Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Según las estadísticas oficiales, en 2013, España exportó armamento por valor de 3.908 millones de euros. Esta cifra duplica la cantidad de las armas exportadas durante el año 2012 (1.953 millones), y multiplica por diez las exportaciones realizadas en 2004. Según el SIPRI España se ha situado en la novena posición en el ranking mundial de países exportadores, detrás de Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia e Israel. Las exportaciones de 2013 han representado el 2,4% de las exportaciones mundiales de armas y el 1,7% del total de la balanza comercial española.

En 2013, la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso) tramitó 1.262 licencias de exportación de material de defensa, de las cuales fueron autorizadas 1.097 y hubo 9 denegaciones, es decir que se ha denegado la ínfima cifra del 0,8%, lo cual debe interpretarse como falta de voluntad política en la aplicación de Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso; 7 de las 9 denegaciones se han aplicado a Egipto y consistían en la petición de exportar 7 pistolas, se negó dicha exportación por razones de respeto a los derechos humanos en el país de destino final y por la situación interna del país de destino final; ese mismo criterio no se ha tenido en cuenta para autorizar la exportación de material de defensa por valor de 127 millones de euros ni para regalar cartuchos lacrimógenos.

Conviene recordar que la tendencia mundial del mercado de armas viene determinada por el comportamiento de las exportaciones de Estados Unidos, Rusia y los miembros de la Unión Europea, puesto que entre los tres controlan alrededor del 90% del mercado. También cabe recordar que el organismo mundial que tiene que supervisar la paz en el mundo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene cinco miembros con derecho de veto, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y China. La gran paradoja, aquellos que tienen la misión de supervisar la paz, controlan el mercado mundial de armamento.

Volviendo a España, casi un tercio de las exportaciones (1.246,31 millones de €) se ha realizado a países de Oriente Medio y, especialmente, a países del Golfo Pérsico. Las exportaciones más destacadas han tenido como destino los Emiratos Árabes Unidos valoradas en 714 millones, las destinadas a Arabia Saudí en 406 millones o las de Omán en 98 millones, a parte de las ya mencionadas a Egipto. Estas exportaciones son ilegales si nos atenemos a la propia legislación española y europea sobre comercio de armas debido a la situación de inestabilidad existente en la región de Oriente Medio, y en concreto por la influencia regional de países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en tanto que dan apoyo a una parte del conflicto en Siria (grupos insurgentes) y en otros países como Libia o Egipto.

Estas elevadas cifras responden, en gran medida, a la política de fomento de las exportaciones de armamento que lleva ejecutando desde hace años el Gobierno español. Esta política se basa en tres elementos:

1) una compleja organización administrativa dirigida por el Ministerio de Defensa que lo ha convertido en el órgano encargado de dirigir la política de fomento de las exportaciones de armamento. El Secretario de Estado de defensa negocia los contratos Gobierno-Gobierno; preside ISDEFE (empresa pública cuyo objetivo es el apoyo a la internacionalización de la industria de defensa); es el superior jerárquico del Director General de Armamento y Material, de quien depende OFICAEX (unidad administrativa del ministerio de Defensa que planifica y coordina el apoyo a la industria de defensa y promueve a las mismas en los mercados exteriores). El Ministerio de defensa cuenta con las Agregadurías de Defensa, que forman parte de las embajadas españolas y actúan en 82 países), finalmente está DEFEX (empresa pública creada para facilitar las exportaciones de armas, es decir intermediación). A pesar de la importancia de esta política, el Secretario de Estado de Defensa no está sometido a ningún control parlamentario, quien comparece ante el Congreso de los Diputados para informar de las exportaciones llevadas a cabo con el permiso del gobierno, es el Secretario de Estado de Comercio, del Ministerio de Economía y Competitividad

2) el secretismo de las actuaciones del órgano administrativo encargado de valorar las solicitudes de exportación (la JIMDDU); desde 1987 el Consejo de Ministros clasificó como secretas las actas de la JIMDDU, él órgano encargado de autorizar las exportaciones

3) una interpretación poco rigurosa de la legislación sobre esta materia: la Ley 53/2007 y la Posición Común de la Unión Europea 2008/944/PESC. Según la normativa, para autorizar una exportación hay que tener en cuenta el respeto a los derechos humanos del país de destino, su situación interna, el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regional, la existencia de riesgo de desvío del armamento a un tercer país o el nivel de desarrollo del país comprador. En cambio la JUMDDU está priorizando la exportación de armamento frente a la protección de los derechos humanos y la prevención de conflictos.