Tica Font,Directora del Institut Internacional per la Pau

Después del rechazo a los acuerdos de paz, el Gobierno colombiano y las Farc negociaron unos nuevos acuerdos introduciendo propuestas de los partidarios del no. Los nuevos acuerdos han sido sometidos a votación en las cortes colombianas y han sido ratificados, con lo cual se inicia el periodo de implementación, de ponerlos en marcha. Ello conllevará que las cortes aprueben las leyes necesarias que desarrollaran los mismos y en paralelo que las Farc se desplacen hasta las zonas acordadas de acuartelamiento e iniciar el proceso de desarme y reinserción de combatientes.

Oficialmente la guerra ha acabado, oficialmente se empieza a construir una sociedad con menos violencia. Pero la ratificación de los acuerdos y su implementación no se lleva a cabo en un día ni se consigue solamente aprobando leyes; la implementación de los acuerdos es un proceso que va requerir un tiempo, un periodo en el cual se confrontaran los intereses de fuerzas que reclaman cambios, avances y los que se oponen a los mismos. Cabe esperar que venga un periodo difícil, en donde la confrontación será dura y no exenta de violencia.

En lo que va de año han sido asesinados al menos 70 líderes sociales, se han producido 279 amenazas y 28 atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, agresiones producidas en entornos rurales y perpetrados por grupos paramilitares. De hecho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que ser líder social en una zona rural de Colombia es un riesgo para sus vidas.

Este año han sido asesinados miembros activos de las Juntas de Acción Comunal en las regiones en las que las Farc han tenido una fuerte presencia y en donde han ejercido su influencia; muchos de estos asesinatos de líderes campesinos forman parte del nuevo movimiento político de izquierda Marcha Patriótica y muy comprometidos en la defensa de los acuerdos de paz. Según el movimiento de Marcha Patriótica desde 2012 que se iniciaron las negociaciones de paz, cerca de 120 de sus activistas han sido asesinados, 17 en lo que va de año. Según las Farc detrás de estos asesinatos hay una estrategia regional para debilitar el proceso de paz o incluso hay un plan para exterminarlos. Las Farc temen los funestos años 80, cuando los líderes relevantes del partido Unión Patriótica fueron exterminados y las autoridades políticas, policiales y judiciales se lavaron las manos y no persiguieron dichos crímenes. Desde el ministerio del interior se asegura que no hay un patrón común en estos asesinatos y que por lo tanto no hay un plan de exterminio.

Estos días se inicia una etapa de posconflicto, una etapa difícil, llena de incertidumbres, en donde las fuerzas tradicionales en las regiones se sentían cómodas, hacían y deshacían a sus anchas amparados bajo una guerra de la que obtenían su botín. El fin de la guerra cambia el contexto, ya no hay una guerra bajo la que excusarse para obtener réditos y las voces críticas que denuncian estas formas de expolio e impunidad se hacen oír.

La salida de las Farc de un territorio representa un vacío de poder social y económico sobre los habitantes de estos territorios lo que conlleva que el control y las reglas de juego que establecía la guerrilla están rotas y aparecen unos nuevos actores que quieren controlar estos territorios. En Tumaco, Nariño ya llevan 119 asesinatos (la gran mayoría no son líderes sociales) en estos años de negociación, debido a disputas entre grupos diferentes que se pelean por las rutas de narcotráfico y que tratan de ocupar el lugar que ocupaba la guerrilla. Muchas de estas muertes no necesariamente tienen una motivación política para asesinar a militantes de izquierda o líderes sociales, sino más bien sus motivaciones son las de eliminar rivales de negocio o vendettas entre ellos.

La cuestión es que hay y quién está detrás de todos estos asesinatos, ¿es simplemente una readaptación de los nuevos actores o una campaña orquestada para sabotear los acuerdos de paz? Las investigaciones judiciales y la justicia estudian los casos de violencia de manera individualizada, de manera que en la mayoría de los casos no puede hallarse al autor físico ni el autor intelectual de los mismos. Este es el gran reto de la justicia colombiana en no poder saber quién los comete, y en no acusar a nadie, se mantiene la impunidad y por consiguiente la continuidad de estas acciones.

Para que el proceso de paz sea creíble y represente un punto de inflexión es esencial la actuación de los aparatos del Estado, es esencial que tanto la policía como la justicia demuestren que realmente actuaran contra todos aquellos que cometan asesinatos independientemente de que el trasfondo sea político o económico. El gobierno tiene que dar una orden muy clara y muy concreta a todos los cuerpos del Estado y a los ciudadanos, ¡No habrá impunidad!