del fallo del TC, y el año próximo 2017, se tendrá que abonar el importe de dos años, 2016 y 2017, por no menos de 2.000 millones. Se imaginan la reacción de la opinión pública y de la oposición cuando el gobierno del PP presente un presupuesto para el Ministerio de Defensa de 2017, que aumenta un 30% y pasa de 6.900 a 8.900 millones.

Entonces es comprensible que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy no se dé prisa en elaborar los presupuestos de 2017, pues al encontrarse en minoría parlamentaria tendrá enormes dificultades para que éstos sean aprobados en el Congreso de Diputados, y más, considerando que la Comisión Europea exige a España un recorte de 5.500 millones de euros en las cuentas públicas por sus incumplimientos en el déficit público.

Las trampas contables tienen esos riesgos, se convierten en boomerangs que retornan y golpean a su emisor. Sería más aconsejable llevar a cabo una auditaría de los PEA, ver que irregularidades e incumplimientos se han cometido en los contratos, renegociarlos, y si es necesario dejarlos en suspenso: y a su vez poner en marcha estudios de conversión de las líneas industriales afectadas por la suspensión. Pues lo contrario, es ir agrandando la pelota de la deuda que, según mis cálculos hoy alcanza alrededor de los 29.000 millones.

Las izquierdas deben despertarse de ensoñaciones militares, enfrentarse a la OTAN, a la Comisión Europea y a Donald Trump, pero sobre todo, al Lobby industrial-militar responsable de esa colosal deuda en armamentos. Y dedicarse a reflotar la economía productiva, porque las armas no lo son (esto lo explico otro día).


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