Estado y violencia

05 Oct 2017
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Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Una de las características del estado moderno es la idea ampliamente asumida por buena parte de los partidos políticos de que el estado es el depositario del monopolio de la violencia (Max Weber), es decir, del uso de la fuerza. Un monopolio sustentado por el mandato recibido del contrato social refrendado por sufragio universal entre la ciudadanía. Este principio, es asumido de forma unánime por los defensores del estado liberal actual, afortunadamente ha tenido detractoras. Lo digo en femenino porque fue Hannah Arendt (Sobre la violencia), quién con mayor enjundia argumentó que nunca la violencia del estado puede justificarse violando derechos fundamentales de personas que ampara la propia ley. Entonces y considerando que en la sociedad actual, tanto los estados como la comunidad internacional se han dotado de derechos refrendados en las constituciones y a nivel global, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier violación de esos derechos por parte de un estado infligido contra grupos humanos, sean minorías o una sola persona es condenable, pues se está violando el Estado de Derecho, que en todos los casos es garantista de los derechos individuales de las personas. Por lo tanto, si hay personas que se oponen mediante declaración o actuación a un ordenamiento y además, esa protesta se efectúa de forma pacífica nunca el uso de la fuerza del estado puede vulnerar derechos amparados por la propia ley.

Esto viene a cuento por lo sucedido en Cataluña el 1 de octubre cuando las fuerzas policiales del estado emplearon una violencia, a todas luces desmedida, sobre una ciudadanía que de manera pacífica pretendía llevar a cabo un referéndum sobre la independencia. Se puede aducir que la consulta no estaba autorizada y era ilegal, pero ello no justifica el empleo de una violencia desproporcionada sobre gentes que ejercían derechos amparados por la constitución española. Un empleo de violencia desmesurado que violaba derechos fundamentales como los de expresión, reunión y manifestación.

El uso de la violencia por parte de las fuerzas de policía del estado, no solo no puede violar los derechos de las personas, sino que además, debe ser proporcional a los medios que utilizan los que desobedecen una orden judicial o de gobierno. No se puede atacar con violencia desmesurada a personas que se oponen a la autoridad cuando se manifiestan de manera no violenta y sin hostilidad, ocasionando, en algunos casos, graves tumultos ciudadanos.

Cualquier intervención policial en un conflicto de orden público debe tener en cuenta dos importantes medidas, uno que mida la necesidad de actuar y el segundo el de proporcionalidad. La necesidad de actuar de la policía ante un conflicto que altere el orden público lo medirá la propia autoridad policial y se llevará a cabo o no, dependiendo de la gravedad de la transgresión. En el caso que nos ocupa del referéndum del domingo 1-O, la necesidad existía pues la policía había recibido la orden judicial de impedir la votación y requisar las urnas.

Pero en cambio, la policía y guardia civil debían haber guardado proporcionalidad en sus intervenciones frente a población que se oponía a su actuación de manera pacífica. Las imágenes que han aportado particulares y medios sobre la actuación policial demuestran, que no se respetó esa proporcionalidad al emplear una fuerza desmesurada golpeando brutalmente a personas hasta alcanzar la cifra de 893 heridos (según la Generalitat de Catalunya).

Volviendo a Hannah Arendt, nos advirtió, que de la violencia nunca surge el poder y añadió que el poder solo surge de la acción política. Y que la violencia surge cuando hay ausencia de poder, cuando el poder está en peligro y se recurre a la violencia armada para implementarlo por la fuerza. Hecho que a su vez conducirá a una espiral que eliminará la democracia. Este es el caso de Cataluña, el poder está en peligro por el control del cual se enfrentan dos administraciones para controlarlo, el Gobierno central y el de la Generalitat, y de ahí surge la violencia ejercida por el Gobierno central para doblegar a la población que da su apoyo al gobierno catalán.

Los argumentos de Arendt son compartidos en el pensamiento actual de la construcción de la paz, y son los movimientos sociales alternativos los que le niegan al estado el monopolio de la violencia, y que ésta no se use contra sus derechos.

El grave conflicto que enfrenta al Gobierno de Cataluña con el apoyo de una parte importante de la población catalana, frente al Gobierno central, también apoyado por una parte de la sociedad española, no se debería resolver mediante el uso de la violencia. Demasiadas experiencias cercanas aconsejan que ese camino convertirá el conflicto en más difícil de transformar. Recordemos de conflictos cercanos, los de Euskadi o los Balcanes, sabemos de las dificultades para la reconciliación en esas sociedades. La política es diálogo y negociación. La violencia el fracaso de la política y el poder. Pues eso.


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